Por Nancy Rodríguez

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo extendió una convocatoria a los Adultos Mayores de todo el país, para que apoyen a rescatar valores culturales, morales y espirituales. 

“Por ejemplo, vamos a reeditar la cartilla moral de Alfonso Reyes para fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Y otros documentos, la misma constitución moral que se va a elaborar, que ya hablamos que se va a hacer en un Congreso con la participación de todas y de todos”, señaló

“Esos documentos, agregó, se los voy a enviar a los adultos mayores para que nos ayuden, orientando en la familia; hablando con los nietos sobre la importancia de mantener principios, de mantener ideales, de mantener valores”, puntualizó el mandatario.

“Estas conferencias, explicó el presidente, tienen ese propósito. No solo contestar todas sus dudas, inquietudes, sus preguntas, lo que ustedes quieran saber, al mismo tiempo, transmitir a los ciudadanos, la importancia de fomentar los valores”. 

El Presidente López Obrador, insistió en que es primordial comunicarse con los ciudadanos, que el cambio lo tenemos que hacer con la participación de todas y de todos. No es asunto de un solo hombre, no solo es asunto del presidente, no solo es asunto del Gobierno. Es un asunto de todas y de todos”, puntualizó.

·        Devuelve el proyecto a la colegisladora para efectos constitucionales.

·        Es un gran avance para asegurar derechos de los pueblos originarios, coinciden senadores. 

El Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de las comunidades originarias establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. 

El proyecto enviado por la Cámara de Diputados, que también abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue aprobado por unanimidad, en lo general, con 110 votos. 

Se devolvió a la colegisladora, debido a que en la discusión en lo particular fueron aprobadas modificaciones a los artículos 12 y 16 del ordenamiento. 

Crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Ese organismo definirá las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como el desarrollo integral, sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

El Instituto reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público. 

Se establece que entre sus atribuciones estará aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género. 

La ley busca garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles. 

Contempla un sistema de consulta y participación indígena y determina que el Instituto sea el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada. 

Instaura los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las comunidades, a efecto de  promover y ejecutar las medidas pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como su desarrollo integral y sostenible.

El proyecto de decreto señala que el Instituto participará, con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la formulación de proyectos de presupuesto consolidados para los pueblos indígenas. 

Además, gestionará, ejecutará, dará seguimiento y evaluará los recursos presupuestales para garantizar el reconocimiento e implementación de sus derechos y desarrollo integral, intercultural y sostenible. 

También crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como un órgano de participación, consulta y vinculación con las comunidades originarias y afromexicanas. 

Al presentar el dictamen, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, destacó que la nueva ley cuenta con diversos órganos y atribuciones muy importantes para lograr el desarrollo de este sector poblacional. 

La legisladora del PRD resaltó que las disposiciones son acordes con lo previsto en la Constitución, con el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos pueblos. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Salomón Jara expresó que el nuevo ordenamiento reconoce a México como una nación multiétnica y pluricultural con profundas raíces históricas y culturales, sustentadas en los pueblos indígenas. 

Dijo que a dos siglos de existencia del Estado mexicano estos pueblos aún viven en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión, debido a su falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas, económicas y a la ausencia de normas e instituciones públicas que realmente los consideren como sujetos de derechos. 

Reconocer la dimensión indígena, agregó, es aceptar que hay 25 millones 694 mil personas que se consideran indígenas, por lo que esta ley es un gran avance para el país, pues les brinda certidumbre. 

Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Casimiro Méndez explicó que con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se renueva la institución que atenderá a las comunidades y pueblos; y se reconstruye la relación del Gobierno Federal con ellos.

Denunció que por cerca de 15 años, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cumplió con sus metas y mantuvo una relación distante. Tampoco entendió las necesidades de las comunidades indígenas, comentó.   

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, señaló que la población indígena en pobreza casi duplica a la no indígena: 77 por ciento se encuentra en esta condición, frente al 43 por ciento, respectivamente. “Los pueblos indígenas son pobres porque no se les han reconocido plenamente sus derechos económicos”. 

Añadió que hace falta ir más allá de esta ley. “Vamos por la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena”, refirió. 

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado afirmó que se requiere dotar de recursos suficientes al Instituto para su operación y apoyo a las comunidades, de lo contrario “tendremos un elefante blanco”. 

Señaló que los 68 pueblos indígenas que existen en el país, y la comunidad afromexicana según datos del Instituto Nacional de Estadifica y Geografía (Inegi) requieren atención especialmente en servicios de agua potable, electrificación y drenaje. 

De Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda Hoeflich reconoció los avances para atender las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho. Dijo que se introdujeron mecanismos de inclusión y reconocimiento en la figura del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas.

Además, mencionó, se establece la obligación de crear bases y metodologías para consultar y promover la participación indígena. “No basta con plasmar la necesidad de consultar. Necesitamos avanzar para que no sea una simulación, como las que se están efectuando”, agregó. 

Por el Grupo Parlamentario del PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo dijo que en el contexto de la nueva administración federal un verdadero cambio sólo puede fundarse en un Estado democrático y multicultural. Recordó que en México los pueblos indígenas actualmente viven en condiciones de pobreza y exclusión. 

A nombre del PVEM, la senadora Verónica Camino Farjat dijo que será obligación primordial del nuevo Instituto respetar a los órganos, normas, procedimientos y formas de organización para la toma de decisiones de las comunidades.

“Queremos que todos los mexicanos, que pertenecen a cualquier pueblo originario o sean afrodescendientes, se sientan orgullosos de sus raíces y sepan que su origen nunca más será motivo de discriminación o de falta de oportunidades”, expresó. 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, reconoció la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un gran avance para terminar las brechas de desigualdad en México. 

El legislador dejo claro que su bancada está a favor de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. 

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Sasil de León Villard, puntualizó que la creación del Instituto fortalece la igualdad en favor de los mexicanos que más lo necesitan, y se impulsa su atención integral. 

Subrayó que ese organismo integrará políticas transversales en temas sustantivos como la lucha contra la discriminación y la igualdad de género dentro de ese sector de la población.  

En la discusión en lo particular, el Pleno aceptó la reserva presentada por el senador Damián Zepeda, del PAN, al artículo 12 del proyecto, a fin de excluir como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto a los titulares de las comisiones de Pueblos Indígenas y de Asuntos Indígenas de las cámaras del Congreso de la Unión. 

Explicó que considerar a los legisladores como integrantes de la Junta de Gobierno es un error anticonstitucional, ya que rebasa los criterios de separación de poderes. De ahí que, la asamblea avaló se considere a los titulares de dichas comisiones sólo como invitados permanentes de ese órgano.   

Asimismo, se respaldó el cambio propuesto por el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, para indicar en el artículo 16, que el cargo de directora o director general del Instituto, también lo pueda ocupar una persona perteneciente a un pueblo o comunidad afromexicano.

Los senadores rechazaron las propuestas de modificación a los artículos 2, 4 y 5, presentadas por la senadora María Leonor Noyola Cervantes, que buscaban establecer la obligatoriedad de que los resultados de las consultas sean vinculantes para las autoridades.

Los cambios a los artículos 12 y 16 se ratificaron con 102 votos favor. En tanto, las reservas presentadas para modificar el 2, 4 y 5, fueron rechazadas; dichos artículos se aprobaron en los términos del dictamen.

Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles comió en su casa con el presidente Enrique Peña Nieto  para definir el programa del 1 de diciembre.

A través de su cuenta de sus Redes Sociales, el presidente electo dijo que esta reunión en su hogar fue en plan amistoso y que agradece sus atenciones brindadas durante los cinco meses de transición.

 Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones. escribió López Obrador.

    *Avalan cambios a la Ley General de Educación y Federal del Trabajo para otorgar permiso laboral a padres.

La Comisión de Educación, que preside el senador Rubén Rocha Moya, aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reinstale a los maestros que fueron cesados por motivo de la evaluación magisterial. 

En un dictamen de punto de acuerdo, se solicita, también que la dependencia informe a la instancia legislativa cuántos docentes fueron cesados. 

De acuerdo con la SEP, el Sistema Educativo Nacional está  conformado por poco más de 260 mil planteles 34 millones de alumnos y dos millones de maestros, los cuales vieron afectados sus derechos laborales por la entrada en vigor de la Reforma Educativa, en 2013. 

Los maestros cesados son aquellos que no aceptaron la evaluación docente por considerar que es punitiva, según lo sostiene el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, promoverte del exhorto.  

Permiso laboral a padres 

En la reunión de este día, la Comisión de Educación aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Federal de Trabajo, a fin de que los padres y madres de familia obtengan permiso laboral para participar de manera activa en la educación de sus hijos y colaborar con las instituciones escolares.

Cabe señalar que se busca que los trabajadores no repongan las horas de la jornada de trabajo destinadas a este fin, siempre que acrediten su participación con las autoridades escolares. 

Se resalta en el dictamen la importancia de  que padres de familia participen en los Consejos de Participación Social, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente acciones para promover la flexibilidad de la jornada laboral.

• La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana busca renovar la confianza hacia las instituciones y combatir la corrupción
• El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México

En congruencia con lo planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, coordinada por Ricardo Monreal Ávila, presentará la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana para instaurar un nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en el principio de buena fe.

La Ley propone fundar las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y que a su vez, quienes cumplan con la Ley reciban beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades. 

Bajo este esquema, y como ya lo ha anunciado el presidente electo, los dueños de establecimientos tendrán la obligación de inscribirse en un padrón, y manifestarán bajo protesta de decir verdad que conocen las leyes, los reglamentos, y actuarán de manera responsable, además de contar con los permisos y requisitos necesarios. 

Esto responde al principio de confianza ciudadana que será prioritario en el nuevo gobierno, por eso la Ley tendrá un artículo donde se anuncia la suspensión de la vigilancia y la fiscalización a establecimientos mercantiles y de servicios. 

El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México, y ubica al país en el lugar 127 de 137 países, respecto al desvío de fondos públicos; en pagos irregulares ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. 

Datos indican que la corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía: el Foro Económico de Competitividad lo estima en un 2.0 % del PIB; el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en un 9.0 %, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un 10 %. 

Con la iniciativa se generan incentivos por estar dentro de la Ley y se reconoce a quienes invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México, al no tener motivos para continuar con esquemas de corrupción.

• Mientras que los países de la OCDE otorgan en promedio siete semanas por concepto de licencia de paternidad, en México sólo se otorgan cinco días.

• 54 por ciento de los mexicanos estaría de acuerdo en que la duración del permiso de paternidad tuviera la misma extensión que el actual permiso de maternidad. 

La licencia de paternidad de cinco días con goce de sueldo que se otorga actualmente en México a los hombres trabajadores en casos de nacimiento o adopción de hijos, contrasta con las siete semanas que otorgan en promedio los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD). 

El documento titulado “Licencias de paternidad, un reto en la agenda legislativa para la igualdad sustantiva”, agrega que Corea del Sur, Japón, Francia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Suecia, Islandia, Noruega, Alemania y Croacia conceden una licencia de paternidad de más de siete semanas. 

El estudio citado refiere que, de 2012 a 2018, se han presentado 22 iniciativas en las cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de ampliar la duración de las licencias de paternidad de nuestro país. De éstas, únicamente cinco continúan su trámite legislativo (pendientes en comisiones de Cámara de origen o revisora). El resto, se desecharon por no ser dictaminadas dentro del plazo reglamentario o fueron retiradas por parte de sus promoventes. 

La investigación del IBD refiere que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Género, levantada por la UNAM, 54 por ciento de los mexicanos estaría de acuerdo en que la duración del permiso de paternidad tuviera la misma extensión que el actual permiso de maternidad, que es de 12 semanas. 

El IBD sostiene que la ampliación de las licencias de paternidad en México contribuiría a que el empleo femenino no se resintiera desproporcionadamente por la maternidad, y a que las mujeres no fueran vistas como las “inevitables y únicas” cuidadoras familiares. 

En ese sentido, afirma que resulta fundamental adoptar políticas a favor del equilibro entre la vida familiar y el desarrollo profesional, entre las que destaca la modificación de la extensión del derecho de paternidad, que hoy en día prevalece en el marco jurídico mexicano, a fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no sólo en el ámbito laboral, sino en la vida cotidiana. 

El estudio completo del IBD se puede consultar en la dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4204

• Vencieron los plazos para el Ejecutivo Federal; el presidente del Senado ejerció la facultad que le confiere la Constitución.

De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Política, el presidente del Senado de la República, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La nueva Ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna, dispone que ningún servidor público podrá recibir remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Batres Guadarrama informó al Pleno de la Cámara de Senadores que ejerció la atribución que le confiere el inciso b) del artículo 72 constitucional, una vez que se aseguró que se cumplieron los plazos previstos en esta disposición constitucional. 

Lo anterior, en virtud que el Ejecutivo Federal no devolvió el proyecto de decreto con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, y tampoco promulgó ni publicó la citada Ley en los 10 días naturales siguientes. 

De esta manera, agregó, se considera promulgada la norma y se dio la orden al Director General del Diario Oficial de la Federación para su publicación. Además, dijo, se comunicó esta determinación al Secretario de Gobernación y se le solicitó su intervención para que coadyuve con el cumplimiento de dicha instrucción. 

El presidente de la Mesa Directiva asentó que con la publicación del decreto quedará establecido que el salario del Presidente de la República no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país. 

El inciso b) del artículo 72 de la Constitución dispone que “se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. 

Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo”. 

Martí Batres recordó que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada hace siete años en el Senado de la República, el 8 de noviembre de 2011, y enviada a la colegisladora “donde se mantuvo congelada durante todo este tiempo”. 

Al comenzar esta Legislatura, agregó, la minuta se retomó, fue aprobada el pasado 13 de septiembre por la Cámara de Diputados y ésta la remitió al Ejecutivo. El pasado 20 de octubre vencieron los 30 días en los cuales el Presidente de la República podía hacerle observaciones, y de esa fecha al 30 de octubre pasaron los 10 días en que ese Poder podía publicarla.

          Por Nancy Rodríguez

• Servidores públicos y particulares que hayan sido condenados por corrupción serán inhabilitados definitivamente para desempeñar cargos o participar en compras y obras gubernamentales
• Plantea también la creación del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados

El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República propuso una iniciativa para incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la inhabilitación definitiva o “muerte civil” de servidores públicos y particulares que hayan sido condenados por actos graves de corrupción.

En conferencia de prensa, acompañado de las senadoras y los senadores del PAN, el coordinador Damián Zepeda Vidales señaló que el objetivo es “inhabilitarlos de manera permanente para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales”.

“Con estas nuevas normas buscamos contribuir a erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien; y a los corruptos, les vaya mal, y  para que  todas las personas podamos confiar en que en México los delitos tiene consecuencias, porque la ley se aplica y las instituciones funcionan”, sostuvo.

Al explicar la propuesta, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo afirmó que en el Índice de Percepción de Corrupción en 2017, de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos de 100 puntos posibles. “¿Qué quiere decir con esto?, que realmente México estamos en los últimos lugares y, por lo tanto, tenemos que ir mejorando en lo que es la transparencia y evitar la corrupción”.

México, dijo, está en el lugar número 135 de 180 países, y cada 4 de 10 mexicanos han tenido que pagar algún soborno para algún trámite o para algún ingreso a alguna institución de lo que es el gobierno como tal.

“Hoy lo que estamos proponiendo es una inhabilitación definitiva para desempeñar cualquier cargo en el servicio público, pero sabemos que la corrupción es de dos partes: por un lado, el que da la dádiva y, por el otro lado, el que la recibe, no nada más se va a sancionar al servidor público, sino que también se va a sancionar a aquellas empresas que estén coludidas con lo que es el servicio público, y también para aquellas empresas que estén en actos de corrupción, pues automáticamente no participarán en ninguna adquisición o arrendamiento o servicio, o lo que es obra pública”, insistió.

De acuerdo con la propuesta que será presentada ante el pleno, la inhabilitación definitiva o “muerte civil” será aplicada como una sanción administrativa que imponga el Tribunal a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas graves, si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite de 200 veces el valor diario de la UMA.

En el caso de particulares, ya sean personas físicas o morales, la inhabilitación definitiva aplicará participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como sanción por la comisión de faltas administrativas graves, se indica en la exposición de motivos.

Se contempla, además, la creación del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, y se faculta a la Secretaría de la Función Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información oportuna, y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares que han sido sancionados y/o inhabilitados de forma temporal o definitiva, se expone.

“Nuestra propuesta establece que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser una base de datos, dado que es la forma más rápida y eficaz de acceder a la información”, señala el texto.

Los senadores de Acción Nacional “consideramos que ese Registro debe ser incorporado a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, porque dicha Plataforma es la herramienta idónea para integrar, consultar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios”, se indica en el documento.

Asimismo, en el Código Penal Federal se plantea que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite a de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con la propuesta de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para Acción Nacional, expone la iniciativa, la función del gobierno no puede ser la de administrar la crisis en materia de corrupción que atraviesa el país. Los ciudadanos no quieren un mero cambio de partido en el poder, ni de personas en los puestos públicos. “Estamos comprometidos a avanzar en la construcción de un verdadero nuevo régimen”.

En ese sentido, “las y los senadores del Partido Acción Nacional no vemos el futuro de México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable.”

    Por Nancy Rodríguez

*No se trata de una confrontación estéril con el Poder Judicial

*Busca evitar situaciones indebidas en ese órgano del Estado.

*Presentarán iniciativa para modificar Ley Orgánica del Poder Judicial

*El Legislativo tiene la facultad constitucional de ser un auténtico control entre los Poderes, puntualizó 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que se presentará una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo objetivo es prevenir y erradicar “situaciones indebidas” y de operación de grupos y familiares en el circuito de impartición de justicia.

Dijo que se trata de un tema clave: el rediseño institucional del país. Señalo que al Poder Judicial no se le ha tocado por décadas, por lo que “ya presentamos en al grupo parlamentario todo el tema de ingresos y de privilegios; es impresionante y ahora estamos tocando redes”.

Agregó que vivimos en un estado de derecho y lo que tiene que ganar es la ley

El coordinador de los Senadores de MORENA subrayó que se tienen que dar cuenta que hay un nuevo régimen, que la gente ya no quiere burocracias doradas, no más funcionarios que ganen sueldos millonarios.

Monreal Ávila aseguró “Vamos en serio, Andrés Manuel no mintió y si va a reducir los altos sueldos de los funcionarios de arriba, para subir los sueldos de los de abajo”.

“Como abogado, yo digo que se va a imponer un cambio verdadero en el país, va a haber moderación, el Senado ya lo hizo por eso las resistencias y no vamos a ceder”.  

En conferencia de prensa, el Senador Ricardo Monreal precisó  que el Poder Legislativo está tratando de constituirse como un auténtico control de los Poderes, porque así lo establece la Constitución, “no se trata de una confrontación estéril con el Poder Judicial o con otro Poder”. 

Indicó que estas medidas permitirán avanzar “en un cambio verdadero” y de régimen; aunque yo sé que a algunos no les gusta y dicen que es agresión, pero es nuestro trabajo, la Constitución consagra al Legislativo como el resorte de control de los actos del Ejecutivo y del Judicial, precisó. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política dejó en claro que el Poder Legislativo tiene que actuar como un auténtico control, a través de su función constitucional, que es la elaboración de leyes para observancia general, no sólo para los miembros del Poder Judicial, sino para toda la ciudadanía. 

No vamos a perder ni desaprovechar la oportunidad histórica y en el Senado vienen otras reformas todavía más profundas en esta materia, anunció. 

Ricardo Monreal aclaró que no se trata de una confrontación, sino que “a todos nos conviene tener un Poder Judicial que imparta justicia pronta y expedita, sin ninguna vinculación política y sin influencia interna o externa. 

La impartición de justicia asentó, debe estar a la altura de las circunstancias que vive el país, alejada de la corrupción, del tráfico de influencias y de las redes familiares que desvirtúan y generan suspicacias. 

Insistió en que no es un asunto de faltar al respeto al Poder Judicial ni de intervenir en su contra; se trata, precisó, de nuestra función de auténtico control de sus actos, vía legislativa. 

En otro tema, adelantó que también se presentará una iniciativa que expide una nueva Ley para regular el cabildeo en el Congreso de la Unión, ya que “siempre ha sido muy complicado tener el control de los cabilderos”.

Dijo que enviará a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la iniciativa, ya que, también se encuentran preocupados por regular esta actividad “que está de moda en los cabildos del mundo”. 

Es la primera ley que estará regulando todo el cuerpo de cabildeo, en ninguna parte del mundo se puede prohibir que haya representantes de empresas privadas en los corrillos de las cámaras, sólo que ahora queremos regularlas, expresó el senador de Morena.

         Por Nancy Rodríguez

• La Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal deberá asegurar que no permanezcan menos de tres años ni más de seis, en el mismo lugar de adscripción.   

El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para imponer una duración mínima y máxima a los jueces de distrito y magistrados de circuito.

"Propongo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para que jueces y magistrados tengan una rotación de seis años en el cargo. Necesitamos eliminar el influyentismo y cotos de poder para lograr la #CuartaTransformación", puntualizó.

La finalidad es contribuir a la disminución de actos de corrupción, especialmente por lo que toca a la distribución de plazas y la independencia en la resolución de los asuntos, señaló el legislador del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

La propuesta es que la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal implemente un programa de rotación acorde con las necesidades del servicio, asegurando que ningún magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis, en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial.

La Comisión de Adscripción tendría que dar a conocer, en enero de cada año, los nombres de magistrados de circuito y jueces de distrito, cuyo término de adscripción por competencia territorial se cumplirá en ese año.

Quienes se encuentren en este supuesto podrán señalar las plazas de su interés, así como su situación personal o familiar, las cuales serán consideradas al momento de resolver sobre la readscripción respectiva, siempre que ello fuere posible, señala la iniciativa.

Expuso que en 2017, la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció un caso de nepotismo cometido por un magistrado del circuito correspondiente a Durango, quien integró a 17 miembros de su familia -entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos- en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otra situación similar se dio en el circuito décimo sexto, que corresponde a Guanajuato, en el que 38 de 46 titulares de colegiados y juzgados tienen familiares laborando allí, lo cual equivale al 82.61 por ciento de su equipo, comentó.

La iniciativa del senador Ricardo Monreal fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de

Estudios Legislativos, Primera para su análisis.