LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (2081)

  • Impostergable, concretar justicia cotidiana que beneficie a ciudadanos: Ricardo Monreal
  • Para la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares es prioritario

En el Senado de la República se llevó a cabo el primero de una serie de foros para conocer la visión de especialistas, operadores jurídicos, abogados, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía sobre el contenido y alcances de la propuesta para expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A la inauguración del evento asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien afirmó que es impostergable concretar una justicia cotidiana que beneficie la celeridad en los procesos civiles y familiares, y que cumpla con los más altos estándares internacionales relativos al acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo.

Al inaugurar el foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, el senador indicó que los derechos humanos, el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica, implican la aplicación y el desarrollo de procedimientos judiciales ágiles y útiles, que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requieren los justiciables; es decir, quienes acuden a los tribunales en búsqueda de justicia.

Ante los ojos de la ciudadanía, señaló el legislador, el sistema de justicia se ve alejado del ideal, especialmente en materia civil y familiar, ya que es lenta, incierta, discriminatoria, complicada y onerosa, sobre todo para quienes no cuentan con los recursos para costarse un juicio a través de profesionales del derecho.

Monreal Ávila estimó que la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y hasta contradictorias, ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita, por lo que es necesario homologar los criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar.

El líder de la mayoría legislativa subrayó que es de suma relevancia fijar los elementos indispensables para implementar una impartición de justicia que en verdad sea más sencilla, pronta y cercana a la gente, a través de instituciones fortalecidas con criterios homologados y uniformes para brindar a la ciudadanía certidumbre jurídica.

En un mensaje videograbado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que, para la presente Legislatura, la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un tema prioritario.

Por ello, indicó, es necesario propiciar un proceso de consultas extenso, por lo que este primer esfuerzo será determinante para que el Código tenga una real perspectiva de derechos humanos, del interés superior de la niñez y de género.

Dijo que el Código debe abordar de manera profunda, precisa e integral, el tema de la violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que es fundamental comenzar a aprobar leyes con perspectiva de derechos humanos y de género, que visibilicen, con la mira correcta y de raíz las violencias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió que 20 por ciento de las mujeres mayores de 18 años reportó percepción de inseguridad en sus hogares. Asimismo, destacó que 10 por ciento de los delitos contra las mujeres relacionados con conductas sexuales se generan en el domicilio familiar; y 23.2 por ciento de las defunciones de mujeres por homicidio ocurrieron en su vivienda.

Señaló que, entre los operadores estatales, es necesario aumentar su especificidad dentro de dichos temas, porque los encargados de interpretar y aplicar la norma saben o leen los términos, pero desconoce sus implicaciones reales y alcances.

Estos diálogos, expresó, ayudarán a especificar esos aspectos en los marcos normativos, como es el caso del nuevo Código, para que se homologue los procedimientos civiles y familiares en todo el país.

Sánchez Cordero recordó que la propuesta se encuentra en su etapa de análisis en comisiones, y que fue planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila, como un primer esfuerzo para poner a discusión y debate este polémico y difícil tema.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, detalló que este Foro, es el primero de una serie de espacios de reflexión que se llevarán a cabo durante los meses de junio y julio, para conocer las distintas visiones de especialistas, de operadores jurídicos, del gremio de la abogacía, la academia, organizaciones civiles y de la ciudadanía en general, sobre el contenido y alcances de la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Aseguró que estas mesas de diálogo les permitirán a los legisladores identificar áreas de oportunidad y recabar contribuciones oportunas, para construir un instrumento de aplicación práctica, que responda a nuestra realidad.

Espino de la Peña recordó que, a finales de 2021, el senador Ricardo Monreal y el senador con licencia Julio Menchaca Salazar presentaron una iniciativa, preparada con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, organizadora de estos foros.

En dicha propuesta, agregó, se regula el sistema de impartición de justicia en estos campos, su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a los procedimientos orales y se incluyen temas relativos a acciones colectivas, recursos y al juicio de responsabilidad.

Destaca, dijo, un apartado de justicia digital, muy importante en el contexto tecnológico en el que se está inmerso. “También se desarrolla lo relativo a las sentencias, las vías de apremio y su ejecución, se considera un capítulo de la cooperación procesal internacional; y se prevé un rubro para el juicio arbitral”.

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que el decreto de reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, publicada el 15 de septiembre de 2017, se originó a raíz de un amplio diagnóstico técnico en torno la cuestión de la justicia cotidiana en nuestro país.

El diagnóstico, agregó, arrojó la necesidad de que el Estado atendiera la percepción social negativa sobre la impartición de justicia en materia civil y familiar, “generalmente calificada de lenta, incierta, discriminatoria, complicada y costosa.”

La senadora refirió que, a partir de ello, el órgano reformador de la constitución valoró que un problema toral al respecto, “es la multiplicidad existente de Códigos de Procedimientos Civiles y familiares que, considerando las leyes habidas en cada entidad federativa, más la codificación Federal, dan como resultado un problema de dispersión legislativa.

Rivera Rivera destacó que para la aprobación de la reforma constitucional se valoró que la multiplicidad de leyes adjetivas se traduce en barreras de acceso a la justicia, desigualdad ante la ley, así como incertidumbre e inseguridad jurídica.

Por lo anterior, abundó, la reforma constitucional “nos impone el reto consistente de lograr la unificación en el país de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo y permitir la creación de políticas públicas para mejorar transversalmente la impartición de justicia.”

No obstante, añadió que el cumplimiento de esta tarea “apareja la necesidad de emprender un proceso de revisión integral de todo el marco legislativo vinculado a la materia objeto de reforma, para que, en caso de que se requieran adecuaciones, éstas se realicen de forma oportuna y armónica con la expedición del código único”.

Aprovechó el foro para platear el tema de las acciones colectivas, que a decir de la legisladora y de especialistas en la materia “la escasa eficacia que tiene este tipo de juicios, a más de 10 años de su reconocimiento constitucional, se debe, en cierta medida, a un error de origen respecto a su regulación dentro de la legislación procesal civil, que desvirtúa el carácter de interés público que revisten las acciones colectivas”.

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, expresó que este Código, “será la obra más importante de la presente Legislatura”, porque impactará en la vida diaria de toda la ciudadanía.

Afirmó que toca los intereses de cada persona y de su vida diaria, “porque nadie se encuentra exento de recurrir a la justicia y a los procedimientos jurisdiccionales, y que sean homogéneos y expeditos, es el primer reclamo de la ciudadanía”.

Castañón Ramírez señaló que mucha de la tardanza en los procedimientos civiles y familiares, se da por los códigos de procedimientos locales, y por no tener homogeneidad en estos procesos; hay muchos obstáculos en la pluralidad de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en los diferentes códigos de las 32 entidades federativas.

  • En el primer trimestre de este año, la entidad sumó 41 casos, advierte la senadora Martha Guerrero Sánchez

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, la senadora Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a informar los motivos por los que no se han implementado acciones para prevenir el delito de feminicidio.

La legisladora pidió al titular del Ejecutivo estatal que detalle el motivo por el que no se ha declarado la Alerta de Género en diversos municipios donde se han registrado el mayor número de feminicidios.

Guerrero Sánchez expresó que no es con salarios rosas o entregando tarjetas como se resolverá este grave problema en la entidad, sino que es necesario impulsar políticas públicas que atiendan la situación que viven las mujeres.

En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión, la senadora también solicitó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, a informar cuáles son las acciones y atenciones que han adoptado respecto al alza de los delitos registrados como feminicidios, así como del estado legal que guardan las carpetas de investigación relacionadas al tema.

Señaló que en el Estado de México no ha disminuido el índice de violencia en contra de las mujeres y que en los últimos tres años ha encabezado la cifra con mayor número de feminicidios registrados a nivel nacional.

La legisladora agregó que los medios de comunicación, a diario dan cuenta de feminicidios, acoso, violaciones de derechos que como mujeres debemos tener.

El 2021 ha sido el año en el que en México se han registrado más feminicidios. Sin embargo, desde 2015, el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor cantidad de casos, con 145 víctimas, y Jalisco y Nuevo León, completan este listado de estados más violentos para las mujeres.

Adicionalmente, dijo que, entre los 100 municipios del país con mayor violencia, 25 son del Estado de México, y este año, durante el primer trimestre, la entidad sumó 41 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De estos casos, 10 fueron niñas y adolescentes. Esto, remarcó, son los datos registrados, pero si sumamos los que no lo están, esta cifra sería mucho mayor.

  • Informó que donará 30 por ciento de su salario, “estos dos meses que vienen”, para respaldar a los damnificados

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que donará 30 por ciento de su salario, “estos dos meses que vienen”, para apoyar a las familias que fueron afectadas por el paso del huracán Agatha en Oaxaca.

Monreal Ávila hizo un llamado a la solidaridad de los mexicanos, en particular de los legisladores, para que acudan al centro de acopio que instaló la Cámara de Senadores para la colecta de víveres.

Dio a conocer que hasta el momento se han recibido en el recinto cuatro mil 300 artículos de alimentos; mil 390 de higiene personal; 173 de limpieza; 44 cobertores; y se espera que lleguen 600 cobijas, pero “todavía no completamos un tráiler para mandarlo a los municipios afectados”.

  • En el caso de la activista Cecilia Monzón, senadores y diputados piden investigación exhaustiva y diligente con perspectiva de género

La Primera Comisión de la Permanente, que preside la senadora Lucía Meza Guzmán, aprobó, por unanimidad, exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a las secretarías de seguridad, a las autoridades municipales y a las fiscalías de los estados para que pongan en marcha estrategias que erradiquen la violencia contra las mujeres.

En un dictamen que avalaron este martes, senadores y diputados insistieron en este dictamen en disminuir los casos de desapariciones y fortalecer mecanismos de búsqueda de niñas y adolescentes en el país.

Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado para que realice una investigación, con perspectiva de género, diligente, exhaustiva, imparcial, permanente y con base en los protocolos de feminicidio, sobre el homicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, para sancionar a los autores intelectuales y materiales de este crimen.

Asimismo, llamaron a las autoridades de la entidad a reparar el daño de manera integral de las víctimas indirectas, entre las que se encuentra el hijo menor de edad de Monzón Pérez.

En el documento, las y los legisladores condenaron el asesinato de la abogada y expresaron su pésame y solidaridad a su familia y amigos, así como a sus compañeras y compañeros en la defensa de los derechos humanos.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron un exhorto al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que fortalezca las instituciones de seguridad pública, con el objetivo de contrarrestar el incremento de la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

En este dictamen también se solicita a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que impulse la pronta, expedita y debida procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y con debida diligencia, a fin de esclarecer los hechos relacionados con el feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito y garantizar la reparación integral del daño.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, pidió sanciones penales a los servidores públicos que fueron omisos en las investigaciones para el esclarecimiento del feminicidio.

Del mismo modo, aprobaron exhortar a los titulares del poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las autoridades municipales que suscriban estrategias de coordinación con sus respectivas fiscalías locales, para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, y fortalecer los mecanismos de búsqueda, denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas en el territorio nacional.

  • “Es posible que, dentro de unos años, la educación sea la cicatriz más profunda y duradera que nos haya dejado el virus”: senador Alejandro Armenta

El senador Alejandro Armenta Mier insistió en que se requiere reforzar las acciones, programas, talleres y atención personalizada para los problemas de ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos psicológicos y mentales, que se desarrollaron por el confinamiento y el cambio de vida que sufrió la población por la pandemia de Covid-19.

Advirtió que “es posible que, dentro de unos años, la educación sea la cicatriz más profunda y duradera que nos haya dejado el virus”.

En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria y que se analizará en la Segunda Comisión de la Permanente, el legislador de Morena reiteró que la emergencia sanitaria dejó estragos en la salud de niñas, niños y adolescentes e, incluso, violencia familiar.

Por ello, dijo, se necesita fortalecer los programas dirigidos a la atención socioemocional y psicológica de los estudiantes y de sus familiares, para la incorporación a las actividades cotidianas.

Armenta Mier hizo un llamado a las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como a toda autoridad y dependencia que tenga injerencia en el tema para cumplir con este propósito.

Recordó que la Covid-19 no sólo ha provocado la muerte de millones de personas, sino que también ha dejado consecuencias económicas graves, impactos en la salud mental y efectos catastróficos educativos, por el cierre de las escuelas.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en México la cuarentena para evitar la propagación del SARS-CoV-2 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, tuvieran que dejar de acudir a sus centros escolares porque se suspendieron las clases.

“La pandemia ha tenido un impacto sin precedentes en la educación y la salud. Se ha incrementado la vulnerabilidad de la niñez y han tenido lugar una pérdida de aprendizajes de hasta un 55 por ciento y un aumento de la violencia intrafamiliar”, reiteró el senador.

Según datos de UNICEF, los niños de América Latina y el Caribe son los que más tiempo han estado fuera de las aulas. Cerca del 60 por ciento de los menores de la región perdieron el año lectivo y 13 millones de niños no tuvieron acceso al aprendizaje a distancia.

Alejandro Armenta Mier subrayó que el cierre de escuelas tiene consecuencias devastadoras para el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. “Los más vulnerables y los que no pueden acceder al aprendizaje a distancia corren un riesgo mayor de no regresar nunca al aula e, incluso, de verse obligados a contraer matrimonio temprano o al trabajo infantil”.

El legislador sugirió flexibilizar y adecuar la impartición de materias para atender las habilidades y conocimientos prioritarios en los campos de comunicación, español, matemáticas y pensamiento científico.

Además, de definir e implementar un plan de acompañamiento y de contención emocional de los estudiantes y el profesorado. Por ejemplo, se puede idear una capacitación docente orientada a identificar e intervenir cuando alguien esté atravesando alguna situación vulnerable, y prevenir así que la situación escale.

  • Ricardo Monreal dice que la propuesta ayudará a las finanzas de las localidades que están muy pobladas y que, proporcionalmente, no son tratados de manera justa y equitativa

Los senadores Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Armenta Mier recibieron una iniciativa del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que los municipios del país reciban la asignación presupuestaria de manera proporcional a la densidad de población con la que cuenta cada localidad, a fin de que puedan proporcionar los servicios públicos de forma eficaz.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la propuesta ayudará a las finanzas de los municipios que están muy poblados y que proporcionalmente no son tratados de manera justa y equitativa.

Este proyecto, detalló, crea y modifica diversas disposiciones en materia de coordinación fiscal, por lo que hay una serie de elementos que se deben analizar puntualmente.

Además, informó que el documento se presentará la próxima semana en la Comisión Permanente y será turnado a las comisiones de la Cámara de Diputados.

Esto último, explicó Monreal Ávila, se debe a que, de acuerdo con la Ley, todos los temas fiscales deben ser atendidos como Cámara de origen por la colegisladora, mientras que el Senado actúa como Cámara revisora.

Por su parte, Cruz Pérez Cuellar explicó que, la reforma al artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, busca que haya justicia tributaria para los municipios del país que tienen mayor población y, en consecuencia, mayor responsabilidad de otorgar servicios públicos.

“Existen poblaciones como Colima, que tiene cerca de 700 u 800 mil habitantes, y se le asigna un presupuesto de 18 mil millones de pesos, en el caso de Ciudad Juárez, que tiene un millón 700 mil habitantes, recibe un presupuesto de siete mil millones de pesos”.

Lo anterior, agregó, implica que no hay una equidad fiscal, pues “tenemos un millón de personas más que atender y 12 o 13 millones de pesos menos, y lo mismo les pasa a Tijuana, Puebla u otros municipios grandes”.

Iván Pérez, director general de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, detalló que existen varios fondos para poder repartir las aportaciones federales, pero la propuesta va encaminada específicamente en el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales.

Por lo que la reforma busca establecer que, al momento de llevar a cabo la fórmula o el cálculo para la distribución de recursos a los municipios, la cual se hace a través de los estados, el presupuesto se equipare o se compare a los municipios que tienen alta población en su demarcación y “que se le dé el mismo tratamiento al momento de repartir”.

Tras la denuncia del posible mercado negro de medicamentos antiCOVID, el senador Elí César Cervantes Rojas llamó a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud a realizar una campaña masiva de información sobre los riesgos del antiviral Molnupiravir pues a pesar de que en México tiene una aprobación de emergencia, se identificaron posibles prácticas ilegales en la venta de este producto.

Cuando se realiza una venta en el mercado negro los consumidores no tienen una supervisión médica que pone en riesgo su salud, según se describe en el reporte del British Medical Journal (BMJ) además, de ello existen -según informan- cientos de genéricos que no se tiene el registro sobre el proceso de control de calidad.

A pesar de que este antiviral ha sido comprado por 30 países incluido México, aún sigue el estudio sobre su eficiencia para reducir los riesgos de síntomas graves de COVID, por ello, y ante la probabilidad de una quinta ola de COVID, tanto la COFEPRIS como la Secretaría de Salud tienen que ofrecer información clara y accesible para que los probables consumidores eviten el consumo de este producto sin la supervisión médica necesaria.

Si bien Cofepris ya había advertido sobre la venta ilegal de dos genéricos del Molnupiravir es necesario más información para que se evite o se informe si hay o no un mercado negro de este medicamento, para evitar tragedias con la posibilidad de la quinta ola en México.

Asimismo, llamó a Cofepris a revisar con celeridad la campaña, pues -como bien informaron- un medicamento con uso de emergencia sólo puede adquirirse con prescripción médica y no puede ser comercializado en México pero de acuerdo al reporte de BMJ algunos hospitales privados aceptaron la compra de este medicamento en línea con un precio de 15 mil a 30 mil pesos, por lo que se requiere también hacer una revisión a estas instalaciones privadas para verificar la legalidad o no de los genéricos que se adquirieron.

  • Su implementación no debe quedar en un acto protocolario, sino traducirse en acciones concretas, subraya el legislador

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Espino de la Peña, aseguró que la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) compromete al Senado a desarrollar herramientas y estrategias para combatir la violencia y el acoso en el empleo.

Durante un evento sobre la Ratificación del Convenio 190 de la OIT para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el senador subrayó que su puesta en marcha no debe quedar en un acto protocolario, sino que debe traducirse en acciones concretas.

En ese tenor, adelantó que el Poder Legislativo revisará las leyes que se tienen que modificar para ponerlas en sintonía con el Convenio, además de presentar propuestas innovadoras. Para ello, agregó, las comisiones del Senado realizarán foros de análisis sobre los proyectos en la materia, así como esquemas de Parlamento Abierto.

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, el Pleno del Senado ratificó, por unanimidad, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para eliminar la violencia y el acoso laboral, adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 2019.

Este instrumento internacional respalda el propósito de salvaguardar y garantizar el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y acoso, especialmente por razones de género. Asimismo, reconoce que dichas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos, lo que representa una amenaza para la igualdad y el empleo digno.

Además, prevé un marco común para la acción de los países miembros, a fin de que ajusten sus marcos jurídicos e implementen una estrategia integral enfocada a establecer medidas de prevención de violencia y acoso en los lugares de trabajo.

Con la ratificación se busca detener, erradicar y prevenir las conductas de abuso de poder en el ámbito laboral, las cuales, lamentablemente, se han normalizado, lo que ha dañado profundamente el tejido social al alterar nuestras formas de convivencia colectiva.

El senador Espino de la Peña aseveró que más allá de cumplir con su responsabilidad pública, el Senado trabaja de manera comprometida para construir iniciativas que garanticen los derechos de las personas, especialmente de aquellas con mayor grado de vulnerabilidad o discriminación.

La gravedad y recurrencia de estas conductas no son menores, denunció, ya que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, casi 32 por ciento de las mujeres y 27 por ciento de los hombres señalaron sus espacios de trabajo como los lugares en los que menos se sienten seguros.

Además, puntualizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, reportó que casi 17 por ciento de las mujeres de 15 años había sufrido violencia durante su vida laboral.

En el caso del servicio público, el legislador de Morena informó que, de acuerdo con el Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020, en ese año se presentaron 255 denuncias en 57 instituciones, de las cuales el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres.

Desde el Legislativo debemos lograr que nuestra sociedad internalice que la violencia y el acoso no son aceptables en ningún espacio, que no es normal que en el trabajo existan tratos violentos e intimidatorios y que no tienen por qué aceptar insinuaciones incómodas de índole sexual para mantener su trabajo.

“Nuestros derechos, entre ellos los laborales, no son una concesión del Estado o de un empleador; son prerrogativas que nos pertenecen por el hecho de ser personas y que podemos hacer valer siempre y exigir su respeto”, sostuvo.

  • Alejandro Armenta también propone asignar mayores recursos a cuerpos policiales locales

El senador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional pueda realizar funciones de seguridad pública de forma permanente, con o sin convenios de colaboración, en los municipios del país en los que se registren hechos de alta peligrosidad que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Dijo que en México hay más de mil 200 municipios, ubicados en zonas rurales, en los que las policías locales son presas del crimen organizado, por ello, necesitamos articular, coordinar y vincular a las autoridades de seguridad de este nivel de gobierno, con las corporaciones estatales y bajo la coordinación de la Guardia Nacional.

Propuso que esta institución federal contribuya al fortalecimiento, vinculación, articulación con la seguridad municipal, “capacitando, coordinando, utilizando sus sistemas de inteligencia táctica para los delitos del fuero común y en los municipios que tengan relación con los delitos federales”.

Armenta Mier planteó que en casos de riesgo para la población con la delincuencia organizada o en temporada electoral, la Guardia Nacional actúe conjuntamente con entidades federativas y municipios para evitar el crimen, aunque no haya convenio de por medio.

Además, en la iniciativa que fue enviada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, el legislador propuso aumentar los recursos económicos en los municipios para mejorar sus instituciones, equipos, adiestramiento y capacitación en materia de seguridad pública, con prioridad en aquellos donde los índices delincuenciales sean mayores.

“Necesitamos más recursos en los municipios, pero necesitamos descentralizarlos, porque tenemos policías de primer mundo en las capitales, pero en los municipios hay policías que no tienen capacidad técnica ni tecnología, lo que hace endeble las capacidades de los cuerpos de seguridad, enfatizó.

El día de hoy la senadora Cecilia Sánchez García junto a los senadoras y senadores de Morena que integran la Comisión de Turismo, presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa que contempla diversas reformas a la Ley General de Turismo, con la finalidad de crear el Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT).

Esta propuesta será una herramienta fundamental para saber en donde se está invirtiendo en materia turística, que sectores de la cadena de valor registran inversiones, el impacto regional que representa, cuántos empleos directos se generan y cuántas familias son beneficiadas con estas inversiones

Con el Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT) se contribuirá a que la información sobre la inversión turística sea clara, precisa y oportuna. Para ello, es necesario que la información que se genera en los estados quede establecida como una obligación en la Ley General de Turismo.

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía mundial por su alta transversalidad, por su contribución al Producto Interno Bruto Mundial y como gran generador de empleos, entre otras de sus virtudes.

Sin duda, durante la pandemia del Covid-19 el turismo fue uno de los sectores que más lo resintieron. Sin embargo, su capacidad de recuperación ha sido notable.

En nuestro país, tenemos que reconocer que mucha de esta recuperación está vinculada al incremento en la inversión pública.

El turismo activa una cadena de valor de 65 mil millones de dólares en proveeduría; cuenta con más de 22 mil 560 hoteles que suman más de 800 mil cuartos disponibles.

De las 32 entidades federativas, 17 cuentan son zonas costeras. De los 263 municipios de estas zonas costeras, 150 tienen costa frente al mar y 113 tienen influencia costera. Además de 132 localidades que agrupan los Pueblos Mágicos a lo largo y ancho del país.

Ésta es parte de la oferta turística de nuestro país con un enorme potencial, con espacios de oportunidad para nuevas y futuras inversiones.

Es por ello que, el turismo necesita contar con información actualizada de la inversión turística que se realiza en cada una de las entidades federativas. Por ello, con la reforma a la Ley General de Turismo se propone la creación del Registro Nacional de Inversión Turística (RENIT).

Las senadoras y senadores de Morena que integran la Comisión de Turismo en el Senado de la República están convencidos de que este tipo de herramientas permitirán tener una visión más amplia para la toma de decisiones en beneficio de toda la población.

  • Se trata de crear un producto legislativo lo más adecuado posible y que logre el consenso de todos los Grupos Parlamentarios.

La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, anunció que se llevarán a cabo una serie de foros, en diferentes entidades federativas, con el fin de enriquecer y ampliar el panorama en torno al proyecto para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En conferencia de prensa, Espino de la Peña dijo que estos espacios se iniciarán como parte del compromiso de las y los senadores para analizar, debatir y escuchar a todas y todos los especialistas, expertos jurídicos y sociedad civil, “debido a que esta es una de las materias más importantes de la justicia cotidiana”.

Indicó que se identificarán los problemas que actualmente aquejan a la sociedad mexicana en esta materia, así como la información que permitan concluir, en los mejores términos, esta encomienda legislativa.

Destacó que estos encuentros se realizarán bajo los principios de representación, participación, colaboración, deliberación, inclusión, transparencia y publicidad.

Las y los integrantes de la Comisión, subrayó, buscamos acercarnos a las y los expertos, con el fin de que el documento salga lo más adecuado posible y así se logre un consenso de todos los Grupos Parlamentarios.

El legislador refirió que en el micrositio de la Comisión de Justicia se abrió un apartado para que todas las personas interesadas tengan la oportunidad de expresar, manifestar y dar a conocer sus propuestas específicas que enriquezcan el proyecto de decreto.

“Es necesario tener opiniones técnicas de todos los grupos y colegios de abogados, con el fin de profundizar el análisis de esta materia”, expresó.

Rafael Espino de la Peña precisó que los foros estarán divididos en varias mesas de trabajo, las cuales contarán con la presencia de miembros del Poder Judicial, personalidades académicas, colegios de abogados, representantes de la sociedad civil.

La apertura de los foros, puntualizó, será el 9 de junio en el Senado de la República; el segundo será en la Escuela Libre de Derecho, el 16 de junio; el 21 de junio en Cuernavaca, Morelos; en la Universidad Veracruzana de Boca del Río, el 23 de junio; el 30 de junio en Morelia, Michoacán; y para el 7 de julio en la Universidad de Juárez, Chihuahua.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el objetivo de los foros es que se pueda construir un producto legislativo eficiente, legítimo y que ayude a acelerar el trámite de todas las personas que se encuentran en un litigio por pensión alimenticia, custodia, patria potestad, entre otros asuntos.

Expresó que el proyecto de dictamen estará a disposición para tener la cantidad de modificaciones necesarias, con el objeto de que tenga el consenso de la mayoría y, para ello, agregó, es importante que se lleven estos foros más allá del Senado de la República con académicos, estudiantes, especialistas y abogados litigantes.

Del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, aseguró que estos foros tratan de llevar a cabo un ejercicio que legitime, fortalezca y garantice que eventualmente el Código sea asimilado y utilizado para beneficio de la justicia de todas y todos los mexicanos.

Se trata de una pieza legislativa compleja, expresó, pues las materias civiles y familiares son de los elementos de justicia más importantes para la vida de las personas, porque prácticamente 65 por ciento de los casos que reciben los tribunales de todo el país, tienen que ver con estos ámbitos.

El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, afirmó que es de la mayor importancia que el Senado abra estos espacios innovadores y trascendentes, para nutrir un Código Nacional que allane muchas de las discrepancias que hay en materia civil y familiar, y que permita beneficiar al ciudadano de a pie en su vida diaria.

Es fundamental tener un mismo criterio en los procedimientos derivados de la materia civil, a fin de dar identidad a la procuración de los tribunales para una resolución pronta e innovadora, con nuevos recursos como la justicia digital, puntual

  • Se trata de un centro de cultura y educación: Ricardo Monreal

A convocatoria del senador Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario de Morena, senadores, funcionarios, alcaldes y representantes diplomáticos asistieron a la inauguración de la exposición fotográfica “481 Aniversario de la Fundación de Morelia”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, recordó que hace unos meses escribió un libro sobre el Senado, en el cual retomó la parte independiente del país y Valladolid, la Ciudad de Morelia, es clave en toda la historia de México.

Desde sus primeros años, subrayó el senador, Morelia es un centro de cultura y educación, además es impresionante lo que le ha dado a América.

Ricardo Monreal expuso que Valladolid cambió su nombre a Morelia en 1828, en honor al más ilustre de sus hijos, don José María Morelos y Pavón, el “Siervo de la Nación”, quien en Chilpancingo rechazó el sobrenombre de “Alteza Serenísima”.

Desde 1828, comentó, la ciudad se llama Morelia, en honor al autor de los Sentimientos de la Nación, forjador del Estado mexicano, creador de la primera Constitución, del primer Tribunal de Justicia y del primer gobierno de insurgencia.

El senador también destacó que el 12 de diciembre de 1991, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación declaró a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que recorrer sus calles es penetrar en el arte y la historia, donde podemos apreciar joyas arquitectónicas de casi cinco siglos.

Monreal aseveró que las primeras construcciones hechas por franciscanos y agustinos; edificios barrocos como Las Rosas, la Catedral y el Palacio de Gobierno; platerescos, como El Carmen y la Casa de la Cultura.

“Hablar de Morelia es también, hablar de música de Miguel Lerdo de Tejada, de Ignacio Mier Arriaga, de Miguel Bernal Jiménez, de Romano Picutti, de los niños cantores, de Alfonso Vera Núñez, de Chucho Monje, de Gonzalo Chapela y de Blanca Morelia”.

Ricardo Monreal afirmó que esta ciudad, además, fue la cuna de los grandes juristas, “uno de ellos Gabino Fraga”, y epicentro de las luchas estudiantiles de 1963 y de 1966, cuando los nicolaítas lucharon contra un Estado autoritario, para abrir espacios democráticos y ampliar las libertades públicas.

El presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, destacó que espera que en la siguiente Legislatura se apruebe, por unanimidad, reformar la Ley General de Turismo para incorporar a Morelia como ciudad patrimonio del país.

Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, dijo que la muestra, que permanecerá en el Senado hasta el 31 de mayo, se conforma por 65 fotografías pertenecientes a la Secretaría de Turismo de Morelia, las cuales, dijo, relatan la historia, cultura y tradiciones de esta emblemática ciudad.

  • Los esfuerzos legislativos se han visto obstaculizados por la cultura patriarcal, la ignorancia y grupos que le dan un enfoque religioso al tema, afirma

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la interrupción del embarazo se trata de un problema social, porque criminaliza a las mujeres más pobres; y sanitario, pues las empuja a asistir a clínicas clandestinas, en las cuales suelen haber consecuencias terribles.

En una reunión con una delegación de legisladoras estadounidenses, la senadora aseveró que la discusión no se debe poner entre una filosofía moral contra la defensa de los derechos de las mujeres, ya que no llegará a nada.

Recordó que, durante los últimos 15 años, las mujeres mexicanas han impulsado cambios importantes en favor de sus derechos, lo cual se ha conseguido al alternar esfuerzos desde el ámbito político, jurisdiccional y legislativo. Gracias a ello, aseveró, se logró elevar a rango constitucional el principio de paridad de género.

Otro avance destacado, continuó, es la no criminalización del aborto en algunas entidades federativas, lo cual se logró gracias a la presión social, las reformas legislativas y las decisiones jurisdiccionales.

Hoy se empieza a respetar la decisión de las mujeres sobre el aborto antes de las 12 semanas y ya es un derecho vigente en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero y Sinaloa.

Además, informó que hay esfuerzos por parte de legisladoras para que no se criminalice el aborto a nivel federal, iniciativas que se encuentran en comisiones. A pesar del lento ritmo legislativo, dijo Sánchez Cordero, no hemos abandonado el tema y buscamos el mayor consenso.

A pesar de estos avances, señaló, las movilizaciones y los esfuerzos legislativos se han visto obstaculizados por inercias y resistencias de una cultura patriarcal, así como por la ignorancia y grupos que le dan un enfoque religioso a este tema, cuando se trata de un asunto de salud pública.

Finalmente, la senadora de Morena destacó la realización de este ejercicio de intercambio de experiencias, el cual confió que será fructífero para garantizar los derechos de las mujeres de Norteamérica.

La representante Micaela L. Cadena, vicepresidenta del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Nuevo México, se dijo a favor del acceso al aborto para todas las mujeres, ya que todas las personas deben tomar sus propias decisiones en materia de salud y sobre su futuro.

En ese tenor, denunció que las mujeres con dinero siempre tienen la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo, mientras que el resto deben “navegar” entre la discriminación y desigualdades para acceder a la salud.

Al hablar en representación de la delegación de legisladoras norteamericanas, destacó los esfuerzos para derogar diversos ordenamientos que criminalizaban el aborto; sin embargo, se encuentran con resistencias en la Suprema Corte de su país. “Creemos firmemente en el respeto a la decisión de todas las personas, sin la interferencia de ningún político”, enfatizó.

Tenemos mucho que aprender de México y América Latina, aseveró Micaela Cadena, especialmente de los movimientos liderados por mujeres brillantes y maravillosas que elevan sus voces para garantizar su participación en los espacios de decisión.

La delegación de parlamentarias estuvo integrada por las senadoras Linda M. López, integrante del Comité de Comités del Senado del estado de Nuevo México; Julie Gonzalez, presidenta del Cucus de la Mayoría en el Senado de Colorado; y Stephanie S. Hamilton, integrante del Comité Judicial del Senado de Arizona.

Además, las representantes Julie Von Haefen, integrante del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte; y Erin Zwiener, presidenta del Caucus sobre Medio Ambiente, Clima e Industria Energética de la Cámara de Representantes de Texas.

  • Se debe analizar la normativa en materia de financiamiento público para proyectos productivos: Nancy Sánchez Arredondo

La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, consideró como una prioridad revisar el marco legal en materia de bienestar social en el sector pesquero, ribereño y artesanal, a fin de incidir con reformas para disminuir las carencias y niveles de marginación en este sector.

Durante el seminario “El marco jurídico de la pesca en México a debate: áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, la legisladora agregó que también se deben revisar, entre otros aspectos relevantes, los marcos normativos en materia de financiamiento público para proyectos productivos.

Las políticas públicas, aseguró, deben en todo momento ser acciones de gobierno que se retroalimenten de la sociedad a quien van dirigidas; por ello, abundó que “cuando una política de gobierno no escucha a los actores y a los sectores que participan, se quebranta el principio ético donde el gobierno deben ejercer su actuar obedeciendo a quien gobierna”.

La senadora de Morena consideró urgente hacer una revisión “muy responsable”, con el sector pesquero, ribereño y artesanal, del marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social para valorar las posibles adecuaciones y reformas que favorezcan las condiciones de protección y seguridad social de este sector.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, refirió la legisladora, la pesca ribereña genera más de 300 mil empleos directos y alrededor de dos millones de indirectos, y aporta 23 por ciento de la producción pesquera nacional, “de ahí la importancia que este sector sea atendido con políticas transversales por las autoridades federales”.

Rafael Ruiz Moreno, tesorero de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, advirtió que la pesca en el país ha tenido un grave desorden, una falta de ordenamientos, pese a que cuenta con una Ley, pero con un reglamento que no ha sido terminado.

“La ley ha estado manca en el sentido que no tiene el brazo que hace que la Ley se cumpla, que es el estado de Derecho”, expresó.

En su participación, Mario Alberto Dávalos, director de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, quien criticó que en el sector hay un retraso de 15 años, pugnó por mayores presupuestos para el desarrollo de las cadenas productivas de la industria, así como la participación de instancias gubernamentales para encontrar soluciones a los problemas que ha generado la actividad ilegal en el sector.

En tanto, Nadia Olivares, directora de Pesquerías Resilientes consideró necesario interactuar entre las instancias del gobierno federal, con cada una de las pesquerías o de los sistemas ecosistemas pesqueros, con la finalidad de ayudar a discutir y analizar de manera activa los temas referentes a la industria del mar.

En ese mismo sentido, Juan Manuel Calderón, director de Políticas Públicas de Environmental Defense Fund de México, hizo un llamado para establecer un sistema de manejo de pesquerías para establecer estrategias para cada región, en el que participe el gobierno y los actores del sector pesquero.

Francisco Javier Fernández Rivera Melo, especialista en proyectos de conservación y pesca sustentable consideró importante que, dentro de la Ley General de Pesca y acuacultura sustentable, deben participar todos los actores y sectores que conforman esta industria, así como desarrollar programas de fortalecimiento al sector.

  • Reconocen en la Cámara labor de la CONABIO y del exrector de la UNAM, José Sarukhán, por su labor para proteger la biodiversidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que el Senado de la República va a pugnar para impulsar una agenda verde durante estos últimos tres años de la LXV Legislatura, para atender asuntos como el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el resto de los retos y desafíos que México tiene en la materia.

El mundo está en un problema grave con consecuencia del cambio climático, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, “por eso todos debemos orientar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cerebro a resolver este grave problema que ya tenemos encima”.

Durante la inauguración del “Primer foro de experiencias de la sociedad civil en la legislación ambiental mexicana: rumbo a la adopción del Nuevo Marco Global de Biodiversidad”, el legislador subrayó que nuestro país es increíblemente diverso, por lo que nuestra responsabilidad ante la crisis climática es aún mayor.

El senador recordó que en México se encuentra el 12 por ciento de las especies del mundo y estamos entre los 10 principales países con más mamíferos, reptiles, aves, anfibios y plantas, por lo que debemos reconocer el valor de los pueblos originarios que resguardan nuestras áreas naturales con una relación de respeto.

Sin embargo, denunció, la diversidad biológica se encuentra amenazada actualmente, tanto por causas naturales, como por nuestras actividades diarias que impactan directamente en los recursos naturales.

Asimismo, el líder de la mayoría legislativa celebró la entrega de un reconocimiento a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) por su labor, así como a su dirigente, José Sarukhán, de quien destacó su lucha y su gran interés a través de los años para proteger la biodiversidad nacional.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, destacó que esta conformación del Senado fue quien elevó a rango constitucional el cuidado al medio ambiente.

“Es por eso, por lo que este órgano legislativo trabajará de manera conjunta con la CONABIO, porque hablar del cambio climático no es hablar del futuro, sino del presente, e implica tomar acciones inmediatas diariamente”, sostuvo.

El legislador de la bancada del PVEM indicó que el Senado apoyará siempre a las nuevas generaciones, por lo que contribuirá a construir un mejor país y a la lucha contra el cambio climático; los jóvenes tenemos en las manos la oportunidad de definir qué país queremos para los próximos años, enfatizó.

En estos dos años que quedan de la Legislatura, dijo, continuaremos contribuyendo en la construcción de un México más sustentable.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, aseveró que la actual Legislatura del Senado ha manifestado su compromiso ecologista, particularmente al demandar que no se le reduzca el presupuesto a la CONABIO.

En ese tenor, agregó que esta Cámara también ratificó el Acuerdo de Escazú, que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, informó que un grupo de senadores y senadores han manifestado sus preocupaciones por el Tramo 5 del Tren Maya, pues consideran que daña el ecosistema de la región.

Recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo la fortuna de tener a José Sarukhán en la rectoría, lo que detonó el número de investigadores de la Institución. Dijo que la máxima casa de estudios nunca ha dejado de lado las necesidades de la sociedad mexicana.

Al recibir el reconocimiento a nombre de la CONABIO, José Sarukhán destacó la labor de la Institución, pues ha trabajado por el bien de México. Durante sus 30 años de existencia, señaló, han pasado alrededor de mil personas, lo cual refleja su papel como formador de recursos humanos.

La virtud de la CONABIO es que todo su trabajo ha contado con la participación de toda la comunidad académica mexicana, ya que quienes producen las investigaciones son las y los especialista de universidades e institutos de investigación. “De ahí que la información que CONABIO ha producido para México tenga una solidez moral”, asentó.

José Sarukhán consideró que será una pena dejar a las próximas generaciones sin biodiversidad, ya que el tema del cambio climático ha tenido más promotores y defensores que la protección de la diversidad biológica. Las siguientes generaciones serán quienes sufran los impactos de lo que no estamos haciendo, sentenció.

Rebeca Martínez, representante de las organizaciones de la sociedad civil, expuso que las juventudes comparten el orgullo de contar con la CONABIO, ya que para las nuevas generaciones es impensable pensar en la biodiversidad sin pensar en esta institución.

Las juventudes ya no queremos ser solamente espectadores, puntualizó, queremos estar y ser parte de este proceso de toma de decisiones, debido a que la pérdida de la biodiversidad es una gran amenaza.

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