Oro Solido

Oro Solido

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento del artículo 4º de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el reporte semanal de acciones del Gabinete de Salud para mejorar la calidad del servicio público y consolidar la gratuidad en medicamentos y atención médica.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que éste, “como otros planes, tiene oposición por los grupos de intereses creados”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, refirió que las resistencias por parte de intermediarios y proveedores han derivado en la falta de insumos.

Un caso concreto, indicó, fue el que se detectó la semana pasada durante una visita sorpresa al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde el personal médico y de enfermería manifestó sus carencias así como quejas de las condiciones en las que brindan el servicio.

“Este instituto, para tener sus insumos —el instituto es un organismo público descentralizado por tanto tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y puede hacer las contrataciones de acuerdo a sus disposiciones internas— tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos que cubre hasta noviembre de 2020 con la empresa Phoenix Farmacéutica”, explicó el subsecretario.

Dejó claro que no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud e incluso tuvieron incrementos de 5 a 7 por ciento de 2019 a 2020; en el caso del Instituto de Neurología, el aumento fue del 12 por ciento.

Las deficiencias, aseguró “no es por falta de presupuesto. El dinero existe y está asignado. No es por falta o indisposición del gobierno de que tengan los insumos dado que tienen contratos con entidades intermediarias de la provisión de los insumos”, puntualizó.

En cuanto a la compra de medicamentos, el subsecretario indicó que en el gobierno anterior las adquisiciones se concentraban en cuatro proveedores y adquirían medicamentos distintos para padecimientos iguales.

Informó que de 2013 a 2018 el IMSS, que era la institución que realizaba el proceso de compras, realizó un acumulado de 257 mil 188 millones de pesos para la compra de insumos, la cual se concentró en dos empresas: Dimesa-PISA y Fármacos Especializados.

Sostuvo que el gobierno de la Cuarta Transformación cambió radicalmente esas prácticas y ahora se compra a fabricantes y laboratorios titulares dueños de los registros sanitarios sin intermediarios.

“Tenemos un diálogo directo con las empresas farmacéuticas que son quienes generan el valor, generan el producto y pueden vender hoy de manera directa al gobierno federal”, precisó.

Agregó que la licitación está abierta a proveedores nacionales e internacionales para diversificar el mercado, lo que se traducirá en la búsqueda de calidad y compra de productos más adecuados.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud resaltó que en esta administración se elaboró un compendio nacional de insumos para la salud dedicado a todo el sector.

Las compras consolidadas permitieron tener en 2019 los mejores productos para enfermedades de alta complejidad, por lo que no se han adquirido medicamentos o insumos ‘pirata’.

Como parte de las estrategias institucionales implementadas en el ISSSTE, destacan el Programa para la Prescripción Razonada de Medicamentos de Alta Especialidad (PEPMAE); un censo de pacientes con el que se evita el uso desmedido de antibióticos y el Sistema Integral de abasto de medicamentos.

El presidente López Obrador informó que en los siguientes días se abrirán hospitales y centros de salud abandonados por las anteriores administraciones. El 20 de marzo será inaugurado el de Tlaxiaco, Oaxaca, en la mixteca.

El jefe del Ejecutivo hizo el compromiso de dar a conocer hoy mismo la lista de centros de salud y hospitales inconclusos.

“Nuestro objetivo es que el primero de diciembre de este año va a haber un sistema de salud pública totalmente distinto, eficiente y con medicamentos, atención médica de calidad y gratuito porque eso también es muy importante, la gratuidad; nada de cuotas de recuperación o cobrar. El propósito es que se garantice el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social”, remarcó.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la cámara de senadores, indicó que el Senado de la República tiene la obligación de ponderar, moderar y encabezar un proyecto de outsourcing que sea benéfico para el país, y que no afecte ni perjudique el empleo o la economía. ​

​Afirmó que su bancada actuará con responsabilidad y sin excesos frente a este tema. “No acudiremos a radicalismos que afecten al empleo o al desarrollo económico del país”, apuntó. ​

​Tras una reunión con empresarios, el senador indicó que este sector le ha pedido que el outsourcing no se prohíba, pues de hacerlo será un quebranto para las empresas que han utilizado esta figura y han actuado conforme a la ley. ​

​Reveló que también lo han buscado líderes sindicales, quienes quieren emitir su opinión e incluso han realizado propuestas de modificación al dictamen presentado. ​

​El legislador dijo que el Senado respeta todas las voces, por lo que el propósito del Parlamento Abierto en la materia, que se realizará este 12 de febrero, es sacar conclusiones y construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. “Este ejercicio nos da la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en Comisiones”, puntualizó. ​

​Aseguró que Morena no tiene una posición al respecto, pues esperarán los resultados del Parlamento Abierto. “Vamos a discutirlo en el Grupo Parlamentario para llevar al Pleno una sola voz”, indicó. ​

​Monreal Ávila garantizó que no se va a afectar el empleo, sin embargo, consideró una obligación regular el abuso de la subcontratación. Detalló que, aunque no tiene dudas de que hay empresarios que cumplen con la ley, hay quienes han abusado y de esta figura jurídica, convirtiéndola en “una mina de negocios particulares, evadiendo al Fisco y lastimando al trabajador”. ​

​También, el legislador confirmó la visita de senadores a la Corte el 12 de febrero a las 11:00 de la mañana. Reiteró que la reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de un gesto de cortesía política. ​

​Detalló que en la reunión conocerán el contenido de las propuestas de reformas en materia de justicia, sin embargo, dijo que recibir la propuesta de reforma de la Corte no implica que vaya a salir tal cual. “El Senado va a enriquecerla, va a mejorarla, va a ampliarla o va a adicionar temas. Es un punto de partida”, asentó. ​

​Informó que al encuentro acudirán los integrantes de la Comisión de Justicia, así como las presidencias de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios. ​

Martes, 11 Febrero 2020 21:35

Periodos Ordinarios

El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el Consejo de Europa, en el ámbito de su Asamblea Parlamentaria, analizaron la crisis migratoria que enfrentan 70 mil niños migrantes en centros de detención de Estados Unidos, la mayoría originarios del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica.

Lo anterior, se llevó a cabo en reunión del Comité sobre Migración, Refugiados y Personas Desplazadas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia. 

En su participación, el senador Vasconcelos destacó que se ha profundizado la crisis de menores migrantes en Estados Unidos. “Así lo demuestra el incremento de los niños detenidos en ese país que, según cifras oficiales, ascendió en un año a cerca de 70 mil”. 

Paralelamente, agregó, aumentó la duración del periodo de detención de los infantes, en algunos casos, hasta por ocho meses. Refirió que distintas investigaciones apuntan que esta situación provocó en los menores severos daños psicológicos, particularmente por la separación de sus familias, que es parte de la política migratoria estadounidense.

“Tal situación es claramente inaceptable. Lo es por razones de humanidad. Pero lo es, igualmente, porque implica una flagrante violación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos del niño”, subrayó el legislador ante parlamentarios de 47 países de Europa. 

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior de los infantes, en consecuencia, la privación de su libertad sólo procederá como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. 

Aunado a ello, el Estudio Mundial sobre Niños Privados de Libertad de 2014, asevera que la privación de libertad de niños, por razones puramente relacionadas con la migración, no puede considerarse en ningún caso como medida de último recurso, ni menos en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todas las circunstancias.

Héctor Vasconcelos reconoció que México no es ajeno a la problemática de los niños y adolescentes migrantes. En 2019, recordó, fueron presentados ante las autoridades migratorias más de 53 mil menores, de los cuales, 7 mil eran no acompañados.

Dejó en claro que en todo momento se han realizado los esfuerzos por brindarles atención, conforme a los estándares previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con tal propósito se utiliza el llamado Fondo México, como instrumento financiero para la cooperación con Centroamérica y El Caribe, destinándose 60 millones de pesos para mejorar la infraestructura en las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración y los albergues pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), resaltó. 

Además, dijo, la Organización Internacional para las Migraciones aprobó más de tres millones de dólares para el equipamiento y mejora de albergues en la frontera norte. En tanto, la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana ha previsto 200 mil euros para similares propósitos en la frontera sur. 

Con el objetivo de atender médicamente a los infantes, en los puntos migratorios de mayor afluencia se realizan semanas de salud que constan de campañas de vacunación, medidas preventivas y consultas generales, explicó ante los parlamentarios europeos. 

A dichas acciones, abundó, se suma el “Modelo de Cuidados Alternativos para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados en México”, que emprendieron de forma conjunta el DIF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que de manera paulatina abrirán nuevas posibilidades de integración a esa población en todo el territorio del país.

“No ignoramos que, debido al elevado número de migrantes que arriba a nuestro país y a la limitación de recursos propia de una nación de desarrollo medio, con altos niveles de pobreza y marginación, en ocasiones, parecen desbordados los albergues y las estaciones migratorias y que, en ellos, las condiciones de estancia no son las más adecuadas”, reconoció el senador Héctor Vasconcelos al referirse al informe anual de Human Rights Watch.

Sin embargo, acotó, “el gobierno mexicano se esfuerza, hasta el máximo de sus capacidades, para garantizar a los migrantes, no solo a los menores, el pleno respeto de sus derechos humanos. Los legisladores velaremos por el efectivo cumplimiento de ese compromiso”.

Llamó a las naciones europeas a sumarse e invertir en el Plan de Desarrollo Integral para los Países del Triángulo del Norte, desarrollado por México y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, con el objetivo de atender las causas que provocan la migración forzada. 

Dicho plan, expuso, cuenta ya con el apoyo de 16 agencias de la ONU y con el respaldo de 35 países, denominados cooperantes internacionales, así como de cinco agencias de cooperación y ocho organismos intergubernamentales. 

“Ojalá, señores parlamentarios, puedan contribuir a que sus respectivos gobiernos, si no lo han hecho, se sumen a este esfuerzo de cooperación orientado a lograr, en América del Norte y Central, una migración ordenada, segura y regular”, concluyó.

El senador Héctor Vasconcelos hizo la denuncia de la grave crisis humanitaria de los niños migrantes en la Asamblea Parlamentaria del pasado 27 de junio de 2019. En septiembre del mismo año, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano exhortó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo para que manifestara la preocupación europea frente a dicha situación y se estableciera un espacio de diálogo para intercambiar experiencias en torno al fenómeno migratorio.

Durante los trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el coordinador senador Ricardo Monreal, dio la bienvenida a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer Varela; así como a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y a Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).​
Ante ellos, Sánchez Cordero planteó a los senadores morenistas analizar, discutir y, en su caso, aprobar los siguientes temas de Agenda Legislativa en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.​
La Ley de Amnistía; el outsourcing, para que la subcontratación laboral se apegue a un estricto respeto de los derechos laborales; la reforma en materia penal para expedir el Código Penal Nacional; que la Fiscalía General de la República atraiga los delitos cometidos por policías o funcionarios de seguridad en el ámbito estatal y municipal; prisión preventiva no oficiosa en caso de reincidentes y fortalecer, consolidar y perfeccionar el Sistema Penal Adversarial.​
“En esto estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para entregar al Congreso de la Unión, tanto propuestas como documentos de trabajo, insisto; o, en su caso, como iniciativas, tal como lo hicimos en el tema de la Guardia Nacional”, precisó la titular de Gobernación.​
Luego, sugirió a las y los senadores de Morena, reforzar la comunicación para que la colaboración sea más fructífera, con el fin de que el Gobierno Federal y los Grupos Parlamentarios del partido mayoritario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, entreguen más y mejores resultados al país.​
 
Reiteró que cada legislador está en su derecho constitucional y legal de presentar las iniciativas de reforma o de nuevas leyes que a su criterio decida, “como yo misma lo hice. Este derecho nos merece en la Secretaría de Gobernación el mayor respeto, lo que no está reñido con una consideración que ayer expresé a nuestros diputados y diputadas y hoy comparto con ustedes.​
Como grupo parlamentario mayoritario de ambas Cámaras, tienen una responsabilidad diferente, que debe manifestarse en la existencia de orden y concierto en la presentación de las iniciativas, con el mayor respeto, indicó. ​
Ante las y los senadores de Morena, dijo: “Sin menoscabo al derecho de presentar estas iniciativas, sugiero respetuosamente que, antes de hacerlo, lo informen a la coordinación del grupo parlamentario y luego esa información sea compartida con nosotros, a fin de mantener no sólo un orden temático y de agenda legislativa, sino también la coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado”.​
La responsable de la política interna señaló: “Permítanme usar la analogía: somos parte de la misma orquesta, la de la Cuarta Transformación que conduce el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si queremos que nuestro concierto sea aplaudido por la sociedad, sigamos un orden y una partitura común. La coordinación de acciones entre ustedes y el gobierno debe corresponder a nuestra comunidad de visiones y objetivos. Eso es lo que sugiero muy respetuosamente”.​
 
 
En el cierre del primer día de trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, avaló el empeño mostrado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la difícil tarea de la procuración de justicia.​
El senador indicó que la reunión con Gertz Manero es para establecer una colaboración estrecha entre poderes. Además, señaló que buscan revisar el estado jurídico del organismo y la necesidad legislativa en la que se encuentra para enfrentar con éxito el crimen, la inseguridad y la violencia en el país.​
Monreal Ávila calificó al Fiscal como “un hombre serio, republicano y prudente que ha cuidado la autonomía por encima de todo”.​
Aseguró que las y los legisladores morenistas lo avalan y respetan, lo cual demostraron cuando decidieron respaldar su nombramiento en el Pleno. “Yo creo que a más de un año de distancia podemos ratificar que no nos equivocamos”, apuntó.​
En tanto, el titular de la FGR informó a los senadores de la fracción parlamentaria de Morena que en 2019 se logró reducir el índice de los delitos federales en 13 por ciento. Precisó que estos datos se han entregado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además el gobierno de la República los consideró válidos y “dignos de crédito”.​
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Subrayó que esta información se debe tomar en el contexto de que solamente siete por ciento de los delitos que se comenten en el país son de carácter federal. El otro 93 es de orden común. ​
Sin embargo, destacó que en ese siete por ciento, que le toca a la Fiscalía, “se logró tener esta situación que ha cambiado la dinámica y los resultados”. Explicó que esa disminución se obtuvo “por un criterio que ha sido muy positivo”.​
Recordó que se parte de un fenómeno delictivo de 33 millones de delitos al año, donde 99 por ciento de ellos quedan impunes.  ​
Gertz Manero Informó que el 70 por ciento de los crímenes que se cometen están vinculados con el robo de cantidades muy modestas. “El impacto más brutal de la inseguridad lo sufren los que menos se pueden defender”, aseguró.​
Detalló que en México se cometen 33 millones de delitos al año y el 99 por ciento quedan impunes, el 90 por ciento se tratan de crímenes de poco daño económico, pero de un gran daño social y personal.​
 
Debido a esto, el fiscal subrayó la importancia de contar con una ley que prevenga y contenga el delito antes de que comience a crecer y se haga inmanejable; “que detenga el crimen antes de que las calles se conviertan en territorios sin gobernabilidad”, agregó.​
Agregó que es fundamental establecer una ley de justicia cívica y homologar los tipos penales. Aseguró que se debe comenzar por abajo y entender que el fenómeno delictivo surge en la esencia de la vida cotidiana.​
Dijo que históricamente la seguridad y la justicia han sido un instrumento de poder y no una obligación frente a la comunidad, por lo que se debe cambiar esa situación. “Nuestra prioridad debe ser con las víctimas”, sentenció.​
Abundó que la FGR realizó un diagnóstico del funcionamiento de la institución, donde se encontró que a nivel local las victimas sufren en todo el país, debido a la atención que se da a un denunciante o querellante cuando llegan ante el Ministerio Público. Es una situación que revictimiza a la mayor parte de quienes denuncian, lamentó. ​
Ante esta situación, dijo que para la Fiscalía el primer interés era atender esa gran mayoría de denunciantes, que no tienen voz ni quien los defienda. Nos dedicamos a tratar de resolver este asunto y dar atención directa a la víctima, resaltó. ​
En este sentido, comentó, se hizo el mayor esfuerzo a través de un sistema de evaluación de resultados y un trabajo constante de vigilancia, creando una ventanilla única para que no hubiera distintos caminos para llegar a obtener algún procedimiento de carácter penal. ​
Insistió en que este cambio se debe a que en el momento, en que la procuración de justicia atiende realmente al denunciante, se reduce la impunidad. Es un resultado extraordinario, avalado por instituciones y sistemas de evaluación independientes a nosotros. Nos dicen que ese es el camino, expresó. ​
En su opinión, no se trata únicamente de atacar las partes las partes más sensibles de la corrupción al nivel más alto nivel, sino que fundamentalmente es la atención a las personas que diario van ante el Ministerio Público. ​
 
En otro tema, dijo que hay “atrasos enormes” que se dan en los procedimientos de carácter penal. Asuntos que deberían estar ya resueltos, pero por razones de otras instituciones no se cumplen los tiempos, no salen los peritajes ni se obtienen los resultados, por lo que hemos estado insistiendo en el cumplimiento. ​
Por ello, mencionó, en nuestras propuestas legislativas se busca que haya una responsabilidad muy clara de parte de instituciones y de personas morales que dependen del gobierno para que cumplan con la obligación constitucional de entregar los elementos constitutivos, como pruebas, peritajes y diligencias que son necesarias para poder hacer este trabajo. ​
Alejandro Gertz Manero consideró que otro aspecto es entender que el fenómeno delictivo no se hace a través de una estructura en la que se quiere imponer la importancia de los temas, sino la necesidad por el número de delitos. ​
También refirió que la administración anterior heredó una deuda de más de mil 400 millones de pesos; mientras que en la actualidad se redujo a la Fiscalía otros mil 800 millones para este año. ​
Sin embargo, dijo que no se ha creado algún problema que pueda detener su trabajo. Hemos hecho todo lo posible. Ya pagamos todo el déficit que nos heredaron y estamos ajustándonos y vamos a buscar hasta donde nos alcanza el presupuesto, expresó.​
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