La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, refrendó el compromiso del Senado de la República para erradicar la violencia en contra de las mujeres, “una de las más grandes lesiones a los derechos humanos que persisten, se extiende y devastan al mundo actual”.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres, 63 senadoras y senadores dieron lectura al testimonio de quienes han sido víctimas de este flagelo.

Fernández Balboa dijo que estas agresiones son un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo y paz, sobre todo cuando se trivializan o quedan impunes, y se crea una cultura generalizada en la que la violencia sexual se normaliza, se infravalora las mujeres, a las niñas y las comunidades y países enteros quedan fracturados.

Destacó que los efectos psicológicos adversos de esta violencia que, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.

Alertó que todas las mujeres, en cualquier parte del mundo, pueden sufrir violencia de género, particularmente las más vulnerables: niñas, mujeres mayores, lesbianas, bisexuales y transgéneros, migrantes y refugiadas, indígenas, quienes viven con el VIH y discapacidades o aquellas en crisis humanitarias.

Por ello, asentó, “las mujeres y hombres que conformamos la LXIV Legislatura tenemos un firme compromiso para erradicar esta pandemia que afecta nuestro país”.

Desde la Cámara de Senadores, reiteró la presidenta de la Mesa Directiva, “vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para promover el empoderamiento de las mujeres y adoptar medidas apropiadas para eliminar toda discriminación y violencia basada en el género.

“La violencia contra las mujeres y niñas es una de las más grandes lesiones a los derechos humanos, que se extienden, persisten y devastan el mundo actual, debido a que la estigmatización y la vergüenza de las víctimas se producen en silencio”, expresó.

Mónica Fernández Balboa también dio a conocer a la asamblea que el Senado de la República firmó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género.

En la Cámara de Senadores, asentó, “seguimos combatiendo cualquier forma de violencia contra las mujeres”.

Previamente, la asamblea realizó una dinámica para dar voz a las víctimas por razones de género.

Desde su escaño, uno a uno, 63 senadoras y senadores, incluidos los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal Ávila; PAN, Mauricio Kuri González; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; PVEM, Manuel Velasco Coello; PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa; Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; y PES, Sasil de León Villard, dieron lectura a los testimonios:

“Soy Alicia, tengo 8 años. Mi familia me vendió por $20,000 pesos a un hombre de 20 años, quien abusó de mí, èl me obligó a consumir drogas y me prostituyó. Quedé embarazada antes de cumplir 12 años. Hui y volví a casa de mis padres solo para ser vendida otra vez”, expresó Susana Harp Iturribarría, senadora de Morena.

La senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, dijo: “Unos meses después, él y su hermano me asesinaron mientras mis hijos observaban los hechos; simularon que me había suicidado y como mi esposo es policía, hubo irregularidades en todo el proceso, absolviendo a mis asesinos, desechando el testimonio de mis hijos y declarando que me suicidé”.

“Soy Claudia, tengo 14 años, estoy en mi octavo mes de embarazo, mi pareja con ayuda de su madre me golpeó y estranguló hasta asesinarme. La hija que llevaba en mi vientre también murió”, leyó la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT.

En su turno, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que no retrocederán en su exigencia de justicia para todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género.

“Hoy senadoras y senadores -expresó- también somos el corazón de las que ya no laten, y desde ahí, gritamos: ¡larga vida a las mariposas!”

Acusó a los ministerios públicos, a juezas y jueces de ser “ciegos en la justicia de género”, así como de no escuchar y revictimizar a quienes padecen este tipo de violencia.

El senador Pérez Astorga, de Morena, informó que impulsa una iniciativa de propiedad intelectual, a fin de dotar al sector de un nuevo marco legal que ayude al país a transitar al conocimiento y alcanzar los niveles de desarrollo.

La propuesta amplia las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, promueve la ampliación de un ecosistema favorable para el desarrollo del conocimiento de la investigación científica, y el impulso a la tecnología en México.

Durante la presentación de “La Nueva Ley de la Propiedad Industrial en México”, el senador señaló que se establecen medidas disuasivas para la prevención de los ilícitos en materia de propiedad industrial, por lo que se incrementan las sanciones.

Además, dijo, ayudará a simplificar los procedimientos mediante el uso de la tecnología y promoverá la innovación que genere inclusión de las personas a través de sus creaciones, aprovechando el conocimiento de las comunidades.

La nueva ley otorgará mayor protección de la patente de 10 a 15 años, a fin de incentivar a los inventores mexicanos a continuar innovando.

Incorpora la definición a productos artesanales, por lo que los creadores y diseñadores de los pueblos originarios podrán buscar el desarrollo de productos de mejor calidad, para generar más competencia en el mercado nacional e internacional.

El senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, consideró que se requieren nuevas reglas que permitan el desarrollo y certidumbre de la industria. Requerimos impulsar una nueva etapa de crecimiento mediante políticas industriales para el sector, reiteró.

La senadora Susana Harp, de Morena, consideró que las comunidades indígenas deben ser incluidas en la protección de derechos de autor, como lo relativo a la herbolaria y lodos. Es necesario, dijo, darle certeza al igual que a los empresarios y a la industria.

Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), precisó que la nueva ley requiere lograr tres metas principales. Debe estar alineada con los principios fundamentales del comercio exterior y los compromisos que suscribe México, a través de los acuerdos comerciales.

Dotar al IMPI de elementos para su transformación, hacer sus procesos más expeditos, facilitar los procedimientos a los creadores y emprendedores. Y contar con un marco legal que ayude al Instituto a ser más enérgico, más transitable y eficiente en la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

A su vez, José Manuel López Camps, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), destacó la urgencia de proteger los derechos de quienes generan conocimiento, el cual se convierte en productos y posteriormente se trasforma en crecimiento, desarrollo y bienestar.

 El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, (Cocamin), Francisco Cervantes Díaz, resaltó la importancia de impulsar un nuevo marco jurídico, ya que “somos la economía numero 15 a nivel mundial, el país es el cuarto exportador de autos a nivel mundial y es el séptimo país manufacturero del mundo”.

El robo de cabezas de ganado, delito tipificado como abigeato, afecta a miles de familias en todo el territorio nacional, pues tan solo de enero a agosto de 2019 ya se han presentado 3 mil 630 denuncias, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante ello, el Senador Juan José Jiménez presentó ante el Pleno del Senado de la República, una Iniciativa que Reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de nuestro país para que el abigeato sea incluido en los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Jiménez Yáñez dijo que con esta medida se garantiza la presencia del imputado durante el proceso y la investigación del delito.

Cabe destacar que el sector pecuario emplea a casi 7 millones de personas y representa al menos el 40% del Producto Interno Bruto agropecuario, con alrededor de 250 mil millones de pesos.

Dijo que, en México, 115 millones de hectáreas son ocupadas para la producción ganadera y que se ven afectadas por este delito que ha migrado su modus operandi, ya que, de hacerlo principalmente en los cruces carreteros, en la actualidad lo realizan de manera organizada y directamente en los establecimientos.

El senador por Querétaro precisó que en 2018 la producción de ganado representó en el país:

• 3 millones 625 mil 587 toneladas de ganado bovino;
• 1 millón 908 mil 824 de ganado porcino;
• 122 mil 464 toneladas de ganado ovino; y
• 77 mil 779 toneladas de ganado caprino.

Juan José Jiménez comentó que los tres estados con mayor incidencia en este año son Tabasco, Veracruz y Aguascalientes, dejando a miles de familias sin su patrimonio.

Puntualizó que “Querétaro se encuentra en el noveno lugar a nivel nacional con un incremento en este delito comparado con el año anterior, ya que hasta agosto del 2019 ya se habían presentado en el estado 182 denuncias de las 205 que se interpusieron en total en el 2018, quedando aún el último cuatrimestre por documentar”.

Finalmente, Juan José Jiménez externó que, además presentará reformas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada para que el abigeato sea considerado como tal y aplique la extinción de dominio a los imputados por abigeato y con ello puedan resarcir los daños a los productores.