• Del 2014 a la fecha se han emitido 8.8 millones de facturas apócrifas por un monto de casi dos billones de pesos.
• La propuesta de Morena propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión a quien cometa el delito.

Del 2014 a la fecha, se han emitido 8.8 millones de facturas apócrifas en México por un monto de casi dos billones de pesos, lo que ha ocasionado un quebranto financiero por pérdidas de hasta 510 mil millones de pesos al año en la recaudación fiscal, informó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Para poner fin a esa conducta delictiva, dijo, en el Senado de la República avanza una reforma para prevenir y sancionar que se expidan o enajenen comprobantes fiscales falsos para deducir operaciones inexistentes o simuladas.

A través de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena  y que se encuentra en dictamen, se propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión para el delito tipificado en el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la Federación, de tal forma que se desincentive la comisión de este delito por parte de personas física o morales.

Al elevar en el Código Penal Federal la penalidad, lo sitúa en una calificación de delito grave. De tal forma, que conforme a lo previsto en el artículo 70 del código federal sustantivo  en materia penal, no será posible que la pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o venta de comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes.

Al tratarse de uno de los mecanismos más comunes para engañar al Estado, Monreal Ávila mencionó que la nueva ley dotará al gobierno de las herramientas para debilitar las estructuras financieras de estos delincuentes de cuello blanco.

Para eso, la reforma incluirá las previsiones necesarias para asegurar que los empresarios honestos que cumplan con sus obligaciones fiscales no tengan incertidumbre al cumplir con su actividad, destacó el coordinador parlamentario de Morena.

El problema es de tal impacto, que otros senadores han hecho sus propias propuestas al respecto. Tal es el caso de la senadora Minerva Hernández del PAN, que plantea fortalecer el combate a la corrupción mediante la ley de Responsabilidades Administrativas y penales de los Servidores Públicos y aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada.

• Cuatro decretos fueron ya publicados en el Diario Oficial de la Federación y un proyecto se remitió a la Cámara de Diputados.

En afán de dotar al Estado mexicano de instrumentos legales que le permita construir mejores condiciones de convivencia social, las y los senadores integrantes de la LXIV Legislatura del Senado de la República aprobaron cinco leyes de nueva creación. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; Ley de Educación Naval, y el Proyecto de Decreto turnado a la Cámara Baja, que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

Así, durante el Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y el Periodo Extraordinario del Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio, los integrantes de la Cámara Alta trabajaron en la aprobación de dichos instrumentos legales que darán mayor certeza jurídica. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada el 15 de noviembre de 2018, reglamenta, entre otros asuntos, la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano. 

Establece la integración de un Consejo Ciudadano, como órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la ley. El mismo estará integrado por cinco ciudadanos de prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de mujeres, comunidades indígenas, niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. 

Las y los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. 

El instrumento legal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de diciembre de 2018. 

La ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada, en el DOF el 4 de diciembre del 2018, establece que dicho Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Determina que el Instituto será la autoridad del Ejecutivo Federal para normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, así como su desarrollo integral, sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

Además, como cada año, fue aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Su publicación en el DOF el 28 de diciembre de 2018, contiene conceptos bajo los cuales se captarán recursos financieros que permitirán cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. 

Indica que los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: I) Ingresos ordinarios, recaudados en forma regular por el Estado: impuestos; derechos; ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales. 

1. II) Ingresos extraordinarios, recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, vía enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México.

Asimismo, el 12 de marzo de 2019, en el DOF fue publicada la Ley de Educación Naval que consolida a la Universidad de esa especialidad como eje rector de la Educación Naval, dependiendo orgánica y administrativamente de la Oficialía Mayor de la Marina y doctrinariamente del Estado Mayor General de la Armada. 

El decreto, expedido por el Ejecutivo Federal, tiene por objeto normar la educación que imparte la Secretaría de Marina mediante la Universidad Naval, en sus diversos niveles educativos. La enseñanza estará orientada al conocimiento, difusión, aplicación de la ciencia, doctrina y cultura naval para contribuir al desarrollo marítimo nacional. 

También, las y los senadores remitieron a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Es un eje primordial que permitirá al Estado mexicano crear políticas públicas para disminuir la corrupción. Otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación con los tres niveles de gobierno para celebrar convenios de colaboración que permitan a la población acogerse a los beneficios del pretendido dictamen.

• Buscan entablar diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar al sector.
• Rechazan las políticas dictadas por el Banco Mundial y piden una política social participativa: José Narro

El senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que el movimiento unificador para la defensa de los derechos de los campesinos pretende echar abajo la reforma legal promovida por Carlos Salinas de Gortari al artículo 27 Constitucional.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural dijo que dicha reforma es privatizadora y buscó acabar con el ejido y la comunidad, dando pie al despojo de tierras y derechos, además del atraco a los campesinos.

En conferencia de prensa, el senador aseguró que desde la época de Miguel de la Madrid se puso al campo de rodillas y en los casi 30 años de neoliberalismo se luchó por acabarlo de una manera sistemática.

Por eso dijo, hoy se plantea una manera innovadora para resolver los problemas del campo, donde la política social sea participativa y no sólo se trabaje para aplicar los esquemas del Banco Mundial y de los organismos mundiales que plantean apoyos directos para una solución.

Exhortó a que se establezca una nueva relación entre el campo y el Gobierno Federal, donde exista respeto y diálogo. Aseguró que los campesinos contribuirán con su fuerza y su creatividad para ayudar a sacar al campo y al país del problema que vivimos.

Por su parte, representantes de diversas organizaciones campesinas, al hacer un llamado a la unidad del gremio y a la justicia social, indicaron que se necesita una estrategia de política pública que fomente el desarrollo de sectores económicos rurales hoy estancados.

Señalaron que en estos momentos tan complicados para el país es fundamental tener comunicación e interlocución con todos los actores que participan en el campo.

Informaron que el lunes 22 de julio, las organizaciones campesinas asistirán a Palacio Nacional para entregar una carta petitoria y buscar un diálogo respetuoso y propositivo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

• Se crearán negocios para generar empleos y se beneficiará a quienes cumplan a tiempo con sus obligaciones fiscales.

Con la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, aprobada en el Senado de la República, se impulsarán polìticas públicas y programas para el desarrollo económico a través de la creación de negocios para generar empleos. También se otorgarán beneficios fiscales a personas físicas y morales cumplidas, con lo que se pondrá fin a las verificaciones de actividades comerciales para combatir la corrupción, al pasar de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe.

Así, se creará el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, con el propósito de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta y administración de información concerniente a las personas beneficiarias de los programas que se instrumenten en el marco de la presente Ley. Formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

La iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto para crear la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, consta de 16 artículos divididos en cuatro Capítulos y seis disposiciones transitorias. Las comisiones unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, elaboraron el dictamen respectivo.

En su argumentación se establece que tiene un enfoque humano, social y económico, ya que promueve la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe, reconociendo a quienes invierten en el país, se comprometen con su desarrollo, cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas, con el fin de fomentar una cultura de la legalidad.

El referido Padrón se conformará con la información de las personas que se inscriban de manera voluntaria, lo que se entenderá como un acto de buena fe, con lo cual manifestarán estar en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo con la actividad económica que desempeñen.

También, las personas beneficiarias que sean denunciadas por incurrir en malas prácticas comerciales o por funcionamiento irregular y que resulten responsables ante las autoridades competentes, mediante resolución firme.

Asimismo, se suspenderá preventivamente la inscripción en el Padrón de aquellas personas que la autoridad competente requiera someter a visitas domiciliarias o a procedimientos de inspección o verificación a petición de dicha autoridad. Si al finalizar ese procedimiento se comprueba que las personas cumplen con las obligaciones objeto del procedimiento, se restituirá su inscripción en el Padrón.

Más aún, quienes resulten sancionados podrán ser incluidas de nueva cuenta en el Padrón por una sola ocasión, una vez que se regularicen en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales que, en su caso hayan incumplido; causando baja definitiva de éste, en el caso de incurrir por segunda vez en cualquier causal.

“El esquema basado en la confianza en el sector privado impulsará la actividad económica, puesto que es un esquema de responsabilidad compartida con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que repercutirá positivamente en el crecimiento económico ante el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales de las personas inscritas en el Padrón que realizan una actividad económica a cambio de la obtención de beneficios y facilidades administrativas”, se aseguró en la argumentación de la nueva ley.

Fue aprobada en lo general y particular tras un extenso debate y se remitió a la Cámara de Diputados.

• Tres instrumentos internacionales dan a México legitimidad para reclamarlos, señala Ricardo Monreal.
• Se estima que dichos recursos asciendan a 14 mil millones de dólares.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Senado de la República planteará al Gobierno Federal la creación de una comisión binacional con Estados Unidos, a fin de negociar la repatriación de bienes y recursos decomisados a Joaquín Guzmán Loera, los cuales podrían ascender a 14 mil millones de dólares.

En conferencia de prensa, señaló que Morena -como grupo mayoritario en la Cámara de Senadores- establecerá comunicaciones con la Cancillería para que se prepare la defensa jurídica y se haga una reclamación justa del dinero y patrimonio decomisado.

Lo anterior, precisó, bajo el principio de que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán Loera han afectado a millones de personas en México, “aunque también reconocemos que en Estados Unidos”.

Indicó que existen tres instrumentos internacionales, de los cuales México y la Unión Americana forman parte, que no han sido usados por el gobierno mexicano. Se trata, explicó, de dos convenciones de las Naciones Unidas: Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como el Reglamento Modelo de la Organización de Estados Americanos sobre delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Dejó en claro que dichos instrumentos dan a nuestro país la legitimidad para plantear una comisión binacional, no sólo con respecto de los bienes de Joaquín Guzmán, sino de cualquier otro criminal o delincuente que haya sido juzgado por la Corte de Estados Unidos.

Monreal Ávila ejemplificó que en el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se establece una disposición respecto de bienes decomisados por este tipo de delitos y aplica para las dos naciones.

Dicho artículo, abundó, señala que se podrá considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos para repartirse entre los Estados, el producto del delito, bienes o los fondos derivados de hechos ilícitos, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos y bajo la base de un criterio general o definido por cada caso.

El legislador mencionó que hasta el momento México no tiene conocimiento de propiedades registradas a nombre del narcotraficante y no sabe con exactitud dónde está su cuantiosa fortuna que se estima entre 12 y 14 mil millones de dólares, es decir, cerca de 250 mil millones de pesos. Únicamente lo sabe la Corte de la Unión Americana.

“Es un tema de la mayor importancia. No puede actuarse con contemplaciones y menos con frivolidades”, subrayó.

Por esa razón, consideró importante crear con urgencia la comisión binacional. “Que no suceda lo que tantas veces: que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados producto de actividades ilícitas”.

Refirió que en las últimas tres décadas, una veintena de delincuentes fueron juzgados y sentenciados en EU y cuyos bienes no fueron reclamados por el gobierno mexicano, a pesar de que tiene la legitimidad y el derecho internacional para hacerlo.

Se trata, puntualizó, de un tema que no ha sido explorado. Nunca un órgano legislativo ha sido claro en el planteamiento de recuperar bienes decomisados de mexicanos juzgados y condenados en el exterior.

Subastarán automóviles del Senado

En otro tema, el presidente de la Jucopo anunció que la convocatoria para la enajenación de vehículos, propiedad del Senado, que ya no son utilizados, se emitirá el 29 de julio.

Asimismo, la exhibición de los automóviles se realizará a partir de ese día y hasta el 7 de agosto, en el estacionamiento del Monumento a la Madre. La subasta -a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)- se llevará a cabo el 8 de agosto.

Precisó que son cerca de 80 vehículos. En caso que no logren una oferta, se realizará una subasta electrónica hasta el 28 de agosto. La comisión que se pagará al SAE por la subasta será del siete por ciento del total.

Refirió que en dos ocasiones esta venta ha sido cancelada, “por lo que esperemos que esta vez ya se lleve a cabo para que puedan adquirirlo quienes estén interesados”.