LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1338)

Para eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación del servicio de taxi, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran aeropuertos, el senador Salomón Jara Cruz presentará una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En su propuesta el legislador morenista indica que actualmente el servicio de taxis en los aeropuertos del país opera con un modelo de acceso restringido, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios. 

Lo anterior ha otorgado a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta -e imponer tarifas con sobreprecios- por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y, la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto. 

En ambos casos, los administradores aeroportuarios pueden actuar de forma discrecional al negarse a firmar los contratos, o bien, emitir opiniones negativas para que las agrupaciones no cuenten con los permisos de la SCT, ya que no está delimitado en la norma las razones por las cuales se podría o debería negar el acceso. En este sentido, los aeropuertos pueden decidir con base en criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado. 

Cabe recordar que en 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas consistentes en el establecimiento de un acuerdo entre las agrupaciones de taxis del aeropuerto de la Ciudad de México para fijar las tarifas de este servicio. 

Se estima que la conducta afectó a cuando menos 12 millones de personas y que el daño al mercado –con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015– fue de 772 millones de pesos. 

La COFECE ha recomendado modificar la normatividad vigente con el objeto de que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, es decir, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente -como Uber, Didi, Cabify, etc- que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio. 

El modelo de acceso abierto prevé distintos esquemas de cobro a los usuarios, por ejemplo: i) taxímetro, en el cual se cobra una tarifa conforme a la distancia y el tiempo de recorrido; ii) tarifa mínima, para asegurar un ingreso mínimo a los prestadores del servicio ante viajes cortos; iii) tarifa máxima, para eliminar posibles cobros indebidos, iv) una combinación de estos esquemas, entre otros.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz resalta que de ser aprobada la iniciativa, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, solucionaría los problemas de subutilización de las unidades, propiciaría tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera de los usuarios al existir un mayor número de vehículos disponibles.

El senador José Narro Céspedes, presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Grupo Financiero HSBC a establecer una mesa de trabajo para aclarar diversos casos de defraudación a cuentahabientes, ejecutados por parte de sus trabajadores.   ​

​Señaló que, para garantizarles la reparación del daño, se pedirá el apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Hacienda del Senado, para encausar la solución y buscar mecanismos que eviten se repliquen dichas prácticas ilícitas.​

​En conferencia de prensa, el legislador de Morena reiteró que no se van a permitir más fraudes, abusos, ni saqueos al patrimonio de familias mexicanas, quienes depositan su confianza en las instituciones bancarias y al final estas se desentienden de sus responsabilidades.​

​El documento presentado, menciona los expedientes 2018/19019663, 2018/19019665, 2018/19019667, 2018/19019669, 2018/20506, 2018/20507. Agregó que anteriormente ya se habían presentados casos similares en Sinaloa y Sonora.  ​

​Hermelinda Nava Coronel, titular de una de las cuentas afectadas, solicitó la ayuda de esta soberanía para que se le haga justicia y para recuperar el patrimonio familiar heredado por su esposo fallecido. Indicó que hay más familias que se encuentran en la misma situación y exigió a las instituciones que también se les atienda. ​

Por su parte, Enrique Rene Ude Zambrano, abogado de la afectada, aseguró que existen más de 60 casos documentados donde se presentan anomalías en el manejo de las cuentas bancarias de los usuarios de HSBC. ​

​Comentó que el caso expuesto tiene un monto de defraudación por 40 millones de pesos, debido a que empleados del banco retiraban montos a nombre de ella y le presentaban estados de cuenta apócrifos, y posteriormente renunciaron. ​

​Al presentar la denuncia ante la Fiscalía General de NL, dijo, el banco se deslindó de los hechos. ​

​En otro tema, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural mencionó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones correspondientes al manejo de los recursos destinados al campo.​

Del 23 al 25 de abril se llevará acabo el Parlamento Juvenil 2020 en la nueva sede del Senado de la República, un ejercicio que promueve el empoderamiento y participación de los jóvenes en el debate público.

Así lo establece una acuerdo que aprobó el Pleno en la sesión de este jueves, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila.

El Parlamento Juvenil es una plataforma para que representantes de este sector de la población “integren y simulen un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes federales, así como su creación”.

Con esta edición, se reitera en el documento, continúa un fructífero ejercicio para la juventud de nuestro país, que promueve el empoderamiento y la diversidad del pensamiento democrático de los participantes.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos a otorgar todas las facilidades al comité organizador, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos del Parlamento Juvenil 2020.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la cámara de senadores, indicó que el Senado de la República tiene la obligación de ponderar, moderar y encabezar un proyecto de outsourcing que sea benéfico para el país, y que no afecte ni perjudique el empleo o la economía. ​

​Afirmó que su bancada actuará con responsabilidad y sin excesos frente a este tema. “No acudiremos a radicalismos que afecten al empleo o al desarrollo económico del país”, apuntó. ​

​Tras una reunión con empresarios, el senador indicó que este sector le ha pedido que el outsourcing no se prohíba, pues de hacerlo será un quebranto para las empresas que han utilizado esta figura y han actuado conforme a la ley. ​

​Reveló que también lo han buscado líderes sindicales, quienes quieren emitir su opinión e incluso han realizado propuestas de modificación al dictamen presentado. ​

​El legislador dijo que el Senado respeta todas las voces, por lo que el propósito del Parlamento Abierto en la materia, que se realizará este 12 de febrero, es sacar conclusiones y construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. “Este ejercicio nos da la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en Comisiones”, puntualizó. ​

​Aseguró que Morena no tiene una posición al respecto, pues esperarán los resultados del Parlamento Abierto. “Vamos a discutirlo en el Grupo Parlamentario para llevar al Pleno una sola voz”, indicó. ​

​Monreal Ávila garantizó que no se va a afectar el empleo, sin embargo, consideró una obligación regular el abuso de la subcontratación. Detalló que, aunque no tiene dudas de que hay empresarios que cumplen con la ley, hay quienes han abusado y de esta figura jurídica, convirtiéndola en “una mina de negocios particulares, evadiendo al Fisco y lastimando al trabajador”. ​

​También, el legislador confirmó la visita de senadores a la Corte el 12 de febrero a las 11:00 de la mañana. Reiteró que la reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de un gesto de cortesía política. ​

​Detalló que en la reunión conocerán el contenido de las propuestas de reformas en materia de justicia, sin embargo, dijo que recibir la propuesta de reforma de la Corte no implica que vaya a salir tal cual. “El Senado va a enriquecerla, va a mejorarla, va a ampliarla o va a adicionar temas. Es un punto de partida”, asentó. ​

​Informó que al encuentro acudirán los integrantes de la Comisión de Justicia, así como las presidencias de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios. ​

El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el Consejo de Europa, en el ámbito de su Asamblea Parlamentaria, analizaron la crisis migratoria que enfrentan 70 mil niños migrantes en centros de detención de Estados Unidos, la mayoría originarios del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica.

Lo anterior, se llevó a cabo en reunión del Comité sobre Migración, Refugiados y Personas Desplazadas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia. 

En su participación, el senador Vasconcelos destacó que se ha profundizado la crisis de menores migrantes en Estados Unidos. “Así lo demuestra el incremento de los niños detenidos en ese país que, según cifras oficiales, ascendió en un año a cerca de 70 mil”. 

Paralelamente, agregó, aumentó la duración del periodo de detención de los infantes, en algunos casos, hasta por ocho meses. Refirió que distintas investigaciones apuntan que esta situación provocó en los menores severos daños psicológicos, particularmente por la separación de sus familias, que es parte de la política migratoria estadounidense.

“Tal situación es claramente inaceptable. Lo es por razones de humanidad. Pero lo es, igualmente, porque implica una flagrante violación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos del niño”, subrayó el legislador ante parlamentarios de 47 países de Europa. 

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior de los infantes, en consecuencia, la privación de su libertad sólo procederá como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. 

Aunado a ello, el Estudio Mundial sobre Niños Privados de Libertad de 2014, asevera que la privación de libertad de niños, por razones puramente relacionadas con la migración, no puede considerarse en ningún caso como medida de último recurso, ni menos en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todas las circunstancias.

Héctor Vasconcelos reconoció que México no es ajeno a la problemática de los niños y adolescentes migrantes. En 2019, recordó, fueron presentados ante las autoridades migratorias más de 53 mil menores, de los cuales, 7 mil eran no acompañados.

Dejó en claro que en todo momento se han realizado los esfuerzos por brindarles atención, conforme a los estándares previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con tal propósito se utiliza el llamado Fondo México, como instrumento financiero para la cooperación con Centroamérica y El Caribe, destinándose 60 millones de pesos para mejorar la infraestructura en las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración y los albergues pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), resaltó. 

Además, dijo, la Organización Internacional para las Migraciones aprobó más de tres millones de dólares para el equipamiento y mejora de albergues en la frontera norte. En tanto, la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana ha previsto 200 mil euros para similares propósitos en la frontera sur. 

Con el objetivo de atender médicamente a los infantes, en los puntos migratorios de mayor afluencia se realizan semanas de salud que constan de campañas de vacunación, medidas preventivas y consultas generales, explicó ante los parlamentarios europeos. 

A dichas acciones, abundó, se suma el “Modelo de Cuidados Alternativos para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados en México”, que emprendieron de forma conjunta el DIF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que de manera paulatina abrirán nuevas posibilidades de integración a esa población en todo el territorio del país.

“No ignoramos que, debido al elevado número de migrantes que arriba a nuestro país y a la limitación de recursos propia de una nación de desarrollo medio, con altos niveles de pobreza y marginación, en ocasiones, parecen desbordados los albergues y las estaciones migratorias y que, en ellos, las condiciones de estancia no son las más adecuadas”, reconoció el senador Héctor Vasconcelos al referirse al informe anual de Human Rights Watch.

Sin embargo, acotó, “el gobierno mexicano se esfuerza, hasta el máximo de sus capacidades, para garantizar a los migrantes, no solo a los menores, el pleno respeto de sus derechos humanos. Los legisladores velaremos por el efectivo cumplimiento de ese compromiso”.

Llamó a las naciones europeas a sumarse e invertir en el Plan de Desarrollo Integral para los Países del Triángulo del Norte, desarrollado por México y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, con el objetivo de atender las causas que provocan la migración forzada. 

Dicho plan, expuso, cuenta ya con el apoyo de 16 agencias de la ONU y con el respaldo de 35 países, denominados cooperantes internacionales, así como de cinco agencias de cooperación y ocho organismos intergubernamentales. 

“Ojalá, señores parlamentarios, puedan contribuir a que sus respectivos gobiernos, si no lo han hecho, se sumen a este esfuerzo de cooperación orientado a lograr, en América del Norte y Central, una migración ordenada, segura y regular”, concluyó.

El senador Héctor Vasconcelos hizo la denuncia de la grave crisis humanitaria de los niños migrantes en la Asamblea Parlamentaria del pasado 27 de junio de 2019. En septiembre del mismo año, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano exhortó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo para que manifestara la preocupación europea frente a dicha situación y se estableciera un espacio de diálogo para intercambiar experiencias en torno al fenómeno migratorio.

Durante los trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el coordinador senador Ricardo Monreal, dio la bienvenida a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer Varela; así como a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y a Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).​
Ante ellos, Sánchez Cordero planteó a los senadores morenistas analizar, discutir y, en su caso, aprobar los siguientes temas de Agenda Legislativa en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.​
La Ley de Amnistía; el outsourcing, para que la subcontratación laboral se apegue a un estricto respeto de los derechos laborales; la reforma en materia penal para expedir el Código Penal Nacional; que la Fiscalía General de la República atraiga los delitos cometidos por policías o funcionarios de seguridad en el ámbito estatal y municipal; prisión preventiva no oficiosa en caso de reincidentes y fortalecer, consolidar y perfeccionar el Sistema Penal Adversarial.​
“En esto estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para entregar al Congreso de la Unión, tanto propuestas como documentos de trabajo, insisto; o, en su caso, como iniciativas, tal como lo hicimos en el tema de la Guardia Nacional”, precisó la titular de Gobernación.​
Luego, sugirió a las y los senadores de Morena, reforzar la comunicación para que la colaboración sea más fructífera, con el fin de que el Gobierno Federal y los Grupos Parlamentarios del partido mayoritario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, entreguen más y mejores resultados al país.​
 
Reiteró que cada legislador está en su derecho constitucional y legal de presentar las iniciativas de reforma o de nuevas leyes que a su criterio decida, “como yo misma lo hice. Este derecho nos merece en la Secretaría de Gobernación el mayor respeto, lo que no está reñido con una consideración que ayer expresé a nuestros diputados y diputadas y hoy comparto con ustedes.​
Como grupo parlamentario mayoritario de ambas Cámaras, tienen una responsabilidad diferente, que debe manifestarse en la existencia de orden y concierto en la presentación de las iniciativas, con el mayor respeto, indicó. ​
Ante las y los senadores de Morena, dijo: “Sin menoscabo al derecho de presentar estas iniciativas, sugiero respetuosamente que, antes de hacerlo, lo informen a la coordinación del grupo parlamentario y luego esa información sea compartida con nosotros, a fin de mantener no sólo un orden temático y de agenda legislativa, sino también la coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado”.​
La responsable de la política interna señaló: “Permítanme usar la analogía: somos parte de la misma orquesta, la de la Cuarta Transformación que conduce el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si queremos que nuestro concierto sea aplaudido por la sociedad, sigamos un orden y una partitura común. La coordinación de acciones entre ustedes y el gobierno debe corresponder a nuestra comunidad de visiones y objetivos. Eso es lo que sugiero muy respetuosamente”.​
 
 
En el cierre del primer día de trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, avaló el empeño mostrado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la difícil tarea de la procuración de justicia.​
El senador indicó que la reunión con Gertz Manero es para establecer una colaboración estrecha entre poderes. Además, señaló que buscan revisar el estado jurídico del organismo y la necesidad legislativa en la que se encuentra para enfrentar con éxito el crimen, la inseguridad y la violencia en el país.​
Monreal Ávila calificó al Fiscal como “un hombre serio, republicano y prudente que ha cuidado la autonomía por encima de todo”.​
Aseguró que las y los legisladores morenistas lo avalan y respetan, lo cual demostraron cuando decidieron respaldar su nombramiento en el Pleno. “Yo creo que a más de un año de distancia podemos ratificar que no nos equivocamos”, apuntó.​
En tanto, el titular de la FGR informó a los senadores de la fracción parlamentaria de Morena que en 2019 se logró reducir el índice de los delitos federales en 13 por ciento. Precisó que estos datos se han entregado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además el gobierno de la República los consideró válidos y “dignos de crédito”.​
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Subrayó que esta información se debe tomar en el contexto de que solamente siete por ciento de los delitos que se comenten en el país son de carácter federal. El otro 93 es de orden común. ​
Sin embargo, destacó que en ese siete por ciento, que le toca a la Fiscalía, “se logró tener esta situación que ha cambiado la dinámica y los resultados”. Explicó que esa disminución se obtuvo “por un criterio que ha sido muy positivo”.​
Recordó que se parte de un fenómeno delictivo de 33 millones de delitos al año, donde 99 por ciento de ellos quedan impunes.  ​
Gertz Manero Informó que el 70 por ciento de los crímenes que se cometen están vinculados con el robo de cantidades muy modestas. “El impacto más brutal de la inseguridad lo sufren los que menos se pueden defender”, aseguró.​
Detalló que en México se cometen 33 millones de delitos al año y el 99 por ciento quedan impunes, el 90 por ciento se tratan de crímenes de poco daño económico, pero de un gran daño social y personal.​
 
Debido a esto, el fiscal subrayó la importancia de contar con una ley que prevenga y contenga el delito antes de que comience a crecer y se haga inmanejable; “que detenga el crimen antes de que las calles se conviertan en territorios sin gobernabilidad”, agregó.​
Agregó que es fundamental establecer una ley de justicia cívica y homologar los tipos penales. Aseguró que se debe comenzar por abajo y entender que el fenómeno delictivo surge en la esencia de la vida cotidiana.​
Dijo que históricamente la seguridad y la justicia han sido un instrumento de poder y no una obligación frente a la comunidad, por lo que se debe cambiar esa situación. “Nuestra prioridad debe ser con las víctimas”, sentenció.​
Abundó que la FGR realizó un diagnóstico del funcionamiento de la institución, donde se encontró que a nivel local las victimas sufren en todo el país, debido a la atención que se da a un denunciante o querellante cuando llegan ante el Ministerio Público. Es una situación que revictimiza a la mayor parte de quienes denuncian, lamentó. ​
Ante esta situación, dijo que para la Fiscalía el primer interés era atender esa gran mayoría de denunciantes, que no tienen voz ni quien los defienda. Nos dedicamos a tratar de resolver este asunto y dar atención directa a la víctima, resaltó. ​
En este sentido, comentó, se hizo el mayor esfuerzo a través de un sistema de evaluación de resultados y un trabajo constante de vigilancia, creando una ventanilla única para que no hubiera distintos caminos para llegar a obtener algún procedimiento de carácter penal. ​
Insistió en que este cambio se debe a que en el momento, en que la procuración de justicia atiende realmente al denunciante, se reduce la impunidad. Es un resultado extraordinario, avalado por instituciones y sistemas de evaluación independientes a nosotros. Nos dicen que ese es el camino, expresó. ​
En su opinión, no se trata únicamente de atacar las partes las partes más sensibles de la corrupción al nivel más alto nivel, sino que fundamentalmente es la atención a las personas que diario van ante el Ministerio Público. ​
 
En otro tema, dijo que hay “atrasos enormes” que se dan en los procedimientos de carácter penal. Asuntos que deberían estar ya resueltos, pero por razones de otras instituciones no se cumplen los tiempos, no salen los peritajes ni se obtienen los resultados, por lo que hemos estado insistiendo en el cumplimiento. ​
Por ello, mencionó, en nuestras propuestas legislativas se busca que haya una responsabilidad muy clara de parte de instituciones y de personas morales que dependen del gobierno para que cumplan con la obligación constitucional de entregar los elementos constitutivos, como pruebas, peritajes y diligencias que son necesarias para poder hacer este trabajo. ​
Alejandro Gertz Manero consideró que otro aspecto es entender que el fenómeno delictivo no se hace a través de una estructura en la que se quiere imponer la importancia de los temas, sino la necesidad por el número de delitos. ​
También refirió que la administración anterior heredó una deuda de más de mil 400 millones de pesos; mientras que en la actualidad se redujo a la Fiscalía otros mil 800 millones para este año. ​
Sin embargo, dijo que no se ha creado algún problema que pueda detener su trabajo. Hemos hecho todo lo posible. Ya pagamos todo el déficit que nos heredaron y estamos ajustándonos y vamos a buscar hasta donde nos alcanza el presupuesto, expresó.​

Senadores, especialistas y autoridades en materia medio ambiental coincidieron en la urgencia de promover políticas sostenibles y eficientes en materia de economía circular para transitar de un modelo lineal, extraer-producir-desechar, hacia uno circular que no represente un costo, sino una oportunidad. 

El senador Primo Dothé Mata, de Morena, subrayó que la economía circular no solo es la creación de políticas ambientales, sino a la generación de conciencia de la sociedad para pasar a la cultura de no desperdicio y la reutilización de los recursos. 

Este modelo, señaló, depende del diseño del producto. El objetivo es prolongar la vida útil de una manera casi indefinida, reemplazando cada parte o componente a medida que se destruye o se vuelve obsoleta. 

La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez Arroyo, dijo que se requiere marcar la ruta de cómo debe ser este nuevo modelo, tomando en cuenta la participación de todas las industrias. 

Es necesario iniciar proyectos piloto que vayan más allá de una sola industria, que se aplique lo que se hace a nivel comunitario y explorar en distintas regiones del país, pues la economía circular debe ser una realidad paulatina, agregó. 

El especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Rodrigo Riquelme Benjerodt, aseguró que México está preparado para implementar, con mayor intensidad, las políticas de una economía circular. Hay muchas necesidades energéticas y ambientales que se pueden mitigar con dicho modelo, indicó. 

Refirió que el Banco está apoyando las iniciativas de organismos operadores de residuos sólidos, que pretenden aunar los intereses de municipios vecinos para que puedan en forma conjunta encargarse del problema que representa los residuos sólidos. 

El coordinador de proyectos estratégicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Juan Carlos Carrillo Fuentes, dijo que a la sociedad mexicana le urge transitar hacía una economía circular. “Tenemos que encontrar las ventajas y oportunidades de negocio que ofrece el modelo”. 

En su turno, Ramón Beltrán, presidente de la Cámara Nacional del Aluminio, opinó que con la propuesta de ley no se visualiza el tema de la economía circular de manera estratégica, global ni completa. 

“Partimos de que economía es un sistema de mercado. Atacar a la economía, empresas y empresarios se entendería como un error, desde el punto de vista de una nueva ley”, alertó. 

El director del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, Rafael Blanco Vargas, informó que el consumo mundial de plástico es de 350 millones de toneladas al año. Además, pidió que no se “satanice” al plástico, pues la restricción de su uso podría dejar sin trabajo a cerca de 150 mil personas. “La prohibición no es la solución”, aseguró. 

Indicó que con la economía circular, la industria del plástico se suma a la tarea de mejorar el medio ambiente, para esto, sostuvo, se debe invertir en un modelo de educación que enseñe el reciclaje; y en la creación de industrias de materiales biodegradables ya que en México no existe ninguna empresa de este tipo.

Durante el foro se analizó lo relativo a la viabilidad empresarial y estrategias para la adopción plena en México de sistemas de economía circular, así como la labor fundamental de los grupos de recicladores y su plena incorporación a este nuevo modelo.  

El foro “Economía Circular, una nueva forma de producir y consumir”, tuvo tres paneles: Rumbo a la Adopción de Sistemas de Economía Circular en México, moderado por el senador morenista Primo Dothé Mata; Construyendo un Modelo de Economía Circular para México, dirigido por la senadora Imelda Castro Castro, de Morena; y Prácticas Internacionales en Materia de Economía Circular, conducido por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM.

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