LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (993)

  • En espera, la iniciativa del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del instituto regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

El Senado de la República alista en comisiones la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Buscan enriquecer el dictamen con las propuestas y sugerencias de todos los Grupos Parlamentarios.

 

El dictamen describe la extinción de dominio como la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.

 

Se aplicará para hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

 

La extinción de dominio se ejercerá mediante una sentencia dictada por un juez. Para dichos efectos, el Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas contarán con juzgados especializados en la materia.

 

Adicionalmente, propone la creación de un Fondo Federal que lleve a cabo la labor de administrar, rehabilitar, aprovechar y monetizar los bienes sujetos, que serán destinados a programas sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargados del análisis del anteproyecto de dictamen, se declararon en sesión permanente, pues están a la espera de recibir una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del órgano regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que sustituirá al Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes, propuesto originalmente.

 

Dicho instituto realizará las funciones que actualmente tiene el Servicio de Administración y Enajenamiento de Bienes.

 

El anteproyecto sobre el que trabajan senadoras y senadores busca expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y la de Concursos Mercantiles.

  • Presentan el libro “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niñas y Niños”.

Nuestra Carta Magna es el pilar que permite la sana convivencia y resulta factor fundamental para el bienestar de todas y todos, pues representa la consciencia del pueblo mexicano, afirmó el senador Napoleón Gómez Urrutia, durante la presentación del libro “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niñas y Niños”, del autor Ricardo Velázquez Cruz.

 

En el libro que hoy presentamos, los involucrados buscamos poner nuestro granito de arena para la educación en México, acercando a las niñas y niños al conocimiento de sus derechos y obligaciones como mexicanos, esperando que esto genere interés en los padres y madres de los pequeños, y puedan descubrir juntos el significado que esconde cada uno de los artículos de nuestra ley fundamental, explicó el legislador.

 

Con motivo del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, destacó la importancia de saber lo que mandata el texto constitucional y consideró que no hay mejor etapa para inculcar su conocimiento que desde la niñez.

 

En su intervención, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que este texto es un magnifico ejercicio. Representa la posibilidad de que las niñas y niños entren a temas tan áridos como las leyes, de manera didáctica y entretenida. Es absolutamente recomendable su lectura, para que los pequeños acompañados de sus padres accedan al conocimiento, sobre todo para conocer la ley más importante que tenemos en México.

 

El autor, Ricardo Velázquez Cruz, indicó que el objetivo de su obra es la divulgación de la Constitución a niñas y niños, desde el inicio de su formación cívica como parte de su aprendizaje, además de fomentar la cultura de la legalidad en los futuros ciudadanos. Explicó que está acompañado de figuras animadas a colores para hacerlo atractivo, ameno y de fácil comprensión.

 

Al reseñar el contenido e interactuar con los menores, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dijo que el libro es un buen ejercicio de acercamiento entre padres e hijos, en una interacción que hará más accesible el conocimiento de la Carta Magna.

           Por Nancy Rodríguez

  • Realizarán su labor bajo contrato por escrito; prohibido, contratar menores de 15 años.
  • Contarán con vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, aguinaldo y acceso obligatorio a la seguridad social.

El Pleno del Senado de la República aprobó en sus términos, por 117 votos en favor y cero en contra, las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal. 

Los legisladores afirmaron que las adecuaciones fortalecen el contenido de la regulación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, sin que ello modifique la esencia o la naturaleza de lo que se pretende regular con la ley. 

El dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera, reconoció que las modificaciones mejoran las condiciones laborales, ante escenarios de precariedad y vulnerabilidad de derechos.

Cabe recordar que el Senado sólo deliberó sobre las modificaciones referidas a la Ley Federal del Trabajo, ya que la Cámara de Diputados no realizó cambios a la Ley del Seguro Social.

Las adecuaciones hechas por la colegisladora son: En el artículo 331 Bis, se suprimió la prohibición para contratar a adolescentes que presten sus servicios a una sola persona empleadora y resida en el mismo domicilio. Se anexó que en dichos casos se deberá garantizar que el espacio donde pernocte sea seguro.

En el artículo 331 Ter, se suprimió que la obligación del empleador para registrar ante la autoridad laboral competente, el contrato que celebrara con la persona trabajadora del hogar. Se añadió que si la persona empleadora requiere que la trabajadora del hogar utilice uniforme, el costo del mismo quedará a cargo del empleador. 

En el artículo 335, se quitó la disposición que establecía que el pago realizado a las personas trabajadoras del hogar, en ningún caso podría ser menor a dos salarios mínimos. En el artículo 542, se suprimió la inspección de trabajo en los hogares. Tal disposición sólo quedó para empresas y establecimientos. 

En Diputados fueron modificados los artículos Segundo y Tercero Transitorios para referir el cumplimiento a la resolución del Amparo Directo 9/2018 (vinculado con el Amparo Directo 8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con la implementación del programa piloto para asegurar a trabajadoras del hogar al IMSS, mismo que inició el pasado 1 de abril. 

También se establece que el IMSS deberá compartir con el Legislativo un informe preliminar, una vez transcurridos 18 meses del referido programa, donde incluirá en términos generales los avances y problemáticas, mismas que servirán como base para las iniciativas legales.

Finalmente, la Cámara de Diputados suprimió el artículo Cuarto Transitorio relacionado con el establecimiento de protocolos de inspección correspondientes.

Los beneficios 

Previamente, el Senado de la República envió una minuta a la Cámara de Diputados con reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluían la prohibición para contratar a adolescentes menores de 15 años para el trabajo del hogar. 

De igual forma, que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos. Dicho documento se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de migrantes.

Las trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social y aguinaldo. 

Asimismo, quienes residan en el domicilio donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, y tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Se considerará despido injustificado todas aquellas contempladas en la ley, así como las que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y/o discriminación. 

En la Ley del Seguro Social se estableció que las personas trabajadoras del hogar son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al presentar el dictamen, señaló que con las modificaciones realizadas por la colegisladora no se afectan las determinaciones de fondo aprobadas por el Senado. 

Por el contrario, se consolida la posición de paridad, igualdad, justicia y dignidad para las mujeres del país, y coadyuva a terminar con la marginación y el racismo disfrazado que padeció este sector laboral, y que ha demandado por más de 60 años. 

Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, resaltó que 90 por ciento de las personas trabajadoras del hogar son mujeres. Dijo que el Senado salda una deuda histórica en la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar y contribuye a eliminar la discriminación en su contra. Es un acto de justicia social, económica y de género. Se avanza en el logro y garantía de derechos humanos de todas las personas en el país y aplica también a hombres, precisó.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, dijo que se trata de un cambio de paradigma en la protección laboral y social para las trabajadoras del hogar. Se hace un rediseño jurídico a fin de mejorar las condiciones laborales de este sector poblacional, refirió. 

Un acto de justicia 

Durante la ronda de posicionamientos, la senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, aseguró que este día debe ser recordado como el que reconoció el trabajo del hogar, como un acto digno que realizan muchas personas que a la fecha habían sido discriminadas, ignoradas y maltratadas. Hoy, agregó, este trabajo amerita obligaciones patronales reforzadas, como la celebración de un contrato, vacaciones, prestaciones y seguridad social.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz expuso que las modificaciones se consensaron con el gobierno para facilitar su implementación. Añadió que la ley es perfectible porque falta incorporar lo relativo al Infonavit, reformar la ley del IMSS y analizar los resultados de su programa piloto, pero lo aprobado es un gran avance. 

Al posicionar en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en favor, la senadora Nuvia Mayorga Delgado señaló que el dictamen es un acto de justicia para todas las trabajadoras del hogar, quienes históricamente estaban marginadas. Se pensaba que era un privilegio darles seguridad social, cuando es un derecho para ellas. “Un derecho como a cualquier otro trabajador que existe en nuestro país” afirmó.

En su participación, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, señaló que este acto de justicia social es resultado de tener cada vez más mujeres en los espacios de decisión. Indicó que aunque hay mucho por discutir, especialmente en materia de seguridad social, el dictamen encamina al país hacia la igualdad.

En su oportunidad, el senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, dijo que es necesario favorecer condiciones de igualdad laboral para las personas trabajadoras del hogar. Sus derechos deben ser reconocidos, ya que trabajan duro, siguen las reglas y a cambio sólo quieren que se les respeten sus derechos, dijo.

La senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, dijo que la aprobación de la reforma debe visualizarse como el inicio de una nueva política legislativa en la cual se analice cada sector laboral para evitar cualquier acto contrario al derecho laboral. Una, donde no haya cabida a regímenes especiales, excluyentes e injustos.

El senador Omar Obed Maceda Luna, del PRD, indicó la necesidad de modificar el dictamen para garantizar las condiciones adecuadas para aquellos menores de edad que sean contratados para labores del hogar. Señaló que en los artículos transitorios no se establece cuándo entrará en vigor la ley. Se deja un grave vacío legal, que se enmendaría a través de una demanda para que la autoridad judicial correspondiente resuelva lo conducente.

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, senadora del Partido Encuentro Social, expresó que con esta iniciativa se busca un cambio cultural sobre el trabajo doméstico para que las nuevas generaciones no repitan los patrones de explotación, maltrato y abuso al que son sometidas las personas que se dedican a esta actividad.

En la discusión en lo general participaron los senadores Ovidio Salvador Peralta Suárez (Morena), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Claudia Edith Anaya Mota (PRI). No se presentaron reservas ni adiciones al dictamen aprobado. 

         Por Nancy Rodríguez

  • Es una reforma profunda que cambiará las reglas para beneficio de las mujeres.

Por unanimidad, el Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México.

La reforma avalada con 120 votos consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes de la Unión.

Incluye el mismo esquema para los estados, así como para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y los municipios.

Se establece que la Suprema Corte de Justicia estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres, en los procesos para esos efectos.

En los artículos transitorios se señala que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar reformas en su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad.

De la misma manera, la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Sus autoridades deberán ser electas, nombradas o designadas, según corresponda, respetando el principio de paridad de género.

La modificación constitucional también incluye dicho principio en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, destacó que la reforma se alcanzó con un acuerdo histórico que se construyó con la pluralidad de las fuerzas políticas que conforman el Senado de la República.

La reforma, asentó el senador, incorpora el principio constitucional de paridad de género como eje rector para la integración de todos los órganos del Estado mexicano.

Dijo que en el artículo 41 de la Constitución se propone observar dicho principio en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los órganos autónomos.

Adicionalmente, para la postulación de sus candidaturas, se obliga a los partidos políticos a observar este precepto constitucional en las candidaturas al Poder Legislativo Federal y a los demás cargos de elección popular.

En tanto, el artículo 94 mandata que la ley que regule la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación incorpore la paridad de género para la integración de los órganos jurisdiccionales federales.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena dijo que a partir de la aprobación de este dictamen es necesario implementar políticas públicas, medidas y acciones que aseguren a todas las mujeres su participación política, con libertad, seguridad y las garantías de que no vivirán violencia.

Con la reforma se abandona el sistema de cuotas y entramos a la era paritaria de este país. Porque este principio no debe reconocerse y garantizarse con base en “sentenciazos”. Es nuestro derecho, no vamos a estar pidiendo que se judicialice el derecho a participar en la política del país, concluyó.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció la labor de las senadoras de todos los grupos parlamentarios. Asimismo, destacó el consenso y la voluntad política de todos los partidos para reconocer los derechos de las mujeres.

Además, dijo que este dictamen marcará una nueva etapa en la vida pública del país. Se trata de una reforma profunda que busca tener paridad en todos los niveles de gobierno. “Las reglas van a cambiar en beneficio de las mujeres”, puntualizó. 

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, su presidente Manuel Añorve Baños, indicó que hoy se da un paso en la dirección correcta para lograr una sociedad más igualitaria. Con esta reforma, dijo, se busca que la participación sea plena e igualitaria, avanzando así en el ejercicio de la ciudadanía y la plena realización de los derechos humanos de todas y todos.

El senador del PRI detalló que esta reforma pasará a formar parte de los grandes hitos de la historia del feminismo en México. “De esta pluralidad política representada por los grupos parlamentarios, como la lucha por el voto de la mujer en 1947 y 53, o las reformas electorales en esta materia de 2007 y 2014”. 

La senadora Sasil de León Villard, del PES, refirió que las mujeres han sido protagonistas de las grandes transformaciones políticas del país. Sin embargo han sido excluidas de las toma de decisiones y relegadas del ámbito público. Celebró la reforma constitucional porque permitirá alcanzar un mayor equilibrio en la representación política.

En su posicionamiento, Leonor Noyola Cervantes, del PRD, aseguró que la verdadera equidad se dará al eliminar la lucha entre hombres y mujeres, mediante la educación de las futuras generaciones. No hay sociedad democrática si persiste la desigualdad y la discriminación de la mujer, precisó. La reforma garantiza la paridad de género y la igualdad sustantiva en los poderes de la Unión, a nivel federal, estatal y municipal, así como en los órganos constitucionales autónomos.

Por el PVEM, Gabriela Benavides Cobos expresó que esta reforma evitará que las mujeres sean invisibilizadas, excluidas y utilizadas, sólo para adornar el discurso de la igualdad. Es un gran paso en el camino hacia la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones, destacó.

Para la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, con esta reforma las mujeres participarán en la toma de decisiones, sin simulación ni menosprecio. “Somos nosotras las que de alguna manera hemos transformado al país”, expresó.

La senadora Indira Kempis Martínez, de MC, destacó que la lucha de las mujeres se ha materializado en la paridad de género alcanzada en la actual LXIV Legislatura. El siguiente paso, señaló, es lograr la paridad sustantiva con la promoción de la equidad en los espacios de decisión de todos los órdenes de gobierno. Por estas razones, adelantó, su bancada votaría a favor del dictamen.

Del PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado se congratuló por la aprobación de la ley, porque ayudará a continuar derrumbando barreras que obstaculizan la participación y echar abajo estigmas hacia la mujer. A través de ésta, dijo, se busca corregir la realidad, combatir la violencia machista y de género que persiste en el país.

En su participación, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que el Senado está enviando un mensaje histórico, pues el dictamen busca erradicar la violencia de género para mejorar la vida de todas las mexicanas. Además, explicó que la visión de género no pretende imponer una mirada femenina, sino complementar la masculina. “Con este cambio el país será bien gobernado por hombres y mujeres”, subrayó.

La senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena, afirmó que se escribirá un capítulo más en la historia del constitucionalismo mexicano. En el dictamen, abundó, se reformarán 9 artículos constitucionales que representan la columna vertebral de la Carta Magna, y se sustituirán elementos de discriminación patriarcal. Estarán protegidos los derechos de todas las personas y garantizaremos una democracia paritaria.

En la discusión en lo general senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios fijaron sus posicionamientos a favor de la reforma.

Retiran todas las reservas 

Los Grupos Parlamentarios, en voz de sus coordinadores, Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Mauricio Kuri González, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera, del PRD, retiraron las reservas que tenían consideradas, con el propósito de abonar en el consenso de esta aprobación histórica para las mujeres.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama también retiró sus propuestas de modificación. En nombre del PVEM, el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hizo lo propio.

 

  • Es tendencia internacional, para fortalecer al Poder Legislativo; pero también es una necesidad por el proceso de transformación que vive nuestro país.

     

El senador Martí Batres Guadarrama presentará una iniciativa ante la Comisión Permanente para establecer un tercer periodo ordinario de sesiones, que abarque los meses de junio y julio de cada año.

 

Destacó que hay una tendencia internacional para ampliar los periodos ordinarios y fortalecer al Poder Legislativo. Ha ocurrido en países como Brasil, Guatemala, Argentina o Ecuador. Pero en México, acotó, también existe esta necesidad por el proceso de transformación jurídica que estamos viviendo.

 

El presidente de la Mesa Directiva explicó en conferencia de prensa que “estamos viviendo un proceso de transformación en el país”, que implica una gran cantidad de reformas legales y constitucionales, que deben ser atendidas por los legisladores.

 

Nada más por la reforma educativa, agregó Batres Guadarrama, “tendremos la necesidad de reformar diversas leyes secundarias en materia de educación y de convocar al Senado para que pueda designar a los miembros del órgano público que estará encargado del sistema de formación continua docente”.

 

Ahora mismo estamos en la discusión de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. “Por lo tanto, eso hace necesario hablar de la necesidad de un tercer periodo ordinario”.

 

El legislador dijo que su iniciativa pretende reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política, a fin que este tercer periodo ordinario de sesiones, inicie el primero de junio y concluya el 31 de julio de cada año.

  • En riesgo, la salud de la población; urge a la Profepa, Semarnat y STPS a evitar una nueva catástrofe ambiental de la empresa Grupo México

 

  • Productores del municipio señalan daños en varias comunidades en las que se cultiva durazno, frijol, maíz, cebada y trigo

 

El senador Napoleón Gómez Urrutia denunció que la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, propiedad de Grupo México, derramó desde hace unos días una gran cantidad de material tóxico sobre el río de la localidad, lo cual ocasiona severos daños a la agricultura y ganadería, además de que pone en grave riesgo la salud de la población.

 

Alertó que dicho derrame contiene reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y desemboca en los sembradíos frutales y demás cultivos de granos básicos, por lo que hizo un urgente llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y demás instancias locales, para que atiendan la situación y supervisen la zona, a fin de evitar una mayor catástrofe ambiental.

 

El también presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República dijo que recibió informes de parte de José Núñez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de que la empresa trata inútilmente de detener este derrame con maquinaria, cuando el daño ya es irreversible a la flora, la fauna, el agua y toda forma de vida.

 

Gómez Urrutia lamentó esta situación y pidió que se actúe de inmediato y no ocurra lo mismo que con el derrame del río Sonora, donde la mina Buenavista de Cobre, también de Grupo México, en agosto de 2014, ocasionó no sólo severos daños a la población, sino también al medio ambiente y a los mantos freáticos, que han sido irreversibles.

 

Productores de durazno de varias comunidades del municipio, como Rancho Cuatro Milpas, Las Carretas, San Antonio de Belén, San Francisco de las Flores, Providencia, San José, El Âlamo, San Juan del Terrero y Las Palmas, señalaron que este ha sido un problema desde 1980, pero no ha sido atendido, a pesar de que han hecho diversas denuncias y de que han sostenido reuniones con la minera.

 

Incluso, en una carta que envió al senador Gómez Urrutia, el representante del Sistema Producto Durazno del Estado de Zacatecas, Pedro Fraire Velásquez, acusó que Grupo México se ha hecho la desatendida como empresa socialmente responsable de cuidar el medio ambiente, y ha tratado de ocultar las afectaciones.

 

En el escrito señala que son varias las comunidades del municipio afectadas, entre estas Rancho Cuatro Milpas, Las Carretas, San Antonio de Belén, San Francisco de las Flores, Providencia, San José, El Âlamo, San Juan del Terrero, Las Palmas, San José de las Palmas, en las que se produce durazno de alta calidad, frijol, maíz, cebada y trigo, además de una intensa actividad ganadera.

 

Ø  La senadora Lucía Trasviña propone una iniciativa para modificar la Ley General de Partidos Políticos e impulsar a la juventud

La senadora del Grupo Parlamentario Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath propone una iniciativa para modificar los artículos 25 y 87 de la Ley General de Partidos Políticos con el fin impulsar la representatividad juvenil.

 

La iniciativa, también presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, tiene como principal objetivo la inclusión de jóvenes en las fórmulas de candidaturas, así como la obligación para las coaliciones de cumplir con la paridad de género en sus postulaciones, en los ámbitos local y federal.

 

En México actualmente los jóvenes representan el 31.4% de la población total, siendo muy similar la distribución entre mujeres y hombres, con un 50.6% y 49.4%, respectivamente.

 

Es necesario, expone la iniciativa, que dichos datos se reflejen en los puestos de elección popular, con la finalidad de incrementar la presencia de este sector no solamente respecto a los cargos de diputados federales y senadores donde se presentó un significativo avance en esta Legislatura, sino también en el orden local.

 

La senadora por Baja California Sur argumenta que miles de jóvenes no están vinculados con la vida pública, por lo que ellos mismos se han denominado jóvenes apolíticos, ante la falta de lugares estratégicos, pero sobre todo por la falta de representantes que defiendan sus intereses.

 

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), las cuales arrojan que en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4 % de la población. Entre estos, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones entre 15 y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años, razón por el cual, el Grupo Parlamentario de Morena reafirma su compromiso con la sociedad y se pronuncia categóricamente en favor de las y los jóvenes mexicanos.

 

Datos de la Asociación Civil Jóvenes en Movimiento reflejan que en 2015, de los cuatro mil 145 candidatos registrados que contendieron para una Diputación Federal; 754 eran menores de 30 años, es decir 18%. De ellos, solo 24 lograron tener un espacio en el Congreso de la Unión para representar la Legislatura LXIII que, del total de Diputados jóvenes, 13 fueron elegidos por mayoría relativa y 11 por representación proporcional.

 

Finalmente, Trasviña Waldenrath expresa la importancia de velar por una mayor representación juvenil y que sean los partidos políticos quienes, a partir de la obligación legal que se plantea en la presente iniciativa, desde sus estatutos, puedan garantizar un mayor dinamismo e inclusión juvenil en sus candidaturas a puesto de elección popular.

  • Los registros oficiales suman poco más de 40 mil personas desaparecidas, así como 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar.
  • El nuevo registro deberá evitar errores del pasado, como usar denuncias o investigaciones ministeriales como la unidad de conteo, en lugar del número de personas desaparecidas.

 

Para la creación del nuevo registro de personas desaparecidas será necesario cumplir con los criterios detallados por diversos organismos internacionales, entre los que destacan la interconectividad y la actualización en tiempo real y la cuantificación exhaustiva y adecuada de todas las personas desaparecidas, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

 

El estudio titulado “Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas”, elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Juan Manuel Rodríguez y la investigadora Susana Ramírezafirma que, al crear este nuevo registro, se deberá evitar repetir los errores del anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) como, por ejemplo, usar denuncias formales o investigaciones ministeriales como la unidad de observación o de conteo.

 

En ese sentido, la investigación apunta que la unidad de observación o de conteo deben ser las personas desaparecidas, como bien han señalado organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

 

Adicionalmente, el nuevo registro deberá reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales, ser actualizado de manera permanente, uniforme, exhaustiva e inmediata y generar datos confiables, se lee en el texto del Instituto.

 

El documento del IBD recuerda que el pasado 4 de abril, el Gobierno Federal presentó un Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el cual contempla la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el nombramiento de una nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la integración de comisiones locales de búsqueda, la elaboración de un protocolo en la materia, así como la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, entre otras acciones.

 

En el evento de reinstalación del SNB, se señaló que los registros oficiales ya sumaban más de 40 mil personas desaparecidas, así como 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, junto con cientos de fosas clandestinas localizadas.

 

Ante este escenario, de acuerdo con la investigación del IBD, la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada tiene todavía pendientes importantes, entre los que se encuentran: el mejoramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Conformación de un Banco Nacional de Datos Forenses, la integración de registros nacionales de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas clandestinas y de detenciones.

 

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4434

 
bibliodigitalibd.senado.gob.mx
El presente reporte presenta un balance sintético de las obligaciones, acciones y resultados del Estado mexicano en relación con el registro de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar puntos de referencia para la implementación del nuevo registro nacional, como parte del Sistema Nacional de Búsqueda, así como para futuras evaluaciones de la implementación de la Ley General en ...
  1. Se debe construir un Estado que lo privilegie y combata la opulencia: Bañuelos de la Torre

 

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, presentó un proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana, eje medular del gobierno actual.

 

En la exposición de motivos, la senadora indica que los gobiernos no deben ser opulentos ni despilfarradores: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

 

Además, señala que los servidores públicos son, ante todo, servidores del pueblo. La austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía: las y los mexicanos.

 

Explica que austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles su verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos de administraciones pasadas, derroches que atentan contra el principio de progresividad contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Dice que los gobiernos anteriores tuvieron una gran falta de sensibilidad con el pueblo mexicano empobrecido, pues olvidaron que deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población, de ahí la necesidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno

 

La iniciativa presentada busca que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez,  para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

 

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera.

Página 9 de 53