Senadores, especialistas y autoridades en materia medio ambiental coincidieron en la urgencia de promover políticas sostenibles y eficientes en materia de economía circular para transitar de un modelo lineal, extraer-producir-desechar, hacia uno circular que no represente un costo, sino una oportunidad. 

El senador Primo Dothé Mata, de Morena, subrayó que la economía circular no solo es la creación de políticas ambientales, sino a la generación de conciencia de la sociedad para pasar a la cultura de no desperdicio y la reutilización de los recursos. 

Este modelo, señaló, depende del diseño del producto. El objetivo es prolongar la vida útil de una manera casi indefinida, reemplazando cada parte o componente a medida que se destruye o se vuelve obsoleta. 

La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez Arroyo, dijo que se requiere marcar la ruta de cómo debe ser este nuevo modelo, tomando en cuenta la participación de todas las industrias. 

Es necesario iniciar proyectos piloto que vayan más allá de una sola industria, que se aplique lo que se hace a nivel comunitario y explorar en distintas regiones del país, pues la economía circular debe ser una realidad paulatina, agregó. 

El especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Rodrigo Riquelme Benjerodt, aseguró que México está preparado para implementar, con mayor intensidad, las políticas de una economía circular. Hay muchas necesidades energéticas y ambientales que se pueden mitigar con dicho modelo, indicó. 

Refirió que el Banco está apoyando las iniciativas de organismos operadores de residuos sólidos, que pretenden aunar los intereses de municipios vecinos para que puedan en forma conjunta encargarse del problema que representa los residuos sólidos. 

El coordinador de proyectos estratégicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Juan Carlos Carrillo Fuentes, dijo que a la sociedad mexicana le urge transitar hacía una economía circular. “Tenemos que encontrar las ventajas y oportunidades de negocio que ofrece el modelo”. 

En su turno, Ramón Beltrán, presidente de la Cámara Nacional del Aluminio, opinó que con la propuesta de ley no se visualiza el tema de la economía circular de manera estratégica, global ni completa. 

“Partimos de que economía es un sistema de mercado. Atacar a la economía, empresas y empresarios se entendería como un error, desde el punto de vista de una nueva ley”, alertó. 

El director del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, Rafael Blanco Vargas, informó que el consumo mundial de plástico es de 350 millones de toneladas al año. Además, pidió que no se “satanice” al plástico, pues la restricción de su uso podría dejar sin trabajo a cerca de 150 mil personas. “La prohibición no es la solución”, aseguró. 

Indicó que con la economía circular, la industria del plástico se suma a la tarea de mejorar el medio ambiente, para esto, sostuvo, se debe invertir en un modelo de educación que enseñe el reciclaje; y en la creación de industrias de materiales biodegradables ya que en México no existe ninguna empresa de este tipo.

Durante el foro se analizó lo relativo a la viabilidad empresarial y estrategias para la adopción plena en México de sistemas de economía circular, así como la labor fundamental de los grupos de recicladores y su plena incorporación a este nuevo modelo.  

El foro “Economía Circular, una nueva forma de producir y consumir”, tuvo tres paneles: Rumbo a la Adopción de Sistemas de Economía Circular en México, moderado por el senador morenista Primo Dothé Mata; Construyendo un Modelo de Economía Circular para México, dirigido por la senadora Imelda Castro Castro, de Morena; y Prácticas Internacionales en Materia de Economía Circular, conducido por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM.

Duplicar las penas para la extorsión cuando este delito se cometa contra mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades cardiovasculares, es el objetivo de una iniciativa que promueve el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Argumentó que este ilícito se ha convertido en un fenómeno complejo porque lo pueden cometer diversos sujetos activos: un delincuente que se encuentran en un centro de readaptación social, un integrante de algún grupo de crimen organizado o cualquier otra persona. 

Refirió que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se denunciaron siete mil 942 casos; en 2018, seis mil 606; en 2017, cinco mil 947; en 2016, cinco mil 395; y en 2015, se recibieron cinco mil 277 denuncias.

Peña Villa asentó que la extorsión debe ser entendida como “un suceso traumático, una experiencia negativa que de forma brusca, inesperada e incontrolable surge y pone en peligro la integridad física o psicológica de una persona y ante la cual la víctima reacciona con temor, desesperanza u horror intenso”.

El ilícito, acotó, trae consigo consecuencias graves en la salud, sobre todo en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas cardiovasculares. 

El estrés y angustia al que se enfrenta una mujer embarazada que es víctima de extorsión, afecta el desarrollo del bebé y en el peor de los casos puede “ocasionar un aborto debido a un reflejo que puede provocar espasmos y contracciones en el útero”.

Por otro lado, el doctor Iñaki Marina, miembro de la fundación Science Health and Education   asegura que aumentar la frecuencia cardiaca o la presión arterial en muy poco tiempo provoca inestabilidad que podría derivar en infartos agudos de miocardio, embolias cerebrales o enfermedades de extremidades periféricas. 

Las víctimas de extorsión, destacó el senador, también pueden desarrollar el trastorno de estrés postraumático que tiende a manifestarse en dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, explosiones de ira o sentimientos de preocupación, culpa o tristeza. 

Agregó que estas son algunas de las enfermedades que se pueden originar al ser víctimas de este delito. La extorsión, advirtió, genera un profundo trauma y contribuye a la creación de una sensación de inseguridad y vulnerabilidad en el sujeto.

En este contexto, el senador Alejandro Peña Villa propuso que las penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa que impone el artículo 390 del Código Penal Federal se dupliquen cuando este ilícito se comenta en contra de mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y de las personas con enfermedades cardiovasculares.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas manifestó que como parte de la Agenda Legislativa para este 2020, se encuentra el tema de la obligatoriedad constitucional de los apoyos a adultos mayores, discapacitados y jóvenes estudiantes, entre otros.

El poder garantizar las becas, el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad es una de nuestras tareas legislativas para el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero, señaló el legislador.

Y es que Eduardo Ramírez destacó que se debe dejar plasmado en la Constitución este tipo de derechos humanos que tiene este sector de la población, independientemente de las siglas partidistas del Gobierno y la Legislatura que esté en turno.

“Esto será un debate muy amplio porque cada 6 años se renuevan las esperanzas, con cada cambio de Gobierno, pero de lo que se trata es que se garantice la permanencia de estos programas y la infraestructura que va en beneficio de ellos”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que otro tema que se debatirá en el próximo periodo ordinario será el uso lúdico del Cannabis, es un tema muy sensible, porque sería la liberación del Cannabis, pero confiamos en tomar, en unidad, una decision responsable con sentido social.

Nuestro país siempre ha sido un país respetuoso del tránsito de los migrantes y de recibir a los refugiados que ingresan a México por sus fronteras, y en este sentido el Senado de la República reitera su irrestricto respeto de los derechos humanos, indicó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa. 

En declaraciones a los medios, la senadora Fernández Balboa destacó que las y los legisladores ven con preocupación la situación registrada el pasado 20 de enero en la frontera sur, con el asunto de los migrantes centroamericanos y la Guardia Nacional.

Destacó que se analiza todo a detalle tanto imágenes, videos, audios y testimonios para tener toda la información completa y con base en ello, cuando tengamos más datos y mayor certeza de lo acontecido, esta Soberanía hará un posicionamiento al respecto. 

La presidenta del Senado, Fernández Balboa manifestó que nunca estará a estar a favor de que se atropellen los derechos humanos de nadie. 

Este Órgano Legislativo, dijo, siempre apostará que cualquier situación que se dé en México y en sus fronteras se dé con respeto irrestricto a los derechos humanos. 

De esta forma, abundó,  en los próximos días, el Senado hará un posicionamiento de acuerdo con los informes y datos recibidos.

Con relación a lo acontecido en la pasada sesión de la Comisión Permanente, Mónica Fernández aseveró que no se le impidió, al diputado Porfirio Muñoz Ledo, hablar o exponer sus preocupaciones, sino que él quería hacerlo en un momento en donde no estaba agendado.

Para el informe de la titular de la CNDH, abundó, había un formato establecido e incluso firmado por él previamente que establecía específicamente, quiénes participarían y en qué momento e indicaba que no era posible la participación de nadie que no estaba agendado, concluyó.

La reforma al Artículo 1º de la Constitución Política, para garantizar el derecho a la verdad cuando surjan violaciones a los derechos humanos, es uno de los temas prioritarios que impulsará el senador Ricardo Monreal Ávila en el segundo periodo de sesiones, que inicia en febrero. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa desde el 17 de octubre de 2019.

Monreal Ávila explicó entonces que el derecho a la verdad tiene su origen en las graves violaciones al derecho internacional humanitario, como son los crímenes de lesa humanidad y otros delitos como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.

Además, acotó, este principio tiene que ver con la obligación del Estado para investigar los ilícitos, evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia hacia los mismos e identificar y castigar a los responsables de los hechos. 

La búsqueda de la verdad -asentó el legislador- es una condición indispensable para que una sociedad pueda reconocer y superar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, enfatizó, este derecho debe incluirse en la Constitución Política. “Su introducción es una clara evidencia de la empatía y voluntad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que integran el Estado, para atender” a las víctimas.

Advirtió que la transformación del régimen exige un modelo de justicia que, ante violaciones graves a los derechos humanos, asegure que la sociedad tenga pleno conocimiento de la identidad de los autores, la verdad objetiva de los hechos y los mecanismos necesarios para una reparación real y efectiva.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, son las encargadas de analizar y dictaminar el proyecto.

En el documento, el senador también destaca que el Estado mexicano ha emprendido una nueva etapa en la vida pública, en la que la falta de sensibilidad respecto al conocimiento de las causas que han dañado gravemente el tejido social ha quedado superada y en cambio, se asume con responsabilidad el necesario esclarecimiento de tales hechos.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, celebró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrendara su compromiso para recuperar la paz en Guanajuato y alcanzar la protección de la ciudadanía.​

“Guanajuato no merece vivir los niveles de violencia que se han registrado, y eso lo sabe bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no solamente está preocupado sino ocupado en que las familias de nuestro estado vivan en paz, tranquilidad y prosperidad”, señaló Mícher Camarena.​

El senador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con Ricardo Ahued Bardahuil, administrador general de Aduanas, en donde le planteó, entre otros puntos, el derecho de internación de vehículos procedentes de Guatemala, con la finalidad de detonar el turismo y el comercio en la región fronteriza.

Y es que a partir de 2020, las personas que deseen ingresar de Guatemala a nuestro país deberán pagar impuestos de internación y depósito del vehículo, según el modelo, pero además quien no cuente con Visa y pasaporte no puede tener el derecho a pagar el impuesto de internación y mucho menos la garantía de meter su vehículo.

Eduardo Ramírez explicó que esta gestión es parte de las demandas de la población, especialmente de la región Meseta Comiteca Tojolabal, que hace frontera con Guatemala, toda vez que por esta situación, el turismo y el comercio en la región ha disminuido hasta en un 70 por ciento.

En sus peticiones explicaron que anteriormente las personas que ingresaban al país por el tema de comercio, lo hacían con la Tarjeta de Visitante Regional, ya que al ser personas de recursos moderados no contaban con Pasaporte y Visa, por lo que había esa flexibilidad, explicó el senador.

Esta situación desalienta la llegada de guatemaltecos que vienen a abastecerse o a consumir servicios turísticos a la región de la Frontera como es Comitán o Tapachula.

Ante ello, y dando voz a las demandas de la gente, Eduardo Ramírez solicitó una solución para esta problemática que aqueja a los chiapanecos de estas regiones y a los compatriotas guatemaltecos.

Con la participación de mil 340 personas, que fueron evacuados en cinco minutos con 10 segundos, el Senado de la República se sumó al primer Macrosimulacro Nacional por sismo de este 2020. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, calificó el ejercicio de exitoso, pues demostró que la Cámara de Senadores está preparada para cualquier evacuación, proceder con rapidez y evitar el menor riesgo posible a las personas que laboran o vistan la nueva sede.

“Todos siguieron las indicciones para no amontonarse, aventarse o precipitarse. Salieron con orden, en razón de las instrucciones que les dio Protección Civil.

De esta manera, dijo, las personas estarían a salvo de cualquier terremoto, temblor o problema que se hubiera suscitado. “Nos habría dado tiempo para evacuar con orden, organización y atención de todos los trabajadores del Senado de la República, incluyendo los senadores”.

De acuerdo con el ejercicio, a las 11:00 horas se registró un temblor de magnitud 7, con epicentro en el municipio Acambay, Estado de México, por lo que de inmediato se activó el sistema de Alerta Sísmica de la Cámara. 

Debido a la cercanía del epicentro, se procedió al repliegue inmediato de personas en las Zonas de Menor Riesgo hasta la activación de la Alarma de Evacuación, con la que dio inicio el desalojo de total de los inmuebles.

Así, trabajadores, senadores y visitantes si dirigieron al Punto de Reunión, que se ubica en el parque Luis Pasteur, en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Con el propósito de evitar que obras públicas que representan un beneficio para la comunidad sean frenadas por amparos, el senador Ricardo Monreal, propondrá al Pleno de la Comisión Permanente, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena refiere, en su propuesta, que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.

La inversión en infraestructura, explica Monreal Ávila, es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con los servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques.

Además, la obra pública potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada, afirma el legislador.

Por eso, en la primera iniciativa, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.

En la segunda iniciativa, Ricardo Monreal, propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.

El senador de Morena indica que la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso ocasionaría un grave perjuicio a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.

Monreal Ávila recalca que la obra pública es de vital importancia para el país, pues su finalidad primordial es proporcionar bienestar a la sociedad en todos los órdenes, como un medio generador del desarrollo económico de las comunidades.

En encuentro con representantes de artesanos muebleros de la comunidad de Cuanajo, tenencia del municipio de Pátzcuaro, la senadora por Morena, Blanca Piña Gudiño escuchó y atendió inquietudes de los habitantes para mejorar condiciones de infraestructura, apoyo a migrantes y difusión de artesanías.

Durante la reunión realizada en la Casa de Enlace de la capital michoacana, la legisladora comprometió el seguimiento a proyectos de rehabilitación de caminos rurales y la conclusión del andador turístico para Cuanajo.

Amigos sin Fronteras y el grupo social Los Pedros de Cuanajo fueron quienes expusieron las necesidades prioritarias de la tenencia a la que la senadora refrendó su respaldo para que desde el Congreso de la Unión se canalicen las propuestas  a las comisiones correspondientes y se gestionen recursos a través de programas específicos de apoyo a los municipios del gobierno federal a fin de concretar los pendientes.