LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1736)

¡Buenas tardes! Llegamos a#Mapimí donde tuve el gusto de inaugurar nuestra #CasaDeGestión “Región Norte”. Son muchas las necesidades e inquietudes de las familias en el norte del Estado, pero sólo trabajando en equipo, podremos encontrar soluciones responsables a cada una.

La presidenta de la Mesa Directiva del @senadomexicano, @M_OlgaSCordero declara legalmente instalada la Cámara Alta para el desempeño de sus funciones, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de sesiones del Primer Año de la #LXVLegislatura.

Hoy como parte de la #VIIPlenariaMorena en el Senado tuvimos una Mesa de Trabajo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. #SenadoraMargaritaValdez

En la reunión plenaria de @MorenaSenadores, acordamos respaldar a la ministra @M_OlgaSCordero para encabezar y dirigir los trabajos de la Mesa Directiva del @senadomexicano. Estoy segura de que juntxs y con unidad lograremos la verdadera transformación de México.

Agradecemos al senador @RicardoMonrealAla reunión con @BelenSanzLuq de @ONUMujeresMX @inmujeres para plantearle la agenda en diversos temas, como la Minuta del @senadomexicano en materia de cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados. #LegislarParaLaIgualdad Libro abiertoBalanza

El senador @ramirezlalo_ dijo que este tipo de eventos permite el intercambio de prácticas en materia de comunicación, para aprender lo que se hace en todo el continente y enriquecer la labor de las y los trabajadores de los medios de difusión parlamentaria.

La oposición obstaculiza la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato porque establece, de manera clara y específica, los lineamientos para que la autoridad electoral garantice la participación de la ciudadanía e impide las interpretaciones jurídicas a modo, afirmó el senador Salomón Jara Cruz.

Durante la reunión de comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, resaltó que serán las y los ciudadanos quienes se convertirán en los protagonistas de nuestra democracia, acabando de una vez por todas con la farsa democrática y la partidocracia.

“Con esta ley le daremos el paso al nuevo papel del pueblo en un verdadero sistema democrático. Ya tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que, a diferencia de los anteriores, ejerce el poder político de manera democrática, para beneficio de las mayorías, y no solo de unos cuantos sectores privilegiados en el pasado”, añadió.

Por fin, refirió Jara Cruz a la oposición, este país contará con una herramienta para revocar o, en su defecto, ratificar el mandato de un gobernante de manera democrática.

“Lo que veremos es una ratificación de la confianza y de la esperanza depositada por el pueblo de México, en nuestro presidente de la república”, agregó.

Afirmó que la celebración del primer proceso de revocación de mandato del presidente de la república, como derecho ciudadano e instrumento de democracia directa y popular, será posible, por primera vez en la historia, gracias a la convicción, la congruencia y el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nadie podrá regatearle ese mérito al actual presidente de la república, y ese será uno más de los tantos compromisos cumplidos que aumentarán la trascendencia histórica de la cuarta transformación”, afirmó el legislador morenista.

El senador Salomón Jara Cruz finalizó señalando que lo más importante lo harán las y los ciudadanos aportando su firma y su voto, “la decisión la tomará, sin falsos representantes ni intermediarios, el pueblo de México. Esa es la democracia en los tiempos de la cuarta transformación”.

Gracias a las diversas obras de infraestructura desarrolladas durante este sexenio, en la 4T fomentamos la inversión local y apoyamos al sector agroalimentario. No existen límites para lo que podemos lograr aprovechando los esfuerzos e innovación en la transformación de México.

Someter a consulta la vigencia de un gobierno —en este caso, la presidencia de la República— es un avance histórico sin precedente

El futuro de la democracia es la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Cada vez más, en los regímenes democráticos crece la demanda ciudadana de no sólo elegir a sus gobernantes, sino de participar de manera directa en la toma de decisiones de sus autoridades.

Para ello se han diseñado diversos recursos que permiten a las y los ciudadanos tener bajo su control directo la aplicación de una ley, la instrumentación de una decisión del Ejecutivo e incluso la vigencia de una resolución judicial.

Estos recursos en manos de la ciudadanía son un mecanismo de control, de pesos y contrapesos de la democracia representativa indirecta, la cual parte del supuesto de que el electorado, mediante su voto, puede delegar su voluntad a una tercera persona, para que a nombre suyo tome decisiones en los poderes Legislativo, Ejecutivo o jurisdiccional.

Esta concepción de que el voto es un cheque en blanco para que gobernantes, legisladoras, legisladores y personas juzgadoras tomen decisiones a nombre de la ciudadanía es precisamente el error de diseño que la democracia participativa directa busca corregir. Sobre todo, cuando la democracia en muchas partes del mundo tiende a devenir en una oligarquía o a ser secuestrada ya no por una persona (como era en los regímenes autoritarios o tiranías puras), sino por grupos sociales y políticos que utilizan el poder para servir a sus intereses particulares.

Hablamos de prevenir en México las desviaciones y los excesos más conocidos de la democracia representativa indirecta, como la partidocracia, el corporativismo, el clientelismo electoral, la burocratización política y toda clase de intermediación entre la ciudadanía y la autoridad.

La democracia participativa directa pone freno y corrige algunas de las insuficiencias o desviaciones de la democracia representativa indirecta.

Por ejemplo, el plebiscito es el contrapeso a una ley que pudiese ser lesiva para la mayoría de las personas gobernadas; el referéndum es un freno a una decisión impopular del Poder Judicial; la iniciativa popular es el antídoto de decisiones unilaterales del Ejecutivo; la consulta ciudadana es el regulador de todos los órdenes de gobierno, mientras que la revocación de mandato es la salida civilizada y democrática para un mal gobierno. Es la forma pacífica y legítima para terminar de manera anticipada un contrato de prestación de un servicio público (eso es el gobierno) que no satisfizo a quien lo contrató, es decir, al pueblo.

Someter a consulta la vigencia de un gobierno —en este caso, la presidencia de la República— es un avance histórico sin precedente. Si la demanda nace de la ciudadanía gobernada, se llama revocación de mandato. Si el planteamiento proviene del Ejecutivo, sería ratificación de mandato.

Para que el resultado sea vinculante, deberá participar en la consulta al menos el 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral, y la revocación de mandato sólo procederá si se alcanza la mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno del total de votantes).

Quienes deseen que el presidente AMLO concluya su mandato antes del 2024 tendrán la oportunidad histórica en marzo del 2021 para hacer realidad su deseo. Pero también quienes luchamos y creemos que la transformación va por buen camino tendremos la posibilidad de ratificar esa voluntad y demostrar que somos mayoría.

Durante su informe de Actividades Legislativas, el senador @ramirezlalo_, ponderó que #Chiapas siempre ha estado presente en los momentos estelares en la historia de México, y ahora, en la cuarta transformación, no es la excepción.

  • Decretan receso para continuar esta tarde con la votación de adiciones al proyecto

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es regular y garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar y votar en el ejercicio de revocación del Presidente de la República.

El proyecto de decreto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa. Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con siete votos en favor, tres en contra y una abstención.

Posteriormente, Fernández Balboa decretó un receso y convocó a continuar con esta reunión a las 17:30 de la tarde, a efecto de realizar la votación sobre la inclusión de algunas adiciones al proyecto de decreto.

El documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el responsable de la organización y desarrollo de este proceso. Además, de promover el voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.

El inicio de este proceso, precisa, procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio democrático, sugiere el proyecto, se podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

También prohíbe la utilización de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el proceso de revocación de mandato. En tanto, mandata a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado a abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo.

El documento menciona que la convocatoria emitida para este proceso deberá contener los fundamentos constitucionales y legales aplicables: las etapas, el nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la República, fecha de la jornada de votación, así como la pregunta objeto del proceso.

La pregunta -se sugiere- deberá ser: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”

Asimismo, indica que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

Durante el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación, de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

El dictamen también plantea que la jornada de votación se celebre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “Sí” y el “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Las y los senadores coincidieron en que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponderá el cómputo final y emitir la declaratoria de validez, con base en los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales y una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto.

Aclararon que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. Asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República.

Definieron que el Tribunal Electoral sea quien notifique de inmediato los resultados del proceso de revocación de mandato al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al INE, para los efectos constitucionales correspondientes.

Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, puntualizaron, el Presidente de la República se entenderá separado definitivamente del cargo, cuando el Tribunal emita la declaratoria de revocación. Se procederá de forma inmediata, según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución.

También establecieron que el Tribunal Electoral deberá resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las determinaciones del INE sobre la misma materia.

Se prevé que la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, se reanude esta tarde, a efecto de votar la posible incorporación de los artículos 25 y 56, así como otras adiciones al proyecto de decreto.

Las y los senadores podrían aprobar que se incluya en el artículo 25 la propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila, a fin de establecer que, una vez finalizada la verificación correspondiente de las firmas ciudadanas, el Secretario Ejecutivo del INE presente al Consejo General un informe detallado y desagregado, sobre el resultado de la revisión de las firmas ciudadanas.

Asimismo, para indicar que, si se cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en la Ley, el Consejo General deberá emitir inmediatamente la Convocatoria correspondiente, en caso contrario, desechará la solicitud de revocación y archivarla como asunto total y definitivamente concluido.

También se estima que en dicho artículo se mencione que, para la preparación de este mecanismo de participación ciudadana, el INE, en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

De la misma manera, se prevé que en el artículo 56 se establezca el planteamiento de Monreal Ávila, respecto de los medios de impugnación. En este sentido, se señala que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones emitidos en el proceso de revocación de mandato, “será aplicable el sistema de medios de impugnación, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 99, fracción III, de la Constitución”.

Al respecto del proyecto de decreto, el senador de Morena, José Narro Céspedes acusó que hay un acuerdo del bloque opositor para ir en contra del dictamen, bajo un posicionamiento político que busca desvirtuar un tema fundamental para la democracia directa.

Por su parte, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, expresó su apoyo al dictamen, en lo general, pero, advirtió que este proyecto se encuentra lejos de estar listo para votarse. “Nos debemos dar el tiempo, de aquí al Periodo Ordinario, para lo cual propongo una mesa técnica para intercambiar puntos de vista”, sugirió.

Del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que no se cumplieron los acuerdos entre la mayoría y la oposición, que se generaron cuando se realizó la reforma constitucional en esta materia. “Nuevamente -denunció- se quiere sacar una ley importante al vapor, sin construir consensos, análisis o concertación”.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón solicitó que el dictamen fuera retirado, para su análisis a profundidad en una mesa de trabajo y tras una consulta con el INE, ya que carece de “integralidad” y tiene varios temas pendientes por definir.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, propuso incorporar al artículo 25 del dictamen la propuesta del senador Damián Zepeda, pues incluye todos los datos propuestos por los distintos promoventes, respecto del informe que presentará la Secretaría General del INE a su Consejo General.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, cuestionó que a este proyecto se le dé, prácticamente, un tratamiento de iniciativa preferente. Opinó que el ejercicio de revocación de mandato “se puede realizar de todas formas” y sugirió que se le permita al INE realizar los lineamientos para llevar a cabo este ejercicio de democracia directa.

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