LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1210)

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas exhortó a la población a tomar en cuenta y darle la importancia debida a las recomendaciones y medidas preventivas de higiene para evitar posibles contagios de Coronavirus, hechas por el Gobierno Federal y Gobierno de Chiapas.

Luego de que se confirmara la llegada del Coronavirus a México y un caso en Chiapas, Ramírez Aguilar reconoció la prontitud y el tratamiento con que las autoridades de salud en Chiapas actuaron al respecto, que a decir de la misma secretaría de Salud es un caso importado y asintomático de una joven chiapaneca que provenia de Italia.

“Reconocemos el seguimiento que el Gobierno de Chiapas le dio a este caso hasta confirmarlo y dar una información verídica y oficial, toda vez que con esto se evita caer en rumores e información falsa, que solamente alarma a la población”, destacó el senador por Chiapas.

Eduardo Ramírez pidió a la población no caer en pánico, pero tampoco hacer caso omiso de las medidas preventivas oficiales, “entre todos podemos cuidarnos y protegernos, siendo cada uno responsable de cuidar su propio cuerpo y no poner en riesgo la salud de otras personas”, explicó.

Cabe destacar que algunas de las medidas preventivas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; evitar saludar de mano y beso; en caso de tener tos o gripe usar cubrebocas; usar antebrazo para toser o estornudar; evitar contacto con personas que estornuden, que tengan tos o fiebre;  no consumir carnes crudas; consumir frutas y verduras sobre todo las que contengan vitamina C y en caso de tener tos o fiebre acudir al médico y no automedicarse.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará una iniciativa para tipificar el abandono animal en el Código Penal Federal, dado que esta conducta atenta contra el bienestar, la salud, la integridad y la vida de estos.

La iniciativa busca acabar con el sufrimiento de los animales que genera el abandono, así como sus consecuencias sociales y ambientales, los cuales derivan en costos económicos que se solventan con recursos públicos y privados.

Monreal Ávila propone que el delito se castigue con una pena de un mes a dos años de prisión si este acto se produce sin daño alguno; si el abandono causa lesión o la muerte del animal, será de seis meses a cuatro años de prisión.

El documento señala que el abandono animal es una las formas más frecuentes de maltrato animal que generalmente es invisible para la sociedad. En México, detalla, se estima que cada año 500 mil perros y gatos son abandonados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen aproximadamente 23 millones de mascotas en México. Sin embargo, el 70 por ciento de los perros y gatos se encuentran abandonados, es decir, sólo 5.4 millones de mascotas viven en un hogar y el resto habita en las calles.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, y se adiciona un artículo 419 ter, tiene el objetivo de cumplir con los principios básicos del trato de los seres humanos hacia las especies animales, estableciendo un tipo penal, en el orden federal, que sancione a quien incumpla con el deber que impone la ley respecto de su atención, protección y cuidado.

Al participar en la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Justicia, Salud, y Estudios Legislativos, Segunda, Gerardo Novelo Osuna, senador de la República por Baja California, dijo que es importante trabajar de manera coordinada en las comisiones, con el propósito de tener un debate responsable y así entregar una ley que abarque, proteja y brinde certeza jurídica, tanto a productores, como consumidores y a la sociedad en conjunto.​

“El trabajo y nuestra propuesta, parte de premisas importantes, seguridad, salud economía y el tránsito al encuentro del fin de la “guerra” contra las drogas y una consolidación de la paz”, señaló Gerardo Novelo Osuna, asimismo recordó que las políticas prohibicionistas de hace más de 60 años son las que han orillado a comercializar y consumir de manera clandestina la hierba, sostuvo en dicha reunión.​

Asimismo, comentó que la iniciativa que el impulsa, busca la creación de un marco regulatorio del consumo de la Cannabis, así como el aprovechamiento de sus derivados. ​

Al mismo tiempo destacó que, ha quedado demostrado que la penalización y criminalización no ha resultado y que el control que se tiene sobre el vegetal no es óptimo, ya que tiene más que compuestos psicoactivos o psicotrópicos.​

“La prohibición sólo nos ha limitado culturalmente a entender o controlar los efectos derivados de su consumo y desaprovechar los medios para tener una mejor sociedad” dijo el senador por Baja California.​

Del mismo modo comentó que, no ve mal la propuesta del secretario de salud, Jorge Alcocer, quien en días pasados menciono que la edad adecuada para iniciar el consumo del cannabis, de uso recreativo, debería de ser a partir de los 23 años, ya cuando el cerebro alcanzo su madurez.​
“Es una propuesta que debemos considerar, debemos escuchar a los expertos quienes basan sus argumentos en estudios científicos, en mi calidad de senador y promovente de la iniciativa, estoy en toda la disposición de buscar alianzas y soluciones para alcanzar un buen resultado”, afirmo Gerardo Novelo Osuna. ​

Finalmente, destacó la importancia de las reuniones en comisiones unidas con expertos, pues estas abonan a la creación de una ley adecuada, ya que el tema del uso del cannabis es un tema prioritario para esta legislatura por ser un tema de salud y seguridad nacional.

El senador Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para eliminar las causas de clausura o suspensión del funcionamiento de las empresas y negocios que sólo impliquen trámites administrativos con el objetivo de proteger las fuentes de ingresos y de empleo.

Las autoridades competentes no podrán aplicar ninguna suspensión desde la primera visita, a menos que se demuestre peligro inminente contra la vida o la salud de las personas que laboran en los establecimientos o de los usuarios de los bienes o servicios respectivos o cuando se trate de la probable comisión de delitos.

La exposición de motivos señala que la generación de fuentes de empleo y la conservación de las existentes es una de las demandas de la sociedad mexicana. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), enfrentan obstáculos como trámites administrativos, fiscales, de revisión y supervisión, de salubridad, los cuales implican tiempo y recursos para el cumplimiento de requisitos para su operatividad.

Recientemente, recuerda, fue aprobada la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuyo objetivo de erradicar prácticas que puedan generar corrupción, como la verificación que se hace de las actividades comerciales e industriales que realiza la ciudadanía, generadoras de empleo y bienestar social.

El documento busca reconocer el papel que juegan las pymes en nuestro país y adoptar medidas que les apoyen en su actividad para que superen la esperanza de vida de los negocios, la cual, según datos del INEGI, no supera los 9.1 años.

 Dichos establecimientos, asegura, son los más afectados por los trámites que se, los cuales son considerados por sus propietarios como excesivos debido al tiempo que se emplea y su alto costo; además, la falta de algún requisito puede llevar a su clausura, perdiendo así el patrimonio invertido.

Es por ello que plantea reformar la Ley General de Mejora Regulatoria para que la conservación de las fuentes de ingresos y de empleo prevalezca sobre el cumplimiento de requisitos que sean considerados innecesarios.

La legislación o normatividad respectiva deberá prever el otorgamiento de plazos razonables para tal cumplimiento, que puedan ser ampliados por acuerdo de la autoridad competente con los obligados a la regularización, así como la asesoría y acompañamiento gratuito en la materia.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación del servicio de taxi, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran aeropuertos, el senador Salomón Jara Cruz presentará una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En su propuesta el legislador morenista indica que actualmente el servicio de taxis en los aeropuertos del país opera con un modelo de acceso restringido, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios. 

Lo anterior ha otorgado a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta -e imponer tarifas con sobreprecios- por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y, la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto. 

En ambos casos, los administradores aeroportuarios pueden actuar de forma discrecional al negarse a firmar los contratos, o bien, emitir opiniones negativas para que las agrupaciones no cuenten con los permisos de la SCT, ya que no está delimitado en la norma las razones por las cuales se podría o debería negar el acceso. En este sentido, los aeropuertos pueden decidir con base en criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado. 

Cabe recordar que en 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas consistentes en el establecimiento de un acuerdo entre las agrupaciones de taxis del aeropuerto de la Ciudad de México para fijar las tarifas de este servicio. 

Se estima que la conducta afectó a cuando menos 12 millones de personas y que el daño al mercado –con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015– fue de 772 millones de pesos. 

La COFECE ha recomendado modificar la normatividad vigente con el objeto de que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, es decir, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente -como Uber, Didi, Cabify, etc- que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio. 

El modelo de acceso abierto prevé distintos esquemas de cobro a los usuarios, por ejemplo: i) taxímetro, en el cual se cobra una tarifa conforme a la distancia y el tiempo de recorrido; ii) tarifa mínima, para asegurar un ingreso mínimo a los prestadores del servicio ante viajes cortos; iii) tarifa máxima, para eliminar posibles cobros indebidos, iv) una combinación de estos esquemas, entre otros.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz resalta que de ser aprobada la iniciativa, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, solucionaría los problemas de subutilización de las unidades, propiciaría tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera de los usuarios al existir un mayor número de vehículos disponibles.

El senador José Narro Céspedes, presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Grupo Financiero HSBC a establecer una mesa de trabajo para aclarar diversos casos de defraudación a cuentahabientes, ejecutados por parte de sus trabajadores.   ​

​Señaló que, para garantizarles la reparación del daño, se pedirá el apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Hacienda del Senado, para encausar la solución y buscar mecanismos que eviten se repliquen dichas prácticas ilícitas.​

​En conferencia de prensa, el legislador de Morena reiteró que no se van a permitir más fraudes, abusos, ni saqueos al patrimonio de familias mexicanas, quienes depositan su confianza en las instituciones bancarias y al final estas se desentienden de sus responsabilidades.​

​El documento presentado, menciona los expedientes 2018/19019663, 2018/19019665, 2018/19019667, 2018/19019669, 2018/20506, 2018/20507. Agregó que anteriormente ya se habían presentados casos similares en Sinaloa y Sonora.  ​

​Hermelinda Nava Coronel, titular de una de las cuentas afectadas, solicitó la ayuda de esta soberanía para que se le haga justicia y para recuperar el patrimonio familiar heredado por su esposo fallecido. Indicó que hay más familias que se encuentran en la misma situación y exigió a las instituciones que también se les atienda. ​

Por su parte, Enrique Rene Ude Zambrano, abogado de la afectada, aseguró que existen más de 60 casos documentados donde se presentan anomalías en el manejo de las cuentas bancarias de los usuarios de HSBC. ​

​Comentó que el caso expuesto tiene un monto de defraudación por 40 millones de pesos, debido a que empleados del banco retiraban montos a nombre de ella y le presentaban estados de cuenta apócrifos, y posteriormente renunciaron. ​

​Al presentar la denuncia ante la Fiscalía General de NL, dijo, el banco se deslindó de los hechos. ​

​En otro tema, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural mencionó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones correspondientes al manejo de los recursos destinados al campo.​

Del 23 al 25 de abril se llevará acabo el Parlamento Juvenil 2020 en la nueva sede del Senado de la República, un ejercicio que promueve el empoderamiento y participación de los jóvenes en el debate público.

Así lo establece una acuerdo que aprobó el Pleno en la sesión de este jueves, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila.

El Parlamento Juvenil es una plataforma para que representantes de este sector de la población “integren y simulen un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes federales, así como su creación”.

Con esta edición, se reitera en el documento, continúa un fructífero ejercicio para la juventud de nuestro país, que promueve el empoderamiento y la diversidad del pensamiento democrático de los participantes.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos a otorgar todas las facilidades al comité organizador, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos del Parlamento Juvenil 2020.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la cámara de senadores, indicó que el Senado de la República tiene la obligación de ponderar, moderar y encabezar un proyecto de outsourcing que sea benéfico para el país, y que no afecte ni perjudique el empleo o la economía. ​

​Afirmó que su bancada actuará con responsabilidad y sin excesos frente a este tema. “No acudiremos a radicalismos que afecten al empleo o al desarrollo económico del país”, apuntó. ​

​Tras una reunión con empresarios, el senador indicó que este sector le ha pedido que el outsourcing no se prohíba, pues de hacerlo será un quebranto para las empresas que han utilizado esta figura y han actuado conforme a la ley. ​

​Reveló que también lo han buscado líderes sindicales, quienes quieren emitir su opinión e incluso han realizado propuestas de modificación al dictamen presentado. ​

​El legislador dijo que el Senado respeta todas las voces, por lo que el propósito del Parlamento Abierto en la materia, que se realizará este 12 de febrero, es sacar conclusiones y construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. “Este ejercicio nos da la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en Comisiones”, puntualizó. ​

​Aseguró que Morena no tiene una posición al respecto, pues esperarán los resultados del Parlamento Abierto. “Vamos a discutirlo en el Grupo Parlamentario para llevar al Pleno una sola voz”, indicó. ​

​Monreal Ávila garantizó que no se va a afectar el empleo, sin embargo, consideró una obligación regular el abuso de la subcontratación. Detalló que, aunque no tiene dudas de que hay empresarios que cumplen con la ley, hay quienes han abusado y de esta figura jurídica, convirtiéndola en “una mina de negocios particulares, evadiendo al Fisco y lastimando al trabajador”. ​

​También, el legislador confirmó la visita de senadores a la Corte el 12 de febrero a las 11:00 de la mañana. Reiteró que la reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de un gesto de cortesía política. ​

​Detalló que en la reunión conocerán el contenido de las propuestas de reformas en materia de justicia, sin embargo, dijo que recibir la propuesta de reforma de la Corte no implica que vaya a salir tal cual. “El Senado va a enriquecerla, va a mejorarla, va a ampliarla o va a adicionar temas. Es un punto de partida”, asentó. ​

​Informó que al encuentro acudirán los integrantes de la Comisión de Justicia, así como las presidencias de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios. ​

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