Por Nancy Rodríguez
Por la importancia que representa para nuestro país la minería, la senadora Angélica García presentó una iniciativa para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad.
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena denunció que la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.
En ese sentido, dijo, se trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano.
Detalló que su propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
Adicionalmente, garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, subrayó.
La senadora Angélica García precisó que con estas modificaciones se obligará a los titulares de concesiones mineras que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
“Senadores y senadoras, ya lo ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, aseguró.
Con el objetivo de proteger la economía de los usuarios de instituciones financieras, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa que prohíbe el cobro de comisiones por diversos conceptos.
Al presentar la iniciativa, a nombre del senador Ricardo Monreal, autor de la propuesta, la legisladora de Morena dijo que se busca hacer más justa e igualitaria la relación entre los ciudadanos y la banca, reduciendo la cantidad de supuestos por la cual las entidades bancarias cobran comisión.
El documento establece que aquellas tendrán prohibido cobrar comisiones por operaciones de consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos internos; reposición de plástico bancario por robo o extravío; emisión de estado de cuenta adicional o impresión de movimientos.
También por disposición de crédito en efectivo; conceptos de anualidad de tarjetas de crédito; transferencia a otros bancos; mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía, entre otros.
La propuesta que reforma la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, precisa que las entidades bancarias tampoco podrán cobrar comisiones por pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo.
El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias, apunta la iniciativa.
Alicia Caraveo señaló que durante el primer trimestre del presente año, el 51 por ciento de las utilidades reportadas por los bancos en México correspondió a este rubro. “Más del doble del negocio consistió en cobrar comisiones a las y los mexicanos”.
El alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en 2017, expresó, ascendió a más de 108 mil millones de pesos, ocho por ciento más que en 2016; “casi el tripe del presupuesto anual de la UNAM”.
Indicó que un tercio de los ingresos de la banca en México provienen del cobro de comisiones, mientras que en otras naciones de latinoamérica, el ingreso de ese concepto representa menos de una cuarta parte.
De las 85 mil denuncias por cobro improcedente, refirió, los bancos sólo devolvieron el 13 por ciento del importe reclamado. Subrayó que la banca en México ocupa el tercer lugar de América Latina con mayores ganancias, respecto de sus ingresos totales por el cobro de altas comisiones a sus clientes.
A pesar de los avances que presenta nuestra legislación en materia de servicios financieros, persisten vacíos que afectan la calidad de los mismos y que han dado margen a este tipo de abusos sistemáticos, en detrimento de los derechos de la ciudadanía, puntualizó.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Por Nancy Rodríguez
*La integración logística, vital para ambos países, expresan a senadores mexicanos.
Ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, empresarios de Indonesia manifestaron su interés para trabajar con el nuevo gobierno de México en la modernización de las instalaciones portuarias del país, especialmente en el de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión, reiteró que con la llegada del nuevo gobierno México será una nación segura y estable para todos los países que han depositado su confianza e invierten en el país.
Dijo que con este encuentro se da paso no sólo a la vigorización de los vínculos económicos, sino también al estrechamiento del dialogo político. Fomentar la comunicación entre el Senado mexicano y las corporaciones portuarias de Indonesia beneficiará la amistad de nuestros pueblos.
En tanto, el embajador de Indonesia en México, Yusra Khan, manifestó el interés de su nación por incrementar el intercambio económico entre los dos países, especialmente en las actividades portuarias. También destacó la necesidad de ampliar la relación parlamentaria con los legisladores mexicanos.
Elvyn Gani Masassya, presidente de Corporaciones Portuarias de Indonesia, opinó que se abre una gran oportunidad para que su país apoye en la modernización de los puertos mexicanos, especialmente el de Lázaro Cárdenas. Subrayó que hay semejanzas en cómo México e Indonesia manejan este tipo de instalaciones, por lo que se puede trabajar conjuntamente en ese lugar.
Señaló que la integración logística es vital para los dos países, de ahí la importancia de crear una cooperación profunda en economía y actividades portuarias. “Esperamos tener el apoyo del Senado mexicano para ello”, reiteró.
Para el senador Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, modernizar los puertos mexicanos es de suma importancia. Con ellos se contribuirá a que el nuevo gobierno pueda desarrollar y fortalecer el sector energético nacional.
La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, expresó que es indispensables continuar con estos diálogos, fortalecer los lazos de amistad entre México e Indonesia, de modo que se refleje el fortalecimiento de la relación bilateral en todos los sectores.
En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PRI, Eruviel Ávila Villegas, refirió que el comercio entre México e Indonesia se triplicó entre el 2000 y 2015. Pasó de 487 mil millones de dólares a mil 415 millones de dólares en ese lapso, “producto del trabajo en equipo y por eso coincido en que el Senado será facilitador para fortalecer los lazos comerciales”.
NECESARIA UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN Y NO DE SUBORDINACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA SCJN: PT
Con el fin de fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación, el grupo parlamentario del PT, propuso que quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea al mismo tiempo quien encabece el Consejo de la Judicatura.
Al fundamentar la iniciativa que reforma el Artículo 100 de la Constitución, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo destacó que de acuerdo con la organización de la sociedad civil “México Justo”, el Poder Judicial es el que cuenta con menos transparencia y el que “peor” gasta los recursos públicos”,
“Ante este panorama, y con el ánimo de transformar esta situación, la presente iniciativa consiste en reformar la estructura del Consejo de la Judicatura para que tenga facultades fiscalizadoras”, mencionó.
Lo anterior, agregó, permitirá que entre el Consejo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establezcan relaciones en forma de coordinación y no de subordinación o dependencia.
De la Sierra Arámburo resaltó que las facultades constitucionales con las que cuenta actualmente el Consejo de la Judicatura son de suma importancia para garantizar la eficiencia y la independencia de Poder Judicial de la Federación.
No obstante, resulta preocupante la constante subordinación del Consejo de la Judicatura Federal al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de la concentración de responsabilidades en una misma persona.
“Por ello, proponemos que sea el Senado de la República quien designe a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito”, agregó.
El documento presentado al Pleno también establece, lo relativo a la suspensión y destitución de magistrados y jueces cuando, en el ejercicio de sus funciones, aparecieren involucrados en la comisión de un delito o incurran en violaciones al debido proceso.
“Es momento de lograr una transformación en el Poder Judicial de la federación que le permita tener autonomía real”, subrayó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
Por Nancy Rodríguez
Ante los altos índices de delitos cometidos con armas de fuego que son de uso exclusivo del Ejército, la senadora Claudia Edith Anaya Mota propuso una reforma para que la portación de armas de alto poder amerite la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa.
La senadora del PRI indicó que quien realiza este supuesto no sólo tiene la intención de agredir la integridad y el patrimonio de las personas, sino que pretende superar en fuerza la autoridad legalmente constituida.
Explicó que la prisión preventiva otorgada por oficio es una medida restrictiva de libertad, pero no es una pena anticipada o sentencia directa, es una acción que busca proteger a la población civil y a los operadores judiciales, ministeriales y policías, de la actuación de los grupos delincuenciales.
La iniciativa que se presentó ante el Pleno del Senado, también regula de mejor manera los permisos de las armas portables e intenta diferenciar entre los tipos de armas para distinguir cuales ameritan permiso o prisión preventiva.
La portación de armas de alto poder por la delincuencia ya es un delito sancionado, pero es necesario que esta conducta amerite la medida cautelar, aseguró la senadora.
La iniciativa que reforma el Código Penal Federal; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
La gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo en el Campeonato Mundial que se realiza en Doha, y con ello la bajacaliforniana hizo historia para México tras lograr la primera medalla para nuestro país, en la rama femenil, en este tipo de justa. Moreno superó lo hecho en sus anteriores cuatro campeonatos mundiales donde ocupó en todos ellos el séptimo sitio. Alexa en su primer salto tuvo una puntuación de 14.600, mientras que en el segundo 14.416, y para así finalmente lograr un promedio final de 14.508. http://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/alexa-moreno-medalla-bronce-mundial-gimnasia-artistica
Por Nancy Rodríguez
La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros propuso hacer obligatoria la prueba del tamiz cardiológico para la detección de cardiopatías congénitas críticas o graves a todo recién nacido, en el sector salud público y privado.
Al presentar su iniciativa, que busca reforma la Ley General de Salud con este propósito, la senadora por Baja California Sur señaló que esta prueba deberá ser gratuita y aplicarse “a los sectores vulnerables y en situaciones de pobreza extrema, para que a cada niña o niño que nazca en México tenga acceso a este examen que puede representar la diferencia entre salvar una vida o perderla por falta de atención oportuna”.
La detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal y la suma de capacidades entre los institutos nacionales de salud, permite realizar intervenciones para reducir las consecuencias y mejorar el pronóstico de los pacientes, afirmó.
“El principal compromiso de México debe ser con la atención de nuestras niñas y niños. Nuestro país debe hacer el esfuerzo para que con un gasto mínimo, eficiente y práctico, todo recién nacido tenga acceso oportuno a esta prueba”, señaló.
Saldaña Cisneros añadió que, al acceder a la prueba del tamiz neonatal cardiológico, las niñas y niños tendrán una vida futura con capacidades plenas, salud y bienestar para su desarrollo.
La legisladora recordó que el Secretario de Salud del Gobierno federal, Doctor José Narro Robles, declaró en julio de 2018, que en México nacen al año alrededor de 20 mil menores con alguna cardiopatía congénita, que de no tratarse a tiempo puede acompañar a la persona a lo largo de su vida o causarle la muerte.
En México, refirió, se calcula que en 2018 nacerán 18 mil 349 personas con alguna cardiopatía o malformación cardiaca, es decir, ocho de cada mil niños al nacer, de los cuales 12 mil 257 necesitarán alguna intervención o cirugía, y al no ser atendidos a tiempo son susceptibles de padecer complicaciones en el cuadro clínico o incluso fallecer o sufrir de alguna discapacidad durante su desarrollo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el año 2015, en personas menores de un año de edad, hubo un total de 6 mil 529 decesos por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, de las cuales 3 mil 529 correspondieron a malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 219 a defunciones por enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón.
En apego a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, tomó protesta de ley a Noé Fernando Castañón Ramírez como senador de la República.
Batres Guadarrama señaló que el 24 de octubre, dicha Sala Superior le ordenó convocar a Castañón Ramírez para que rindiera la protesta constitucional que lo convirtió en el senador 128 de esta LXIV Legislatura.
El legislador chiapaneco, del Partido Revolucionario Institucional, no acudió a la entrega de credenciales de identificación y acceso de los senadores de electos a la Sesión Constitutiva, llevado a cabo por la Secretaria de Servicios Parlamentarios y tampoco acudió a dicha sesión en la que se efectuó la protesta de los senadores electos, resaltó el senador Presidente.
Posteriormente, el 17 de septiembre, Noé Castañón solicitó al presidente de la Mesa Directiva proceder a tomarle protesta como senador de la República en la sesión a celebrarse el martes 18 del mismo mes, argumentando que no existía impedimento legal alguno para ejercer el derecho constitucional que le asistía como senador electo.
En la misma fecha, el senador electo dio a conocer información respecto de una controversia civil sobre una querella por violencia familiar y una denuncia por falsedad en declaraciones ante una autoridad distinta de la judicial, afirmando que dichos procesos habían concluido.
Los días 19 y 20 de septiembre, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, por instrucciones de la Mesa Directiva, giró comunicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las que solicitó se informara la existencia de procesos jurisdiccionales abiertos en los que se encontrara involucrado Noé Fernando Castañón, así como el estado procesal correspondiente.
Sobre el particular, declaró el senador Batres Guadarrama, se recibieron respuestas del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La información del Tribunal de Chiapas no da cuenta de procesos abiertos y la Suprema Corte da cuenta de procesos concluidos y procesos en curso.
Posteriormente, a través de diversas comunicaciones del 25 y 26 de septiembre y 8 de octubre, Castañón Ramírez solicitó se le tomara la protesta constitucional como senador de la República. La Mesa Directiva del Senado recibió las comunicaciones pero resolvió esperar a contar con la información completa del Poder Judicial de la Federación respecto del caso del chiapaneco.
Noé Castañón presentó en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 11 de octubre una demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, para que se le tomara la protesta de ley.
El senador Martí Batres destacó que el conjunto de acciones definidas por la Mesa Directiva para procurarse la absoluta certeza de su determinación, se vio interrumpida por la sentencia emitida por la autoridad judicial competente con motivo del juicio promovido por el senador electo.
Batres Guadarrama reiteró a la Asamblea que en todo momento se actuó con responsabilidad constitucional y legal, bajo una ponderación de derechos y que oportunamente se solicitó a las autoridades judiciales competentes la información que permitiera aclarar la situación jurídica de Noé Fernando Castañón.
Agregó que se mantuvo el criterio de legalidad, por lo que la convocatoria al senador electo para que rindiera protesta constitucional como senador de la República se hizo en cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, más allá de cualquier otra consideración de la propia Mesa Directiva. Concluyó que en lo particular, mantiene su compromiso de actuar en estricta legalidad en todo momento.
Por Nancy Rodríguez
La senadora Nestora Salgado denunció que el Instituto Nacional de Migración y las fuerzas policiales han obstaculizado el acceso a territorio mexicano de las víctimas de desplazamiento forzado provenientes de varias partes de Centro América, principalmente de Honduras, condiciona el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria. Por lo, pidió a los gobiernos estatales que implementen un protocolo que garantice su circulación y protección humanitaria.
Esto con el fin, dijo, que puedan llegar a los Estados Unidos sin acogerse a regímenes migratorios en México porque su intención no es quedarse en el país.
La senadora de Morena lamentó que ante el arribo de la Caravana Migrante en los últimos días desde las esferas del poder político se escuchen discursos de criminalización y xenofobia para referirse a las personas cuyos contextos de violencia y pobreza generalizada las han excluido de las condiciones de una vida digna y respeto a sus derechos humanos.
“En boca de los cuerpos policiacos de México y en particular del delegado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Echavarría se advierte que No pueden continuar en territorio nacional de manera irregular. Las Secretarias de Relaciones Exteriores y Gobernación en conjunto advirtieron que aquellos que cruzaron por el río serán sujetos a procesos administrativos, e incluso podrían ser repatriados”, señaló.
En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora demandó que estas personas no sean objeto de detenciones arbitrarias, se respete el principio de no devolución y se esclarezcan las causas de la detención de ilegal del defensor de los derechos del migrante, Irineo Mujica, acusado de los delitos de resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena.
Salgado García destacó que según han constatado colectivos de organizaciones civiles, al menos 200 personas incluidas niñas, niños y adolescentes permanecen a la espera en el Puente Guatemala-México a la intemperie en condiciones indignas, mientras que en los migrantes que continúan su camino hay cuadros desfavorables de salud.
“La limitada actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se justifica con decir que no se tiene conocimiento cierto sobre la situación jurídica de las personas que han sido trasladadas al albergue provisional, como tampoco de su derivación hacia la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se muestra alejada a pesar de su solicitud de medidas cautelares, de las más de 7 mil personas desplazadas, de las cuales 2 mil 307 son menores de edad y 2 mil 234 son mujeres, algunas embarazadas, así como un sinnúmero de adultos mayores en condiciones preocupantes de salud y acceso a la alimentación”, concluyó.
La senadora Susana Harp Iturribarría propuso que el Senado de la República solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), fortalecer las estrategias y acciones para reducir la tala ilegal de los recursos forestales en el país.
Asimismo, para que incremente el presupuesto para el combate a la tala ilegal a nivel nacional e instrumente campañas que informen de los efectos nocivos que producen al medio ambiente la explotación irracional de los recursos madereros.
La legisladora de Morena también exhortó a la PROFEPA a revisar la Norma Mexicana sobre los contenidos del manejo forestal y el aprovechamiento de los recursos de estos ecosistemas.
Al presentar el punto de acuerdo, a nombre del senador Ricardo Monreal, dijo que la tala ilegal y la deforestación constituyen dos de los más graves riesgos que afronta el medio ambiente y un peligro permanente para una gran variedad de especies de flora y fauna.
Indicó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) infirmó que, de 1990 a 2015, México tuvo una pérdida de bosque de 255 mil 500 hectáreas por año, superficie equivalente a los territorios de Chihuahua y Chiapas juntos.
Comentó que si bien los fenómenos ocasionados por el cambio climático afecta a los bosques y selvas, la principal razón se encuentra en la explotación inmoderada de los recursos forestales por la actividad agropecuaria y el desarrollo urbano no planificado.
Susana Harp señaló que no se le ha prestado la atención suficiente al problema de la deforestación. La tala ilícita constituye un problema asociado, incluso, a bandas criminales y a la explotación de los recursos bajo criterios mercantiles, sin importar el cambio de uso de suelo, su degradación o contaminación, abundó.
Refirió que entre un 30 y un 50 por ciento de la madera que se comercializa en el país, es de procedencia ilegal, por lo que es indispensable encontrar nuevas fórmulas para combatir esta práctica en virtud de que las acciones emprendidas por la PROFEPA son insuficientes.
El punto de acuerdo se envió a las Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
· Fundamental que se garantice la igualdad sustantiva y el compromiso irrestricto a los derechos de las mujeres
Senadoras de la República e integrantes de la asociación “Mujeres de Avanzada” se reunieron este jueves para impulsar una agenda que permita abordar los temas fundamentales en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres.
La asociación integrada por congresistas, ex legisladoras y organizaciones civiles, anunciaron que buscan trabajar de manera conjunta con la próxima secretaria de Gobernación, senadora Olga Sánchez Cordero Dávila.
Entre los temas que destacaron se encuentra: violencia política, acoso sexual, igualdad laboral, educación como medio para impulsar la paridad, legalización de la mariguana y el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones.
En tanto, la ex ministra Olga Sánchez Cordero Dávila dijo que el Estado mexicano no ha sido capaz de dar respuesta a todas las situaciones que transgreden, afectan y lesionan los derechos de las mujeres.
Señaló que no debe haber colores ni partidos, sino el objetivo común de garantizar los derechos de las mujeres. Indicó que como próxima secretaria de Gobernación tendrá que abordar muchísimos temas, pero remarcó que uno de los más importantes será este.
“Para mi es una triple responsabilidad llegar como la primera mujer a la Secretaría de Gobernación, porque no solamente es todo lo que implica la violencia en la que vivimos y la falta de oportunidades, sino el compromiso irrestricto con los derechos de las mujeres”, manifestó.
Aseguró que para garantizar la gobernabilidad del país se debe eliminar la violencia de género e impulsar una cultura de la paz. “Estamos conscientes de que ancestralmente hemos sido discriminadas, subordinadas bajo una situación histórica patriarcal donde no hemos tenido un lugar igualitario”.
Dijo que para que el Estado brinde una respuesta completa, tienen que estar involucrados todos los sectores y actores, que sea impulsada desde el Legislativo; “por eso tenemos que caminar juntas, para transformar el país, con, por y para las mujeres, porque yo sola no puedo”.
La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, indicó que se tiene que trabajar por la autonomía física, económica y de toma de decisiones de todas las mujeres.
Precisó que estos ejes están encaminados a garantizar los derechos que tienen que ver con el cuerpo y el bienestar social, los salarios y prestaciones y la participación política, para garantizar la igualdad sustantiva.
Rocío Abreu, senadora del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que se buscará legislar en materia de acoso político a las mujeres, y solicitó el apoyo de las representantes de asociaciones de mujeres para plantear una iniciativa en conjunto y consensada.
Propuso realizar un taller en el Senado de la República para conjuntar todas las ideas y hacer una propuesta para hacer modificaciones en materia federal.
La senadora Nuvia Mayorga, del Grupo Parlamentario del PRI, expuso que sólo 52 por ciento de las mujeres participan en el mercado laboral, frente al 78 por ciento de los hombres; y también representan 70 por ciento de la población mundial que se encuentra en situación de pobreza extrema.
En el país, 23 por ciento de las mujeres ocupadas trabajan por cuenta propia; 2.3 por ciento son empleadoras; y 7.5 por ciento no reciben remuneración por su trabajo. Además, dos de cada tres mujeres ocupadas son subordinadas, y de ellas, 37 por ciento no cuentan con un acceso a servicios de salud, como una prestación laboral, detalló.
*La senadora Susana Harp presenta iniciativa para reconocer en la Constitución a los pueblos afrodescendientes.
En el del Día Nacional Contra la Discriminación, en el Senado de la República fue inaugurada la exposición fotográfica “Afroméxico”, que exhibe el trabajo de cinco artistas visuales que retrataron la cultura de las comunidades afromexicanas del país.
El presidente del Senado de la República, Martí Batres, asentó que en nuestro país se tiene “una gran deuda en el reconocimiento de la cultura afromexicana”, una comunidad prácticamente invisibilizada durante cientos de años.
Dijo que se han cristalizado visiones y teorías sobre el mestizaje que excluyen completamente a los afrodescendientes que viven en México y “parecería que no formaron parte de la composición de nuestra nación”.
“No disfrutaríamos la música, el baile que disfrutamos” en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y en otros lugares del norte del país, sin la contribución de esta comunidad
Celebramos que hoy se inaugure esta exposición, con la participación del titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribaria, resaltó que en su estado, Oaxaca, hay muchas comunidades afrodescendientes que han solicitado que las personas afromexicanas sean incluidas en la Constitución.
La senadora de Morena anunció que presentará una iniciativa para lograr la visibilización de los pueblos afromexicanos, a la que ahora aportan los fotógrafos que participan en la exposición.
Los senadores, agregó, tenemos que ser la voz de lo que ellos necesitan y arropar las voces de quienes decidan sumarse, junto con el Conapred, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos de la Sociedad Civil, entre otros.
Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred, apuntó que la agenda pendiente con los pueblos y comunidades afromexicanas es larga, pues aún no se les ha dado el reconocimiento constitucional que merecen.
Felicitó al Senado por la inminente presentación de una iniciativa en la materia, a través de la senadora Susana Harp. Asimismo, señaló que existen deudas en materia de desarrollo social, de políticas educativas, de representación política, de consulta a las comunidades afromexicanas en las políticas y proyectos que les conciernen.
En una fecha tan importante, aseguró, se debe poner el dedo en el renglón por los millón y medio de personas afromexicanas -según la encuesta intercensal 2015-, merecen ser reconocidas por la Constitución y por políticas y leyes específicas que reconozcan sus derechos y que fortalezcan su acceso a ellos.
A la inauguración de la exposición, que consta de 48 fotografías, asistió la fotógrafa Blanca Charolet López en representación de los artistas visuales, así como senadores de diversos Grupos Parlamentarios.
Por Nancy Rodríguez
La violencia contra las mujeres tiene su origen en una sociedad machista, que promueve estereotipos y colocan a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, en una situación de desigualdad y vulnerabilidad frente a los hombres, y si a ello sumamos la omisión y negligencia de las autoridades, tenemos un país en el que es peligroso no ser hombre, deploró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dijo importante señalar que desde la sociedad civil se ha denunciado que las cifras oficiales de la violencia por razón de género están por debajo de la realidad, “es totalmente inaceptable que el simple hecho de ser mujer se convierta en una debilidad y en un riesgo a la seguridad de todas nosotras”, añadió
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio las calles, carreteras, parques, se han convertido en las tumbas de las mujeres mexicanas. Las entidades que encabezan la lista de feminicidios son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Guerrero.
Por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está en primer lugar, seguido de Sinaloa, Colima y nuevamente Chihuahua y Guerrero de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La ola de violencia contra las mujeres continúa en franco crecimiento pese a una legislación que se ha modificado constantemente para enfrentar la realidad, pero que se ha quedado corta, ello hace necesario que desde el Senado de la República convoquemos a la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para construir acciones legislativas que abonen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”, puntualizó la senadora por Zacatecas.
Por lo anterior, Bañuelos de la Torre informó que el próximo miércoles 17 de de octubre, a las 09:00 hrs., se llevará a cabo la instalación del “Frente contra la Violencia de Género”, que integrarán organizaciones de la sociedad civil y legisladoras del Partido del Trabajo, la cita será en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República, Donceles 14 Centro Histórico, CDMX.
Por Nancy Rodríguez
En el marco del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres, las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Bertha Alicia Caraveo Camarena proponen reformas a nivel constitucional para garantizar la participación paritaria de las mujeres en la vida política del país.
Históricamente las mujeres han enfrentado una serie de dificultades que han minado su participación política, lo que ha generado una subrepresentación en los cargos de elección, en las administraciones públicas y en el poder judicial.
Explicaron las legisladoras que además de ser discriminatorio, ha impedido el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, su fortalecimiento como agentes de cambio hacia la igualdad sustantiva y sobre todo se les ha limitado indebidamente el ejercicio pleno de sus derechos de participación y representación política.
La iniciativa explica que las mujeres hacen política en un contexto adverso y dentro de una cultura política machista y discriminatoria que aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres.
Por ello, es necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando desde la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las resistencias que se conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas e integración de los órganos de representación, deliberación y toma de decisión.
A pesar de las diversas acciones y reformas, que han tenido su mayor auge a partir de los años 90, no ha sido posible garantizar una participación política paritaria y libre, de aquí la necesidad de esta Iniciativa de Reforma.
La amplitud del proyecto que se presentará incluye adiciones en el Artículo 1° de la Constitución.
La paridad de género se instituye como un principio fundamental en los Estados Unidos Mexicanos, que garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público.
La propuesta contempla incluir el lenguaje de género en todo el articulado en la materia; establecer la elección de representantes ante los ayuntamientos, conforme al principio de paridad de género, en los municipios con población indígena; la paridad en la integración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y las consejerías electorales, Así como en el Congreso de la Unión, Tribunal Superior de Justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación y las magistraturas electorales, entre otros.
El principio de paridad de género, deberá observarse en la integración de los Poderes de la Unión y en los órganos autónomos. Asimismo, constituye una obligación de los partidos al integrar sus órganos de dirección y en la postulación de sus candidaturas.
Es una oportunidad histórica de consolidar el proceso de reformas legislativas en materia de derechos políticos de las mujeres que ha venido gestándose desde hace 65 años.