LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1308)

El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el Consejo de Europa, en el ámbito de su Asamblea Parlamentaria, analizaron la crisis migratoria que enfrentan 70 mil niños migrantes en centros de detención de Estados Unidos, la mayoría originarios del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica.

Lo anterior, se llevó a cabo en reunión del Comité sobre Migración, Refugiados y Personas Desplazadas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia. 

En su participación, el senador Vasconcelos destacó que se ha profundizado la crisis de menores migrantes en Estados Unidos. “Así lo demuestra el incremento de los niños detenidos en ese país que, según cifras oficiales, ascendió en un año a cerca de 70 mil”. 

Paralelamente, agregó, aumentó la duración del periodo de detención de los infantes, en algunos casos, hasta por ocho meses. Refirió que distintas investigaciones apuntan que esta situación provocó en los menores severos daños psicológicos, particularmente por la separación de sus familias, que es parte de la política migratoria estadounidense.

“Tal situación es claramente inaceptable. Lo es por razones de humanidad. Pero lo es, igualmente, porque implica una flagrante violación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos del niño”, subrayó el legislador ante parlamentarios de 47 países de Europa. 

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior de los infantes, en consecuencia, la privación de su libertad sólo procederá como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. 

Aunado a ello, el Estudio Mundial sobre Niños Privados de Libertad de 2014, asevera que la privación de libertad de niños, por razones puramente relacionadas con la migración, no puede considerarse en ningún caso como medida de último recurso, ni menos en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todas las circunstancias.

Héctor Vasconcelos reconoció que México no es ajeno a la problemática de los niños y adolescentes migrantes. En 2019, recordó, fueron presentados ante las autoridades migratorias más de 53 mil menores, de los cuales, 7 mil eran no acompañados.

Dejó en claro que en todo momento se han realizado los esfuerzos por brindarles atención, conforme a los estándares previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con tal propósito se utiliza el llamado Fondo México, como instrumento financiero para la cooperación con Centroamérica y El Caribe, destinándose 60 millones de pesos para mejorar la infraestructura en las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración y los albergues pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), resaltó. 

Además, dijo, la Organización Internacional para las Migraciones aprobó más de tres millones de dólares para el equipamiento y mejora de albergues en la frontera norte. En tanto, la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana ha previsto 200 mil euros para similares propósitos en la frontera sur. 

Con el objetivo de atender médicamente a los infantes, en los puntos migratorios de mayor afluencia se realizan semanas de salud que constan de campañas de vacunación, medidas preventivas y consultas generales, explicó ante los parlamentarios europeos. 

A dichas acciones, abundó, se suma el “Modelo de Cuidados Alternativos para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados en México”, que emprendieron de forma conjunta el DIF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que de manera paulatina abrirán nuevas posibilidades de integración a esa población en todo el territorio del país.

“No ignoramos que, debido al elevado número de migrantes que arriba a nuestro país y a la limitación de recursos propia de una nación de desarrollo medio, con altos niveles de pobreza y marginación, en ocasiones, parecen desbordados los albergues y las estaciones migratorias y que, en ellos, las condiciones de estancia no son las más adecuadas”, reconoció el senador Héctor Vasconcelos al referirse al informe anual de Human Rights Watch.

Sin embargo, acotó, “el gobierno mexicano se esfuerza, hasta el máximo de sus capacidades, para garantizar a los migrantes, no solo a los menores, el pleno respeto de sus derechos humanos. Los legisladores velaremos por el efectivo cumplimiento de ese compromiso”.

Llamó a las naciones europeas a sumarse e invertir en el Plan de Desarrollo Integral para los Países del Triángulo del Norte, desarrollado por México y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, con el objetivo de atender las causas que provocan la migración forzada. 

Dicho plan, expuso, cuenta ya con el apoyo de 16 agencias de la ONU y con el respaldo de 35 países, denominados cooperantes internacionales, así como de cinco agencias de cooperación y ocho organismos intergubernamentales. 

“Ojalá, señores parlamentarios, puedan contribuir a que sus respectivos gobiernos, si no lo han hecho, se sumen a este esfuerzo de cooperación orientado a lograr, en América del Norte y Central, una migración ordenada, segura y regular”, concluyó.

El senador Héctor Vasconcelos hizo la denuncia de la grave crisis humanitaria de los niños migrantes en la Asamblea Parlamentaria del pasado 27 de junio de 2019. En septiembre del mismo año, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano exhortó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo para que manifestara la preocupación europea frente a dicha situación y se estableciera un espacio de diálogo para intercambiar experiencias en torno al fenómeno migratorio.

Durante los trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el coordinador senador Ricardo Monreal, dio la bienvenida a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer Varela; así como a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y a Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).​
Ante ellos, Sánchez Cordero planteó a los senadores morenistas analizar, discutir y, en su caso, aprobar los siguientes temas de Agenda Legislativa en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.​
La Ley de Amnistía; el outsourcing, para que la subcontratación laboral se apegue a un estricto respeto de los derechos laborales; la reforma en materia penal para expedir el Código Penal Nacional; que la Fiscalía General de la República atraiga los delitos cometidos por policías o funcionarios de seguridad en el ámbito estatal y municipal; prisión preventiva no oficiosa en caso de reincidentes y fortalecer, consolidar y perfeccionar el Sistema Penal Adversarial.​
“En esto estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para entregar al Congreso de la Unión, tanto propuestas como documentos de trabajo, insisto; o, en su caso, como iniciativas, tal como lo hicimos en el tema de la Guardia Nacional”, precisó la titular de Gobernación.​
Luego, sugirió a las y los senadores de Morena, reforzar la comunicación para que la colaboración sea más fructífera, con el fin de que el Gobierno Federal y los Grupos Parlamentarios del partido mayoritario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, entreguen más y mejores resultados al país.​
 
Reiteró que cada legislador está en su derecho constitucional y legal de presentar las iniciativas de reforma o de nuevas leyes que a su criterio decida, “como yo misma lo hice. Este derecho nos merece en la Secretaría de Gobernación el mayor respeto, lo que no está reñido con una consideración que ayer expresé a nuestros diputados y diputadas y hoy comparto con ustedes.​
Como grupo parlamentario mayoritario de ambas Cámaras, tienen una responsabilidad diferente, que debe manifestarse en la existencia de orden y concierto en la presentación de las iniciativas, con el mayor respeto, indicó. ​
Ante las y los senadores de Morena, dijo: “Sin menoscabo al derecho de presentar estas iniciativas, sugiero respetuosamente que, antes de hacerlo, lo informen a la coordinación del grupo parlamentario y luego esa información sea compartida con nosotros, a fin de mantener no sólo un orden temático y de agenda legislativa, sino también la coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado”.​
La responsable de la política interna señaló: “Permítanme usar la analogía: somos parte de la misma orquesta, la de la Cuarta Transformación que conduce el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si queremos que nuestro concierto sea aplaudido por la sociedad, sigamos un orden y una partitura común. La coordinación de acciones entre ustedes y el gobierno debe corresponder a nuestra comunidad de visiones y objetivos. Eso es lo que sugiero muy respetuosamente”.​
 
 
En el cierre del primer día de trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, avaló el empeño mostrado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la difícil tarea de la procuración de justicia.​
El senador indicó que la reunión con Gertz Manero es para establecer una colaboración estrecha entre poderes. Además, señaló que buscan revisar el estado jurídico del organismo y la necesidad legislativa en la que se encuentra para enfrentar con éxito el crimen, la inseguridad y la violencia en el país.​
Monreal Ávila calificó al Fiscal como “un hombre serio, republicano y prudente que ha cuidado la autonomía por encima de todo”.​
Aseguró que las y los legisladores morenistas lo avalan y respetan, lo cual demostraron cuando decidieron respaldar su nombramiento en el Pleno. “Yo creo que a más de un año de distancia podemos ratificar que no nos equivocamos”, apuntó.​
En tanto, el titular de la FGR informó a los senadores de la fracción parlamentaria de Morena que en 2019 se logró reducir el índice de los delitos federales en 13 por ciento. Precisó que estos datos se han entregado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además el gobierno de la República los consideró válidos y “dignos de crédito”.​
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Subrayó que esta información se debe tomar en el contexto de que solamente siete por ciento de los delitos que se comenten en el país son de carácter federal. El otro 93 es de orden común. ​
Sin embargo, destacó que en ese siete por ciento, que le toca a la Fiscalía, “se logró tener esta situación que ha cambiado la dinámica y los resultados”. Explicó que esa disminución se obtuvo “por un criterio que ha sido muy positivo”.​
Recordó que se parte de un fenómeno delictivo de 33 millones de delitos al año, donde 99 por ciento de ellos quedan impunes.  ​
Gertz Manero Informó que el 70 por ciento de los crímenes que se cometen están vinculados con el robo de cantidades muy modestas. “El impacto más brutal de la inseguridad lo sufren los que menos se pueden defender”, aseguró.​
Detalló que en México se cometen 33 millones de delitos al año y el 99 por ciento quedan impunes, el 90 por ciento se tratan de crímenes de poco daño económico, pero de un gran daño social y personal.​
 
Debido a esto, el fiscal subrayó la importancia de contar con una ley que prevenga y contenga el delito antes de que comience a crecer y se haga inmanejable; “que detenga el crimen antes de que las calles se conviertan en territorios sin gobernabilidad”, agregó.​
Agregó que es fundamental establecer una ley de justicia cívica y homologar los tipos penales. Aseguró que se debe comenzar por abajo y entender que el fenómeno delictivo surge en la esencia de la vida cotidiana.​
Dijo que históricamente la seguridad y la justicia han sido un instrumento de poder y no una obligación frente a la comunidad, por lo que se debe cambiar esa situación. “Nuestra prioridad debe ser con las víctimas”, sentenció.​
Abundó que la FGR realizó un diagnóstico del funcionamiento de la institución, donde se encontró que a nivel local las victimas sufren en todo el país, debido a la atención que se da a un denunciante o querellante cuando llegan ante el Ministerio Público. Es una situación que revictimiza a la mayor parte de quienes denuncian, lamentó. ​
Ante esta situación, dijo que para la Fiscalía el primer interés era atender esa gran mayoría de denunciantes, que no tienen voz ni quien los defienda. Nos dedicamos a tratar de resolver este asunto y dar atención directa a la víctima, resaltó. ​
En este sentido, comentó, se hizo el mayor esfuerzo a través de un sistema de evaluación de resultados y un trabajo constante de vigilancia, creando una ventanilla única para que no hubiera distintos caminos para llegar a obtener algún procedimiento de carácter penal. ​
Insistió en que este cambio se debe a que en el momento, en que la procuración de justicia atiende realmente al denunciante, se reduce la impunidad. Es un resultado extraordinario, avalado por instituciones y sistemas de evaluación independientes a nosotros. Nos dicen que ese es el camino, expresó. ​
En su opinión, no se trata únicamente de atacar las partes las partes más sensibles de la corrupción al nivel más alto nivel, sino que fundamentalmente es la atención a las personas que diario van ante el Ministerio Público. ​
 
En otro tema, dijo que hay “atrasos enormes” que se dan en los procedimientos de carácter penal. Asuntos que deberían estar ya resueltos, pero por razones de otras instituciones no se cumplen los tiempos, no salen los peritajes ni se obtienen los resultados, por lo que hemos estado insistiendo en el cumplimiento. ​
Por ello, mencionó, en nuestras propuestas legislativas se busca que haya una responsabilidad muy clara de parte de instituciones y de personas morales que dependen del gobierno para que cumplan con la obligación constitucional de entregar los elementos constitutivos, como pruebas, peritajes y diligencias que son necesarias para poder hacer este trabajo. ​
Alejandro Gertz Manero consideró que otro aspecto es entender que el fenómeno delictivo no se hace a través de una estructura en la que se quiere imponer la importancia de los temas, sino la necesidad por el número de delitos. ​
También refirió que la administración anterior heredó una deuda de más de mil 400 millones de pesos; mientras que en la actualidad se redujo a la Fiscalía otros mil 800 millones para este año. ​
Sin embargo, dijo que no se ha creado algún problema que pueda detener su trabajo. Hemos hecho todo lo posible. Ya pagamos todo el déficit que nos heredaron y estamos ajustándonos y vamos a buscar hasta donde nos alcanza el presupuesto, expresó.​

Senadores, especialistas y autoridades en materia medio ambiental coincidieron en la urgencia de promover políticas sostenibles y eficientes en materia de economía circular para transitar de un modelo lineal, extraer-producir-desechar, hacia uno circular que no represente un costo, sino una oportunidad. 

El senador Primo Dothé Mata, de Morena, subrayó que la economía circular no solo es la creación de políticas ambientales, sino a la generación de conciencia de la sociedad para pasar a la cultura de no desperdicio y la reutilización de los recursos. 

Este modelo, señaló, depende del diseño del producto. El objetivo es prolongar la vida útil de una manera casi indefinida, reemplazando cada parte o componente a medida que se destruye o se vuelve obsoleta. 

La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez Arroyo, dijo que se requiere marcar la ruta de cómo debe ser este nuevo modelo, tomando en cuenta la participación de todas las industrias. 

Es necesario iniciar proyectos piloto que vayan más allá de una sola industria, que se aplique lo que se hace a nivel comunitario y explorar en distintas regiones del país, pues la economía circular debe ser una realidad paulatina, agregó. 

El especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Rodrigo Riquelme Benjerodt, aseguró que México está preparado para implementar, con mayor intensidad, las políticas de una economía circular. Hay muchas necesidades energéticas y ambientales que se pueden mitigar con dicho modelo, indicó. 

Refirió que el Banco está apoyando las iniciativas de organismos operadores de residuos sólidos, que pretenden aunar los intereses de municipios vecinos para que puedan en forma conjunta encargarse del problema que representa los residuos sólidos. 

El coordinador de proyectos estratégicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Juan Carlos Carrillo Fuentes, dijo que a la sociedad mexicana le urge transitar hacía una economía circular. “Tenemos que encontrar las ventajas y oportunidades de negocio que ofrece el modelo”. 

En su turno, Ramón Beltrán, presidente de la Cámara Nacional del Aluminio, opinó que con la propuesta de ley no se visualiza el tema de la economía circular de manera estratégica, global ni completa. 

“Partimos de que economía es un sistema de mercado. Atacar a la economía, empresas y empresarios se entendería como un error, desde el punto de vista de una nueva ley”, alertó. 

El director del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, Rafael Blanco Vargas, informó que el consumo mundial de plástico es de 350 millones de toneladas al año. Además, pidió que no se “satanice” al plástico, pues la restricción de su uso podría dejar sin trabajo a cerca de 150 mil personas. “La prohibición no es la solución”, aseguró. 

Indicó que con la economía circular, la industria del plástico se suma a la tarea de mejorar el medio ambiente, para esto, sostuvo, se debe invertir en un modelo de educación que enseñe el reciclaje; y en la creación de industrias de materiales biodegradables ya que en México no existe ninguna empresa de este tipo.

Durante el foro se analizó lo relativo a la viabilidad empresarial y estrategias para la adopción plena en México de sistemas de economía circular, así como la labor fundamental de los grupos de recicladores y su plena incorporación a este nuevo modelo.  

El foro “Economía Circular, una nueva forma de producir y consumir”, tuvo tres paneles: Rumbo a la Adopción de Sistemas de Economía Circular en México, moderado por el senador morenista Primo Dothé Mata; Construyendo un Modelo de Economía Circular para México, dirigido por la senadora Imelda Castro Castro, de Morena; y Prácticas Internacionales en Materia de Economía Circular, conducido por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM.

Duplicar las penas para la extorsión cuando este delito se cometa contra mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades cardiovasculares, es el objetivo de una iniciativa que promueve el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Argumentó que este ilícito se ha convertido en un fenómeno complejo porque lo pueden cometer diversos sujetos activos: un delincuente que se encuentran en un centro de readaptación social, un integrante de algún grupo de crimen organizado o cualquier otra persona. 

Refirió que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se denunciaron siete mil 942 casos; en 2018, seis mil 606; en 2017, cinco mil 947; en 2016, cinco mil 395; y en 2015, se recibieron cinco mil 277 denuncias.

Peña Villa asentó que la extorsión debe ser entendida como “un suceso traumático, una experiencia negativa que de forma brusca, inesperada e incontrolable surge y pone en peligro la integridad física o psicológica de una persona y ante la cual la víctima reacciona con temor, desesperanza u horror intenso”.

El ilícito, acotó, trae consigo consecuencias graves en la salud, sobre todo en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas cardiovasculares. 

El estrés y angustia al que se enfrenta una mujer embarazada que es víctima de extorsión, afecta el desarrollo del bebé y en el peor de los casos puede “ocasionar un aborto debido a un reflejo que puede provocar espasmos y contracciones en el útero”.

Por otro lado, el doctor Iñaki Marina, miembro de la fundación Science Health and Education   asegura que aumentar la frecuencia cardiaca o la presión arterial en muy poco tiempo provoca inestabilidad que podría derivar en infartos agudos de miocardio, embolias cerebrales o enfermedades de extremidades periféricas. 

Las víctimas de extorsión, destacó el senador, también pueden desarrollar el trastorno de estrés postraumático que tiende a manifestarse en dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, explosiones de ira o sentimientos de preocupación, culpa o tristeza. 

Agregó que estas son algunas de las enfermedades que se pueden originar al ser víctimas de este delito. La extorsión, advirtió, genera un profundo trauma y contribuye a la creación de una sensación de inseguridad y vulnerabilidad en el sujeto.

En este contexto, el senador Alejandro Peña Villa propuso que las penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa que impone el artículo 390 del Código Penal Federal se dupliquen cuando este ilícito se comenta en contra de mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y de las personas con enfermedades cardiovasculares.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas manifestó que como parte de la Agenda Legislativa para este 2020, se encuentra el tema de la obligatoriedad constitucional de los apoyos a adultos mayores, discapacitados y jóvenes estudiantes, entre otros.

El poder garantizar las becas, el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad es una de nuestras tareas legislativas para el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero, señaló el legislador.

Y es que Eduardo Ramírez destacó que se debe dejar plasmado en la Constitución este tipo de derechos humanos que tiene este sector de la población, independientemente de las siglas partidistas del Gobierno y la Legislatura que esté en turno.

“Esto será un debate muy amplio porque cada 6 años se renuevan las esperanzas, con cada cambio de Gobierno, pero de lo que se trata es que se garantice la permanencia de estos programas y la infraestructura que va en beneficio de ellos”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que otro tema que se debatirá en el próximo periodo ordinario será el uso lúdico del Cannabis, es un tema muy sensible, porque sería la liberación del Cannabis, pero confiamos en tomar, en unidad, una decision responsable con sentido social.

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se apostó por la importación de alimentos a cuenta de sacrificar la producción nacional y sentando las bases de la pobreza en la que está sumida la mayor parte de la población rural. Hoy México importa el 48% de los alimentos que consume la población, convirtiéndonos en un país completamente dependiente cada vez más alejado de lograr la autosuficiencia y la soberanía alimentaria que nos robaron los regímenes neoliberales anteriores. ​
Es verdad, hubo una crisis en 2012 ocasionada por la Gripe Aviar, provocando que Brasil y Estados Unidos se convirtieran en proveedores de carne de pollo a bajo costo lo cual derivó en una competencia desleal para los productores mexicanos debido a que, los insumos e infraestructura son subsidiados en ambos países. ​
Hoy la industria avícola se ha recuperado de la crisis de 2012 y se fortaleció con el paso de estos años. De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, la producción nacional alcanza a satisfacer la demanda interna, pero debido a las elevadas importaciones de carne de pollo, los precios no alcanzan a cubrir los costos de la producción mexicana. ​
La importación de pollo se realiza hasta la fecha bajo un esquema conocido como dumping, ya que la carne que se importa a nuestro país es el desecho del consumo norteamericano, lo cual hace que el precio de entrada a México sea muy por debajo del costo de producción nacional; dejando claramente en desventaja competitiva y al borde de la quiebra a nuestros connacionales. ​
Por los motivos anteriores, decidimos en el Senado de la República presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a revisar los cupos de importación de carne de pollo para poder defender y fortalecer la producción mexicana y al mercado interno. Sin duda es importante el mercado internacional, pero es necesario fortalecer a los productores nacionales; esto no significa de ninguna manera el desabasto. México cuenta con la capacidad productiva y de infraestructura suficiente para cubrir la demanda interna pues ya no existen las razones por las que nuestro país se vio obligado a incrementar la importación de pollo en 2012. ​
 
Sabemos que existen grandes intereses en el tema a los que les conviene más la importación que la producción nacional, por ellos se construyen ideas falsas y rumores de desabasto y falsas y alevosas ideas de crisis alimentaria. La cuarta transformación seguirá apostando por la producción nacional de alimentos para alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria.

Nuestro país siempre ha sido un país respetuoso del tránsito de los migrantes y de recibir a los refugiados que ingresan a México por sus fronteras, y en este sentido el Senado de la República reitera su irrestricto respeto de los derechos humanos, indicó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa. 

En declaraciones a los medios, la senadora Fernández Balboa destacó que las y los legisladores ven con preocupación la situación registrada el pasado 20 de enero en la frontera sur, con el asunto de los migrantes centroamericanos y la Guardia Nacional.

Destacó que se analiza todo a detalle tanto imágenes, videos, audios y testimonios para tener toda la información completa y con base en ello, cuando tengamos más datos y mayor certeza de lo acontecido, esta Soberanía hará un posicionamiento al respecto. 

La presidenta del Senado, Fernández Balboa manifestó que nunca estará a estar a favor de que se atropellen los derechos humanos de nadie. 

Este Órgano Legislativo, dijo, siempre apostará que cualquier situación que se dé en México y en sus fronteras se dé con respeto irrestricto a los derechos humanos. 

De esta forma, abundó,  en los próximos días, el Senado hará un posicionamiento de acuerdo con los informes y datos recibidos.

Con relación a lo acontecido en la pasada sesión de la Comisión Permanente, Mónica Fernández aseveró que no se le impidió, al diputado Porfirio Muñoz Ledo, hablar o exponer sus preocupaciones, sino que él quería hacerlo en un momento en donde no estaba agendado.

Para el informe de la titular de la CNDH, abundó, había un formato establecido e incluso firmado por él previamente que establecía específicamente, quiénes participarían y en qué momento e indicaba que no era posible la participación de nadie que no estaba agendado, concluyó.

La reforma al Artículo 1º de la Constitución Política, para garantizar el derecho a la verdad cuando surjan violaciones a los derechos humanos, es uno de los temas prioritarios que impulsará el senador Ricardo Monreal Ávila en el segundo periodo de sesiones, que inicia en febrero. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa desde el 17 de octubre de 2019.

Monreal Ávila explicó entonces que el derecho a la verdad tiene su origen en las graves violaciones al derecho internacional humanitario, como son los crímenes de lesa humanidad y otros delitos como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.

Además, acotó, este principio tiene que ver con la obligación del Estado para investigar los ilícitos, evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia hacia los mismos e identificar y castigar a los responsables de los hechos. 

La búsqueda de la verdad -asentó el legislador- es una condición indispensable para que una sociedad pueda reconocer y superar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, enfatizó, este derecho debe incluirse en la Constitución Política. “Su introducción es una clara evidencia de la empatía y voluntad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que integran el Estado, para atender” a las víctimas.

Advirtió que la transformación del régimen exige un modelo de justicia que, ante violaciones graves a los derechos humanos, asegure que la sociedad tenga pleno conocimiento de la identidad de los autores, la verdad objetiva de los hechos y los mecanismos necesarios para una reparación real y efectiva.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, son las encargadas de analizar y dictaminar el proyecto.

En el documento, el senador también destaca que el Estado mexicano ha emprendido una nueva etapa en la vida pública, en la que la falta de sensibilidad respecto al conocimiento de las causas que han dañado gravemente el tejido social ha quedado superada y en cambio, se asume con responsabilidad el necesario esclarecimiento de tales hechos.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, celebró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrendara su compromiso para recuperar la paz en Guanajuato y alcanzar la protección de la ciudadanía.​

“Guanajuato no merece vivir los niveles de violencia que se han registrado, y eso lo sabe bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no solamente está preocupado sino ocupado en que las familias de nuestro estado vivan en paz, tranquilidad y prosperidad”, señaló Mícher Camarena.​

La senadora por Guanajuato recordó que durante las primeras semanas de este año esta entidad ha registrado niveles nunca antes visto de violencia, por lo que hizo un llamado para que las autoridades estatales emprendan mayores acciones de coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad.​
Durante la conferencia mañanera de hoy el presidente López Obrador envió un mensaje claro en el sentido que “las y los ciudadanos de Guanajuato no están solos y van a contar con toda nuestra protección”, destacó Martha Lucía Mícher Camarena.​
En este sentido, recordó que en los últimos días ha habido mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina en la entidad, misma que se ha traducido en operativos estratégicos y resultados concretos a las demandas de paz de la ciudadanía.​
Por último, sostuvo estar “convencida que estas acciones serán más constantes debido al compromiso que ha mostrado el presidente en estos temas, particularmente en Guanajuato”. ​

El senador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con Ricardo Ahued Bardahuil, administrador general de Aduanas, en donde le planteó, entre otros puntos, el derecho de internación de vehículos procedentes de Guatemala, con la finalidad de detonar el turismo y el comercio en la región fronteriza.

Y es que a partir de 2020, las personas que deseen ingresar de Guatemala a nuestro país deberán pagar impuestos de internación y depósito del vehículo, según el modelo, pero además quien no cuente con Visa y pasaporte no puede tener el derecho a pagar el impuesto de internación y mucho menos la garantía de meter su vehículo.

Eduardo Ramírez explicó que esta gestión es parte de las demandas de la población, especialmente de la región Meseta Comiteca Tojolabal, que hace frontera con Guatemala, toda vez que por esta situación, el turismo y el comercio en la región ha disminuido hasta en un 70 por ciento.

En sus peticiones explicaron que anteriormente las personas que ingresaban al país por el tema de comercio, lo hacían con la Tarjeta de Visitante Regional, ya que al ser personas de recursos moderados no contaban con Pasaporte y Visa, por lo que había esa flexibilidad, explicó el senador.

Esta situación desalienta la llegada de guatemaltecos que vienen a abastecerse o a consumir servicios turísticos a la región de la Frontera como es Comitán o Tapachula.

Ante ello, y dando voz a las demandas de la gente, Eduardo Ramírez solicitó una solución para esta problemática que aqueja a los chiapanecos de estas regiones y a los compatriotas guatemaltecos.

Con la participación de mil 340 personas, que fueron evacuados en cinco minutos con 10 segundos, el Senado de la República se sumó al primer Macrosimulacro Nacional por sismo de este 2020. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, calificó el ejercicio de exitoso, pues demostró que la Cámara de Senadores está preparada para cualquier evacuación, proceder con rapidez y evitar el menor riesgo posible a las personas que laboran o vistan la nueva sede.

“Todos siguieron las indicciones para no amontonarse, aventarse o precipitarse. Salieron con orden, en razón de las instrucciones que les dio Protección Civil.

De esta manera, dijo, las personas estarían a salvo de cualquier terremoto, temblor o problema que se hubiera suscitado. “Nos habría dado tiempo para evacuar con orden, organización y atención de todos los trabajadores del Senado de la República, incluyendo los senadores”.

De acuerdo con el ejercicio, a las 11:00 horas se registró un temblor de magnitud 7, con epicentro en el municipio Acambay, Estado de México, por lo que de inmediato se activó el sistema de Alerta Sísmica de la Cámara. 

Debido a la cercanía del epicentro, se procedió al repliegue inmediato de personas en las Zonas de Menor Riesgo hasta la activación de la Alarma de Evacuación, con la que dio inicio el desalojo de total de los inmuebles.

Así, trabajadores, senadores y visitantes si dirigieron al Punto de Reunión, que se ubica en el parque Luis Pasteur, en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Con el propósito de evitar que obras públicas que representan un beneficio para la comunidad sean frenadas por amparos, el senador Ricardo Monreal, propondrá al Pleno de la Comisión Permanente, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena refiere, en su propuesta, que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.

La inversión en infraestructura, explica Monreal Ávila, es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con los servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques.

Además, la obra pública potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada, afirma el legislador.

Por eso, en la primera iniciativa, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.

En la segunda iniciativa, Ricardo Monreal, propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.

El senador de Morena indica que la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso ocasionaría un grave perjuicio a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.

Monreal Ávila recalca que la obra pública es de vital importancia para el país, pues su finalidad primordial es proporcionar bienestar a la sociedad en todos los órdenes, como un medio generador del desarrollo económico de las comunidades.

En encuentro con representantes de artesanos muebleros de la comunidad de Cuanajo, tenencia del municipio de Pátzcuaro, la senadora por Morena, Blanca Piña Gudiño escuchó y atendió inquietudes de los habitantes para mejorar condiciones de infraestructura, apoyo a migrantes y difusión de artesanías.

Durante la reunión realizada en la Casa de Enlace de la capital michoacana, la legisladora comprometió el seguimiento a proyectos de rehabilitación de caminos rurales y la conclusión del andador turístico para Cuanajo.

Amigos sin Fronteras y el grupo social Los Pedros de Cuanajo fueron quienes expusieron las necesidades prioritarias de la tenencia a la que la senadora refrendó su respaldo para que desde el Congreso de la Unión se canalicen las propuestas  a las comisiones correspondientes y se gestionen recursos a través de programas específicos de apoyo a los municipios del gobierno federal a fin de concretar los pendientes.

Atendiendo a la libertad y al derecho de expresión de la sociedad civil, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con integrantes de República Laica, quienes fijaron su posición respecto a la iniciativa en materia religiosa presentada por la senadora Soledad Luévano Cantú.​
 
En dicha reunión se estableció que el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís, será quien conduzca las eventuales mesas de diálogo para analizar y recoger las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil.​
 
En conferencia de prensa, integrantes de República Laica, encabezados por la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, informaron que manifestaron las preocupaciones de la asociación sobre dicha iniciativa ante los senadores.​
 
“Se hicieron consideraciones muy puntuales sobre lo que se está presentando y cómo consideramos que violenta principios constitucionales”, apuntó la legisladora. ​
 
Finalmente, indicaron que seguirán de cerca el proceso legislativo y las reuniones de la Comisión de Gobernación para argumentar por qué la iniciativa debe ser desechada.​
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