El grupo parlamentario del PAN en el Senado, expresó su respaldo a la permanencia de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).

Al fijar la postura de la bancada panista en torno a los recientes ataques en contra del titular de la FEPADE, la senadora Marcela Torres Peimbert advirtió que no permitirán que se vulnere el principio de independencia de la Fiscalía, en la procuración de justicia. "No lo dejaremos solo", puntualizó.

La congresista señaló que los partidos políticos deben estar empeñados en el mejoramiento constante del sistema electoral mexicano y “necesitamos servidores públicos comprometidos con el bien común y con trayectorias académicas intachables, como lo es la del fiscal Santiago Nieto”.

Aclaró que en ejercicio de su derecho a la libertad profesional, el fiscal Nieto Castillo ha mantenido una relación estrecha y técnica con el Senado, además ha trabajado para otros partidos como el mismo PAN, PRI e incluso el Verde en Querétaro. "A mi me consta", aseguró.

Torres Peimbert, informó que el Fiscal Santiago Nieto trabajó para ella como asesor, aquí en el senado -dijo-  en la reforma política en materia de Género, porque es una de sus especiliadades.

Mencionó, que su grupo parlamentario se suma al posicionamiento que ha definido el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en el sentido de considerar inadmisible “la intimidación del PRI y el Partido Verde” hacia la FEPADE.

La vicecoordinadora de Vinculación con la Sociedad precisó que el buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones sólidas, de una sociedad informada y organizada, y entre ellas debe prevalecer el diálogo y la colaboración, no las descalificaciones.

Subrayó que los ataques contra el Fiscal Nieto, tienen la intención de desviar el asunto de fondo, que es la presunta comisión de conductas que pueden constituir un delito, como fue, entre otros,la entrega de las tarjetas Premia Platinum, que entregó el Partido Verde a ciudadanos, lo que constituye un atentado contra el derecho a la libertad de voto de las y los mexicanos.