• Impostergable, concretar justicia cotidiana que beneficie a ciudadanos: Ricardo Monreal
• Para la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares es prioritario

En el Senado de la República se llevó a cabo el primero de una serie de foros para conocer la visión de especialistas, operadores jurídicos, abogados, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía sobre el contenido y alcances de la propuesta para expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A la inauguración del evento asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien afirmó que es impostergable concretar una justicia cotidiana que beneficie la celeridad en los procesos civiles y familiares, y que cumpla con los más altos estándares internacionales relativos al acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo.

Al inaugurar el foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, el senador indicó que los derechos humanos, el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica, implican la aplicación y el desarrollo de procedimientos judiciales ágiles y útiles, que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requieren los justiciables; es decir, quienes acuden a los tribunales en búsqueda de justicia.

Ante los ojos de la ciudadanía, señaló el legislador, el sistema de justicia se ve alejado del ideal, especialmente en materia civil y familiar, ya que es lenta, incierta, discriminatoria, complicada y onerosa, sobre todo para quienes no cuentan con los recursos para costarse un juicio a través de profesionales del derecho.

Monreal Ávila estimó que la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y hasta contradictorias, ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita, por lo que es necesario homologar los criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar.

El líder de la mayoría legislativa subrayó que es de suma relevancia fijar los elementos indispensables para implementar una impartición de justicia que en verdad sea más sencilla, pronta y cercana a la gente, a través de instituciones fortalecidas con criterios homologados y uniformes para brindar a la ciudadanía certidumbre jurídica.

En un mensaje videograbado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que, para la presente Legislatura, la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un tema prioritario.

Por ello, indicó, es necesario propiciar un proceso de consultas extenso, por lo que este primer esfuerzo será determinante para que el Código tenga una real perspectiva de derechos humanos, del interés superior de la niñez y de género.

Dijo que el Código debe abordar de manera profunda, precisa e integral, el tema de la violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que es fundamental comenzar a aprobar leyes con perspectiva de derechos humanos y de género, que visibilicen, con la mira correcta y de raíz las violencias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió que 20 por ciento de las mujeres mayores de 18 años reportó percepción de inseguridad en sus hogares. Asimismo, destacó que 10 por ciento de los delitos contra las mujeres relacionados con conductas sexuales se generan en el domicilio familiar; y 23.2 por ciento de las defunciones de mujeres por homicidio ocurrieron en su vivienda.

Señaló que, entre los operadores estatales, es necesario aumentar su especificidad dentro de dichos temas, porque los encargados de interpretar y aplicar la norma saben o leen los términos, pero desconoce sus implicaciones reales y alcances.

Estos diálogos, expresó, ayudarán a especificar esos aspectos en los marcos normativos, como es el caso del nuevo Código, para que se homologue los procedimientos civiles y familiares en todo el país.

Sánchez Cordero recordó que la propuesta se encuentra en su etapa de análisis en comisiones, y que fue planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila, como un primer esfuerzo para poner a discusión y debate este polémico y difícil tema.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, detalló que este Foro, es el primero de una serie de espacios de reflexión que se llevarán a cabo durante los meses de junio y julio, para conocer las distintas visiones de especialistas, de operadores jurídicos, del gremio de la abogacía, la academia, organizaciones civiles y de la ciudadanía en general, sobre el contenido y alcances de la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Aseguró que estas mesas de diálogo les permitirán a los legisladores identificar áreas de oportunidad y recabar contribuciones oportunas, para construir un instrumento de aplicación práctica, que responda a nuestra realidad.

Espino de la Peña recordó que, a finales de 2021, el senador Ricardo Monreal y el senador con licencia Julio Menchaca Salazar presentaron una iniciativa, preparada con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, organizadora de estos foros.

En dicha propuesta, agregó, se regula el sistema de impartición de justicia en estos campos, su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a los procedimientos orales y se incluyen temas relativos a acciones colectivas, recursos y al juicio de responsabilidad.

Destaca, dijo, un apartado de justicia digital, muy importante en el contexto tecnológico en el que se está inmerso. “También se desarrolla lo relativo a las sentencias, las vías de apremio y su ejecución, se considera un capítulo de la cooperación procesal internacional; y se prevé un rubro para el juicio arbitral”.

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que el decreto de reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, publicada el 15 de septiembre de 2017, se originó a raíz de un amplio diagnóstico técnico en torno la cuestión de la justicia cotidiana en nuestro país.

El diagnóstico, agregó, arrojó la necesidad de que el Estado atendiera la percepción social negativa sobre la impartición de justicia en materia civil y familiar, “generalmente calificada de lenta, incierta, discriminatoria, complicada y costosa.”

La senadora refirió que, a partir de ello, el órgano reformador de la constitución valoró que un problema toral al respecto, “es la multiplicidad existente de Códigos de Procedimientos Civiles y familiares que, considerando las leyes habidas en cada entidad federativa, más la codificación Federal, dan como resultado un problema de dispersión legislativa.

Rivera Rivera destacó que para la aprobación de la reforma constitucional se valoró que la multiplicidad de leyes adjetivas se traduce en barreras de acceso a la justicia, desigualdad ante la ley, así como incertidumbre e inseguridad jurídica.

Por lo anterior, abundó, la reforma constitucional “nos impone el reto consistente de lograr la unificación en el país de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo y permitir la creación de políticas públicas para mejorar transversalmente la impartición de justicia.”

No obstante, añadió que el cumplimiento de esta tarea “apareja la necesidad de emprender un proceso de revisión integral de todo el marco legislativo vinculado a la materia objeto de reforma, para que, en caso de que se requieran adecuaciones, éstas se realicen de forma oportuna y armónica con la expedición del código único”.

Aprovechó el foro para platear el tema de las acciones colectivas, que a decir de la legisladora y de especialistas en la materia “la escasa eficacia que tiene este tipo de juicios, a más de 10 años de su reconocimiento constitucional, se debe, en cierta medida, a un error de origen respecto a su regulación dentro de la legislación procesal civil, que desvirtúa el carácter de interés público que revisten las acciones colectivas”.

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, expresó que este Código, “será la obra más importante de la presente Legislatura”, porque impactará en la vida diaria de toda la ciudadanía.

Afirmó que toca los intereses de cada persona y de su vida diaria, “porque nadie se encuentra exento de recurrir a la justicia y a los procedimientos jurisdiccionales, y que sean homogéneos y expeditos, es el primer reclamo de la ciudadanía”.

Castañón Ramírez señaló que mucha de la tardanza en los procedimientos civiles y familiares, se da por los códigos de procedimientos locales, y por no tener homogeneidad en estos procesos; hay muchos obstáculos en la pluralidad de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en los diferentes códigos de las 32 entidades federativas.

• En el primer trimestre de este año, la entidad sumó 41 casos, advierte la senadora Martha Guerrero Sánchez

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, la senadora Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a informar los motivos por los que no se han implementado acciones para prevenir el delito de feminicidio.

La legisladora pidió al titular del Ejecutivo estatal que detalle el motivo por el que no se ha declarado la Alerta de Género en diversos municipios donde se han registrado el mayor número de feminicidios.

Guerrero Sánchez expresó que no es con salarios rosas o entregando tarjetas como se resolverá este grave problema en la entidad, sino que es necesario impulsar políticas públicas que atiendan la situación que viven las mujeres.

En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión, la senadora también solicitó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, a informar cuáles son las acciones y atenciones que han adoptado respecto al alza de los delitos registrados como feminicidios, así como del estado legal que guardan las carpetas de investigación relacionadas al tema.

Señaló que en el Estado de México no ha disminuido el índice de violencia en contra de las mujeres y que en los últimos tres años ha encabezado la cifra con mayor número de feminicidios registrados a nivel nacional.

La legisladora agregó que los medios de comunicación, a diario dan cuenta de feminicidios, acoso, violaciones de derechos que como mujeres debemos tener.

El 2021 ha sido el año en el que en México se han registrado más feminicidios. Sin embargo, desde 2015, el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor cantidad de casos, con 145 víctimas, y Jalisco y Nuevo León, completan este listado de estados más violentos para las mujeres.

Adicionalmente, dijo que, entre los 100 municipios del país con mayor violencia, 25 son del Estado de México, y este año, durante el primer trimestre, la entidad sumó 41 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De estos casos, 10 fueron niñas y adolescentes. Esto, remarcó, son los datos registrados, pero si sumamos los que no lo están, esta cifra sería mucho mayor.

• Informó que donará 30 por ciento de su salario, “estos dos meses que vienen”, para respaldar a los damnificados

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que donará 30 por ciento de su salario, “estos dos meses que vienen”, para apoyar a las familias que fueron afectadas por el paso del huracán Agatha en Oaxaca.

Monreal Ávila hizo un llamado a la solidaridad de los mexicanos, en particular de los legisladores, para que acudan al centro de acopio que instaló la Cámara de Senadores para la colecta de víveres.

Dio a conocer que hasta el momento se han recibido en el recinto cuatro mil 300 artículos de alimentos; mil 390 de higiene personal; 173 de limpieza; 44 cobertores; y se espera que lleguen 600 cobijas, pero “todavía no completamos un tráiler para mandarlo a los municipios afectados”.

• En el caso de la activista Cecilia Monzón, senadores y diputados piden investigación exhaustiva y diligente con perspectiva de género

La Primera Comisión de la Permanente, que preside la senadora Lucía Meza Guzmán, aprobó, por unanimidad, exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a las secretarías de seguridad, a las autoridades municipales y a las fiscalías de los estados para que pongan en marcha estrategias que erradiquen la violencia contra las mujeres.

En un dictamen que avalaron este martes, senadores y diputados insistieron en este dictamen en disminuir los casos de desapariciones y fortalecer mecanismos de búsqueda de niñas y adolescentes en el país.

Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado para que realice una investigación, con perspectiva de género, diligente, exhaustiva, imparcial, permanente y con base en los protocolos de feminicidio, sobre el homicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, para sancionar a los autores intelectuales y materiales de este crimen.

Asimismo, llamaron a las autoridades de la entidad a reparar el daño de manera integral de las víctimas indirectas, entre las que se encuentra el hijo menor de edad de Monzón Pérez.

En el documento, las y los legisladores condenaron el asesinato de la abogada y expresaron su pésame y solidaridad a su familia y amigos, así como a sus compañeras y compañeros en la defensa de los derechos humanos.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron un exhorto al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que fortalezca las instituciones de seguridad pública, con el objetivo de contrarrestar el incremento de la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

En este dictamen también se solicita a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que impulse la pronta, expedita y debida procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y con debida diligencia, a fin de esclarecer los hechos relacionados con el feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito y garantizar la reparación integral del daño.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, pidió sanciones penales a los servidores públicos que fueron omisos en las investigaciones para el esclarecimiento del feminicidio.

Del mismo modo, aprobaron exhortar a los titulares del poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las autoridades municipales que suscriban estrategias de coordinación con sus respectivas fiscalías locales, para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, y fortalecer los mecanismos de búsqueda, denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas en el territorio nacional.

• “Es posible que, dentro de unos años, la educación sea la cicatriz más profunda y duradera que nos haya dejado el virus”: senador Alejandro Armenta

El senador Alejandro Armenta Mier insistió en que se requiere reforzar las acciones, programas, talleres y atención personalizada para los problemas de ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos psicológicos y mentales, que se desarrollaron por el confinamiento y el cambio de vida que sufrió la población por la pandemia de Covid-19.

Advirtió que “es posible que, dentro de unos años, la educación sea la cicatriz más profunda y duradera que nos haya dejado el virus”.

En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria y que se analizará en la Segunda Comisión de la Permanente, el legislador de Morena reiteró que la emergencia sanitaria dejó estragos en la salud de niñas, niños y adolescentes e, incluso, violencia familiar.

Por ello, dijo, se necesita fortalecer los programas dirigidos a la atención socioemocional y psicológica de los estudiantes y de sus familiares, para la incorporación a las actividades cotidianas.

Armenta Mier hizo un llamado a las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como a toda autoridad y dependencia que tenga injerencia en el tema para cumplir con este propósito.

Recordó que la Covid-19 no sólo ha provocado la muerte de millones de personas, sino que también ha dejado consecuencias económicas graves, impactos en la salud mental y efectos catastróficos educativos, por el cierre de las escuelas.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en México la cuarentena para evitar la propagación del SARS-CoV-2 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, tuvieran que dejar de acudir a sus centros escolares porque se suspendieron las clases.

“La pandemia ha tenido un impacto sin precedentes en la educación y la salud. Se ha incrementado la vulnerabilidad de la niñez y han tenido lugar una pérdida de aprendizajes de hasta un 55 por ciento y un aumento de la violencia intrafamiliar”, reiteró el senador.

Según datos de UNICEF, los niños de América Latina y el Caribe son los que más tiempo han estado fuera de las aulas. Cerca del 60 por ciento de los menores de la región perdieron el año lectivo y 13 millones de niños no tuvieron acceso al aprendizaje a distancia.

Alejandro Armenta Mier subrayó que el cierre de escuelas tiene consecuencias devastadoras para el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. “Los más vulnerables y los que no pueden acceder al aprendizaje a distancia corren un riesgo mayor de no regresar nunca al aula e, incluso, de verse obligados a contraer matrimonio temprano o al trabajo infantil”.

El legislador sugirió flexibilizar y adecuar la impartición de materias para atender las habilidades y conocimientos prioritarios en los campos de comunicación, español, matemáticas y pensamiento científico.

Además, de definir e implementar un plan de acompañamiento y de contención emocional de los estudiantes y el profesorado. Por ejemplo, se puede idear una capacitación docente orientada a identificar e intervenir cuando alguien esté atravesando alguna situación vulnerable, y prevenir así que la situación escale.

• Ricardo Monreal dice que la propuesta ayudará a las finanzas de las localidades que están muy pobladas y que, proporcionalmente, no son tratados de manera justa y equitativa

Los senadores Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Armenta Mier recibieron una iniciativa del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que los municipios del país reciban la asignación presupuestaria de manera proporcional a la densidad de población con la que cuenta cada localidad, a fin de que puedan proporcionar los servicios públicos de forma eficaz.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la propuesta ayudará a las finanzas de los municipios que están muy poblados y que proporcionalmente no son tratados de manera justa y equitativa.

Este proyecto, detalló, crea y modifica diversas disposiciones en materia de coordinación fiscal, por lo que hay una serie de elementos que se deben analizar puntualmente.

Además, informó que el documento se presentará la próxima semana en la Comisión Permanente y será turnado a las comisiones de la Cámara de Diputados.

Esto último, explicó Monreal Ávila, se debe a que, de acuerdo con la Ley, todos los temas fiscales deben ser atendidos como Cámara de origen por la colegisladora, mientras que el Senado actúa como Cámara revisora.

Por su parte, Cruz Pérez Cuellar explicó que, la reforma al artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, busca que haya justicia tributaria para los municipios del país que tienen mayor población y, en consecuencia, mayor responsabilidad de otorgar servicios públicos.

“Existen poblaciones como Colima, que tiene cerca de 700 u 800 mil habitantes, y se le asigna un presupuesto de 18 mil millones de pesos, en el caso de Ciudad Juárez, que tiene un millón 700 mil habitantes, recibe un presupuesto de siete mil millones de pesos”.

Lo anterior, agregó, implica que no hay una equidad fiscal, pues “tenemos un millón de personas más que atender y 12 o 13 millones de pesos menos, y lo mismo les pasa a Tijuana, Puebla u otros municipios grandes”.

Iván Pérez, director general de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, detalló que existen varios fondos para poder repartir las aportaciones federales, pero la propuesta va encaminada específicamente en el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales.

Por lo que la reforma busca establecer que, al momento de llevar a cabo la fórmula o el cálculo para la distribución de recursos a los municipios, la cual se hace a través de los estados, el presupuesto se equipare o se compare a los municipios que tienen alta población en su demarcación y “que se le dé el mismo tratamiento al momento de repartir”.

Tras la denuncia del posible mercado negro de medicamentos antiCOVID, el senador Elí César Cervantes Rojas llamó a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud a realizar una campaña masiva de información sobre los riesgos del antiviral Molnupiravir pues a pesar de que en México tiene una aprobación de emergencia, se identificaron posibles prácticas ilegales en la venta de este producto.

Cuando se realiza una venta en el mercado negro los consumidores no tienen una supervisión médica que pone en riesgo su salud, según se describe en el reporte del British Medical Journal (BMJ) además, de ello existen -según informan- cientos de genéricos que no se tiene el registro sobre el proceso de control de calidad.

A pesar de que este antiviral ha sido comprado por 30 países incluido México, aún sigue el estudio sobre su eficiencia para reducir los riesgos de síntomas graves de COVID, por ello, y ante la probabilidad de una quinta ola de COVID, tanto la COFEPRIS como la Secretaría de Salud tienen que ofrecer información clara y accesible para que los probables consumidores eviten el consumo de este producto sin la supervisión médica necesaria.

Si bien Cofepris ya había advertido sobre la venta ilegal de dos genéricos del Molnupiravir es necesario más información para que se evite o se informe si hay o no un mercado negro de este medicamento, para evitar tragedias con la posibilidad de la quinta ola en México.

Asimismo, llamó a Cofepris a revisar con celeridad la campaña, pues -como bien informaron- un medicamento con uso de emergencia sólo puede adquirirse con prescripción médica y no puede ser comercializado en México pero de acuerdo al reporte de BMJ algunos hospitales privados aceptaron la compra de este medicamento en línea con un precio de 15 mil a 30 mil pesos, por lo que se requiere también hacer una revisión a estas instalaciones privadas para verificar la legalidad o no de los genéricos que se adquirieron.

• Su implementación no debe quedar en un acto protocolario, sino traducirse en acciones concretas, subraya el legislador

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Espino de la Peña, aseguró que la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) compromete al Senado a desarrollar herramientas y estrategias para combatir la violencia y el acoso en el empleo.

Durante un evento sobre la Ratificación del Convenio 190 de la OIT para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el senador subrayó que su puesta en marcha no debe quedar en un acto protocolario, sino que debe traducirse en acciones concretas.

En ese tenor, adelantó que el Poder Legislativo revisará las leyes que se tienen que modificar para ponerlas en sintonía con el Convenio, además de presentar propuestas innovadoras. Para ello, agregó, las comisiones del Senado realizarán foros de análisis sobre los proyectos en la materia, así como esquemas de Parlamento Abierto.

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, el Pleno del Senado ratificó, por unanimidad, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para eliminar la violencia y el acoso laboral, adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 2019.

Este instrumento internacional respalda el propósito de salvaguardar y garantizar el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y acoso, especialmente por razones de género. Asimismo, reconoce que dichas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos, lo que representa una amenaza para la igualdad y el empleo digno.

Además, prevé un marco común para la acción de los países miembros, a fin de que ajusten sus marcos jurídicos e implementen una estrategia integral enfocada a establecer medidas de prevención de violencia y acoso en los lugares de trabajo.

Con la ratificación se busca detener, erradicar y prevenir las conductas de abuso de poder en el ámbito laboral, las cuales, lamentablemente, se han normalizado, lo que ha dañado profundamente el tejido social al alterar nuestras formas de convivencia colectiva.

El senador Espino de la Peña aseveró que más allá de cumplir con su responsabilidad pública, el Senado trabaja de manera comprometida para construir iniciativas que garanticen los derechos de las personas, especialmente de aquellas con mayor grado de vulnerabilidad o discriminación.

La gravedad y recurrencia de estas conductas no son menores, denunció, ya que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, casi 32 por ciento de las mujeres y 27 por ciento de los hombres señalaron sus espacios de trabajo como los lugares en los que menos se sienten seguros.

Además, puntualizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, reportó que casi 17 por ciento de las mujeres de 15 años había sufrido violencia durante su vida laboral.

En el caso del servicio público, el legislador de Morena informó que, de acuerdo con el Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020, en ese año se presentaron 255 denuncias en 57 instituciones, de las cuales el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres.

Desde el Legislativo debemos lograr que nuestra sociedad internalice que la violencia y el acoso no son aceptables en ningún espacio, que no es normal que en el trabajo existan tratos violentos e intimidatorios y que no tienen por qué aceptar insinuaciones incómodas de índole sexual para mantener su trabajo.

“Nuestros derechos, entre ellos los laborales, no son una concesión del Estado o de un empleador; son prerrogativas que nos pertenecen por el hecho de ser personas y que podemos hacer valer siempre y exigir su respeto”, sostuvo.

• Alejandro Armenta también propone asignar mayores recursos a cuerpos policiales locales

El senador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional pueda realizar funciones de seguridad pública de forma permanente, con o sin convenios de colaboración, en los municipios del país en los que se registren hechos de alta peligrosidad que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Dijo que en México hay más de mil 200 municipios, ubicados en zonas rurales, en los que las policías locales son presas del crimen organizado, por ello, necesitamos articular, coordinar y vincular a las autoridades de seguridad de este nivel de gobierno, con las corporaciones estatales y bajo la coordinación de la Guardia Nacional.

Propuso que esta institución federal contribuya al fortalecimiento, vinculación, articulación con la seguridad municipal, “capacitando, coordinando, utilizando sus sistemas de inteligencia táctica para los delitos del fuero común y en los municipios que tengan relación con los delitos federales”.

Armenta Mier planteó que en casos de riesgo para la población con la delincuencia organizada o en temporada electoral, la Guardia Nacional actúe conjuntamente con entidades federativas y municipios para evitar el crimen, aunque no haya convenio de por medio.

Además, en la iniciativa que fue enviada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, el legislador propuso aumentar los recursos económicos en los municipios para mejorar sus instituciones, equipos, adiestramiento y capacitación en materia de seguridad pública, con prioridad en aquellos donde los índices delincuenciales sean mayores.

“Necesitamos más recursos en los municipios, pero necesitamos descentralizarlos, porque tenemos policías de primer mundo en las capitales, pero en los municipios hay policías que no tienen capacidad técnica ni tecnología, lo que hace endeble las capacidades de los cuerpos de seguridad, enfatizó.

El día de hoy la senadora Cecilia Sánchez García junto a los senadoras y senadores de Morena que integran la Comisión de Turismo, presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa que contempla diversas reformas a la Ley General de Turismo, con la finalidad de crear el Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT).

Esta propuesta será una herramienta fundamental para saber en donde se está invirtiendo en materia turística, que sectores de la cadena de valor registran inversiones, el impacto regional que representa, cuántos empleos directos se generan y cuántas familias son beneficiadas con estas inversiones

Con el Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT) se contribuirá a que la información sobre la inversión turística sea clara, precisa y oportuna. Para ello, es necesario que la información que se genera en los estados quede establecida como una obligación en la Ley General de Turismo.

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía mundial por su alta transversalidad, por su contribución al Producto Interno Bruto Mundial y como gran generador de empleos, entre otras de sus virtudes.

Sin duda, durante la pandemia del Covid-19 el turismo fue uno de los sectores que más lo resintieron. Sin embargo, su capacidad de recuperación ha sido notable.

En nuestro país, tenemos que reconocer que mucha de esta recuperación está vinculada al incremento en la inversión pública.

El turismo activa una cadena de valor de 65 mil millones de dólares en proveeduría; cuenta con más de 22 mil 560 hoteles que suman más de 800 mil cuartos disponibles.

De las 32 entidades federativas, 17 cuentan son zonas costeras. De los 263 municipios de estas zonas costeras, 150 tienen costa frente al mar y 113 tienen influencia costera. Además de 132 localidades que agrupan los Pueblos Mágicos a lo largo y ancho del país.

Ésta es parte de la oferta turística de nuestro país con un enorme potencial, con espacios de oportunidad para nuevas y futuras inversiones.

Es por ello que, el turismo necesita contar con información actualizada de la inversión turística que se realiza en cada una de las entidades federativas. Por ello, con la reforma a la Ley General de Turismo se propone la creación del Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT).

Las senadoras y senadores de Morena que integran la Comisión de Turismo en el Senado de la República están convencidos de que este tipo de herramientas permitirán tener una visión más amplia para la toma de decisiones en beneficio de toda la población.

• Se trata de crear un producto legislativo lo más adecuado posible y que logre el consenso de todos los Grupos Parlamentarios.

La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, anunció que se llevarán a cabo una serie de foros, en diferentes entidades federativas, con el fin de enriquecer y ampliar el panorama en torno al proyecto para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En conferencia de prensa, Espino de la Peña dijo que estos espacios se iniciarán como parte del compromiso de las y los senadores para analizar, debatir y escuchar a todas y todos los especialistas, expertos jurídicos y sociedad civil, “debido a que esta es una de las materias más importantes de la justicia cotidiana”.

Indicó que se identificarán los problemas que actualmente aquejan a la sociedad mexicana en esta materia, así como la información que permitan concluir, en los mejores términos, esta encomienda legislativa.

Destacó que estos encuentros se realizarán bajo los principios de representación, participación, colaboración, deliberación, inclusión, transparencia y publicidad.

Las y los integrantes de la Comisión, subrayó, buscamos acercarnos a las y los expertos, con el fin de que el documento salga lo más adecuado posible y así se logre un consenso de todos los Grupos Parlamentarios.

El legislador refirió que en el micrositio de la Comisión de Justicia se abrió un apartado para que todas las personas interesadas tengan la oportunidad de expresar, manifestar y dar a conocer sus propuestas específicas que enriquezcan el proyecto de decreto.

“Es necesario tener opiniones técnicas de todos los grupos y colegios de abogados, con el fin de profundizar el análisis de esta materia”, expresó.

Rafael Espino de la Peña precisó que los foros estarán divididos en varias mesas de trabajo, las cuales contarán con la presencia de miembros del Poder Judicial, personalidades académicas, colegios de abogados, representantes de la sociedad civil.

La apertura de los foros, puntualizó, será el 9 de junio en el Senado de la República; el segundo será en la Escuela Libre de Derecho, el 16 de junio; el 21 de junio en Cuernavaca, Morelos; en la Universidad Veracruzana de Boca del Río, el 23 de junio; el 30 de junio en Morelia, Michoacán; y para el 7 de julio en la Universidad de Juárez, Chihuahua.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el objetivo de los foros es que se pueda construir un producto legislativo eficiente, legítimo y que ayude a acelerar el trámite de todas las personas que se encuentran en un litigio por pensión alimenticia, custodia, patria potestad, entre otros asuntos.

Expresó que el proyecto de dictamen estará a disposición para tener la cantidad de modificaciones necesarias, con el objeto de que tenga el consenso de la mayoría y, para ello, agregó, es importante que se lleven estos foros más allá del Senado de la República con académicos, estudiantes, especialistas y abogados litigantes.

Del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, aseguró que estos foros tratan de llevar a cabo un ejercicio que legitime, fortalezca y garantice que eventualmente el Código sea asimilado y utilizado para beneficio de la justicia de todas y todos los mexicanos.

Se trata de una pieza legislativa compleja, expresó, pues las materias civiles y familiares son de los elementos de justicia más importantes para la vida de las personas, porque prácticamente 65 por ciento de los casos que reciben los tribunales de todo el país, tienen que ver con estos ámbitos.

El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, afirmó que es de la mayor importancia que el Senado abra estos espacios innovadores y trascendentes, para nutrir un Código Nacional que allane muchas de las discrepancias que hay en materia civil y familiar, y que permita beneficiar al ciudadano de a pie en su vida diaria.

Es fundamental tener un mismo criterio en los procedimientos derivados de la materia civil, a fin de dar identidad a la procuración de los tribunales para una resolución pronta e innovadora, con nuevos recursos como la justicia digital, puntual