• El encuentro se dio en un marco de auténtico diálogo entre poderes y en una franca colaboración, para impulsar políticas públicas y legislativas en beneficio del país

Como parte de la colaboración entre Poderes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunieron para analizar los temas pendientes de la agenda legislativa, entre ellos, las reformas constitucionales que anunció el Ejecutivo en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

En un mensaje que publicó en redes sociales, el senador destacó que frecuentemente conversa con el titular de la Segob, “en un auténtico diálogo entre Poderes y en una franca colaboración”.

En entrevista, Monreal Ávila afirmó que se trató de una conversación amplia sobre él final del periodo ordinario de sesiones y respecto a algunas iniciativas que están pendientes, entre ellas las dos reformas constitucionales que en materia electoral y sobre la Guardia Nacional presentará el Ejecutivo Federal.

Además, dijo, se abordaron los temas que le interesan al Ejecutivo, desde el punto de vista legislativo: algunos nombramientos, tratados internacionales o acuerdos de la OIT, que se requieren actualizar con el inició de la nueva estructura en materia laboral.

Comentó que en la Secretaría de Gobernación aún se valora a qué Cámara del Congreso de la Unión se enviarían las iniciativas que proponga el Presidente de la República.

El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que en el Senado de la República “hay un buen ambiente, de respeto con todos los Grupos Parlamentarios, no hay ruptura con ninguno de ellos y hay un ambiente propicio para revisar, discutir y deliberar sobre las reformas constitucionales”.

“Creo que ellos están percibiendo que la Cámara de Senadores es un lugar en donde se pueden lograr acuerdos y consensos”, expresó.

Ricardo Monreal dijo que se puede aprovechar el receso legislativo para analizar las iniciativas que se presenten, en particular las reformas político-electoral y de la Guardia Nacional.

“Voy a hablar con los Grupos Parlamentarios para que, una vez que las presenten” nos pongamos de acuerdo sobre el mecanismo de análisis y discusión de las propuestas.

Monreal Ávila recordó que la semana que entra concluye el periodo ordinario, por lo que se revisan las leyes que se pueden aprobar en el cierre y que son indispensables para el funcionamiento institucional de algunas dependencias.

Además, reconoció la interlocución entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que realiza el Secretario de Gobernación, pues “es un conducto adecuado” que ayuda a generar condiciones de mayor equilibrio y ponderación.

“Como Senado no hemos dejado de hablar y de coordinar los esfuerzos para el trabajo legislativo. Así es que nosotros reiteramos nuestra postura de reconocer como un interlocutor válido, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández”.

• La presidenta del Senado confía en que se apruebe esta legislación lo más pronto posible

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, afirmó que nuestro país está rezagado en la legislación para regular el uso lúdico, médico e industrial de cannabis, por lo que confió en que se apruebe este proyecto lo más pronto posible.

En entrevista, al término de la sesión ordinaria de este miércoles, recordó que ella presentó una iniciativa en la materia desde 2018.

Destacó los atributos de la planta para tratar trastornos como la esquizofrenia, autismo, Mal de Parkinson, así como para enfermedades como el reumatismo o la epilepsia.

Pero, además, el uso industrial del cáñamo que, entre otras cosas, se puede utilizar para la elaboración de papel, ropa, combustible y en el sector de la construcción, lo que también contribuiría a la recuperación de los bosques.

El potencial es enorme, tanto desde el punto de vista medicinal, como desde el punto de vista industrial, por lo que “creo estamos rezagados” en la legislación para regular el cannabis, porque muchos países están muy avanzados en la materia.

En Estados Unidos, ejemplificó, varios estados han regulado el cannabis y también en México hemos estado tratando de regularlo lo más pronto posible.

– ¿Qué detiene la legislación?, se le preguntó a la senadora.

– Hay un tema que hemos estado trabajando con todos los Grupos Parlamentarios, en un solo punto no nos hemos puesto de acuerdo”, que es la edad para permitir su consumo, respondió.

“El PRI dice que a los 25, por la madurez del cerebro, otros pensamos que a los 21 y otros más piensan que a los 18. Ese es el único tema que tenemos pendiente, pero creo que el resto de los temas ya están muy platicados, muy dialogados, muy construidos y están avanzando”.

La senadora confió en que este año se apruebe la regulación y destacó que otro de los temas es como gravar el uso lúdico, industrial y medicinal de la planta para generar ingresos.

• Se deben adoptar medidas específicas para contribuir a la promoción de un ciberespacio seguro y confiable, subraya el legislador

El senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que nuestro país debe transitar hacia la innovación tecnológica de la mano de una legislación en materia de ciberseguridad que blinde a las y los mexicanos ante las amenazas y ataques en el mundo digital.

Durante el foro “La red 5G en México: conectividad total, oportunidades y desafíos”, el legislador subrayó que el fortalecimiento de la ciberseguridad es uno de los retos más importantes de la era digital para nuestro país.

El crecimiento global de las redes digitales, la información y los sistemas, asentó, han impulsado la innovación tecnológica, lo que ha permitido a la sociedad mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, advirtió, para sostener esto, tenemos que reforzar la idea de que “la ciberseguridad tiene que salvaguardar el uso de las redes, los sistemas de información y comunicaciones”, por lo que se deben adoptar medidas específicas para contribuir a la promoción de un ciberespacio seguro y confiable.

En ese sentido, informó que la Unión Europea es líder en la materia, por lo que es necesario que México reconozca la falta de un marco regulatorio sólido e innovador y trabaje para crear programas efectivos para hacer frente a los ataques cibernéticos.

En América Latina, puntualizó, nuestro país se ubica en los primeros lugares de ciberataques por encima de Brasil, Perú y Colombia. Las principales afectaciones reportadas por las personas son: robo de información; fraude y pérdida financiera; fuga de información sensible; y robo de identidad.

Para ello, dijo Espino de la Peña, el Senado trabaja en diferentes propuestas, entre las que destacó la de la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, para crear una Ley de Ciberseguridad; y del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, para actualizar y ampliar el catálogo de delitos informáticos o cibernéticos.

Asimismo, destacó la iniciativa del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para expedir una Ley General de Ciberseguridad que establezca los delitos en la materia; y una más de la bancada del PT, para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos.

• Cervantes Rojas propone reconocer en la Ley a los Centros de Bachillerato Comunitarios

El senador Eli César Eduardo Cervantes Rojas consideró urgente garantizar el acceso a la educación media superior de los jóvenes que viven en zonas de alta marginación, “esa parte de nuestra sociedad que migra a Estados Unidos o a las ciudades, para trabajar en los sectores de la construcción, servicios, comercio informal y, en el caso de algunas mujeres, como trabajadoras domésticas.

Para ello, presentó una iniciativa para reformar la fracción VI, del artículo 45 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer en la legislación vigente a los “Centros de Bachillerato Comunitarios”, que operan en ejidos y comunidades rurales de nuestro país, pero que no cuentan con una partida presupuestal.

Cervantes Rojas explicó que en la Ley General de Educación se incluyen “algunas formas abiertas, flexibles y compensatorias de educación media superior, para ampliar las oportunidades de acceso a la población humilde y abatir el rezago educativo”.

Pero la legislación, señaló el senador de Morena, no contempla a los denominados “Centros de Bachillerato Comunitarios”, clasificados erróneamente como escuelas privadas que, sin apoyo para infraestructura escolar, se encargan de solventar sus necesidades y carencias con la cooperación de sus alumnos.

Según el INEGI, en México hay alrededor de 30.7 millones de jóvenes, que representan al 24.6 por ciento de la población; de ellos, aproximadamente 52 por ciento de entre 25 y 34 años no han conseguido estudiar el bachillerato, lo que favorece la desigualdad en el mercado laboral.

El legislador destacó la importancia de reconocer en la Ley al subsistema “Centros de Bachillerato Comunitarios”, para que se les pueda otorgar una partida presupuestal que les permita garantizar su infraestructura educativa, además de personal y mantenimiento correspondiente a los planteles.

A la fecha, dijo, estas escuelas operan por medio de una cooperativa y reciben aportaciones de cada estudiante, lo que origina aún más rezago en infraestructura y carencias para funcionar con personal capacitado y mantenimiento correspondiente.

• Rechaza que la votación en Diputados sea una “derrota moral” para el Movimiento; hay división de poderes
• Es una victoria para el Estado de Derecho, la democracia y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma el senador

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la mayoría legislativa en el Senado de la República respaldará el proyecto del Ejecutivo Federal para reformar la Ley Minera y reconocer al litio como patrimonio de la nación.

Monreal Ávila negó que la votación que se registró en la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional en materia eléctrica, represente una “derrota moral” para Morena.

Al contrario, enfatizó el senador, “es una victoria para el Estado de Derecho, para la democracia y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha asumido, con toda integridad”, la resolución de la colegisladora.

Nunca en la historia ha pasado eso, agregó, porque los titulares del Ejecutivo Federal se colocaban por encima de los congresos, y sus iniciativas pasaban a como diera lugar.

“Ahora el Presidente de la República ha asumido, con humildad y sinceridad, esta decisión de la minoría” de la Cámara de Diputados, que, sin ella, no se logra la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional.

“Creo que gana México, gana la democracia y gana la confianza en que este país es un país de instituciones”, expresó.

Ricardo Monreal afirmó que Morena en el Senado actuará en consecuencia, con tolerancia y respeto a las minorías, pero “haciendo valer nuestra mayoría” para aprobar la reforma a la Ley Minera, porque “estamos convencidos de que el litio debe ser un mineral reservado al Estado”.

Explicó que la iniciativa también tiene por objeto determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación, industrialización y aprovechamiento integral de este mineral.

Por su importancia estratégica, acotó, debe corresponder exclusivamente a la nación la exploración, explotación y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor económico.

Monreal Ávila también explicó que no es necesario reformar la Constitución para cumplir con este objetivo, porque, de acuerdo con el artículo 27 de la Carta Magna, el Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales.

Por otra parte, confió en que, en el Senado, “aunque hay riesgo de parálisis legislativa”, se pueda construir la mayoría calificada para las reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional y en materia electoral.

Recordó que la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en materia eléctrica era un escenario esperado, porque la oposición tenía motivos para votar en contra, por su alianza con el sector económico y en los procesos electorales locales.

Además, reconoció, “nos faltó a nosotros profundizar el diálogo con ellos; no hay que cansarse de dialogar y de buscar proyectos comunes. Evidentemente se requería modificar la iniciativa original para arribar a acuerdos, y para llegar a consensos”.

Dijo que el que exista el Estado de Derecho y la división de poderes, “nos obliga más a buscar consensos. Necesitamos a las minorías, necesitamos a la oposición para construir mayorías calificadas”.

Mientras la composición de las Cámaras esté en esa proporción, destacó, “no habrá otra forma de aprobar una reforma constitucional si no logramos sentarnos y lograr acuerdos con ellos.

“Si no lo hacemos así, estaríamos entrando a un proceso de parálisis legislativa, donde todos aquellos nombramientos, reformas constitucionales o integración de órganos autónomos que requieren mayoría calificada, estarían destinados a no aprobarse”, señaló Ricardo Monreal.

• La senadora Soledad Luévano propone que se aplique una mitad adicional de la pena, si la víctima es menor de edad

El crimen organizado siempre busca la forma de reclutar nuevos integrantes, y ahora, que se ha encontrado con la negativa de la población para unirse a sus actividades, recurre a prácticas del Siglo XIX, como la “leva”, para obligar a personas a trabajar para ellos, con la amenaza de hacerle daño a sus familias, advirtió la senadora Soledad Luévano Cantú.

La legisladora de Morena impulsa un proyecto para tipificar en el Código Penal Federal el delito de “leva”, e imponer una pena de 10 a 15 años de prisión a quien prive a otro de su libertad, para que se una a su asociación delictuosa y lo obligue a trabajar para él o un tercero, en cualquiera de las actividades delictivas que se le impongan por medio del uso de la fuerza, intimidación o amenazas.

Además, sugirió que se aplique hasta una mitad adicional de la sanción, si la víctima en quién recae la agresión es menor de edad.

Luévano Cantú alertó que la delincuencia organizada secuestra a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios, priva de su libertad a miles de jóvenes para incorporarlos por la fuerza a sus actividades ilícitas, o recluta a niños por medio de plataformas de videojuegos para utilizarlos como halcones.

Éstos son los métodos que utilizan los cárteles; se ha evidenciado a lo largo de los años, que no todos quieren formar parte de sus filas, pues ha dejado de verse cómo una forma “fácil” para ganar dinero.

“El Estado debe de combatir estos hechos que repercuten de forma directa en la sociedad, que no sólo implican la privación de la libertad que recae en aquellas víctimas del delito, pues la leva aplicada por organizaciones criminales implica que estos individuos serán usados para cometer otros ilícitos y serán expuestos a situaciones de riesgo”.

“Ya no importa que los niños estén o no en las calles, pues el crimen organizado los ha ido a buscar hasta sus casas, motivo por el que el Estado debe de ser más contundente contra dichas actividades”, para evitar que los menores se conviertan “en una cifra más, ya sea de delincuentes detenidos, desaparecidos o del índice de homicidios”, expresó la senadora.

Por ello, acotó Soledad Luévano Cantú, es importante que se tipifique este delito, pues reúne características que lo identifican como uno de los ilícitos que atentan contra los derechos humanos y las garantías individuales.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

• Evitar que quienes buscan empleo sean víctimas de defraudadores o del crimen organizado, objetivo de Balderas Espinoza.

La pandemia también incrementó el uso de Internet o de plataformas digitales para buscar trabajo, lo que implica un riesgo que muchas veces es desconocido, por lo que se requieren medidas para evitar que quienes desean encontrar un empleo sean víctimas de defraudadores o, peor aún, del crimen organizado, consideró la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza.

La legisladora de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que supervise las llamadas bolsas de trabajo digitales, a fin de certificar que son seguras para los usuarios y evitar cualquier abuso, fraude o riesgo a los bienes o integridad de las personas.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó que las plataformas de Internet son el medio más efectivo para buscar un nuevo empleo o contratar a algún candidato, pero “la mayoría de ellas no se encuentran reguladas en la legislación mexicana, lo que requiere de acciones por parte del Congreso de la Unión”.

De ahí la necesidad de que sean revisadas por la autoridad competente y evitar riesgos para quienes, a través de estas herramientas, acuden a una entrevista o proporcionan datos personales.

Balderas Espinoza dijo que “los medios digitales son los más populares para que candidatos y reclutadores realicen búsquedas de trabajo o talento. La brecha que existe entre estos y los medios tradicionales es muy grande y seguirá incrementándose, principalmente por la situación que atravesamos durante la pandemia”.

Agregó que los internautas mexicanos quieren bolsas de trabajo digitales que sean fáciles de usar, confiables, con trabajos y empresas reales; mientras los reclutadores requieren cubrir sus vacantes de manera eficiente, con el mejor talento.

“Aunque es importante destacar que las redes sociales cada vez son más recurrentes entre los reclutadores, pues están teniendo mayor relevancia al llevar a cabo sus procesos de reclutamiento”.

Pero el riesgo de buscar trabajo en Internet muchas veces es desconocido, advirtió la senadora, por lo que es necesario incorporar medidas de seguridad para evitar que quienes buscan empleo por medio de las tecnologías de la información sean víctimas de defraudadores.

Balderas Espinoza también destacó que la precariedad extendida en el mercado laboral eleva el riesgo de que las ocupaciones emergentes en la economía digital e, incluso, los empleos basados en el uso de las nuevas tecnologías tiendan a presentar características semejantes a las de las actividades tradicionales, de bajos niveles de productividad.

La senadora consideró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede verificar la formalidad y seguridad de los sitios o plataformas en las que se publican ofertas de empleo, con la intención de brindar certeza a quienes buscan ingresar en el mercado laboral o, en su caso, dé a conocer las medidas de seguridad básicas que permitan una búsqueda de empleo y proceso de contratación seguro y transparente.

• La senadora María Antonia Cárdenas presenta iniciativa para que todos los casos de violencia y explotación sexual contra menores sean debidamente investigados y sancionados

En México, cuatro de cada 10 delitos sexuales son en contra de menores de edad; además, se calcula que cada año se cometen al menos 600 mil ilícitos de este tipo; sin embargo, estas cifras “son poco realistas” debido a que se estima que sólo se denuncia uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil, expuso la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal.

Ante ese escenario, consideró la legisladora de Morena, resulta de la mayor importancia que todos los casos de violencia y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes sean debidamente investigados y sancionados, sin importar la edad de la persona que denuncia.

En abril de 2019, ejemplificó, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 203 y 205 bis del Código Penal Federal, para aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual.

“Sin embargo, hasta el momento sigue pendiente en las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República”.

Además, en México aún existen legislaciones en que esos delitos tienen plazo de prescripción, como lo informó 50 por ciento de los organismos públicos defensores de derechos humanos, que participaron en una encuesta que sobre la materia realizó la CNDH.

En este contexto, la legisladora propuso modificar el Código Penal Federal para precisar que se comete el delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, cuando una persona que, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, obligue a observarla o la haga ejecutarlo, aún con su consentimiento.

La reforma, detalló Cárdenas Mariscal, también busca establecer que se entenderá por acto sexual los tocamientos o manoseos corporales obscenos o lascivos, que se caractericen por un contenido erótico, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

Con estas precisiones, acotó, el tipo penal “se ajustaría a criterios de taxatividad, plenitud hermética, interés superior de la niñez y la adolescencia; así como a una interpretación conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

También, se daría visibilidad a las medidas de protección para este sector poblacional, de tal manera que los órganos jurisdiccionales y los ministerios públicos atiendan estos delitos sexuales con un enfoque de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Todo esto, dijo, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia, de estereotipos y prejuicios.

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora también plantea modificar el artículo 137 para que en las medidas de protección tratándose de delitos cometidos en contra menores, se aplique de manera supletoria lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• El senador José Narro Céspedes detalló que esta fecha es para rendir honor al Dr. Robert Guthrie, creador de la prueba de tamiz neonatal

El senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 28 de junio de cada año como el “Día Nacional Contra el Hipotiroidismo Congénito”, con el objetivo de organizar acciones específicas de difusión y concientización en la población.

El Hipotiroidismo Congénito, detalló el legislador, es la deficiencia de la glándula tiroidea, esta enfermedad ocurre cuando un bebé recién nacido no desarrolla de manera adecuada la hormona o porque no produce cantidades normales de la misma.

Por ello, el también vicepresidente de la Mesa Directiva sostuvo que es de gran trascendencia que en las políticas públicas se impulse una amplia difusión sobre lo que es el Hipotiroidismo Congénito, así como las eventuales consecuencias irreversibles en caso de que no sea atendido con oportunidad.

El legislador explicó que la prueba de tamiz neonatal, creada por el microbiólogo estadounidense Robert Guthrie, es el medio más eficaz para la detección temprana del Hipotiroidismo Congénito, la Fenilcetonuria, la Fibrosis Quística, la Galactosemia, la Cistinuria, la Hiperplasia Suprarrenal Congénita y su consecuente tratamiento oportuno.

Además, el senador advirtió que es importante hacerle esta prueba a los recién nacidos entre las primeras 24 horas de nacido y antes de que cumpla su primer mes de vida. Por ello, recordó, en 1996 se estableció como Norma Oficial Mexicana sobre Atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido.

El Hipotiroidismo Congénito, informó, es una de las pocas causas prevenibles de retraso mental en las personas que lo padecen. Numerosos trabajos demuestran que, si el tratamiento se inicia precozmente, dentro de los primeros 15 días al nacimiento, puede evitarse el daño neurológico que provoca esta enfermedad, puntualizó.

Narro Céspedes expuso que esta deficiencia congénita de la tiroides es determinante para el desarrollo sano y cabal en la vida de un bebé. Por ello, la iniciativa turnada directamente a las Comisiones unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, ordena a todos los órdenes de gobierno realizar actos de visibilizarían del padecimiento y se detección eficaz.

La finalidad de este proyecto es dar a conocer, en todos los sectores de la sociedad, las madres y padres de familia, personas que ejerzan la tutela de bebés, y cualquier otro ente jurídico, la importancia en la detección oportuna de dicha afección.

• El legislador de Morena adelantó que en el Senado se impulsará esta iniciativa presidencial pues repercutirá favorablemente en el desarrollo económico del país.
• Se apoyará que el Litio sea propiedad de la Nación remarcó.

Como uno de los principales impulsores de la nacionalización del litio en el Senado de la República, el legislador poblano Alejandro Armenta respaldó la propuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que, de no aprobarse en el Congreso federal la reforma constitucional en materia eléctrica, se retome la protección de ese mineral estratégico a través de una iniciativa para reformar la Ley Minera.

Alejandro Armenta dijo que en el Senado de la República, “Morena está a favor de que se garantice el manejo, extracción y procesamiento del litio por parte de empresas nacionales, sin que ello implique cerrarse al intercambio de tecnología por parte de empresas extranjeras; no estamos en contra de la inversión de otros países, pero no permitiremos el saqueo de nuestros recursos minerales y naturales que le pertenecen a las y los mexicanos”.

Este recurso propuesto por el presidente López Obrador, dijo el senador de Puebla, da continuidad a la protección de lo que le pertenece a la Nación y que, al estar el litio en el mercado, se deben generar condiciones para evitar el saqueo y que otros países se aprovechen de las ganancias.

El senador Armenta consideró que la Reforma a la Ley Minera representa un gran oportunidad para las y los mexicanos de trabajar a favor del desarrollo económico, de generar empleos en el manejo del recurso mineral e, incluso de pagar la deuda externa pues las ganancias del litio representan 4.5 veces la deuda externa.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado dijo estar a la espera de esa nueva iniciativa presidencial de reforma a la Ley Minera para la que se requiere en su aprobación de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara Alta y, en ese sentido hay disposición pues hay que recordar que en noviembre de 2020, 60 legisladoras y legisladores impulsamos la nacionalización del litio que se retomó en la reforma eléctrica integral.

Después del choque entre un autobús y un Metrobús en avenida Reforma el día de ayer, el senador Elí Cervantes Rojas, resaltó la necesidad de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que recientemente se aprobó en el Senado de la República pues en ella se establece un marco jurídico base para generar la regulación vial y lineamientos para reducir este tipo de siniestros viales.

“Los diputados panistas de la Ciudad de México tendrían que ir más allá de la polarización y acusaciones pues en la delegación en donde ocurrió el accidente gobierna justamente el PAN, y el tema de la movilidad tiene que ser siempre un asunto de todas las autoridades, de ahí la importancia de esta ley que aún espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, destacó.

Explicó que en la Ley se establece que en conjunto administración pública federal, de las entidades federativas, municipal, de las demarcaciones de la Ciudad de México deben considerar en los principios de movilidad de accesibilidad, calidad, confiabilidad, eficiencia, seguridad, seguridad vehicular, que deriven en la protección de la vida y el uso de las vías públicas con un enfoque de prevención.

Por lo que, dijo, “este accidente nos da la razón de la urgencia que se tiene para establecer un lineamiento homologado para reducir estos siniestros, pues es lo necesario es evitar en lo máximo posible que esto ocurra”.

El secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Seguridad Vial llamó a los legisladores del PAN a sentarse en mesas de diálogo y trabajo con un esfuerzo conjunto para que una vez que se publique la ley general en el DOF puedan establecer las medidas requeridas en una ley local, con base en esta ley que logró gran consenso de todas las bancas, sociedad civil, gobierno federal y empresarios.

“El esfuerzo para lograr una movilidad segura para todos debe estar lejos de polarizar y confrontar, debe existir un trabajo conjunto, un trabajo político y legislativo dentro del acuerdo”, finalizó el legislador.