• Este modelo representa la posibilidad de invertir en un futuro asistencial.
• La intención es atender los aspectos humano y sostenible, con un inmueble digno.

La senadora Gloria Sánchez Hernández, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, promueve una iniciativa para que, mediante reformas a las Leyes de Vivienda y la de Derechos de las Personas Adultas Mayores, se contemple el modelo de vivienda colaborativa o cohousing, ante las situaciones de discriminación y abandono que viven ciudadanos mexicanos de más de 60 años.

Explicó en su propuesta que los créditos de vivienda que se otorgan a este sector poblacional, omite brindar garantía al derecho humano a una vivienda digna y decorosa.

El modelo de vivienda que se busca incorporar al orden jurídico nacional tiene el objetivo de garantizarles protección y apoyo, además de integrarlos a un proyecto de vida en la actividad cotidiana, menciona la legisladora en su propuesta.

La vivienda colaborativa o cohousing se trata de un desarrollo habitacional en donde hay casas privadas y espacios compartidos, como comedores, bibliotecas y lavanderías; el modelo se sustenta en dos aspectos: humano y sostenible, y también representa la posibilidad de invertir en futuro asistencial.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), las personas adultas mayores en México conforman grupo poblacional de más de 13 millones de habitantes, de los cuales, 16 por ciento viven en situación de abandono.

Por otro lado, aunque el 85 por ciento de entre 60 y 75 años, son independientes al momento de realizar las actividades de su vida cotidiana, estudios como la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), señala que el 17 por ciento de personas consultadas menciona que no arrendaría una habitación a una persona mayor.

Aunado a lo anterior, datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), arroja que el 45 por ciento de adultos mayores estima que sus derechos son poco o nada respetados, y el 18 por ciento dice haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año, principalmente en la calle, en el transporte público y en la familia.

Ante ese panorama, menciona la senadora Gloria Sánchez, es vital impulsar y promover el envejecimiento activo, lo que requiere de una vivienda digna y decorosa.

En ese aspecto, cabe el acceso a la vivienda colaborativa, de la que existen diferentes tipos: urbanos y rurales; en edificios nuevos; o en edificios rehabilitados. Además, las casas pueden ser de tipo unifamiliar o en bloque, y los espacios comunes.

Por eso, la senadora Gloria Sánchez plantea reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo 5 de la Ley de Vivienda; así como adicionar una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Lo anterior, de forma que se establezca que en las políticas y programas públicos de vivienda, así como en los instrumentos y apoyos se contemple el modelo de vivienda colaborativa, conocido como autogestionada, coliving o cohousing.

Con el propósito de analizar los pendientes y atender las acciones que realizará como órgano colegiado en el contexto de la emerge8cia sanitaria, puesta en marcha en todo el país, a partir de la pandemia por el COVID-19, las y los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, sostuvieron una reunión de trabajo virtual, mediante una aplicación digital.

Así lo informó la senadora presidenta por medio de sus redes sociales, quien destacó el trabajo de los integrantes de ese organismo a la distancia y con el fin de tomar acuerdos necesarios para la conducción del Senado de la República.

En esta sesión de trabajo virtual participaron los senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, y el senador Salomón Jara Cruz, de Morena, en su calidad de vicepresidentes de este órgano de gobierno.

También estuvieron presentes, desde sus respectivos domicilios, las secretarías de la mesa Directiva, Citlalli Hernández Mora y Martha Guerrero Sánchez, de Morena; María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo, del PT; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Verónica Noemí Camino Farjat, del Verde Ecologista de México; Katya Elizabeth Ávila Vázquez, de Encuentro Social, así como Primo Dothé Mata, de Morena.

Como parte de este grupo de trabajo, estuvieron presentes también los titulares de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y de la Coordinación de Comunicación Social, Abelardo Martín.

• Exponen sus vidas y la de sus familias al no contar con equipo especializado: Alejandra Reynoso.

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que, en la sesión permanente del Consejo de Salubridad General, (CSG), se coordinen acciones y soluciones a las demandas de los profesionales de la salud que atienden la epidemia de COVID-19 en México.

La legisladora señaló que el coronavirus al ser una enfermedad grave de atención prioritaria, el Gobierno debe garantizar las condiciones de trabajo en donde se pondere la salud de las y los doctores, enfermeras y sus familias.

Además propuso que se sancione y publique en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo.

La senadora panista denunció que el Sistema Nacional de Salud (SNS) cruza por una crisis que no permite garantizar el derecho fundamental a la salud de las y los mexicanos.

Destacó que los héroes de la película son todas y todos los profesionales de la salud que están en el campo de batalla exponiendo su vida y la de sus seres queridos al no contar con los materiales suficientes para desarrollar su trabajo.

En días pasados, mencionó, en distintos puntos del país personal del SNS denunciaron la falta de insumos para trabajar, las y los médicos así como enfermeras, enfermeros, las y los residentes están vulnerables frente a un Sistema de Salud que no cuenta con el material necesario para hacer frente a la contingencia.

Alejandra Reynoso indicó que debido a la falta de protocolo de atención, insumos y equipo, algunos médicos residentes han estado en contacto con pacientes con coronavirus y aunque hasta ahora ninguno de ellos presenta síntomas, ésta situación preocupa a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, ya que no se les están garantizando los requerimientos mínimos para hacer su labor, lo que los pone en riesgo a ellos y a las personas que están hospitalizadas.

En días recientes, dijo, personal de salud anunció que no sabían qué hacer con los casos sospechosos porque no estaban contando con medidas sanitarias pertinentes y que no tenían equipo de protección personal, cubre bocas, gel, alcohol, insumos básicos que se necesitan para atender ésta pandemia.

Por ello, subrayó la senadora es una irresponsabilidad del Presidente de la República no sancionar y publicar de manera inmediata los acuerdos del Consejo. Por un lado, abundó, tenemos a la jefa de Gobierno de la CDMX llamando a la ciudadanía a no salir de sus casas y por otro lado al Ejecutivo diciendo que no pasa nada.

El punto de acuerdo fue turnado directamente al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid-19.

• Actualmente se observan graves daños al entorno sin que alguien responda por ello, aseguran.

Con el fin de garantizar a toda la población un medio ambiente sano y que Estado y sociedad en general conserven, restauren, y tengan un desarrollo sustentable que proteja la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico, los senadores del Grupo Parlamentario de Morena, Susana Harp Iturribarría y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, propusieron modificar el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución,

La propuesta, afirmaron, establece mecanismos de participación social, prevención, control y acceso a la justicia, así como sanciones y responsabilidades por actos u omisiones que causen daño, contaminación o deterioro ambiental.

Los legisladores indicaron que la iniciativa parte de que a todo derecho le es correlativo un deber y de que, actualmente, se observan grandes daños al medio ambiente sin que alguien responda por ello.

Destacaron que es de conocimiento general que existe una profunda apatía y frustración de la sociedad ante los casos de contaminación que ocurren cotidianamente y que los daños a la salud física, mental, emocional y espiritual de los seres vivos son prácticamente incalculables.

El ordenamiento constitucional vigente en nuestro país, mencionaron en su exposición de motivos, permite que los seres humanos, junto con las grandes industrias, con el pretexto de su desarrollo y bienestar, puedan servirse arbitrariamente de la naturaleza. Este postulado, apuntaron, ha sido impotente ante la trágica pérdida de biodiversidad, crisis climática y afectaciones a la salud en relación con el deterioro ambiental.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló el esfuerzo de los países para otorgar personería jurídica a la naturaleza y rectificar el deterioro del medio ambiente mencionando como buenos ejemplos los casos de Ecuador, Bolivia y la Ciudad de México.

Es menester mencionar que la ONU ha declarado que la crisis generada por el coronavirus, junto con las medidas que han tomado los gobiernos, han llevado a la conclusión precipitada de que podría mejorar las condiciones medioambientales del planeta.

La Iniciativa con proyecto de decreto propuesto por los senadores de Morena y por el que se reforma el quinto párrafo del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado directamente a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

• Tan sólo en la CDMX, del 9 al 25 de marzo, se abrieron mil 608 carpetas de investigación por este delito, destaca la senadora.
• La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género dijo que es fundamental que todas conozcan dónde y cómo denunciar.

Ante el alarmante incremento de violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres por el confinamiento derivado de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, hizo un llamado a los gobiernos Federal, estatales y municipales a implementar una campaña de difusión y prevención sobre este tema.

Que la sociedad sepa a dónde pueden acudir y llamar, con la difusión nacional en medios de comunicación y en redes sociales se podrá informar ampliamente a mujeres, niñas y adolescentes que existe el número 911, en el que pueden solicitar ayuda durante las 24 horas del día, así como los números telefónicos en cada estado, señaló la senadora del Grupo Parlamentario de Morena.

Esta campaña, agregó, puede ser a través de policías estatales y municipales. “Que la población tenga el conocimiento de que hay oficinas abiertas de ministerios públicos a las cuales pueden acudir a solicitar ayuda”, apuntó la legisladora de Morena.

Señaló que la situación por la pandemia es muy grave. El hecho de que estemos restringidos en movimiento ha generado un aumento drástico en los casos de agresiones contra mujeres y niñas, y en algunos casos hasta violaciones de sus parejas se han presentado y no sólo en la Ciudad México sino en casi todos los países, detalló.

La senadora de Morena, afirmó que aún no se cuenta con cifras sobre casos de violencia en el ámbito familiar en todos los estados. La Fiscalía de la Ciudad de México, dijo, dio a conocer que del 9 al 25 de marzo, se abrieron mil 608 carpetas de investigación por este delito en comparación con los mil 581 casos que se registraron en febrero.

Ante ello, subrayó que autoridades federales, estatales y municipales deben asegurarse de que todos los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia estén funcionando adecuadamente. “En nuestro país, como parte de las medidas de seguridad sanitaria presentadas por el Gobierno, se reconoce como un sector esencial los refugios y centros de atención para madres, niñas y niños que sufren agresiones”, sostuvo.

En entrevista, la legisladora guanajuatense hizo hincapié en proteger y establecer acciones específicas para cuidar a grupos vulnerables, como las que viven mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad y las adultas mayores.

Insistió en que es primordial darle seguimiento a las denuncias que se están presentando en el ámbito familiar. “Porque de nada sirve que denuncien si no se le da un seguimiento puntual”, puntualizó Micher Camarena. “Porque cuando hay violencia siempre son las mujeres las que tienen que abandonar su hogar, cuando debería de ser al revés”, agregó.

Al señalar que en esta crisis por la pandemia es más difícil esta situación, lo que se está haciendo es rescatarlas y llevarlas con sus hijas e hijos a un espacio temporal seguro, advirtió sobre la necesidad de contar con más refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, ya que a medida que transcurran los días de aislamiento social, el número de casos también se incrementará.

En este sentido, la legisladora destacó que algunas de las recomendaciones de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), son incrementar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil; garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los violentadores y establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias, en diferentes locales y tiendas de comestibles, para que ahí puedan ser atendidas.

Así como, declarar los centros de refugios, como servicios indispensables; crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin alertar a sus victimarios y evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra ellas.

Los refugios deben permanecer abiertos. Se que en México siguen activados. Las mujeres deben contar con espacios seguros con apoyo, que puedan hablar por teléfono, ser asesoradas sin que se enteren sus agresores, abundó la Senadora.

Dijo que el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó que los países deben adoptar medidas para hacer frente a un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra niñas y mujeres ocurridas durante las últimas semanas, debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del Covid-19.

Señaló que la combinación de las presiones económicas y sociales provocadas por la crisis sanitaria, así como las restricciones de movimientos, han aumentado drásticamente estos hechos de violencia, en casi todas las naciones.

Martha Lucía Micher señaló que el Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer que abreviará la atención de mujeres violentadas durante esta contingencia sanitaria, por lo que podrán acudir directamente con una abogada o abogado para solicitar medidas preventivas urgentes ante un juez o jueza de lo familiar.

Durante la contingencia, dijo, serán los juzgados familiares de proceso en turno los que recibirán las demandas o solicitudes en casos en los que se argumente violencia intrafamiliar.

Aunque muchas oficinas han cerrado por la restricción de movimiento, se sigue dando la atención desde las procuradurías atendiendo los casos. Esto, añadió, también pone en riesgo a muchas personas.

La senadora de Morena aseguró que en la Ciudad de México siguen funcionando las 16 Lunas, que continuarán dando atención y servicios especializados de psicología y acompañamiento jurídico.

Micher Camarena propuso implementar un programa de seguimiento a las mujeres que previamente hayan denunciado violencia en el ámbito familiar, debido a que las condiciones de convivencia con sus agresores puede dificultar que denuncien nuevamente agresiones en su contra.

• Este sector es columna vertebral de la economía nacional, pues impactan en la generación de empleos, dijo.

Con el propósito crear incentivos, promover, proteger y velar por los derechos de los particulares ante las autoridades, la senadora Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, inscribió una iniciativa para reformar el artículo 25 de la Constitución, a fin de crear una "Defensoría de Micro, Pequeño y Mediano Empresario".

Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales en el desarrollo de México, pues constituyen la columna vertebral de la economía nacional y tienen un alto impacto en la generación de empleos, recordó.

La legisladora destacó que las MIPyMES representan casi 98 por ciento del total de unidades económicas, generan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y contribuyen con aproximadamente nueve de cada 10 empleos formales que se crean en México.

En todo el país, en el sector de la manufactura hay 489 mil 530 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 458 mil 96 corresponden a las micro empresas, 20 mil 455 a pequeñas empresas y 7 mil 431 a medianas empresas.

En el sector comercio, se registran dos millones 42 mil 641; de las cuales un millón 978 mil 887 corresponden a micro empresas, 43 mil 967 a pequeñas empresas y 14 mil 454 a medianas empresas.

Y en lo que respecta a servicios, se tiene un estimado de un millón 637 mil 362; de las cuales un millón 560 mil 949 son microempresas, 64 mil 274 son pequeñas empresas y cinco mil 923 son medianas empresas.

Sin embargo, acotó Sánchez Hernández, pese a su valor estratégico la realidad de las MIPyMES no es del todo favorable, ya que muchas de ellas enfrentan graves obstáculos para su desarrollo.

Se estima que el 75 por ciento de las empresas que abren en nuestro país quiebran durante los primeros cinco años. Esto se debe principalmente a distorsiones que tiene el mercado interno, el exceso de trámites, la falta de crédito para capital de trabajo o para invertir, la corrupción de autoridades, la inseguridad pública y las regulaciones excesivas.

Esto, a la larga, repercute directamente en la unidad económica hasta tornarse en una pesada carga, que sin los debidos apoyos por parte de las autoridades, puede llegar a ocasionar hasta el cierre de empresas, explicó la senadora.

Gloria Sánchez asentó que las condiciones económicas nacionales y globales obligan a darle prioridad a la protección y desarrollo de las MIPyMES, así como asumir en este tipo de empresas un enfoque de viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Por ello, dijo, se requiere una Ley que establezca la implementación de programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades económicas para el desarrollo de las mismas.

En este contexto, la legisalsora también sugirió, en la iniciativa que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 1 de abril, que se adicione la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Carta Magna, para que el Congreso pueda expedir una ley para el fomento y desarrollo sustentable de la actividad de estas unidades económicas.