LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1731)

  • Aprueba dictamen para garantizar el uso público, libre y gratuito de estos espacios.

Con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos tengan libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas del país.

 

La reforma amplía 10 metros la delimitación actual de las playas marítimas, a partir de la parte más alta de la marea (pleamar), pues se considera que esta medida es la adecuada para garantizar el uso público de estos espacios.

 

El dictamen advierte que a pesar de que el sistema jurídico determina que las playas son públicas, de libre acceso y uso gratuito, en la realidad este ha sido un derecho coartado a los ciudadanos.

 

El proyecto define a las playas marítimas como las partes de tierra, arena, acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma que por virtud de la marea cubre y descubre el mar, “más una faja de diez metros de ancho de tierra adentro”.

 

Área que será de uso público, con acceso libre y franco a ésta y al mar, por lo que no se puede obstaculizar o prohibir el paso, ni ser utilizada como propiedad privada.

 

Asimismo, se establece que los 10 metros que se contemplan para las playas, también aplique para los lagos, lagunas y esteros. Porque también ahí surgen los mismos problemas.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, expresó que con estas reformas busca devolver a las y los mexicanos su capacidad de hacer valer la soberanía sobre las playas del país.

 

Por su parte, el senador José Luis Pech Várguez expresó que estas modificaciones representan un acto de justicia para quienes habitan México, “para decirle adiós a las playas privadas”.

 

En tanto, Ruth López Hernández, senadora de Movimiento Ciudadano, destacó que la propuesta responde a la exigencia ciudadana para que el acceso a las playas no pueda ser restringido ni obstaculizado y, en caso de continuar con actos de discriminación, los responsables sean sancionados.

 

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, refirió que el dictamen refuerza el derecho constitucional de todos los mexicanos de hacer uso libre de todas las playas, con lo cual se asienta que no habrá cobro para su acceso, no se prohíbe el disfrute de esas áreas y tampoco se considerarán como propiedades privadas.

 

La senadora Laura Susana Martínez Cárdenas, del PAN, informó que la ampliación contempla un recorte del 50 por ciento del terreno de la Zona Federal Marítimo Terrestre, lo cual podría causar daños al medio ambiente y al turismo, ya que los municipios que cuentan con concesiones en estas áreas utilizan los recursos para la conservación del ecosistema.

 

Posteriormente, la senadora Martínez Cárdenas presentó una reserva, misma que fue rechazada por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó aprobado en sus términos.

 

Luego de su aprobación, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, fue enviado a la Cámara de Diputados.

  • Con la persecución de estos ilícitos, se envía una señal contundente para que estos atentados hacia la infancia se eliminen.

El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, una reforma al Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar, sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. 

Con ello, los agresores serán investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos después de haber sido violentadas. 

El dictamen, que se aprobó con 117 votos, establece que los delitos que deben ser catalogados como imprescriptibles, por la gravedad hacía las personas afectadas son la distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, así como el acoso sexual de menores de edad.

 

Además, el lenocinio, la pederastia, el abuso sexual, tener cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaños, así como la violación equiparada a personas de este rango de edad, que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el con el proyecto se busca terminar con décadas de impunidad en contra de menores que no sólo han padecido este tipo de abusos deleznables, sino que también enfrentan secuelas psicológicas en todo su círculo familiar.

 

Varios países insisten en esta reforma para evitar que el encubrimiento de los delitos deje a la víctima en total indefensión, por lo que en el Congreso mexicano “nos estamos adelantando” a esta legislación.

 

“El paso que estamos dando -dijo- es de los más relevantes que esta Legislatura haya dado en las últimas décadas”, por eso la mayoría pugna para que la reforma sea una realidad y se aplique de inmediato contra los agresores.

 

Su compañero de bancada, Martí Batres Guadarrama, enfatizó que con ello se envía una señal contundente para que estas conductas contra la infancia sean sancionadas en cualquier momento y sin importar la clase social o cualquier otra condición.

 

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, sostuvo que esta reforma marca un antes y un después en la vida de niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, pues se les reconoce como sujetos de derechos. Ahora, advirtió, ni un agresor sexual con sotana, cargo público y fuero tendrá descanso, ni mucho menos, impunidad.

 

Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que se trata de un gran paso para combatir esta problemática. Destacó que a pesar de las diferencias políticas que existen en el Senado, se pueden llegar a acuerdos como éste, por el bien de las familias y sociedad mexicanas.

 

En tanto, Marco Trejo Pureco, del PRD, hizo un llamao a precisar la figura de imprescriptibilidad para que esta se sea usada para los objetivos del proyecto y no se utilice de manera indiscriminada para tratar otros delitos.

 

La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, señaló como preocupante que México cuente con la mayor cantidad de abusos infantiles, por eso, llamó al Gobierno Federal a que combata las redes de trata, pornografía y el matrimonio infantil y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

El dictamen aprobado, en lo general y en lo particular, fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

  • Es urgente fomentar e impulsar una cultura sobre esta materia en las y los servidores públicos, considera Senado.

 

El Senado exhortó los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los de las entidades federativas, a fortalecer los programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a las y los servidores públicos.

 

En el dictamen aprobado en votación económica en la sesión de este día, se destaca que el personal de salud, Fuerzas Armadas, penitenciario y de procuración de justicia, debe contar con una capacitación constante en esta materia.

 

Agrega que, en los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, es urgente fomentar e impulsar una cultura de respeto a los derechos fundamentales.

 

La educación en este sentido, asentaron senadoras y senadores, promueve valores, creencias y actitudes que alientan a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás, con lo que se genera conciencia, empatía y responsabilidad.

 

Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de promover dentro de sus instituciones, una educación continua en la materia.

 

Además, destacaron que, en diciembre de 2004, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, avaló el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, cuyo fin es respetar la dignidad de todas las personas a través de la educación continua sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

  • Con estas conductas se estima que la economía nacional pierde alrededor de 754 mil millones de pesos anuales.

La Cámara de Senadores hizo un llamado a diversas dependencias federales para que fortalezcan las acciones para prevenir, investigar y sancionar la compra y venta de animales exóticos en redes sociales y establecimientos que no cuentan con los permisos.

 

El exhorto está dirigido a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa; de Marina; así como a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional.

 

Dado que México posee una ubicación geográfica estratégica y una gran diversidad de flora y fauna, se ha convertido en una zona clave para este delito, con operaciones clandestinas anuales que se cree que rebasan los 635 millones de animales y plantas.

 

Se estima -se agrega en el dictamen aprobado- que el saqueo de especies protegidas se lleva a cabo principalmente con aves canoras y de ornato; así como ejemplares de cactáceas, reptiles y monos.

 

Con estas conductas ilícitas, se estima que la economía nacional pierde alrededor de 754 mil millones de pesos anuales, lo que equivaldría al 10 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

 

Según la Organización Internacional de Policía Criminal, el comercio ilegal de flora y fauna constituye el tercer mayor comercio ilegal del mundo, sólo superado por las drogas y armas, con un costo que puede ascender hasta los 17 mil millones de dólares.

 

El documento también menciona que la persecución asociada al tráfico de vida silvestre lleva a los criminales a buscar nuevas formas de comprar y vender, a través de las redes sociales, por lo que el tráfico ilegal de especies va en aumento por el debilitamiento institucional y presupuestal que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

  • Dan paso a la discusión de las reservas presentadas al proyecto de decreto.


Con 65 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

 

Previamente, senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios emitieron sus opiniones respecto a esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, y que deriva de una iniciativa presidencial.

 

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energética, y al mismo tiempo, generará la libre competencia y concurrencia económica, además de que no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

 

Señaló que el contrabando de petroquímicos es una actividad que ha debilitado, año con año, al erario de la nación. “El mercado negro de combustible -acotó- impacta de manera sustantiva al mercado lícito”.

 

Monreal Ávila recordó que las llamadas reformas estructurales, aprobadas en 2013, “presentan las características de la prevaricación sistemática, generalizada y recurrente, por lo que es necesario que las autoridades competentes tengan la posibilidad de suspender permisos para garantizar los intereses de la nación y de terceros.

 

La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, de la misma fracción parlamentaria, dijo que la mayoría legislativa se ha propuesto terminar con la corrupción y la impunidad, por lo que el huachicoleo, en todas sus modalidades, es uno de sus principales objetivos. Por ello, afirmó, se busca dar marcha atrás a la reforma energética de Peña Nieto, pues otorgó contratos leoninos y repartió permisos sin restricciones.

 

Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, advirtió que con esta reforma estamos en la instauración de un régimen de discrecionalidad. Pemex, la empresa que hoy más dinero pierde en el mundo y es la más endeudada, no puede ser la que ahora pretenda resolver prácticas que van en contra de los mexicanos.

 

Su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz enfatizó que no está en contra de la regulación de la industria para erradicar el huachicoleo, contrabando y el mercado ilícito; sin embargo, no se puede aprobar la facultad de suspender permisos. Al contrario, consideró, se debe incentivar confianza para la inversión privada y no eliminar la competencia.

 

Al emitir un voto particular, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, dijo que la reforma transgrede el principio de no retroactividad de la ley y otorga ventajas competitivas a Petróleos Mexicanos, lo que violenta la libre competencia y acuerdos internacionales. Todo ello, advirtió, provocará que se incrementen los precios de la gasolina y los derivados del petróleo.

 

La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta de inconstitucional, pues la Carta Magna es muy clara al establecer un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Más allá de fortalecer a Pemex, alertó, se está en riesgo de justificar prácticas monopólicas.

 

Por el PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso manifestó que, con un control más estricto de la importación, transporte y almacenamiento de combustibles, se brinda a las autoridades mejores herramientas para limitar la participación de grupos criminales en estas prácticas, tan dañinas para la nación.

 

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, denunció que Pemex no ha podido incrementar la producción nacional de petróleo, mientras que la iniciativa privada si lo ha logrado, por lo que “dejar afuera al sector privado es un grave error para el país”. Esta propuesta, aseguró, es un retroceso, pues burocratizará y hará más ineficientes a los organismos públicos.

  • Dictamen a discusión busca garantizar la soberanía energética, así como combatir el comercio ilícito de combustibles.

El Pleno del Senado analiza el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad energética del país, así como combatir el comercio ilícito de combustibles y petrolíferos.

 

En sesión a distancia, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó el dictamen y advirtió que “los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura”.

 

Destacó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

 

Abreu Artiñano denunció que el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y sólo durante los años 2016, 2017 y 2018, las pérdidas alcanzaron 147 mil millones de pesos, cifra superior al presupuesto de varias entidades federativas.

 

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera señaló que el proyecto tiene como objetivo reivindicar el rol preponderante de Petróleos Mexicanos en el sector, como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional.

 

Dijo que mediante el combate frontal a las principales causas que han hecho que la transición de los últimos años impactara negativamente en la eficiencia y en la autosuficiencia energética del país, como lo son la corrupción pública y privada, el robo de combustible y el desabasto.

 

Por eso, agregó, coincidimos con la iniciativa de origen y con las valoraciones de la colegisladora, respecto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto de combustibles.

 

El dictamen señala que se busca reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

 

La minuta propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

 

Asimismo, plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.

 

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, también dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.

 

Otro de los objetivos, es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron. Para ello, se establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

 

El documento indica que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.

 

Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.

 

Además, eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

 

La reforma también elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

  • Participarán en la competencia internacional “Fuerzas Comando 2021”, en Colombia.

El Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal una solicitud de autorización para permitir la salida, fuera de los límites del país, de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes participaran en la competencia internacional “Fuerzas Comando 2021”, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Responde a una invitación de la Embajada de los Estados Unidos en México, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

El objetivo de la competencia, que se llevará a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, es fortalecer la cooperación regional y multinacional, la confianza mutua, así como mejorar la capacidad de las Fuerzas Especiales en sus tácticas, técnicas y procedimientos.

 

En el documento se destaca que la asistencia de las tropas nacionales fortalecerá la presencia e imagen de México en la comunidad internacional, con lo que se consolidan los lazos de amistad con Fuerzas Armadas de otros países y se promueven las relaciones militares, la interoperabilidad y mejora la seguridad regional.

 

Menciona que en 2015 y 2017, efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participaron en dicha competencia internacional.

 

De contar con la autorización, en la competencia participarán un Jefe, cuatro Oficiales y tres de Tropa, que integrarán el equipo representativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para un total de ocho participantes.

 

La solicitud de autorización fue remitida a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

 

En la sesión a distancia, también se informó que se recibió el Primer Informe Trimestral 2021 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, operados por la Secretaría de Economía y su sector coordinado, el cual fue turnado a la Comisión de Economía.

 

Además, el Senado recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en materia de derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

 

Esta minuta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Asamblea también quedó enterada de la comunicación que remitió el Congreso del estado de Querétaro, con el que da a conocer la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1° de mayo al 25 de septiembre de 2021.

  • El objetivo, conmemorar los sismos de 1985 y de 2017 y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida.

 

La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen a una minuta que establece que la Bandera Nacional deberá izarse a media asta el 19 de septiembre de cada año, con la finalidad de conmemorar los sismos de 1985 y 2017.

 

La reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que esta medida deberá aplicarse en todos los edificios, sede de las autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero.

 

Además, se aplicará en los edificios de las autoridades e instituciones que presten servicios educativos y médicos, así como en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos y en plazas públicas.

 

En el dictamen, senadoras y senadores destacaron que los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017 devastaron varios territorios del país y ocasionaron la muerte de miles de personas, además dejaron miles de hogares afectados y damnificados.

 

Por ello, se subraya, el objetivo es conmemorar estas tragedias y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida, así como recordar la solidaridad que se vivió en esos momentos en nuestro país.

 

En otro tema, la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó un exhorto dirigido al estado de Guerrero para que elabore y apruebe su legislación en materia de archivos, de conformidad a lo establecido en la Ley General de esta materia.

 

Los integrantes de este órgano legislativo consideraron que la armonización de las leyes locales en materia de archivos es fundamental para consolidar el Sistema Nacional de Archivos, pues ello permitirá asegurar la organización y administración homogénea de estos documentos en todo el país.

  • La senadora Josefina Vázquez Mota pide ofrecer también esperanza a menores y adolescentes de tener una familia.

 

La senadora Josefina Vázquez Mota hizo un llamado a derribar los mitos que existen en el tema de la adopción y brindar esperanza a niñas, niños y adolescentes que esperan formar parte de un hogar.

 

Advirtió que la pandemia y el crimen organizado son factores que influyen en el incremento de orfandad de los menores.

 

Aseguró que es fundamental derribar miedos y estereotipos que existen en torno a la adopción, a fin de establecer puentes que permitan construir nuevas familias.

 

Durante el foro “Adopción de niñas, niños y adolescentes y su derecho a vivir en familia”, celebrado a distancia, la legisladora expresó que existen miles de infantes en el país, que aguardan por años, para poder ser parte de una familia.

 

Refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente 30 mil menores de edad esperan ser adoptados.

 

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia destacó que en México hay cerca de 900 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, tanto públicos, como privados.

 

Más del 80 por ciento de los menores residentes en estos centros, precisó, pasan los seis años de edad, lo que presenta mayores dificultades para que encuentren un hogar, ya que los solicitantes, en su mayoría, quieren niños pequeños que crezcan con ellos.

 

Lamentablemente, manifestó la senadora, la realidad se recrudece cuando hay menos familias que tienen la disposición de adoptar a los adolescentes; por ello, es necesario derribar los mitos entorno de la adopción, “porque adoptar a un niño, niña o adolescente significa esperanza”.

 

Gaudencio Rodríguez Juárez, consultor de Unicef, afirmó que, en la región de América Latina y el Caribe, 240 mil menores de edad viven en centros de atención social y albergues públicos.

 

En dichos lugares, la frecuencia con que se presenta la violencia en contra de este sector es de seis veces más, mientras que la incidencia de violaciones sexuales se incrementa cuatro veces. La población menor a tres años es la más vulnerable.

 

Refirió que, de acuerdo con un Informe Especial de 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los albergues públicos falta personal especializado, no hay registro de supervisores, ni planes enfocados a salvaguardar los derechos de los infantes, además de que no existen lineamientos para su operación.

 

Las y los niños grandes, quienes padecen discapacidad, los adolescentes y los grupos de hermanos tienen más complicaciones para ser adoptados. Rodríguez Juárez urgió al Estado promover la adopción, así como proporcionar capacitación a los padres para que puedan consolidar el sano desarrollo de las familias.

 

En el foro se presentaron algunos testimonios de personas que enfrentaron problemas en la adopción. Cecilia Ortega pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que den prioridad a las necesidades de los adolescentes, otorgándoles acompañamiento psicoemocional y formativo para que su reintegración a la sociedad sea exitosa.

 

Las autoridades, agregó, deben poner mayor enfoque en los centros de asistencia social y asegurar que las personas encargadas de los mismos tengan experiencia y vocación para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

  • Suscriben convenio de colaboración para que este medio de comunicación legislativa proyecte 34 filmes

En el marco del 23 aniversario del Canal del Congreso, el Senado de la República, el Instituto de Cinematografía y la Cineteca Nacional, firmaron un convenio de colaboración para que este medio de comunicación legislativa incorpore 34 filmes de contenido social en su programación.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez; el titular de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, Cruz Pérez Cuellar; y la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, signaron el documento por parte del Senado de la República.


Por Canal del Congreso firmó su director, Eduardo Fernández; por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), su directora, María Novaro; y el director general de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo Rangel.


El acuerdo denominado “Cine en el Canal del Congreso. Una mirada con compromiso social”, cuenta con una selección cinematográfica, que tienen como enfoque principal una reflexión hacía las problemáticas cotidianas de los diversos sectores de la sociedad.


A través de los largometrajes y con la visión de grandes autores del cine mexicano, se pretende visibilizar las realidades a las que se enfrentan las diversas regiones del país, como el despojo de la tierra, migración, feminicidio, trata de personas y la lucha por una identidad.

El convenio incluye ocho películas de países del mundo, que exponen las condiciones humanas en diferentes contextos culturales y entornos sociales, políticos y económicos.

Al respecto, el senador Eduardo Ramírez expresó que la celebración de este convenio tiene como objetivo contribuir con el desarrollo de la sociedad y estrechar lazos de amistad y de unión con el séptimo arte.

 

A través de este convenio, destacó, se estará llegando a los hogares, no solamente con información legislativa o periodística, sino con un matiz de conciencia social, a través de documentales y películas que tienen una profunda reflexión de lo que ha sido México, América Latina y el mundo.


Son inspiradores, motivan a nutrirse de mucha información histórica, sociológica y reflejan el sentir de un momento o una etapa claramente definida de México a lo largo de la historia, agregó.

 

El presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cruz Pérez Cuellar, subrayó que este esfuerzo, que realizó el Senado, propone fortalecer la percepción que los ciudadanos tienen ante momentos clave de la historia nacional.

 

Comunicar las realidades sociales, precisó, a través de diferentes formatos, otorga a la ciudadanía una diversidad de perspectivas para robustecer los valores cívicos, humanos y sociales y, en suma, fortalece el espíritu democrático.

 

La presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, expresó que sin duda este proyecto es un esfuerzo importante de la Comisión Bicamaral, que permitirá al Canal del Congreso participar en la difusión cultural de obras cinematográficas.

 

Llevar el cine al Canal del Congreso le permite a este Poder público democratizar los medios de que dispone, ya que es un medio para conocer expresiones culturales de muchas latitudes, puntualizó.

 

En su oportunidad, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), María Novaro, dijo que es una tarea urgente que el cine mexicano encuentre su lugar en los medios públicos. Sobre todo, expresó, del cine contemporáneo.

 

Refirió que 2019 fue el año de mayor producción cinematográfica del país, en toda su historia, superando por mucho, las cifras de la propia “época de oro del cine mexicano” que parecía, dijo, que nunca se iban a alcanzar.

 

Finalmente, Alejandro Pelayo Rangel, director general de la Cineteca Nacional, celebró que el Canal del Congreso muestre cine mexicano e internacional de altísima calidad, proyectando películas que han triunfado en festivales internacionales.

 

Lo más importante, asentó, es que la televisión pública abra espacios a las personas que no quieren ver películas comerciales sino tener otras alternativas culturales. “Es una mirada a través del Canal del Congreso con compromiso social con México y con lo que pasa en el mundo”, apuntó.

 

  • La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático adelanta que al inicio de la próxima semana se abordará el dictamen.

 

En el tercer y último taller legislativo “Hacia una regulación federal en materia de plásticos desechables”, la senadora Esthela Villarreal Zavala afirmó que en el Senado “estamos en la recta final del dictamen”, que permitirá que envases y embalajes se reciclen para que no se conviertan en basura en las calles.

 

Recordó que se han realizado reuniones, talleres y foros en los que se ha escuchado a todos los sectores interesados, así como a especialistas. Ahora, con toda esa información científica, “nos toca a los legisladores tomar decisiones”.

 

Adelantó que, para el próximo lunes, están convocadas las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de Estudios Legislativos, para abordar el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones en materia de plásticos y residuos sólidos urbanos.

 

Buscamos, apuntó, una regulación que fortalezca el tema de economía circular, donde se eliminen los plásticos de un solo uso, y en la que la Federación, estados, municipios, ciudadanía e industria tengan responsabilidades específicas.

 

“Vamos por una regulación que permita que, en algunos años, todos los productos plásticos como envases y embalajes, se reciclen, regresen a la economía circular y no se conviertan en basura en las calles”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

Dijo que el Senado tiene el objetivo de construir una reforma integral que recupere la visión de los distintos sectores de la sociedad e incluya temas como la economía circular, la responsabilidad extendida del productor, esquemas específicos de reciclaje, procesamiento y prohibiciones, así como el rediseño de las formas en que se producen los plásticos.

 

En el último taller legislativo, organizado por el Congreso de la Unión y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, oficina México, los participantes reafirmaron la importancia de eliminar a largo plazo la basura plástica y micro plásticos en mares y océanos.

 

Roberto Rubio Montejo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, manifestó que este ejercicio de Parlamento Abierto nos coloca en un escenario óptimo para emitir una regulación nacional que atenúe la contaminación generada por estos productos.

 

Ignacio Sánchez Díaz, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirmó que para implementar una economía circular se debe trabajar de manera sistémica, en principio con los sectores relacionados con los plásticos, electrónicos, alimentos, agricultura, la construcción y el turismo.

 

María Alejandra Fernández, consultora regional en Economía Circular, Basura Marina y Plásticos, de dicho Programa, advirtió que para el 2040, el volumen anual de plástico que llegará al Océano se va a triplicar, pues pasará de 11 a 29 millones de toneladas, por lo que para el 2050, advirtió, podría haber más plásticos que peces en el mar.

 

  • Presentan el libro: Sociedad y Gobierno. Cultura ciudadana, contrapeso político; Señala el senador Eduardo Ramírez que los nuevos mecanismos de democracia participativa fortalecen a las instituciones.

En la presentación del libro “Sociedad y Gobierno. Cultura ciudadana, contrapeso político”, senadores de la República coincidieron en que la democracia participativa y la construcción de ciudadanía son fundamentales para reivindicar a la política y lograr un mejor desarrollo para el país.

 

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, consideró que esta obra es una aportación para construir ciudadanía, desde la academia, la política y el gobierno.

 

El legislador señaló que hoy las nuevas técnicas y mecanismos de participación, permiten fortalecer a las instituciones del país. Recordó que el gobierno y los ciudadanos son las dos columnas que dan origen al Estado de Derecho.

 

Precisó que la democracia participativa no es solamente un proceso electoral, sino también el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos de su comunidad o localidad. La ciudadanía, agregó, se construye todos los días.

 

El autor del libro, el diputado federal Carlos Alberto Morales Vázquez manifestó que el binomio gobierno-ciudadanía debe ser el eje fundamental para el desarrollo de un país, por lo que es indispensable sostener y promover la democracia participativa.

 

Dijo que la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos de la nación ayudará a tener un desarrollo sostenible, justicia, gobernabilidad y bienestar. Además, añadió, es fundamental para alcanzar una política con un sentido más humano. En este sentido, consideró que no se puede permitir que la apatía y la indiferencia reinen en la vida social.

 

Para el legislador, la ciudadanía es el activo más importante, pues es quien ejerce la política y la forma de gobierno. Los ciudadanos deben pasar del hartazgo a la acción, de la división a la unión, de la depresión social al empoderamiento y la esperanza, apuntó.

 

La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, destacó que el texto revindica al movimiento feminista como un contrapeso importante, el cual interpela a todas y todos los actores políticos. “Desde mi perspectiva, se trazan las coordenadas para una agenda progresista”.

 

La legisladora afirmó que este documento ofrece diversos aportes para el desarrollo urbano con una visión sostenible, metropolitana y de justicia social. El autor, puntualizó, plantea que el camino para lograr la plena gobernanza es a través de la participación ciudadana.

 

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria indicó que debemos encontrar la forma de resignificar la política para hacer frente al hartazgo social y al desprestigio sobre las y los actores políticos. Subrayó que es indispensable fortalecer la construcción de ciudadanía y restablecer el tejido social.

  • La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social pide fomentar la cultura de la denuncia de este tipo de agresiones.

La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, que preside la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, aprobó un dictamen para exhortar a las instancias federales correspondientes a llevar a cabo campañas para prevenir y concientizar sobre la violencia hacia las personas adultas mayores.

 

Senadoras y senadores consideraron que esta tarea debe ser realizada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Gobernación y sus homologas en las entidades federativas, quienes deberán informar, orientar y sensibilizar a la población sobre el valor y respeto a los derechos de este sector de la población.

 

Al mismo tiempo, señalaron, se tiene que fomentar la cultura de la denuncia de este tipo de agresiones, así como los efectos negativos en la sociedad.

 

Otro de los dictámenes aprobados en la Comisión, busca exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del ámbito federal y del estado de Morelos, a que vigilen los servicios que ofrecen los albergues enfocados a atender a las y los adultos mayores.

 

Dichas instituciones tienen atribuciones para prestar servicios de asistencia social a este sector de la población, así como dar seguimiento a los establecimientos donde se ofrecen tales servicios, pero, consideraron los legisladores, la responsabilidad directa en la entidad recae en el DIF estatal y la Secretaría de Salud de Morelos.

 

En otro resolutivo aprobado, la Comisión pretende que las entidades de asistencia social aseguren la protección de grupos sociales vulnerables durante la pandemia.

 

Los integrantes de este órgano legislativo destacaron que el escenario social por el que atravesamos hace particularmente vulnerables a grupos específicos como las personas adultas mayores, por ello, se deben mantener los programas de apoyo alimentario y extremar la protección de este sector de la población.

 

Además, aprobaron dos dictámenes enfocados a la población con discapacidad: uno para solicitar al Ejecutivo Federal que nombre al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

 

Y uno más, para exhortar a los congresos de las 32 entidades federativas a armonizar sus leyes, a fin de que se respeten los derechos y la independencia de quienes integran ese sector, y evitar que la tutela sirva para imponer la voluntad del tutor de una persona con discapacidad.

  • Susana Harp presenta proyecto para fomentar el consumo de este producto, que podría disminuir el sobrepeso y la desnutrición infantil.

Debido a que el amaranto es un alimento con propiedades nutricionales, benéficas para la salud de la población, la senadora Susana Harp Iturribarría propuso reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para considerar a este producto como básico y estratégico.

 

La legisladora de Morena explicó que su iniciativa armoniza este ordenamiento con el artículo cuarto de la Constitución, en materia de Derecho a la Alimentación Nutritiva, Suficiente y de Calidad.

 

Refirió que el amaranto cumple con los requisitos de nutrición, podría contribuir a disminuir el sobrepeso de la población y la desnutrición infantil, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y más proteínas que el trigo y la leche.

 

Este alimento, añadió, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a las personas con parálisis cerebral, mejora la talla y peso de niños y niñas con desnutrición, reduce la grasa corporal y el riesgo de enfermedades crónicas en adultos.

 

Susana Harp explicó que la semilla es nativa de Mesoamérica y que antes de la llegada de los españoles se cultivaba como parte de la canasta básica junto con el maíz y el frijol, pero fue prohibida por considerar su consumo “contrario al catolicismo”.

 

No obstante, el amaranto ha sobrevivido y en México actualmente se cuenta con una gran variedad de la planta, cultivada en distintos estados, destacó.

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos Segunda.

  • Podrían causar efectos mortales para quienes los consuman, advierte Miguel Ángel Mancera.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso sancionar la publicidad de los denominados productos milagro, pues no son medicamentos y tampoco cuentan con el respaldo científico que garantice su efectividad, por lo que podrían causar efectos mortales para quienes los consumen.

 

Subrayó que, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, durante el año que lleva activa la pandemia por Covid-19, aumentó 40 por ciento la promoción de productos milagro en redes sociales y otros medios.

 

Consideró fundamental prohibir la publicidad de remedios herbolarios, suplementos alimenticios, estimulantes o productos cosméticos, cuya eficacia no sea comprobada científicamente, y se les atribuyan cualidades preventivas, terapéuticas o curativas, sin que sean medicamentos y no cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.

 

Precisó que la reforma plantea que la autoridad sanitaria competente sancione con una multa de cinco mil 500 y hasta 65 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a la persona física o moral que infrinja esta disposición.

 

Mancera Espinosa planteó que cuando la infracción sea cometida por un servidor o servidora pública, se le inhabilite de dos a cuatro años en el desempeño de empleo, cargo o comisión, en el servicio público.

 

El proyecto, fue turnado a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

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