Frente a la posibilidad de que los productores de mango de Oaxaca pierdan mil 200 millones de pesos por no poder exportar su producto, el senador de Morena, Salomón Jara, anunció que a la brevedad, presentará un Punto de Acuerdo, para solicitar al Senado de la República, que intervenga en favor de los mangueros frente a la Junta Local de Sanidad Vegetal de la entidad. ​

​Aseguró que el titular de la Junta no ha contribuido al buen desarrollo de sus responsabilidades. Denunció que, de manera irregular, se pretende extender la vigencia de funciones de la Junta Local de mangueros unidos en Chahuites y San Pedro Tapanatepec, sin considerar la opinión de los agremiados. ​

Informó que están poniendo en riesgo la cosecha de 27 mil hectáreas de ese producto en aquella entidad, al rechazar las autorizaciones para exportar el producto, debido a un conflicto generado por la renovación en la dirigencia de la Junta. ​

​Señaló que, de no exportarse los mangos, tendrían que tirar a la basura el equivalente a los mil 200 millones de pesos, pues el mercado nacional quedaría rebasado. ​

​El senador Jara Cruz consideró oportuno hacer un llamado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que resuelva la problemática. ​

​En el mismo sentido, hizo un llamado al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Agricultura para que coadyuven en la renovación de los integrantes de esa Junta, para que se haga de manera democrática y con apego a derecho. ​

​Destacó que México es considerado el quinto exportador de mango a nivel mundial. Son más de 500 millones de dólares los que obtiene México por las exportaciones de ese producto. Cada temporada son exportadas más de 10 millones de cajas del fruto, equivalentes a 370 mil toneladas. ​

Detalló que la producción en Oaxaca tiene un valor total de 2 mil 700 millones de pesos, de los cuales mil 500 son generados por la comercialización nacional. ​

El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a frenar la autorización para que la Aerolínea “Emirates” realice la ruta de vuelo de Barcelona a la Ciudad de México, dado que el Memorando de Entendimiento firmado en 2016, no reúne los requisitos que le den validez.

A iniciativa de la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, el Senado aprobó un Punto de Acuerdo en donde se hace un llamado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que en coordinación de la Comisión de Relaciones Exteriores, hagan una revisión general al convenio bilateral en materia Aeronáutica.

Esto debido a que el Memorando establecido con la autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos Árabes Unidos, le concedió derechos sin cumplir con la Constitución mexicana. Además de que el Memorando no fue ratificado por el Senado.

En su exposición ante el Pleno, la senadora Piña Gudiño calificó el convenio como neoliberal. Tenía un supuesto propósito que buscaba fortalecer la relación bilateral y para el desarrollo de ambas economías. Pretendía incentivar el intercambio turístico, pero no se consideraron las consecuencias y afectaciones laborales al sector aeronáutico del país.

Resaltó la preocupación del gremio de la Aeronáutica Nacional, porque la línea aérea extranjera cuenta con gran subsidio de su gobierno y pone en riesgo cientos de empleos de familias mexicanas que trabajan diariamente en la Industria Aeronáutica.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por ser considerado de urgente y obvia resolución en votación económica. 

La senadora Freyda Marybel Villegas Canché presentó una iniciativa para que, en la Zona Fronteriza Sur, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje de 16 a ocho por ciento, a fin de promover el desarrollo productivo y la creación de empleos en esa región.

La legisladora de Morena explicó que disminuir la tasa del IVA en la frontera sur, traería beneficios para las comunidades locales, pero también generaría beneficios para todo el país, al aumentar los ingresos por turismo y crear un mercado de consumo atractivo, tanto para turistas nacionales como internacionales.

Precisó que, de concretarse esta iniciativa, en la frontera sur se consolidarán las inversiones y se generará una industria comercial atractiva para el turismo nacional e internacional.

Asimismo, se dotará de herramientas financieras a los ciudadanos que viven en una zona turística, para que puedan compensar los elevados precios, mantener una buena calidad de vida e incrementar su capacidad adquisitiva.

Es una manera de fomentar el consumo, después de los efectos negativos que la crisis migratoria ha tenido sobre la seguridad, economía y comercio, expresó.

Villegas Canché consideró que su planteamiento fomentará el comercio local y ofrecerá precios competitivos con respecto a los de las fronteras de los países colindantes.

Señaló que los habitantes de las zonas sur de México suelen tener menor capacidad adquisitiva que los de la zona norte, región que actualmente goza de un régimen especial.

La iniciativa que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue remitida a la Cámara de Diputados.

La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, propuso una iniciativa que reforma y adiciona artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de asociaciones deportivas, para que el país garantice a la sociedad el derecho a la cultura física y el deporte.

La senadora por Veracruz expuso que la importancia de esta acción radica más en que, a través de la práctica del deporte, las familias mexicanas ejercen otros derechos, como el de la salud y la educación, además de que se promueve el respeto y una vida alejada de vicios y la delincuencia.

La propuesta incorpora una fracción a los artículos 4 y 11, reforma la denominación de la Sección Segunda del Capítulo 11 del Título Segundo, reforma el artículo 59 e incorpora los artículos 60 BIS y 60 TER a la Ley General de Cultura Física y Deporte, referentes principalmente a una mayor participación y vigilancia de las asociaciones que contribuyen en la promoción del deporte en el país.

En este sentido, Balderas Espinoza explicó que dicha ley establece un sistema de concurrencia entre los tres niveles de gobierno y una coordinación entre los sectores público y privado, toda vez que el Estado delega a las asociaciones civiles diversas funciones que permiten la materialización y ejercicio pleno del derecho al deporte para la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos.

Por ello, en busca de una regulación que perfeccione la actuación de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) en relación con sus asociados y con las autoridades en materia de cultura física y deporte, la iniciativa de la senadora de Morena plantea una participación clara y transparente de esta asociación civil como actor coadyuvante en la promoción del deporte, mediante la reforma de artículos e incorporación de otros en la ley.

De esta manera, la CODEME, coadyuvante con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), coordinadora de otras federaciones deportivas y con estatutos que le permiten recibir recursos públicos bajo vigilancia de instituciones oficiales, quedaría garantizada su inclusión en la ley mediante la adición de su nombre en una fracción a los artículos 4 y 11.

Asimismo, en el Capítulo 11 del Título Segundo de la ley diría “Sección Segunda de las Asociaciones Deportivas Nacionales y la Confederación Deportiva Mexicana”, y mediante la reforma al artículo 59 se buscaría garantizar la vigilancia de las elecciones de la CODEME a través del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED).

Con la incorporación de los artículos 60 BIS y 60 TER quedaría en el primero enunciada la personalidad jurídica de la CODEME y en el segundo definida la intervención de la CONADE para llevar a cabo las acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos que maneje la asociación.

La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza subrayó que la regulación que se plantea tiene como propósito robustecer la norma que permite la vinculación entre los sectores público y privado, ejerciendo un control específico en la participación de un ente fundamental como lo es la CODEME para que el Estado pueda cumplir con su obligación de promover la cultura física y deporte como un derecho humano y social.