LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1644)
- El senador y el general Francisco Jesús Leana Ojeda revisaron temas de interés nacional.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Higinio Martínez Miranda, y el comandante de la 22 Zona Militar con sede en Santa María Rayón, general Francisco Jesús Leana Ojeda, analizaron temas de seguridad en el Estado de México.
En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el senador informó que esta mañana conversó con el general sobre temas de interés nacional, sobre todo relativos a la seguridad en la entidad.
El pasado 28 de abril, Martínez Miranda e integrantes del órgano legislativo que preside sostuvieron un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
En esa reunión, las y los legisladores abordaron asuntos migratorios, las Operaciones de Paz y la relación bilateral militar con Estados Unidos.
Además, reconocieron el profesionalismo, compromiso y entrega del Ejército Mexicano en tareas como la atención de la población en desastres naturales.
Con este tipo de encuentros, los senadores que forman parte de la Comisión de Defensa Nacional tienen la oportunidad de fortalecer los lazos institucionales entre el Senado y los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como conocer información valiosa sobre las actividades del Ejército y la Fuerza Aérea.
- Sería como una reivindicación para mujeres que se han hecho cargo de sus hogares, señalan
La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre propuso una reforma al artículo 58 del Código Civil Federal, a fin de que los padres y madres puedan registrar a sus hijos con los apellidos en el orden que definan.
La legisladora de Morena explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, pues esta práctica relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar.
La Suprema Corte señaló que dicha disposición establece un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de las mujeres en las familias y, en consecuencia, en la sociedad.
Vázquez Alatorre explicó que la imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico, en el cual la concepción del hombre como jefe y portador del apellido de la familia relega a las mujeres al papel de simples integrantes, lo que niega las funciones que realizan.
No hay justificación, asentó, para limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos, a partir de prejuicios que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.
Refirió que según el Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, lo que representa 11 millones 474 mil 983 hogares.
La senadora comentó que, en las últimas décadas, los cambios sociales y culturales han influido en el aumento de hogares con jefatura femenina, lo que ha motivado diversas investigaciones para conocer las causas y las condiciones en las que se desarrollan.
En la gran mayoría de los hogares mono maternales, apuntó, el apellido que llevan las hijas o hijos es el del padre, por lo que la posibilidad de elegir, para su descendencia, el apellido materno no es sólo una reivindicación de su propia identidad, sino el establecimiento de una estirpe que permita a las generaciones futuras el conocimiento de su origen y tradiciones.
Por ello, Antares Vázquez aseguró que esta reforma permitirá dar un reconocimiento a las mujeres que, en muchas partes del país, sostienen no sólo a las familias, sino a sus comunidades a lo largo de las generaciones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
- Denuncia Añorve Baños que muchos planteles no tienen agua, lo cual imposibilitaría el cumplimiento de las medidas de prevención.
El senador Manuel Añorve Baños solicitó a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública que garanticen un regreso seguro a clases presenciales para niñas, niños, docentes y personal administrativo de los planteles escolares.
En un punto de acuerdo que presentó el pasado 27 de abril, el legislador del PRI consideró que el Gobierno Federal debe cubrir el 100 por ciento del gasto necesario para adaptar los planteles a la nueva realidad que vive el país.
Dijo que la pandemia de Covid-19 ocasionó una importante afectación en las y los estudiantes, ya que 5.2 millones decidieron no inscribirse al ciclo escolar 2020-2021 y 740 mil alumnos no concluyeron el ciclo anterior.
Entre las principales causas de este contexto, afirmó Añorve Baños, están el que los padres no cuentan con suficiente dinero o recursos para pagar por la educación de sus hijos y que algunos no cuentan con computadora o Internet para tomar clases en línea.
Frente a esta realidad, es entendible que el Gobierno Federal quiera apresurar el regreso a clases presenciales en el país, “pero no podemos permitir que se haga, sin antes tomar en cuenta las implicaciones que esto conlleva”.
También, dijo, se deben considerar las condiciones sanitarias de los planteles, porque muchos no cuentan con baños y desde hace tiempo varios sufren desabasto de agua, lo cual imposibilitaría el correcto saneamiento de sus instalaciones y el cumplimiento de las medidas de prevención.
Por ello, las dependencias federales deben garantizar que todas las escuelas cuenten con las condiciones sanitarias para recibir a las y los alumnos; adquirir materiales necesarios para desinfectar los inmuebles y evitar la propagación del virus, como tapetes sanitizantes, gel antibacterial,termómetros digitales, cubrebocas; así como capacitar al personal para saber cómo actuar ante un posible caso positivo por Covid-19.
En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Educación, Manuel Añorve Baños también pidió un informe detallado sobre la planeación del regreso a clases presenciales en el país.
- 5.2 millones de alumnos no se inscribieron para continuar su preparación académica en el ciclo 2020-2021.
Senadoras y senadores del PAN pidieron a las Secretarías de Educación y de Hacienda y Crédito Público apoyos económicos urgentes y extraordinarios, para reincorporar, en el siguiente ciclo escolar, a las y los estudiantes que abandonaron sus estudios por la pandemia y la falta de recursos.
En el punto de acuerdo que enlistaron en la Gaceta del Senado, las y los legisladores señalaron que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 para continuar su preparación académica, por motivos asociados a la Covid-19 o por falta de dinero.
Por lo que no han sido suficientes los programas sociales otorgados hasta el momento por el Gobierno Federal para impedir la deserción escolar, advirtieron.
En los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se indica que, dentro de los motivos asociados a la Covid-19 por los que niñas, niños, adolescentes y jóvenes dejaron de estudiar, el 27 por ciento consideró que las clases a distancia no son funcionales para el aprendizaje.
Además, se reportó que 25 por ciento desertó porque alguno de sus padres o tutores se quedó sin empleo, y el 22 por ciento por carecer de computadora, algún dispositivo o conexión a Internet.
De haberse aprobado y otorgado el apoyo propuesto hace un año, con la iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, se hubiera podido contener el incremento masivo de la deserción escolar, señalaron las y los senadores de ese Grupo Parlamentario.
- Llaman a diseñar programas para mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y hombres en edad fértil.
La senadora Esthela Villarreal Zavala solicitó un informe sobre los mecanismos de coordinación, alineación y articulación de políticas, programas y acciones que realizan dependencias y entidades federales para prevenir el embarazo en los adolescentes.
Villarreal Zavala promovió un punto de acuerdo, que fue turnado directamente a la Comisión de Salud, para pedir este reporte al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).
La legisladora del PAN destacó la necesidad de conocer los indicadores establecidos para el seguimiento, monitoreo, evaluación y cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Se trata, dijo, de identificar las barreras a las que se enfrenta este sector de la población, así como identificar acciones precisas para transformar los rezagos estructurales en materia de educación, salud, salud sexual, empleo, uniones tempranas, violencia y otros.
También subrayó que, en 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó 418 mil 11 consultas, de primera vez, para vigilancia prenatal; de esos casos, 40 mil 582 eran mujeres embarazadas de 10 a 19 años, lo que representó el 9.7 por ciento del total de quienes acudieron a consulta prenatal por primera vez.
En este contexto, es indispensable que se den a conocer las bases de coordinación o convenios de colaboración firmados con el sector privado y social, a fin de impulsar acciones de prevención de embarazo en menores, así como los resultados de estas acciones del 2018 a la fecha.
Particularmente, la senadora urgió al GIPEA a enviar información sobre el número de adolescentes que resultaron embarazadas en el 2020, para saber qué mecanismos e instrumentos se requieren para apoyarlas.
Esthela Villarreal consideró importante contar con más elementos para mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y hombres en edad fértil, con especial énfasis en menores de edad.
Ello, para que este sector de la población conozca más sobre la planificación familiar y los métodos de anticoncepción, sobre todo, dijo, porque “el porcentaje de embarazos adolescentes aumentó en el 2020, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19”.
- A pesar de la pandemia se llevaron a cabo 29 sesiones, dos presenciales y las demás a distancia o semipresenciales; fueron presentadas 487 iniciativas, 337 puntos de acuerdo y fueron reformadas 35 leyes.
- La polarización en el Senado se pudo contener a través del respeto y el diálogo, destaca el presidente de la Jucopo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura fue muy productivo, y lo calificó como positivo para el país.
En conferencia de prensa, el legislador reconoció que la polarización alcanzó las actividades legislativas del Senado de la República; sin embargo, “se pudo contener a través del respeto y el diálogo”.
Cada grupo parlamentario, destacó, asumió sus posiciones políticas con tolerancia y respeto. “Al final cerramos de manera respetuosa y cordial”, precisó.
Monreal Ávila refirió que se realizaron 29 sesiones, de las cuales dos fueron presenciales, y las demás a distancia o semipresenciales. Además, se presentaron 487 iniciativas y 337 puntos de acuerdo.
Resaltó que en estos meses fueron aprobadas 11 reformas constitucionales en materia de justicia digital, seguridad privada, eliminación de la partida secreta, incorporación de la justicia cívica, como instrumento para la prevención del delito, lenguas Indígenas, entre otras.
También, expuso, se crearon cuatro leyes nuevas: de la Fiscalía General de la República, para prevenir y combatir combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, de Remuneración de los Servidores Públicos, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
El senador informó que además hubo reformas a 35 leyes reglamentarias, relacionadas con la desconexión digital en el ámbito laboral, temas de justicia y transparencia, imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años; educación financiera y comercialización de hidrocarburos.
Asimismo, en materia de consulta popular, subcontratación, creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, alfabetización digital y otras más.
Ricardo Monreal comentó que en este periodo también se ratificaron siete instrumentos internacionales entre los que destacan los suscritos con el Reino Unido, Uruguay, Guatemala y Hong Kong.
De la misma manera, dijo, el Senado ejerció su facultad constitucional de ratificar los nombramientos de embajadores y de cónsules.
En este sentido, fueron avalados 11 embajadores y cónsules para representar a México ante Israel, Malasia, Hong Kong, Reino Unido, Hungría, Bulgaria, Croacia, Alemania Nicaragua, Estados Unidos y la FAO.
Aunado a ello, el senador indicó que el Pleno designó a magistrados y magistradas del Tribunal Agrario, de la Sala Superior Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Consejo Nacional Ciudadano y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Destaca falsas apreciaciones
En otro tema, el líder de la mayoría legislativa en el Senado dijo que están equivocados quienes creen que la Cuarta Transformación quiere apoderarse de los órganos electorales. Se trata, asentó Monreal Ávila, de una apreciación falsa, alejada de toda realidad, que responde al discurso anti-AMLO y anti-Morena.
Explicó que la desaparición de órganos autónomos implica modificaciones constitucionales, que requieren de mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
“Y en este momento no tenemos mayoría calificada; tendríamos que acudir a un gran consenso con la oposición, pero, en este caso, está atrincherada en que no van a apoyar la desaparición de órganos autónomos”.
Es prácticamente imposible, aun cuando ganara la mayoría Morena, el diseño constitucional en México debe tener un gran consenso para que procedan cambios de fondo como éste, precisó.
Respecto del proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que se discute en la Cámara de Diputados, dijo que “está muy claro que procederá la declaratoria de procedencia”.
Algunos, expresó, minimizan el propósito de que sólo cometió defraudación fiscal; yo creo que es mucho más profundo lo que hay. Indicó que, al eliminarse el fuero federal, el Gobernador tiene que responder por delitos federales.
Monreal Ávila resaltó que aun, cuando el Congreso Local se niegue a aceptar la notificación, se entraría en desacato frente a un órgano federal de mayor jerarquía.
Estimó que el Congreso local puede presentar una controversia constitucional, “aprovechando el desencuentro que hay entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, podrían tener la esperanza de que la Corte, frente a este desencuentro, pudiera darles la razón por circunstancias políticas”.
Pero ese ya sería asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “pero hay suficiente material, de acuerdo con la Cámara de Diputados y la sección instructora, para someter a proceso al presunto responsable”.
- Reconoce el presidente de la Mesa Directiva la labor de todos los integrantes de diversas áreas de este órgano legislativo.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, declaró clausurados los trabajos de la Cámara de Senadores, correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
El senador señaló que se concluye el periodo con una agenda de trabajo muy productiva y con dictámenes que se han convertido en leyes. Muchas de ellas, señaló, con gran coincidencia y otras en medio de la diferencia.
Así es como se construye la vida democrática de una nación, que decidió ser representativa, popular, republicana, democrática y con una autentica visión de Estado, expresó.
El senador hizo un reconocimiento a todos los integrantes de los Grupos Parlamentarios, así como a los coordinadores por el trabajo realizado y por su entrega en favor de México.
Eduardo Ramírez también extendió esta felicitación a los integrantes de la Mesa Directiva y a todo el personal técnico de la Cámara de Senadores, pues su labor permitió llevar a cabo las actividades legislativas.
“Hemos cumplido satisfactoriamente. Le hemos cumplido a México y vamos a seguirle cumpliendo”, afirmó el senador.
- Ya no existe justificación para sujetar a Petróleos Mexicanos a dichos principios regulatorios, se afirma en el documento.
El Pleno del Senado aprobó el dictamen a una minuta, que quita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas que realiza Petróleos Mexicanos, de primera mano, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
La reforma al artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos fue avalada en lo general y lo particular, con 68 votos a favor y 51 votos en contra. Elimina dicha regulación en la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios.
El dictamen precisa que la referida disposición transitoria sujetaba, de forma temporal, las actividades de la petrolera a principios de regulación asimétrica, mientras se lograba la entrada de agentes económicos en el mercado energético.
Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en esta materia, ya no existe justificación para sujetar solamente a la empresa a dichos principios regulatorios.
El documento también refiere que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía han informado que ya existe una apertura del mercado nacional en materia de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroleoquímicos.
Además, se señala que los agentes económicos ya se encuentran participando en los eslabones de la cadena productiva del sector, lo que ha generado que Pemex haya sido desplazado y no tenga un poder dominante en el sector energético.
En este sentido, se advierte que, de seguir sujetando a Pemex bajo los principios de regulación asimétrica, se continuaría incentivando la ineficiencia en los mercados y la participación en condiciones de desigualdad de circunstancias, lo que genera la existencia de competidores débiles.
Imponerle obligaciones adicionales a las que ejecutan sus competidores, provoca condiciones de desigualdad que limitan su competencia y coloca a esta empresa del Estado en una posición desfavorable que debilita su comercialización en esta materia, puntualiza el dictamen.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu Artiñano, asentó que la regulación asimétrica a Pemex ha permitido que desde el año 2017 exista una apertura a los mercados de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, lo que se puede constatar con más de 22 mil 948 permisos otorgados para realizar actividades de comercialización.
Desde hace siete años, expresó, imperan desventajas para Petróleos Mexicanos, por lo que, con la reforma, se busca poner un “piso parejo” para todos, a fin de que se traduzca en mejores precios y beneficios para los bolsillos del pueblo mexicano.
En tanto, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó que esta propuesta le quita a la Comisión Reguladora de Energía la posibilidad de garantizar un mercado equitativo. “Es el remate del titular del Ejecutivo Federal, para completar su contra reforma energética y cerrar el mercado a la competencia”.
El senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, aseguró que el artículo transitorio vigente limita el poder de Pemex al establecer mayor participación de agentes económicos, por lo que con esta propuesta se rechaza la reforma energética del sexenio anterior y se atienden las demandas de los ciudadanos, para reconstruir las empresas energéticas de las y los mexicanos.
Por su parte, la senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, subrayó que en el fortalecimiento de la institución hay un contrasentido, ya que no se promueve la transición energética para pasar a energías renovables y limpias, además de que se violan diversos principios constitucionales.
Al argumentar en contra, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, afirmó que Pemex se mantiene como un agente económico preponderante en el sector de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y debe ser sujeto a una regulación asimétrica para promover la libre competencia en ese mercado.
El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, señaló que en la Constitución se prohíben las prácticas monopólicas, por lo que la eliminación de la regulación asimétrica inclinaría la balanza a favor de Petróleos Mexicanos, al otorgarle el control del mercado, para sacar del juego a los demás competidores, constituir un monopolio y permitir establecer precios a conveniencia.
En su oportunidad, Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora del PT, expuso que hoy México cuenta con un mercado robusto de petrolíferos con la participación de empresas privadas, por lo que es momento de avanzar en la ejecución del programa sectorial de energía 2024, para fortalecer a la empresa productiva del Estado.
Las reservas presentadas por las y los senadores del PAN, PRI, PRD y PT, fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen fue aprobado en sus términos y se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
- Aprueba dictamen para garantizar el uso público, libre y gratuito de estos espacios.
Con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos tengan libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas del país.
La reforma amplía 10 metros la delimitación actual de las playas marítimas, a partir de la parte más alta de la marea (pleamar), pues se considera que esta medida es la adecuada para garantizar el uso público de estos espacios.
El dictamen advierte que a pesar de que el sistema jurídico determina que las playas son públicas, de libre acceso y uso gratuito, en la realidad este ha sido un derecho coartado a los ciudadanos.
El proyecto define a las playas marítimas como las partes de tierra, arena, acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma que por virtud de la marea cubre y descubre el mar, “más una faja de diez metros de ancho de tierra adentro”.
Área que será de uso público, con acceso libre y franco a ésta y al mar, por lo que no se puede obstaculizar o prohibir el paso, ni ser utilizada como propiedad privada.
Asimismo, se establece que los 10 metros que se contemplan para las playas, también aplique para los lagos, lagunas y esteros. Porque también ahí surgen los mismos problemas.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, expresó que con estas reformas busca devolver a las y los mexicanos su capacidad de hacer valer la soberanía sobre las playas del país.
Por su parte, el senador José Luis Pech Várguez expresó que estas modificaciones representan un acto de justicia para quienes habitan México, “para decirle adiós a las playas privadas”.
En tanto, Ruth López Hernández, senadora de Movimiento Ciudadano, destacó que la propuesta responde a la exigencia ciudadana para que el acceso a las playas no pueda ser restringido ni obstaculizado y, en caso de continuar con actos de discriminación, los responsables sean sancionados.
El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, refirió que el dictamen refuerza el derecho constitucional de todos los mexicanos de hacer uso libre de todas las playas, con lo cual se asienta que no habrá cobro para su acceso, no se prohíbe el disfrute de esas áreas y tampoco se considerarán como propiedades privadas.
La senadora Laura Susana Martínez Cárdenas, del PAN, informó que la ampliación contempla un recorte del 50 por ciento del terreno de la Zona Federal Marítimo Terrestre, lo cual podría causar daños al medio ambiente y al turismo, ya que los municipios que cuentan con concesiones en estas áreas utilizan los recursos para la conservación del ecosistema.
Posteriormente, la senadora Martínez Cárdenas presentó una reserva, misma que fue rechazada por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó aprobado en sus términos.
Luego de su aprobación, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, fue enviado a la Cámara de Diputados.
- Con la persecución de estos ilícitos, se envía una señal contundente para que estos atentados hacia la infancia se eliminen.
El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, una reforma al Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar, sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo.
Con ello, los agresores serán investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos después de haber sido violentadas.
El dictamen, que se aprobó con 117 votos, establece que los delitos que deben ser catalogados como imprescriptibles, por la gravedad hacía las personas afectadas son la distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, así como el acoso sexual de menores de edad.
Además, el lenocinio, la pederastia, el abuso sexual, tener cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaños, así como la violación equiparada a personas de este rango de edad, que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el con el proyecto se busca terminar con décadas de impunidad en contra de menores que no sólo han padecido este tipo de abusos deleznables, sino que también enfrentan secuelas psicológicas en todo su círculo familiar.
Varios países insisten en esta reforma para evitar que el encubrimiento de los delitos deje a la víctima en total indefensión, por lo que en el Congreso mexicano “nos estamos adelantando” a esta legislación.
“El paso que estamos dando -dijo- es de los más relevantes que esta Legislatura haya dado en las últimas décadas”, por eso la mayoría pugna para que la reforma sea una realidad y se aplique de inmediato contra los agresores.
Su compañero de bancada, Martí Batres Guadarrama, enfatizó que con ello se envía una señal contundente para que estas conductas contra la infancia sean sancionadas en cualquier momento y sin importar la clase social o cualquier otra condición.
Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, sostuvo que esta reforma marca un antes y un después en la vida de niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, pues se les reconoce como sujetos de derechos. Ahora, advirtió, ni un agresor sexual con sotana, cargo público y fuero tendrá descanso, ni mucho menos, impunidad.
Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que se trata de un gran paso para combatir esta problemática. Destacó que a pesar de las diferencias políticas que existen en el Senado, se pueden llegar a acuerdos como éste, por el bien de las familias y sociedad mexicanas.
En tanto, Marco Trejo Pureco, del PRD, hizo un llamao a precisar la figura de imprescriptibilidad para que esta se sea usada para los objetivos del proyecto y no se utilice de manera indiscriminada para tratar otros delitos.
La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, señaló como preocupante que México cuente con la mayor cantidad de abusos infantiles, por eso, llamó al Gobierno Federal a que combata las redes de trata, pornografía y el matrimonio infantil y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El dictamen aprobado, en lo general y en lo particular, fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
- Es urgente fomentar e impulsar una cultura sobre esta materia en las y los servidores públicos, considera Senado.
El Senado exhortó los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los de las entidades federativas, a fortalecer los programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a las y los servidores públicos.
En el dictamen aprobado en votación económica en la sesión de este día, se destaca que el personal de salud, Fuerzas Armadas, penitenciario y de procuración de justicia, debe contar con una capacitación constante en esta materia.
Agrega que, en los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, es urgente fomentar e impulsar una cultura de respeto a los derechos fundamentales.
La educación en este sentido, asentaron senadoras y senadores, promueve valores, creencias y actitudes que alientan a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás, con lo que se genera conciencia, empatía y responsabilidad.
Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de promover dentro de sus instituciones, una educación continua en la materia.
Además, destacaron que, en diciembre de 2004, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, avaló el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, cuyo fin es respetar la dignidad de todas las personas a través de la educación continua sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- Con estas conductas se estima que la economía nacional pierde alrededor de 754 mil millones de pesos anuales.
La Cámara de Senadores hizo un llamado a diversas dependencias federales para que fortalezcan las acciones para prevenir, investigar y sancionar la compra y venta de animales exóticos en redes sociales y establecimientos que no cuentan con los permisos.
El exhorto está dirigido a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa; de Marina; así como a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional.
Dado que México posee una ubicación geográfica estratégica y una gran diversidad de flora y fauna, se ha convertido en una zona clave para este delito, con operaciones clandestinas anuales que se cree que rebasan los 635 millones de animales y plantas.
Se estima -se agrega en el dictamen aprobado- que el saqueo de especies protegidas se lleva a cabo principalmente con aves canoras y de ornato; así como ejemplares de cactáceas, reptiles y monos.
Con estas conductas ilícitas, se estima que la economía nacional pierde alrededor de 754 mil millones de pesos anuales, lo que equivaldría al 10 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Según la Organización Internacional de Policía Criminal, el comercio ilegal de flora y fauna constituye el tercer mayor comercio ilegal del mundo, sólo superado por las drogas y armas, con un costo que puede ascender hasta los 17 mil millones de dólares.
El documento también menciona que la persecución asociada al tráfico de vida silvestre lleva a los criminales a buscar nuevas formas de comprar y vender, a través de las redes sociales, por lo que el tráfico ilegal de especies va en aumento por el debilitamiento institucional y presupuestal que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
- Dan paso a la discusión de las reservas presentadas al proyecto de decreto.
Con 65 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
Previamente, senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios emitieron sus opiniones respecto a esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, y que deriva de una iniciativa presidencial.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energética, y al mismo tiempo, generará la libre competencia y concurrencia económica, además de que no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Señaló que el contrabando de petroquímicos es una actividad que ha debilitado, año con año, al erario de la nación. “El mercado negro de combustible -acotó- impacta de manera sustantiva al mercado lícito”.
Monreal Ávila recordó que las llamadas reformas estructurales, aprobadas en 2013, “presentan las características de la prevaricación sistemática, generalizada y recurrente, por lo que es necesario que las autoridades competentes tengan la posibilidad de suspender permisos para garantizar los intereses de la nación y de terceros.
La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, de la misma fracción parlamentaria, dijo que la mayoría legislativa se ha propuesto terminar con la corrupción y la impunidad, por lo que el huachicoleo, en todas sus modalidades, es uno de sus principales objetivos. Por ello, afirmó, se busca dar marcha atrás a la reforma energética de Peña Nieto, pues otorgó contratos leoninos y repartió permisos sin restricciones.
Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, advirtió que con esta reforma estamos en la instauración de un régimen de discrecionalidad. Pemex, la empresa que hoy más dinero pierde en el mundo y es la más endeudada, no puede ser la que ahora pretenda resolver prácticas que van en contra de los mexicanos.
Su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz enfatizó que no está en contra de la regulación de la industria para erradicar el huachicoleo, contrabando y el mercado ilícito; sin embargo, no se puede aprobar la facultad de suspender permisos. Al contrario, consideró, se debe incentivar confianza para la inversión privada y no eliminar la competencia.
Al emitir un voto particular, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, dijo que la reforma transgrede el principio de no retroactividad de la ley y otorga ventajas competitivas a Petróleos Mexicanos, lo que violenta la libre competencia y acuerdos internacionales. Todo ello, advirtió, provocará que se incrementen los precios de la gasolina y los derivados del petróleo.
La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta de inconstitucional, pues la Carta Magna es muy clara al establecer un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Más allá de fortalecer a Pemex, alertó, se está en riesgo de justificar prácticas monopólicas.
Por el PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso manifestó que, con un control más estricto de la importación, transporte y almacenamiento de combustibles, se brinda a las autoridades mejores herramientas para limitar la participación de grupos criminales en estas prácticas, tan dañinas para la nación.
El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, denunció que Pemex no ha podido incrementar la producción nacional de petróleo, mientras que la iniciativa privada si lo ha logrado, por lo que “dejar afuera al sector privado es un grave error para el país”. Esta propuesta, aseguró, es un retroceso, pues burocratizará y hará más ineficientes a los organismos públicos.
- Dictamen a discusión busca garantizar la soberanía energética, así como combatir el comercio ilícito de combustibles.
El Pleno del Senado analiza el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad energética del país, así como combatir el comercio ilícito de combustibles y petrolíferos.
En sesión a distancia, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó el dictamen y advirtió que “los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura”.
Destacó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.
Abreu Artiñano denunció que el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y sólo durante los años 2016, 2017 y 2018, las pérdidas alcanzaron 147 mil millones de pesos, cifra superior al presupuesto de varias entidades federativas.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera señaló que el proyecto tiene como objetivo reivindicar el rol preponderante de Petróleos Mexicanos en el sector, como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional.
Dijo que mediante el combate frontal a las principales causas que han hecho que la transición de los últimos años impactara negativamente en la eficiencia y en la autosuficiencia energética del país, como lo son la corrupción pública y privada, el robo de combustible y el desabasto.
Por eso, agregó, coincidimos con la iniciativa de origen y con las valoraciones de la colegisladora, respecto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto de combustibles.
El dictamen señala que se busca reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
La minuta propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Asimismo, plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, también dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.
Otro de los objetivos, es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron. Para ello, se establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.
El documento indica que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.
Además, eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
La reforma también elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
- Participarán en la competencia internacional “Fuerzas Comando 2021”, en Colombia.
El Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal una solicitud de autorización para permitir la salida, fuera de los límites del país, de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes participaran en la competencia internacional “Fuerzas Comando 2021”, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Responde a una invitación de la Embajada de los Estados Unidos en México, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El objetivo de la competencia, que se llevará a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, es fortalecer la cooperación regional y multinacional, la confianza mutua, así como mejorar la capacidad de las Fuerzas Especiales en sus tácticas, técnicas y procedimientos.
En el documento se destaca que la asistencia de las tropas nacionales fortalecerá la presencia e imagen de México en la comunidad internacional, con lo que se consolidan los lazos de amistad con Fuerzas Armadas de otros países y se promueven las relaciones militares, la interoperabilidad y mejora la seguridad regional.
Menciona que en 2015 y 2017, efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participaron en dicha competencia internacional.
De contar con la autorización, en la competencia participarán un Jefe, cuatro Oficiales y tres de Tropa, que integrarán el equipo representativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para un total de ocho participantes.
La solicitud de autorización fue remitida a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
En la sesión a distancia, también se informó que se recibió el Primer Informe Trimestral 2021 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, operados por la Secretaría de Economía y su sector coordinado, el cual fue turnado a la Comisión de Economía.
Además, el Senado recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en materia de derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta minuta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Asamblea también quedó enterada de la comunicación que remitió el Congreso del estado de Querétaro, con el que da a conocer la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1° de mayo al 25 de septiembre de 2021.
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- El objetivo, conmemorar los sismos de 1985 y de 2017 y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida.
La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen a una minuta que establece que la Bandera Nacional deberá izarse a media asta el 19 de septiembre de cada año, con la finalidad de conmemorar los sismos de 1985 y 2017.
La reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que esta medida deberá aplicarse en todos los edificios, sede de las autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero.
Además, se aplicará en los edificios de las autoridades e instituciones que presten servicios educativos y médicos, así como en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos y en plazas públicas.
En el dictamen, senadoras y senadores destacaron que los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017 devastaron varios territorios del país y ocasionaron la muerte de miles de personas, además dejaron miles de hogares afectados y damnificados.
Por ello, se subraya, el objetivo es conmemorar estas tragedias y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida, así como recordar la solidaridad que se vivió en esos momentos en nuestro país.
En otro tema, la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó un exhorto dirigido al estado de Guerrero para que elabore y apruebe su legislación en materia de archivos, de conformidad a lo establecido en la Ley General de esta materia.
Los integrantes de este órgano legislativo consideraron que la armonización de las leyes locales en materia de archivos es fundamental para consolidar el Sistema Nacional de Archivos, pues ello permitirá asegurar la organización y administración homogénea de estos documentos en todo el país.
- La senadora Josefina Vázquez Mota pide ofrecer también esperanza a menores y adolescentes de tener una familia.
La senadora Josefina Vázquez Mota hizo un llamado a derribar los mitos que existen en el tema de la adopción y brindar esperanza a niñas, niños y adolescentes que esperan formar parte de un hogar.
Advirtió que la pandemia y el crimen organizado son factores que influyen en el incremento de orfandad de los menores.
Aseguró que es fundamental derribar miedos y estereotipos que existen en torno a la adopción, a fin de establecer puentes que permitan construir nuevas familias.
Durante el foro “Adopción de niñas, niños y adolescentes y su derecho a vivir en familia”, celebrado a distancia, la legisladora expresó que existen miles de infantes en el país, que aguardan por años, para poder ser parte de una familia.
Refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente 30 mil menores de edad esperan ser adoptados.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia destacó que en México hay cerca de 900 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, tanto públicos, como privados.
Más del 80 por ciento de los menores residentes en estos centros, precisó, pasan los seis años de edad, lo que presenta mayores dificultades para que encuentren un hogar, ya que los solicitantes, en su mayoría, quieren niños pequeños que crezcan con ellos.
Lamentablemente, manifestó la senadora, la realidad se recrudece cuando hay menos familias que tienen la disposición de adoptar a los adolescentes; por ello, es necesario derribar los mitos entorno de la adopción, “porque adoptar a un niño, niña o adolescente significa esperanza”.
Gaudencio Rodríguez Juárez, consultor de Unicef, afirmó que, en la región de América Latina y el Caribe, 240 mil menores de edad viven en centros de atención social y albergues públicos.
En dichos lugares, la frecuencia con que se presenta la violencia en contra de este sector es de seis veces más, mientras que la incidencia de violaciones sexuales se incrementa cuatro veces. La población menor a tres años es la más vulnerable.
Refirió que, de acuerdo con un Informe Especial de 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los albergues públicos falta personal especializado, no hay registro de supervisores, ni planes enfocados a salvaguardar los derechos de los infantes, además de que no existen lineamientos para su operación.
Las y los niños grandes, quienes padecen discapacidad, los adolescentes y los grupos de hermanos tienen más complicaciones para ser adoptados. Rodríguez Juárez urgió al Estado promover la adopción, así como proporcionar capacitación a los padres para que puedan consolidar el sano desarrollo de las familias.
En el foro se presentaron algunos testimonios de personas que enfrentaron problemas en la adopción. Cecilia Ortega pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que den prioridad a las necesidades de los adolescentes, otorgándoles acompañamiento psicoemocional y formativo para que su reintegración a la sociedad sea exitosa.
Las autoridades, agregó, deben poner mayor enfoque en los centros de asistencia social y asegurar que las personas encargadas de los mismos tengan experiencia y vocación para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Suscriben convenio de colaboración para que este medio de comunicación legislativa proyecte 34 filmes
En el marco del 23 aniversario del Canal del Congreso, el Senado de la República, el Instituto de Cinematografía y la Cineteca Nacional, firmaron un convenio de colaboración para que este medio de comunicación legislativa incorpore 34 filmes de contenido social en su programación.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez; el titular de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, Cruz Pérez Cuellar; y la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, signaron el documento por parte del Senado de la República.
Por Canal del Congreso firmó su director, Eduardo Fernández; por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), su directora, María Novaro; y el director general de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo Rangel.
El acuerdo denominado “Cine en el Canal del Congreso. Una mirada con compromiso social”, cuenta con una selección cinematográfica, que tienen como enfoque principal una reflexión hacía las problemáticas cotidianas de los diversos sectores de la sociedad.
A través de los largometrajes y con la visión de grandes autores del cine mexicano, se pretende visibilizar las realidades a las que se enfrentan las diversas regiones del país, como el despojo de la tierra, migración, feminicidio, trata de personas y la lucha por una identidad.
El convenio incluye ocho películas de países del mundo, que exponen las condiciones humanas en diferentes contextos culturales y entornos sociales, políticos y económicos.
Al respecto, el senador Eduardo Ramírez expresó que la celebración de este convenio tiene como objetivo contribuir con el desarrollo de la sociedad y estrechar lazos de amistad y de unión con el séptimo arte.
A través de este convenio, destacó, se estará llegando a los hogares, no solamente con información legislativa o periodística, sino con un matiz de conciencia social, a través de documentales y películas que tienen una profunda reflexión de lo que ha sido México, América Latina y el mundo.
Son inspiradores, motivan a nutrirse de mucha información histórica, sociológica y reflejan el sentir de un momento o una etapa claramente definida de México a lo largo de la historia, agregó.
El presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cruz Pérez Cuellar, subrayó que este esfuerzo, que realizó el Senado, propone fortalecer la percepción que los ciudadanos tienen ante momentos clave de la historia nacional.
Comunicar las realidades sociales, precisó, a través de diferentes formatos, otorga a la ciudadanía una diversidad de perspectivas para robustecer los valores cívicos, humanos y sociales y, en suma, fortalece el espíritu democrático.
La presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, expresó que sin duda este proyecto es un esfuerzo importante de la Comisión Bicamaral, que permitirá al Canal del Congreso participar en la difusión cultural de obras cinematográficas.
Llevar el cine al Canal del Congreso le permite a este Poder público democratizar los medios de que dispone, ya que es un medio para conocer expresiones culturales de muchas latitudes, puntualizó.
En su oportunidad, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), María Novaro, dijo que es una tarea urgente que el cine mexicano encuentre su lugar en los medios públicos. Sobre todo, expresó, del cine contemporáneo.
Refirió que 2019 fue el año de mayor producción cinematográfica del país, en toda su historia, superando por mucho, las cifras de la propia “época de oro del cine mexicano” que parecía, dijo, que nunca se iban a alcanzar.
Finalmente, Alejandro Pelayo Rangel, director general de la Cineteca Nacional, celebró que el Canal del Congreso muestre cine mexicano e internacional de altísima calidad, proyectando películas que han triunfado en festivales internacionales.
Lo más importante, asentó, es que la televisión pública abra espacios a las personas que no quieren ver películas comerciales sino tener otras alternativas culturales. “Es una mirada a través del Canal del Congreso con compromiso social con México y con lo que pasa en el mundo”, apuntó.
- La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático adelanta que al inicio de la próxima semana se abordará el dictamen.
En el tercer y último taller legislativo “Hacia una regulación federal en materia de plásticos desechables”, la senadora Esthela Villarreal Zavala afirmó que en el Senado “estamos en la recta final del dictamen”, que permitirá que envases y embalajes se reciclen para que no se conviertan en basura en las calles.
Recordó que se han realizado reuniones, talleres y foros en los que se ha escuchado a todos los sectores interesados, así como a especialistas. Ahora, con toda esa información científica, “nos toca a los legisladores tomar decisiones”.
Adelantó que, para el próximo lunes, están convocadas las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de Estudios Legislativos, para abordar el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones en materia de plásticos y residuos sólidos urbanos.
Buscamos, apuntó, una regulación que fortalezca el tema de economía circular, donde se eliminen los plásticos de un solo uso, y en la que la Federación, estados, municipios, ciudadanía e industria tengan responsabilidades específicas.
“Vamos por una regulación que permita que, en algunos años, todos los productos plásticos como envases y embalajes, se reciclen, regresen a la economía circular y no se conviertan en basura en las calles”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Dijo que el Senado tiene el objetivo de construir una reforma integral que recupere la visión de los distintos sectores de la sociedad e incluya temas como la economía circular, la responsabilidad extendida del productor, esquemas específicos de reciclaje, procesamiento y prohibiciones, así como el rediseño de las formas en que se producen los plásticos.
En el último taller legislativo, organizado por el Congreso de la Unión y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, oficina México, los participantes reafirmaron la importancia de eliminar a largo plazo la basura plástica y micro plásticos en mares y océanos.
Roberto Rubio Montejo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, manifestó que este ejercicio de Parlamento Abierto nos coloca en un escenario óptimo para emitir una regulación nacional que atenúe la contaminación generada por estos productos.
Ignacio Sánchez Díaz, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirmó que para implementar una economía circular se debe trabajar de manera sistémica, en principio con los sectores relacionados con los plásticos, electrónicos, alimentos, agricultura, la construcción y el turismo.
María Alejandra Fernández, consultora regional en Economía Circular, Basura Marina y Plásticos, de dicho Programa, advirtió que para el 2040, el volumen anual de plástico que llegará al Océano se va a triplicar, pues pasará de 11 a 29 millones de toneladas, por lo que para el 2050, advirtió, podría haber más plásticos que peces en el mar.
