LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1702)

          Por Nancy Rodríguez

  1. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos: Añorve Baños
      

El senador Manuel Añorve Baños presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud. Se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4, y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en relación con el catálogo de intervenciones gubernamentales. 

Al respecto, señaló que como representantes populares, tienen la responsabilidad de dotar a los jóvenes de un marco jurídico que reconozca y garantice la protección de sus derechos. Apoyarlos es la mejor inversión que podemos realizar, dijo. 

El legislador priista informó que en México las y los jóvenes representan un grupo poblacional dinámico, con un crecimiento significativo. Actualmente, abundó, existen más de 38 millones de jóvenes, que representan el 32 por ciento de la población total.

“Es tiempo de saldar la deuda que tenemos con los jóvenes. Resulta fundamental que el Estado mexicano ratifique la convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, como instrumento internacional y documento marco para el ejercicio y el disfrute pleno de sus derechos”, indicó. 

Añorve Baños mencionó que es urgente la discusión y aprobación de esta ley, para reconocer y garantizar el desarrollo pleno de la población joven, así como la ampliación de las facultades del Instituto Nacional de la Juventud en materia de coordinación interinstitucional. 

Con las modificaciones a la ley citada, se podrán, entre otras acciones, emitir opiniones; formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de la Juventud; sugerir la realización de estudios e investigaciones en materia de juventud.

De igual forma solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informes sobre los recursos ejercidos en programas presupuestarios y proyectos sujetos a reglas de operación, campañas, estrategias, iniciativas y convocatorias. 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

  • En segunda votación, obtuvo 95 sufragios favorables; durará en el cargo 15 años. 

El Senado de la República nombró a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Después de la votación el presidente del Senado, Martí Batres, le tomó la protesta de ley a la nueva servidora pública. 

Tras una primera ronda en la que no se alcanzó la mayoría calificada, se hizo un receso de más de una hora. En una segunda votación, de 121 votos depositados en la urna, 95 fueron en favor de Yasmín Esquivel Mossa, seis para Loretta Ortiz Ahlf, cero para Celia Maya, un voto nulo y 19 en contra de la terna. 

Yasmín Esquivel Mossa 

Antes de la votación, comparecieron las integrantes de la terna ante la Asamblea. La primera  en exponer sus méritos y proyecto como posible ministra fue Yasmín Esquivel Mossa, quien se  comprometió a defender la autonomía e independencia judicial. “Independencia sin simpatías ideológicas, respondiendo a los mandatos de la Constitución”, resaltó. 

A decir de la candidata, la Corte debe ser un dique que contenga cualquier exceso de cualquiera de los poderes del Estado. Ésta no debe dar “ni un paso atrás en los derechos ganados y reconocidos” en la Carta Magna. Su defensa requiere de imparcialidad, independencia y ética judicial, señaló. 

Como ministra, aseguró, contribuirá a la plena vigencia de derechos que establece la Constitución. Buscaré, dijo, privilegiar la íntegra interpretación de la Carta Magna, los tratados internacionales y la legislación secundaria. 

Celia Maya García 

Dijo que no negaba su simpatía hacia la legitimidad del proyecto del nuevo gobierno porque coincide con los intereses de la Nación. Señaló que la Constitución y las leyes no ordenan a los juzgadores la neutralidad ideológica, sino la imparcialidad en el cargo. “Eso lo he cumplido durante mi desempeño, por más de 40 años en el servicio público”.

Subrayó que no puede haber poderes público o privados por encima de la Constitución; y no puede ser el dinero, la influencia, la amistad o el poder los que determinen quien gana o pierde en un juicio. Abundó en que las mexicanas reclaman a las instituciones de justicia, el respeto de los derechos derivados de su condición de mujeres. 

Loretta Ortiz Ahlf

La tercera integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal resaltó su compromiso para impulsar y fomentar una justicia cercana a la sociedad civil organizada, contribuir al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales.

Consideró, además, que se requieren juristas especializados en materia internacional, ya que en el máximo tribunal no cuenta con estos perfiles. La falta de este nivel de especialización representa un atraso en la impartición de justicia, dijo. 

  • El impulso a la política social, otro símbolo de distinción, asevera.


El presidente del Senado de la República, Martí Batres, dijo que a cien días del nuevo gobierno el balance es positivo, pues a la par de la lucha contra los privilegios y el rescate patrimonial del Estado, se impulsa una política social amplia que atiende de manera especial a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

 

Consideró que los consensos alcanzados en la aprobación de la Guardia Nacional deben repetirse en temas como la eliminación del fuero, las modificaciones en materia de consulta popular, la revocación de mandato o la reforma educativa.

 

El legislador agregó que las reformas para eliminar el fuero a servidores públicos es un asunto fundamental. Recordó que hay una minuta de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas e interés del Gobierno de la República para retomar esta discusión en el Congreso.

 

Batres Guadarrama fue interrogado por reporteros momentos antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara su informe con motivo de los primeros cien días de gobierno.

 

Agregó que entre otros pendientes en los que “sería deseable” el acuerdo de todas las fuerzas políticas está una reforma laboral “progresiva” y la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado.

 

El presidente de la Mesa Directiva expresó que en todo proceso de cambio existen resistencias y en este sentido “hay todavía inercias en la defensa de ciertos privilegios” que se tienen que vencer para avanzar en el proyecto de transformación.

 

Consideró que una vez que entren en vigor la Guardia Nacional, el nuevo catálogo delitos graves, la figura de la extinción de dominio y la nueva estrategia de seguridad pública, “deben darse resultados lo antes posible” en materia de seguridad pública.

            Por Nancy Rodríguez

*Desde que inició la presente Administración, el Poder Legislativo experimenta una etapa dinámica, de intensa actividad y de avances.

 

Al cumplirse cien días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, calificó de positivo el balance de la actuación del Ejecutivo con la Cámara Alta porque ha respetado su autonomía y se ha mantenido una auténtica coordinación entre Poderes.

 

Monreal Ávila destacó que desde que inició la nueva Administración,el Poder Legislativo experimenta una etapa dinámica, de intensa actividad y de avances en temas como austeridad republicana, medidas anticorrupción, equidad de género, justicia social, rescate del campo y la aprobación de la Guardia Nacional por unanimidad.

 

Otros, dijo, como la revocación de mandato, la eliminación del fuero, las consultas ciudadanas

vinculantes, la reforma educativa y la Constitución Moral, esperan las reformas constitucionales y legales correspondientes, aunque ya se encuentran en análisis en el Congreso.

 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó el alto nivel de aceptación del Ejecutivo- donde ocho de cada 10 mexicanos aprueban su gestión- principalmente porqueen 86 de los 100 puntos del Plan de Gobierno que presentó en el Zócalo, en diciembre pasado, hay acciones iniciadas, en proceso avanzado de cumplimiento o ya fueron cumplidas.

 

A manera de ejemplo, se refirió a la austeridad republicana, la transparencia, la eliminación de los símbolos del viejo régimen, la desmitificación del neoliberalismo económico, la separación del poder político del económico y la extinción de dominio, delitos de huachicoleo, corrupción, extorsión y fraudes electorales, entre los principales.

 

En entrevista, Monreal señaló que hay que reconocer que “se sacudió, se desmontaron todos los símbolos del viejo régimen y del autoritarismo, y ahora el Presidente de la República se observa como un ciudadano, como un mexicano preocupado por lo que pasa en el país, desnudado de todo este tipo de parafernalia que yo reconozco y aprendo”, indicó.

 

Mencionó que de los programas sociales puestos en marcha estos primeros 100 días, los más apreciados son la pensión para personas adultas mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, personas con discapacidad, créditos a la palabra para campesinos e indígenas, y apoyos para la reforestación de árboles maderables y frutales, entre otros.

 

 

    Por Nancy Rodríguez  10-03-2019

Con el propósito de contribuir en la reducción de costos en los servicios en telecomunicaciones para garantizar el acceso a los usuarios de escasos recursos y reducir la brecha digital, la senadora panista Minerva Hernández Ramos planteó eliminar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que actualmente es de 3 por ciento.

A través de una iniciativa que busca derogar diversos artículos de la Ley del IEPS, la legisladora tlaxcalteca destacó que se busca promover la inclusión digital y la productividad.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares, que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2018, el 86 por ciento de cada 100 usuarios de internet se ubican en áreas urbanas y el restante 14 por ciento en rurales, señaló la legisladora panista.

Los estados que registraron el menor número de usuarios de internet en áreas urbanas son Chiapas, con 50.6 por ciento; Oaxaca, 60.5 por ciento; Tlaxcala, 60.7 por ciento, y Michoacán, 61.6 por ciento. Mientras que, las entidades que en zonas rurales cuentan con menos usuarios son Chiapas, 24.1 por ciento; Guerrero, 26.9 por ciento, Veracruz, 33 por ciento, y Zacatecas, 34.55 por ciento, dijo.

Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expresó que los estudios realizados por la OCDE, en materia de telecomunicaciones en México, tanto en 2012 como en 2017, señalan de manera reiterada que el IEPS a los servicios de telecomunicaciones corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector. Se inhibe el crecimiento y penetración de este tipo de servicios.

En el contexto internacional, advirtió la panista: "México refleja un pobre desempeño y una situación de estancamiento debido a que no se ha podido vincular su gran tamaño económico con la apropiación y uso de las tecnologías de la información por parte de nuestra población".

La legisladora calificó como "un total contrasentido" que mientras el artículo 6 de la Constitución establece los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha y de internet, paralelamente, la Ley del IEPS grava la prestación de los mismos.

"Tan es evidente este contrasentido que, de 2014 a 2018, la recaudación anual del IEPS por este concepto ha sido negativa, pues dejaron de ingresar a las arcas los más de 13 mil 760 millones de pesos que estaban previstos durante este periodo en las respectivas leyes de Ingresos", concluyó.

La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados.

  • Con ese instrumento  se busca contribuir a revertir la crisis de inseguridad que vive el país.
  • Se plantea la reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que aplica.

Morena presentará en el Senado de la República, la iniciativa de Ricardo Monreal para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que tiene el propósito de brindar una legislación actualizada, y más efectiva, para eliminar obstáculos procedimentales y desapoderar a organizaciones o individuos de recursos patrimoniales que utilizan para delinquir.

Con dicho instrumento se regulará la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, el establecimiento de los procedimientos correspondientes, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al procedimiento y para que lleven a cabo su disposición y uso, atendiendo al interés público.

La Ley impulsada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política busca no sólo revertir la crisis de inseguridad que aqueja al país, también se plantea la reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que aplica esta figura.

La presentación de dicha iniciativa con proyecto de decreto se da luego de que el Congreso de  la Unión emitiera, como resultado del consenso, la declaratoria de reforma constitucional relativa al Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

El artículo segundo transitorio del Decreto establece el plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia del mismo para que el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio.

A través de la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, además de reglamentar la disposición constitucional antes señalada, se homologa el actuar de las autoridades competentes, y se definen las reglas para la protección de las personas que pudieran ver afectado su patrimonio, a través del ejercicio de su derecho de audiencia.

Con base en el replanteamiento constitucional en materia de extinción de dominio, la iniciativa establece disposiciones de observancia general y de orden público en toda la República Mexicana y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, la cual quedará definida según se trate de la jurisdicción que deba conocer de las investigaciones de las conductas delictivas detalladas por el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio consta de 78 artículos, divididos en cinco títulos -con sus respectivos capítulos- y un apartado de artículos transitorios.

  • Tras su entrada en vigor, el Congreso tendrá 60 días naturales para expedir la ley de la nueva corporación.

Ante el inminente respaldo de los 32 congresos estatales a la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el senador Martí Batres Guadarrama destacó que este será uno de los proyectos con mayor respaldo en la historia reciente de México.

El presidente del Senado de la República dio a conocer que hasta el momento son 28 las legislaturas locales que han aprobado a la nueva corporación.

La posibilidad de que se avale en todas entidades federativas, subrayó, le “daría un apoyo inusitado” a la propuesta de esta administración para fortalecer la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública.

Explicó que una vez que la Cámara de Diputados y el Senado emitan la declaratoria de aprobación, que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 60 días naturales para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, dijo, deberá aprobar las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones en 90 días naturales.

En los artículos transitorios se prevé que la Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios.

Martí Batres agregó que en este ordenamiento también se deberán incluir, entre otros aspectos, la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial.

Las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por su parte, deberán contemplar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, así como la regulación del sistema nacional de información en esta materia.

El legislador recordó que en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Congreso establecerá las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

Reiteró que la Guardia Nacional, las reformas a la Constitución sobre extinción de dominio y delitos graves, le darán “mayor soporte a la lucha contra la delincuencia en el país”.

El presidente del Senado también refirió que a la entrada en vigor, la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

Batres Guadarrama informó que hasta el momento el proyecto ha sido aprobado por las legislaturas de Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y Estado de México.

Además, de Durango, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua y Baja California.

     Por Nancy Rodríguez  

 *Propone Cecilia Margarita Sánchez modificar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.     

Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como invitada permanente en las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que coadyuve de manera más directa en las investigaciones contra esos delitos, propuso el senador Ricardo Monreal. 

Para esto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena presentó una inciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En la propuesta presentada al Pleno, por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García argumentó que las investigaciones de organismos internacionales han demostrado que los países con bajo nivel de control sobre la corrupción tienden a tener niveles más bajos de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

Señaló que la mayoría de las convenciones e instrumentos globales contra la corrupción, cuentan con capítulos o artículos que subrayan la estrecha relación entre la corrupción y el lavado de dinero como una respuesta a la preocupación respecto de las relaciones que guarda la corrupción con otras formas de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada que en el terreno económico realiza el blanqueo de dinero. 

Comentó que la actuación de la UIF, además de que se participación está reglamentada en la legislación nacional, su actuación también está regulada desde el ámbito interncional. 

Señaló que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, establece las medidas para que las autoridades judiciales encargadas de combatir el blanqueo de dinero, sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. 

Bajo esas condiciones, dijo, se considera la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 

En este contexto, expuso que a pesar de que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar ese riesgo no han sido suficientes y, por lo tanto, el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio corrupción-lavado de dinero, porque afecta a las autoridades de orden público, en particular a los estados, pues socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente esos delitos graves. 

Aunque recordó que en lo que hace a la operación, regulación y supervisión del sector financiero en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la Secretaría de Hacienda funge como garante del sistema financiero y cuenta con un área técnica y especializada en analizar y diseminar la información financiera obtenida, denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

“Con base en lo anterior y con el objeto de coadyuvar con el Comité Coordinador en el desahogo de las sesiones relativas a la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se incluirá a la Unidad de Inteligencia Financiera como invitada permanente a las reuniones del citado Comité”, se argumenta en la iniciativa. 

La adición a la legislación mencionada establece lo siguiente: “La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de invitado permanente a las reuniones del Comité Coordinador”. 

La propuesta se encuentra en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

· Los patrones estarán obligados a pagar las aportaciones, siempre y cuando se compruebe una dependencia económica. 

Desde su creación y hasta hoy, la Ley Federal del Trabajo ha quedado a deber derechos a las personas trabajadoras del hogar. Nuestra sociedad ha invisibilizado a quienes realizan las labores domésticas. En la actualidad tenemos una legislación anacrónica que dista mucho de resolver las reivindicaciones laborales y continúa como una asignatura pendiente para este colectivo.

Así lo señaló la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 146 de la Ley Federal de Trabajo.

Aseveró que el trabajo del hogar es una actividad que genera valor económico y bienestar. Sin embargo, abundó, las personas que realizan esta noble labor han sido privadas históricamente de esos derechos.

Con esta modificación, continuó, los patrones estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de la referida ley por lo que toca trabajadoras y trabajadores del hogar, siempre y cuando se compruebe una dependencia económica.

Informó que datos de la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, indican que en México hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar que reciben una remuneración. El 96 por ciento de este universo, dijo, no cuenta con un contrato escrito; 92 por ciento son mujeres, siete de cada diez no tienen prestaciones, ni acceso a la salud y a la vivienda.

La legisladora mencionó que el trabajo del hogar es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas, con extensas jornadas de trabajo; sin cobertura de seguridad social y con mayor incumplimiento de normas laborales.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó el pasado cinco de diciembre de 2018, que es discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, y ordenó al instituto implementar un programa piloto de seguridad social en el primer semestre de este año.

Por lo anterior concluyó, en un plazo no mayor a tres años, la seguridad social de esta población debe ser efectiva, robusta, eficiente para todas y todos.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

· Destacó la importancia de la misma, para combatir la corrupción y la delincuencia en el país. 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, realizó la declaratoria de reforma constitucional del artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 constitucionales en materia de Extinción de Dominio, previa ratificación de 20 Congresos Estatales, lo que configura la mayoría constitucional exigida.

Tras incorporar el asunto al orden del día, Batres Guadarrama solicitó a las y los senadores presentes ponerse de pie para hacer la declaratoria de reforma constutcional correspondiente.

“Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 constitucional, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores como integrante del Congreso de la Unión, declara:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política, y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados el artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política en materia de Exinción de Dominio”.

Adelantó que las Cámaras del Congreso de la Unión (diputados y senadores) seguirán atentas a las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Batres Guadarrama destacó que se trata de una importante reforma para combatir la corrupción y la delincuencia en el país.

Declaró que el asunto se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  1. Ésta comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años.   

 

El senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa que plantea reformar el artículo 3 de la Constitución para que el Estado tenga la obligación de impartir y garantizar la educación inicial.

 

El proyecto de decreto define que dicha etapa educativa comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años.

 

El senador subrayó que leducación inicial se basa en una relación interactiva e integrada entre los padres de familia y sus hijos. Por tanto, es una educación incluyente de la familia y la sociedad.

 

Abundó en que si ésta se imparte con calidad, impacta en la eficacia interna del sistema educativo,contribuye a mejorar los aprendizajes, a disminuir los índices de reprobación y fracaso escolar.

 

Explicó que la función social de la educación inicial tiene tres funciones: asistencialsocializadora ypedagógica.

 

Al incorporar a la Carta Magna la obligatoriedad del Estado de brindar el nivel educativo inicial,aseveró, se da el primer paso para construir una sociedad con un desarrollo pleno desde momentos previos a su concepción.

 

También expuso que debe erradicarse el término “guardería”, porque los niños no deben ser “guardados” mientras sus padres trabajan. Estas instalaciones deben ayudarles a desarrollarse. Dijo que el término podría sustituirse por el de “Centro de Desarrollo Infantil”.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.

 

  • Luego de reunirnos con presidentes de algunos de ellos, logramos buena respuesta, subrayó.
     

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, hizo un llamado a los congresos estatales para que aprueben lo antes posible la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. 

En conferencia de prensa, Batres Guadarrama se reunió con los presidentes de los congresos locales, a fin de abordar, entre otros temas, los cambios a la Constitución Política en materia de seguridad pública, relativas a la extinción de dominio, al nuevo catálogo de delitos graves y la Guardia Nacional. 

Recordó que estas reformas fueron aprobadas por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y cuentan con una opinión positiva de los gobernadores. 

El senador destacó que la Guardia Nacional ya fue aprobada por los congresos de Chiapas, Campeche, Guerrero y Tabasco. Cabe la posibilidad, estimó, que esta misma semana se avale en la mayoría de los congresos locales.

Dijo que la reforma relativa la extinción de dominio ya obtuvo el respaldo de la mayoría de las entidades y el nuevo catálogo de delitos “está muy cerca” de lograrlo.

“Evidentemente, hicimos un llamado a aprobar lo antes posible la reforma sobre la Guardia Nacional. Encontramos muy buena respuesta de nuestras amigas presidentas y presidentes de los congresos locales del país”, asentó. 

Al encuentro asistieron los presidentes de los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

A pregunta específica, sobre las calificadoras internacionales, el presidente de la Mesa Directiva destacó que ante “viejos problemas” de corrupción, saqueo de combustibles y de productividad, en este gobierno se inició un proceso para recuperar a las empresas energéticas de México. 

“Me parecería muy extraño que después de décadas que hemos padecido muchos problemas en empresas como Petróleos Mexicanos, en 100 días se pretenda hacer una calificación global”, expresó. 

Dijo que el saqueo de la empresa ocurrió, por los menos, en los pasados tres sexenios. Los problemas de corrupción, agregó, tienen de cuatro o cinco décadas. Y la baja productividad de Pemex derivan cuando menos, de los últimos doce años. 

“Sería muy interesante saber si las calificadoras están midiendo todos esos problemas”. Ahora estamos en una ruta para recuperar a las empresas, con la primera ofensiva en contra del huachicoleo y del robo de combustible, enfatizó. 

Si las calificadoras no miden lo que la corrupción y el robo de combustible afecta a las empresas productivas del Estado, asentó, “los mexicanos sí tenemos que preocuparnos por eso”.

  1. Fortalecerá la capacidad recaudatoria de la federación y gravar estas actividades de acuerdo con la práctica internacional.
  2. Es la primera parte de una reforma integral que, en materia de juegos y sorteos, será presentada en este periodo de sesiones.

A fin de regresar al Gobierno la facultad exclusiva para establecer impuestos por concepto de juegos, apuestas y sorteos, donde los estados tengan ganancias por esta recaudación; el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República  presentará una iniciativa que pretende incrementar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) derivados de estas actividades.

La propuesta incluye un nuevo régimen tributario para la organización y celebración de juegos con apuestas y sorteos, al tiempo que impulsará a una industria en crecimiento en nuestro país, toda vez que se estima que esta ocupa el tercer lugar en el desarrollo de casinos en toda Latinoamérica, por debajo de Argentina y Chile, señala el documento.

Además, derivado del crecimiento exponencial y popularidad de los casinos online, y lo que dicha práctica puede representar en materia tributaria para el Estado Mexicano, la propuesta considera un régimen específico para la modalidad de juegos con apuestas.

Lo anterior permitirá combatir el mercado clandestino e informal, así como otorgar mayor seguridad a los usuarios, además de fomentar un nuevo régimen que estimule la justicia tributaria, que respete la capacidad contributiva y que grave estas actividades a partir de prácticas exitosas a nivel internacional.

Considera que la organización de juegos con apuestas y de sorteos no ha sido gravada de acuerdo con la práctica internacional y que los costos sociales vinculados a esta actividad no han sido compensados en su totalidad.

Morena en el Senado de la República propondrá un nuevo régimen tributario para la organización y celebración de juegos con apuestas y de sorteos, puntualiza el documento; y destaca que esta iniciativa es la primera parte de una reforma integral que, en materia de juegos y sorteos, será presentada en este periodo de sesiones.

 

  • Este delito afecta a las finanzas públicas y limita los recursos para sufragar políticas públicas y programas sociales.
  • Evasión en el pago de tenencias, una de las prácticas más comunes de la caída en la recaudación.

 

Tan solo en el año 2016 la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

 

La investigación titulada “Evasión Fiscal en México” explica que este delito afecta a toda la nación, ya que los inculpados, al pretender ocultar sus ganancias, dejan de pagar impuestos que afectan las finanzas estatales y limita los recursos del gobierno para realizar políticas públicas o programas sociales.

 

El estudio del IBD apunta que, según la organización Oxfam en México, durante el periodo 2013-2015, las empresas evadieron en promedio 244 mil 664 millones de pesos anuales, lo que representa 39.63% de la recaudación potencial del Impuesto Sobre la Renta. Esta cifra representa cinco veces el monto de los recursosdestinados para la reconstrucción de los daños causados por los sismos de 2017.

 

De acuerdo con la investigación del Instituto, otro ejemplo muy común de evasión fiscal, son los trámites de altas de vehículos en entidades federativas que tienen cobros de tenencias bajos respecto al lugar habitual de residencia del propietario. En esta irregularidad, no sólo se encuentra el dueño del vehículo, sino una red que incluye a distribuidores de automóviles y gestores, que aprovechan las lagunas legales o la falta de coordinación entre entidades federativas, lo que facilita el no pago de impuestos.

 

Lo anterior ocurre a pesar de que existe un marco jurídico que sanciona a la evasión fiscal en nuestro país, comprendido por el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley Aduanera, Ley de Firma Electrónica Avanzada, Ley del Servicio de Administración Tributaria, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta, y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, México ha firmado 45 tratados con distintos países con el objetivo de establecer medidas conjuntas en materia de tributación de impuestos al ingreso y al patrimonio para evitar la doble imposición fiscal y la evasión fiscal, de acuerdo con el estudio.

 

 

La investigación completa del IBD, se puede consultar en la dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4338/CI_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Hasta el momento se han recibido 140 ponencias. 

Al inicio de los trabajos del cuarto foro “Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes”, el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, dijo que la reforma educativa será enriquecida con las propuestas de expertos, académicos, sociedad civil y de autoridades en la materia, además de las sugerencias de senadores de todos partidos políticos que han participado en estos foros. 

Rocha Moya puntualizó que este debate se lleva a cabo a partir de la iniciativa de reforma constitucional sobre el particular, presentada por el Ejecutivo Federal, cuyo interés es impulsar un nuevo modelo en favor de niñas, niños y jóvenes a partir del rol fundamental que juegan maestros en las aulas, con el apoyo de las familias y de la sociedad en su conjunto. 

El senador de Morena adelantó que con la misma también se actualizará y modificará  la Ley General de Educación de 1993, en el marco del estudio y análisis de la norma secundaria de la materia. 

“Todas las iniciativas presentadas en la materia servirán de base en este proceso de estudio y análisis para la nueva reforma educativa. Es decir, no se está partiendo de cero”, apuntó. 

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, destacó la importancia de estos foros y reconoció que en ellos se escuchan diversos puntos de vista con ánimo constructivo, porque se trata de una reforma muy importante. Sin embargo, dijo, es necesario que la Secretaría de Hacienda fije los niveles de presupuesto para la educación en el país. 

Aseveró que las expectativas que está generando esta reforma, -particularmente en educación superior- implican recursos. “El tema presupuestal en el Sistema Educativo mexicano, es transcendental. Son recursos que requieren los estados para satisfacer el cumplimiento de sus responsabilidades en la materia”, señaló. 

A su vez, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, afirmó que pocas leyes en la historia de México han tenido un debate tan intenso y profundo como lo tiene hoy la nueva reforma educativa. “Estos foros son la continuidad de los diálogos que se realizaron por todo el país”, apuntó.

 

Reconoció que la legislación que hoy está en manos de los senadores, es una ley responsable. Es una iniciativa que creará un Sistema Educativo más justo y funcional. Se traducirá, en el corto plazo, en mejor aprendizaje para niñas y niños de México.  “Tendremos ciudadanos más preparados, con mejores posibilidades para acceder a la generación de la riqueza”, pronosticó.

 

En la conducción de los trabajos de este foro, el senador Joel Padilla Peña, del PT, informó que se han recibido propuestas para la nueva reforma educativa a través de 140 ponencias registradas hasta hoy.

 

Al cuarto y último foro sobre la nueva legislación educativa asistieron funcionarios públicos, expertos, académicos, representantes de los sistemas educativos estatales y de organizaciones civiles, quienes aportaron diversas ideas y propuestas en la materia.

 

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