El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) planteó adicionar la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el objetivo de que las concesiones de construcción caduquen por no presentar la autorización de manifestación de impacto ambiental prevista en la respectiva legislación, previamente al inicio de las obras y de explotación de estas vías.

        El legislador consideró que adicionar la fracción I del artículo 29 de esta ley es una forma pertinente para tener un control de la situación, evitar espacios de acción de quienes cometen actos de corrupción y realizar estudios que den seguimiento a los efectos de mediano y largo plazos de ciertos proyectos, considerando viabilidad y efectos como la prioridad para que se desarrollen con eficacia.

        Señaló que la falta de atención que tienen los estudios de impacto en periodos posteriores a la conclusión de la obra, denota una carencia en la comprensión de los efectos de estos proyectos en los procesos biológicos y sociales de los ecosistemas.

        Reconoció que la consideración ecológica en la elaboración de megaproyectos de infraestructura es obligación para las necesidades de los tiempos actuales. El desequilibrio existente en los ecosistemas debido a la actividad humana desregularizada “ha derivado en efectos que tomarán siglos de revertirse ante un escenario optimista, caracterizado por una deseable cooperación y pronta respuesta”.

        Subrayó que considerar la manera en la cual el marco normativo se aproxima al impacto de la actividad humana en el ambiente requiere de una legislación integral que, desde múltiples frentes, se haga cargo de sentar las bases para combatir prácticas que pudieran tener un buen propósito, pero con consecuencias que derivarían en pérdidas de mayor relevancia a las ganancias inmediatas.

        Mencionó que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece que entre otras, las vías generales de comunicación necesitan autorización que otorga la Semarnat. Asimismo, el artículo 34 señala la obligación de la secretaría de realizar consulta pública para integrar las observaciones de los interesados a la manifestación de impacto ambiental.

        Respecto de los estudios de impacto social, agregó, “no es un procedimiento o requisito para los proyectos y obras en vías de comunicación”. Consideró que la manera en que se llevará a cabo debe ser detallada y no sólo mencionada en la legislación correspondiente.

        Adaptar los proyectos acorde a los condicionantes de los espacios geográficos y recursos disponibles debe de asumir protagonismo en la planeación actual y futura de los proyectos de infraestructura, enfatizó.

        Comentó que, a escala mundial, la inversión en megaproyectos representaba ocho por ciento del Producto Interno Bruto global, inversión que parece ir en aumento ante la apertura del mercado internacional a la inversión privada y pública de diversos países.

        Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se espera que el gasto necesario en proyectos de este tipo sea de 70 billones de dólares, lo que lo torna en un ámbito de interés para actos de corrupción a fin de sacar provecho de estos esfuerzos.

        “Una adopción de estándares de altísima calidad para el desarrollo de obras enfocadas a asumir sus efectos para la protección ambiental y social son propias de una nación aspirante a ser potencia, la cual necesita un marco normativo consistente y definido que determine un operar responsable de nuestras obras en favor del desarrollo”, puntualizó.

• Disponibilidad por habitante disminuyó drásticamente; cerca del diez por ciento no tiene acceso: Zagal Ramírez

• Necesario, crear nueva ley en la materia; la actual está “muy parchada”: directora general de Conagua

En la inauguración de la semana temática “Agua, saneamiento y conservación” en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo expresó que este tema es fundamental para el país, pero desafortunadamente la corrupción ha llevado a tener muchos problemas de agua.

        “Si uno va a cualquier estado hay problemáticas y la disponibilidad que se tiene como país ha bajado dramáticamente; la explicación es única: la corrupción y una visión privatizadora que ha prevalecido en los últimos años”, afirmó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

        Indicó que desde 2010 la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho del agua potable y saneamiento como garantía humana esencial y la Constitución mexicana lo retomó en 2014. Desde ahí se intentó reformar la Ley de Aguas Nacionales, “pero se volvieron polémicas, porque aprovechando la iniciativa para hacerlo humano, siempre había visiones privatizadoras, las cuales afortunadamente no avanzaron”.

        Delgado Carrillo resaltó que ésta es la oportunidad de legislar en esta materia. El gobierno de la república está analizando el tema y preparando una iniciativa y también en esta Cámara hay esfuerzos para revisarlo, ya que es fundamental.   

        La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) expresó que en México la disponibilidad de agua potable por habitante ha ido disminuyendo drásticamente, pues cerca del diez por ciento de la población no tiene acceso, siendo los estados más afectados Guerrero, Oaxaca y  Chiapas, mientras que en América Latina y el Caribe es del seis por ciento.

        Mencionó que la dependencia de este líquido es alta, pues va desde la generación de energía, industria y el desarrollo de la agricultura, siendo esta última la que usa casi 80 por ciento del recurso vital. “Todas estas actividades se han hecho de manera poco eficiente, lo que provoca que muchos acuíferos estén sobreexplotados y el número se incrementó considerablemente en las últimas cuatro década. Para 2015, el 16 por ciento de los acuíferos estaban sobreexplotados”.

        Externó su preocupación por la calidad, ya que se estima que en el ámbito mundial entre 85 y 95 por ciento del agua residual se descarga directamente a ríos, lagos y océanos sin recibir tratamiento previo. En México, sólo 31 por ciento del volumen generado en aguas industriales recibe tratamiento, pero cuando no reúne los requisitos de calidad puede ser vehículo de enfermedades diarreicas, “causa importante de mortalidad infantil en el mundo y en el país”.

        Zagal Ramírez precisó que en México, la última reforma en materia de agua se realizó en 2012, cuando se reconoció su acceso como un derecho fundamental; no obstante, esta modificación en los hechos no es efectiva, entre otras cosas porque la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional y no del 4º; además se expidió en 1992, “por lo que presenta un atraso significativo a la realidad actual”.

        Mencionó que en la ley no permea el enfoque de derechos humanos ni de sustentabilidad. No existe una legislación que haga cumplir los principios del artículo 4º constitucional; es decir, “no hay cumplimiento eficaz del acceso, abastecimiento, disposición y saneamiento en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles. Además, existen múltiples vacíos y contradicciones normativas, así como problemas institucionales que impiden sostener que el agua es un derecho para todas y todos”.

        El manejo del líquido en el país, subrayó, no es adecuado, por lo que se requiere revisar legislativa y reglamentariamente sus problemáticas, como es el uso, calidad, conservación y aprovechamiento sustentable. Las dificultades que en la actualidad enfrenta, añadió, encuentran su origen en las deficiencias normativas que se han profundizado desde la emisión de la Ley de Aguas Nacionales.

        La diputada de Morena expuso que se debe revisar lo referente a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual actualmente tiene una gran cantidad de atribuciones, a pesar de que en la norma se pretenda la descentralización.

        Se pronunció por analizar el actual diseño institucional de la política nacional hídrica: si está funcionando para conciliar las necesidades de todas las personas; si atiende la visión sostenible, ambiental, social y si el acceso es para todos. El compromiso, añadió, es revisar y, en su caso, transformar las normas que rigen a Conagua; crear un órgano que supervise su actuación y haga efectivo lo dispuesto en las normas.

        Precisó que el tema de la regulación de las aguas subterráneas es una de las deficiencias más grandes de la Ley de Aguas Nacionales, pues si bien hay distintas disposiciones sobre esta problemática, están dispersas, lo cual genera dudas y contradicciones al momento de su aplicación. “Para resolver este conflicto debemos generar un capítulo específico dentro de la ley para que agrupe las normas dispersas y se le dé debido sentido”.

        Con esta semana temática, añadió, se busca nutrir el articulado, con el fin de proteger el uso de las aguas subterráneas y generar los requisitos adecuados para su explotación;  también que la Ley de Aguas integre un capítulo que se aboque al funcionamiento, organización y efectividad de los consejos de cuenca, ya que sólo se determinan conceptualmente pero no hay atribuciones efectivas de su participación en la toma de decisiones; es necesario vincularlos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para optimizar su funcionamiento; esta semana se garantizará una ley completa que nos dé agua para todos.

        La diputada Claudia Martínez Aguilar (Morena) comentó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se tiene un gran problema con la invasión en manantiales y contaminación; las concesiones a empresas refresqueras han provocado escasez de agua. Resaltó que todo el recurso va destinado a los sindicatos y en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), más del 60 por ciento de lo que ingresa es para sueldos y un porcentaje mínimo hacia mantenimiento y saneamiento del agua.  

        De la misma bancada, la  diputada Leticia Arlett Aguilar Molina señaló que el Cañón del Sumidero es emblemático para el estado de Chiapas; sin embargo, ha sufrido durante años la fuerte contaminación del Río Grijalva y “no es posible dejar que pase desapercibido”. Advirtió que en esta entidad el agua se está agotando, se sufre de escasez y este vital líquido es muy caro.

        También de Morena, la diputada Leticia Díaz Aguilar preguntó cuáles son las obras prioritarias que tiene contempladas Conagua para mitigar la escasez del recurso en la zona metropolitana del Valle de México y cuál es la necesidad financiera para estos proyectos. Comentó que en Iztapalapa hay una lucha constante por el agua y se adhirió a las propuestas de cómo coadyuvar a resolver esta problemática.

        La directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que es necesario crear una nueva ley general de aguas porque la actual está “muy parchada” y no es sencillo componerla. Su elaboración, agregó, no debe ser cerrada y tiene que empezar por acordar ideas principales.

        “México es de contrastes, por lo que se tiene que entender cuál es la situación del país para hacer una ley ad hoc sin copiar la de otras naciones. Es importante buscar una legislación que refleje la diversidad  de recursos naturales y culturales”.

        Durante su conferencia magistral “El agua en México: retos en la legislación y cumplimiento de la normatividad vigente”, puntualizó que la norma tendrá que basarse en los principios del derecho humano al agua, su concepción como recurso renovable, y tiene que haber una autoridad que defienda y asegure que todos cuenten con ella.

        Recomendó no privatizar los recursos ni el servicio y preservar el ambiente. Es necesario recuperar  el tema de que el agua debe pagar el agua, porque, agregó, “ésta genera recursos; sin embargo no van directo al sector; el dinero que se paga no se invierte en ello”.

        Es relevante mejorar la colaboración con los estados y municipios a nivel central; tener corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos; planear con justicia social porque a los que más se les ha quitado el recurso es a los pobres, añadió.

        En el tema de la administración, consideró importante lograr una técnica sustentable por cuenca y acuífero, así como fomentar la participación de usos y usuarios.

        Subrayó que los ejes rectores de la política nacional son avanzar en el tema de seguridad hídrica privilegiando la prevención, tener más y mejores servicios para la población, agricultura y todas las actividades productivas.

        Mencionó que Conagua no tiene atribución de definir quién es usuario. “En lo personal, el fracking o fracturación hidráulica no me gusta, pero si se decide que va a haber fracking, éste es un usuario y la Conagua le tiene que dar agua, por lo que la discusión de éste no debe estar en la ley”.

        Al mencionar los retos a los que se enfrentan, subrayó que la sobreexplotación de agua subterránea es un asunto grave en México y en el ámbito mundial debe ser atendido. “Hay varias cuencas en el país en donde hay veda absoluta y completa”.

        “Es prioritario atender la falta de eficiencia del saneamiento y la reutilización del líquido vital; tradicionalmente no se ha reconocido que el agua es un recurso renovable, de ahí la importancia de tener una autoridad clara y lo suficientemente fuerte para su manejo”.

        Hay que poner atención a la falta de cobertura adecuada para el suministro del sector hidro-agrícola. La seguridad  y mantenimiento de las presas, ya que no se atendió la infraestructura; hay 55 en estado de riesgo.

        No hay transparencia en la administración del agua, por lo que es necesario contar con un sistema en línea en donde se revise quién solicita una concesión y darle seguimiento para garantizar certeza jurídica, transparencia y evitar la corrupción, finalizó.

        La funcionaria consideró que la ley general de aguas debe coordinar tareas de Federación y estados, ya que el dinero del agua ni siquiera va a la Conagua, sino a Hacienda y, además el recurso de los derechos que pagan se regresa a los estados y municipios. “Lo que nos hace falta es la coordinación”.

        Estimó que es complicado recuperar el Lago de Texcoco porque es enorme; toda la zona representa prácticamente el área de Oaxaca y otra mitad más, entonces recuperar eso sería imposible. Consideró que sí se debería recuperar el Lago Nabor Carrillo que actualmente está al  40 por ciento, “muy costosa su operación y se está evaluando”.  

        El tema del aeropuerto, precisó, no es únicamente el lago, “el área de impacto es una zona tremenda”, por eso la Secretaría de Gobernación está coordinando la participación de cerca de 30 instituciones, entre ellas Conagua, para analizar el problema, cuantificarlo y establecer prioridades. “Componer todo va a ser muy difícil, pero hay que ir estableciendo prioridades junto con la comunidad”.   

        Mencionó que se trabaja en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México sobre las soluciones para Iztapalapa y refirió que la ciudad resolvió un presupuesto de  17 mil millones de pesos por parte del gobierno, “casi igual al de la Conagua”. Entonces, dijo, “creo que es ahorita cuando se va a resolver el problema” y tiene dos prioridades: tapar las fugas y darle agua a esta alcaldía.  

        En  tanto, Larisa Ortiz Quintero, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, comentó que en la ciudad hay cerca de 160 pueblos originarios, 56 barrios y casi un millón de personas que se autoinscriben como indígenas y muchas comunidades todavía tienen sus territorios con mantos de agua y “tienen una gran presión por tratar de abastecer su propia necesidad y, al mismo tiempo, compartir en una gran urbe este líquido tan vital”.

        Planteó que Conagua se reúna con todas las secretarías de pueblos indígenas del país, incluyendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que sean facilitadores de las comunidades y que ellos expresen sus problemáticas y perspectivas.

• Se reunió la titular de la Función Pública con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, se reunió con la titular de la  Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien expuso a los legisladores la labor de la dependencia en favor de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad. 

Sandoval Ballesteros expuso que la ASF aprobó un programa anual de control y fiscalización de casi 3 mil tres auditorías, que se concentran en 25 programas prioritarios. “Es un mito que no vamos a fiscalizar nuestros proyectos, somos los más interesados en que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador sean claros, transparentes y limpios”. 

“Vamos a concentrarnos en cuatro: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y proyecto Transístmico en Oaxaca”, comentó.

Detalló que se tienen más de 100 expedientes de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de audiencias por controversias concretas y directas en la administración pública federal”. 

Además, destacó, se abrió un expediente muy amplio, profundo y profuso de la estafa maestra, en donde el punto de partida fue Petróleos Mexicanos, que es donde más se concretaron abusos a universidades públicas y a la excepción de la licitación; es decir, cómo esas instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas por defraudadores de la nación, estableciendo “convenios” para hacer corruptelas muy grandes. 

En Pemex, continuó, se concentraron convenios de producción y exploración y la lógica siempre fue la misma: instituciones poco conocidas a nivel internacional, sobre todo en el sureste, donde Pemex estableció acuerdos con universidades muy vulnerables, sin capacidades técnicas y donde, evidentemente, había servicios fuera del objeto de estas instituciones educativas, ausencia de entregables o, incluso, burlas a la fiscalización. 

“Sabemos por el análisis de los expedientes que muchos de los entregables costaban 20, 25, 30, hasta 40 millones de pesos, porque eran centenares de convenios, que eran documentos que sacaban de Wikipedia; además, había sobrecostos para las instituciones del Estado, desvíos claros a empresas fantasmas, pagos no justificados y falta de supervisión”. 

“Estamos haciendo un esfuerzo por analizar, desde nuestros órganos internos de control, el caso de Pemex y de todas las dependencias del gobierno federal; por ello, hemos creado un frente interorgánico para el análisis de la corrupción en la estafa maestra”. 

Agregó que en el plan anual de la SFP se contemplan realizar 950 auditorías y 50 visitas de control con recursos propios, con un nuevo diseño organizacional de sólo dos subsecretarías y órganos internos de control. Además, se efectuarán mil 813 auditorías más, a una gran diversidad de entidades de la administración pública federal, y a donde lleguen los recursos públicos en las entidades federativas. 

Informó que el 15 de marzo se concluirán los primeros 300 dictámenes financieros correspondientes a más de 150 entidades paraestatales. “Vamos a analizar 104 fideicomisos, mandatos y contratos análogos y también vamos a dar resultados de 220 dictámenes presupuestarios”. 

“También se atenderán observaciones que se hicieron en años pasados; es decir, que no hicimos nosotros, pero que estamos comprometidos a que se lleven a buen puerto, en términos de recoger el dinero que corresponde al gobierno, o sea reintegrarlo al erario público”. 

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Óscar González Yáñez, enfatizó que la transparencia es un elemento que fortalece a la democracia y los ciudadanos; “mientras ellos tengan más conocimientos sobre los asuntos públicos van a tener más elementos para influir”. 

Subrayó que la SFP debe ser el área que ayude al pueblo de México a terminar con la corrupción y “nosotros seremos grandes aliados de ella”. Preguntó cómo ayudar a la dependencia para que tenga los elementos jurídicos necesarios para ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad. 

Aclaró que “no legislamos para el Ejecutivo, pero tenemos que ser grandes aliados” porque los tres poderes están convencidos de acabar con la corrupción; “entonces, tenemos que ser grandes aliados, sin perder nuestra autonomía”. 

Sostuvo que “no coincido con el perdón y olvido, no estoy de acuerdo”, porque estimula a que vuelva a suceder. “Que quede claro que este país se está transformando”. 

Consideró que se debe avanzar en el tema de Odebrecht, ya que en países como Colombia, Perú y Brasil ya se ha hecho mucho en este caso y en México, nada.  Subrayó que el huachicoleo dañó a la sociedad con tanta ausencia de combustible. “Nos ha costado muertes y dinero y no hay personas detenidas, ni juicios y procesos”.  

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que el plan de la titular de la Función Pública es fundamental para la transformación del país, dado que dará mayor transparencia; por lo que desde esta Cámara se tendrán que hacer modificaciones al marco jurídico para tener un adecuado funcionamiento. 

Añadió que un tema medular del gobierno es el servicio civil de carrera con perspectiva de género; en ese sentido, cuestionó qué método o cómo se hará para que haya equidad en los cargos y cómo se va a combatir el acoso sexual. 

Gloria Romero León, diputada del PAN, consideró preocupante que de las investigaciones, observaciones y auditorías realizadas entre 2012 y 2016, donde hubo más de 45 mil sanciones a quienes incurrieron en irregularidades, apenas el uno por ciento se tradujo en sanción o destitución, y menos del dos por ciento en multa económica. “Eso hace que los mexicanos tengamos la percepción de que la corrupción se traduce en que no hay consecuencias para los  servidores públicos que incurren en algún tipo de desviación o irregularidad”. 

Preguntó si en el portal donde se va a transparentar, tanto la nómina como las empresas certificadas habría la voluntad de proporcionar información del estatus de cumplimiento de las resoluciones, pues eso ayudaría a evitar otra “estafa maestra” o “socavón”. Además,  celebró que las licitaciones serán en su mayoría públicas. 

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se congratuló con el mensaje de la transparencia democrática expansiva, las declaraciones patrimoniales tres de tres y el cambio de los funcionarios. 

También inquirió sobre el aumento de rubros de los 216 a 781 y quiénes estarían en esa obligación como funcionarios y servidores públicos, dado que permea a nivel federal, estatal y sobretodo en el ámbito municipal, en donde hay mucho por trabajar para tener mayor certeza de información. 

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) indicó que en esta comisión se requiere conocer las acciones que la Secretaría de Función Pública implantará para combatir la corrupción y evitar que las cosas sigan como en las otras administraciones. 

La diputada sin partido, Luz Estefanía Rosas Martínez preguntó a la funcionaria cuál es su postura para otorgarle facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que emita las recomendaciones vinculatorias y qué sugerencias haría para evitar la mala contratación en obra pública, toda vez que se está generando una ley en la materia. 

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expresó que si bien una de las pretensiones de la Secretaría de Función Pública es crear un nuevo Código de Ética, también debe atenderse el principal reclamo de la ciudadanía al gobierno: sancionar a los corruptos y aquellos que desfalcaron al erario y se llevaron millones de pesos de las entidades  y municipios. 

Asimismo, requirió saber cómo intervendrá la dependencia para promover acciones, leyes, normas con perspectiva de género y en las denuncias en materia de acoso, el pago justo, entre otros asuntos que vulneran la igualdad. 

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se pronunció por cambiar la forma de hacer política y crear de la honestidad una forma de  vida. Resaltó la importancia de combatir a fondo a la corrupción y la  impunidad, y “hay que entrarle de manera responsable y con la verdad”. 

Preguntó cómo se evaluará toda la función pública “porque pareciera que existe una tremenda contraloría, pero hasta dónde llegan estas facultades y hasta dónde se permiten ser ejercitadas”. Además, cuestionó si en el ejercicio de su cargo hay algún conflicto de interés. 

Al dar respuesta, la funcionaria subrayó que la ASF firmó un convenio con la Fiscalía General de la República para coadyuvar en las investigaciones administrativas y sancionatorias que surjan. “Sí, le daremos cumplimiento a esta sed de combate a la impunidad que nos exige la sociedad”, aseguró. 

Sobre el acoso sexual, expuso que es una lacra en la vida pública, en la administrativa, en el Estado y en el gobierno. “Lo hay y existe la posibilidad de sancionarlo, frenarlo y poner un alto. No se trata nada más de piropos, sino de violencia; se agrede la dignidad de las mujeres”. 

Precisó que se buscará estudiar la posibilidad de aplicar las estrategias de cuotas cuando haya dos competidores en igualdad de méritos y evitar la discriminación en todas sus formas en el Servicio Profesional de Carrera. 

Sandoval Ballesteros dijo que habrá responsabilidad con la aplicación de lo que antes se llamaba tres de tres, y afirmó que ya se dialogó con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para darles a conocer este nuevo estatus. “No queremos que las prisas nos lleven a decisiones que nos compliquen y burocraticen más y meternos en una lógica sin fin de no cuidar los conflictos de interés”. 

La litis real de esto, añadió, “es que hay que controlar, prevenir y exigir el castigo o la resolución a los conflictos de interés que acosan toda la vida pública administrativa, por lo que si estas más de 780 entradas de los nuevos formatos no nos están ayudando a descubrirlos sino meternos en terrenos de la privacidad de las personas o de los funcionarios, pues no vamos a llegar muy lejos en este objetivo de coordinación anticorrupción”. 

Señaló que quienes estarían obligados a declarar son quienes manejan recursos públicos, posiciones de mando, responsabilidades de representación o de administración o ejecución de política pública, pero no los maestros, doctores, soldados ni la gente más vulnerable o la que ha sido realmente víctima de la corrupción. “No tiene que ser el chivo expiatorio de un sistema de simulación”.  

Destacó que el uso de las tecnologías es fundamental para el combate a la corrupción y coincidió que es primordial darle más facultades al Sistema Nacional Anticorrupción, porque en la actualidad sólo emite recomendaciones, ya que es una instancia de coordinación y no tiene el espíritu federalista. 

Precisó que ahora mismo se audita a los contralores internos de la dependencia. “Si el Ejecutivo va a poner a refrendo su cargo, pues con mayor obligatoriedad todos los que le seguimos. Todos estarán a prueba y se implantará un esquema de rotación para evitar los feudos”. 

Agregó que la misma tarea ocurrirá en Petróleos Mexicanos, Sedatu, Bansefi, SAT, Comunicaciones y Transportes, IMSS, CFE, no estamos simulando. “Vamos a buscar hasta la más profunda de las instancias de qué manera se utiliza la riqueza nacional”. 

Aclaró que no es verdad que tenga integrantes de su familia en el Poder Ejecutivo, ya que su marido trabaja como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ése es un órgano autónomo. Segundo, su hermano labora en el Poder Judicial, por lo que no tiene competencia con la Secretaría de la Función Pública”. 

“De la corrupción ya estamos todos hartos y nadie puede decir que es cultural y no se puede combatir; estamos en un gran momento histórico en donde hay cero tolerancia a la corrupción, pero lo que nos lacera más es la impunidad”. 

Aseguró que México es uno de los países con mayor avance normativo, una Ley de Transparencia de primer mundo con procedimientos expeditos, una Constitución de avanzada, por lo que existen los elementos necesarios para realizar el trabajo. 

“Qué bueno que se ofrece a modificar las normas que exige la sociedad y modernidad democrática, pero no es una situación de legislación, sino de voluntad política, pero en esta administración esta no faltará”. 

Precisó que la secretaría buscará dar transparencia e informó que en 2018 llegaron más de 11 mil 864 expedientes de responsabilidades, los cuales involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales en la presente administración, es decir del primero de diciembre a la fecha, se han resuelto 5 mil 597, pero queremos terminar con la obligación y llevar a la posibilidad más extrema la sanción directa administrativa. 

Sandoval Ballesteros señaló que en lo que va de la administración se tienen 8 mil 631 expedientes de investigación, se han atendido 10 mil 581 peticiones ciudadanas, 4 mil 906 asesorías telefónicas, 5 mil 745 vía chat, 706 presenciales y 650 a órganos internos de control, 929 en aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales. 

En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que el cien por ciento del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial e, incluso, por instrucción del Presidente de la República, se modificó el sistema de Declaranet. “Si ustedes lo checan, no hay otra posibilidad más que de obtener  transparencia total o reserva total de las declaraciones patrimoniales”. 

Precisó que el universo de los servidores públicos obligados a declarar en la Administración Pública Federal subió de un cuarto de millón de personas -250 mil sujetos obligados-, a más de dos millones de servidores públicos que “son los menos responsables de la corrupción de una estructura que nos aqueja como nación”. 

Indicó que se apuesta por la ciudadanización del control, la prevención y la transparencia; por ello, la funcionaria anunció que “tenemos una iniciativa de ley para la protección y estímulo de los informantes y alertadores internos de la corrupción”. 

Sobre el principio de austeridad republicana, comentó que los legisladores “tienen en su cancha el balón”, porque en esta Soberanía se encuentra la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana de Estado. 

“Proponemos que el derroche se elimine y, bajo esta visión, queremos terminar con la ineficacia; ello dependerá mucho de la fiscalización de los fondos públicos y de garantizar la claridad mediante la transparencia democrática y no discursiva, de relaciones y politizada”. 

Enfatizó que la austeridad ha sido criticada porque se conceptualizó cómo hacer recortes sociales, pero la Ley de Austeridad Republicana tiene que ver con avanzar en una austeridad que no disminuya, ni merme los recursos dedicados a los programas sociales, sino que los robustezca y permita una interacción más directa con los beneficiarios finales. 

La iniciativa, continuó, transita en sentido totalmente contrario al neoliberalismo; es decir, se orienta a velar por el interés social, evitar el despilfarro y nutrir el gasto social. 

Sandoval Ballesteros precisó que la SFP trabajará a través de dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción, que adopta muchas de las funciones centrales de la secretaría para controlar, vigilar, auditar y fiscalizar los recursos federales, así como ejercitar el control interno o preventivo. 

También por medio de la subsecretaría de Combate a la Impunidad, que se encargará tanto de la asignación de responsabilidad que surja la violación de la normativa, así como de tareas muy importantes de profesionalización y, en particular, del relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género. 

“Queremos que ese servicio profesional de carrera sea una llave en donde la entrada sea muy pequeña, para que entren realmente las y los mejores, y con una puerta de salida muy amplia, para los no comprometidos, los que derrochen, corruptos, abusivos, acosadores y los que no tengan respeto por la vida en el servicio público”. 

Sandoval Ballesteros resaltó los logros que la dependencia a su cargo ha alcanzado en sus primeros 100 días; por ejemplo, el código de ética. “Contamos ya con un código en esta materia, lo cual es muy importante y me interesaría mucho distribuir masivamente, porque es para toda la administración pública federal”. 

“Trabajamos también en una Cartilla de Integridad y en un nuevo marco que certifique a las empresas más probas, más cumplidas, las que no evadan impuestos y que no se dejen caer en cuestiones de colusión y defraudación al erario”. 

Indicó que “es un código de avanzada que establece las limitaciones a recibir todo tipo de regalos, viajes o prebendas, que no tienen nada que ver con la actividad pública”. 

En los gobiernos del pasado, señaló, el 80 por ciento fueron asignaciones directas y la excepción era la licitación. En este nuevo gobierno, en los 25 proyectos estratégicos, vamos a caminar sobre la regla de la licitación y de las licitaciones verdaderas que auspicien el mercado y a los empresarios más probos.

“Nuestra convicción es hacer de la transparencia lo más importante en la visión del nuevo gobierno, con el propósito de poner fin a la impunidad y castigar la corrupción”, concluyó.

• El Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral e indemnizar a familias ofendidas

• Existen 424 municipios del país en Alerta de Género

• Mujeres víctimas habían denunciado en sus localidades; se  hizo caso omiso, sostienen activistas

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró primordial crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a todos los casos de feminicidio. “No pediremos que se conceda la aplicación de la ley, sino exigiremos el cumplimiento de las recomendaciones y lo que establece la legislación en favor de la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres”.

Durante la tercera mesa de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, la legisladora expresó que se realizará un marcaje directo a las autoridades competentes, a fin de que cumplan con sus responsabilidades. Anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Pleno, con el objetivo de solicitar información de los 424 municipios del país que están en Alerta de Género”.

Detalló que entre las actividades del consejo ciudadano se buscará realizar una ruta de trabajo que permita dar seguimiento a todos los casos de feminicidio y con ello alcanzar su reclamo de justicia. “Apoyaremos a las familias de las víctimas y solicitaremos a  las autoridades una respuesta inmediata”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por exigir cuentas a las autoridades competentes, revisar el marco jurídico y que funcione la Alerta de Género. “Queremos un presupuesto para el próximo año que atienda claramente una política integral para combatir el feminicidio y violencia hacia las mujeres. Además, se privilegie la prevención de las agresiones”.

Reiteró su compromiso social, legislativo y humano para que las propuestas presentadas por los familiares de las víctimas dirijan la ruta de trabajo para adecuar las leyes en la materia.

Subrayó la necesidad de un Estado de derecho y un sistema de justicia pronta y expedita que no existe, para atender a las mujeres víctimas. “Son historias de dolor que requieren atención inmediata y empatía de todos”. 

Reconoció el trabajo realizado por las asociaciones de la sociedad civil para construir una comunidad que asuma su responsabilidad y que las autoridades cumplan cabalmente sus responsabilidades.

La diputada del PES, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, sostuvo que el feminicidio es un delito de gran impacto y genera alarma colectiva que perjudica el tejido social. Propuso fortalecer las políticas públicas para prevenirlo, son pieza fundamental para combatirlo, porque agravia a víctimas y familias.

Las mujeres dejan a sus hijos desprotegidos y el Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral, así como una indemnización y las sentencias se garanticen conforme a derecho y que no se tuerzan. Llamó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales que protejan los derechos humanos de niñas y mujeres.

Externó el compromiso de los legisladores para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia. Destacó que combatir este flagelo exige vocación de servicio por parte de los servidores públicos, ya que la justicia es para todos en igualdad.

Al participar, Cynthia Galicia Mendoza, defensora de derechos humanos y consultora, se pronunció por contar con mecanismos contra la violencia que sirvan y que permitan la aplicación de una política pública nacional “que ya está en la ley, la cual crearon las diputadas en la LIX Legislatura, está como un derecho ganado que no se ha aplicado”.

Manifestó la importancia de contar con presupuestos para poder aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “donde hay un mapa de acciones del Estado que no ha cumplido, que producen impunidad y que hablan de evitar los feminicidios, las violaciones, la prostitución, la explotación y el hostigamiento sexual”.

Pablo Vázquez, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que la problemática de los feminicidios está vinculado a la delincuencia organizada y a las omisiones de las autoridades. "No está desvinculada de los conflictos generados por la delincuencia organizada, ni de las omisiones de la autoridad”.

Consideró que para combatir los feminicidios es necesario resolver primero el problema de la impunidad.

Destacó la importancia de contar con datos que permitan visibilizar el problema, de la violencia y los feminicidios. “Ese es el reto para las autoridades y lo tenemos muy presente desde las áreas de prevención y de seguridad. Tenemos muy presentes las cosas que hay que hacer y esperamos hacerlas de la mano con ustedes”.

En este sentido, señaló que hay una tendencia a querer construir soluciones estándar para todo el país desde la Ciudad de México, “es algo que debe modificarse y para lo que les pediremos su apoyo”, indicó.

De la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz para Mujeres, Lucero Cirse López  Riofrio, dijo que es fundamental generar y reconocer el contexto, lugar y espacio en donde las mujeres caminan, trabajan y donde están siendo asesinadas, porque así se reconocerían como ciudadanas y no sólo como víctimas.

Agregó que Michoacán tiene 14 municipios con Alerta de Violencia de Género. Es importante señalar que muchas mujeres asesinadas habían denunciado la violencia en sus localidades e instancias y se hizo caso omiso, existen más de 200 casos de mujeres asesinadas con armas de fuego.

“En 2018, en cinco municipios de Guanajuato hay 42 muertas con características de ejecución, pareciera que están dentro del crimen organizado y no es así, porque se escucha el discurso que participaban en narcotráfico y esto no es así”; es importante realizar un análisis de estos contextos porque ninguna fiscalía nacional o estatal lo ha realizado, enfatizó.

Asimismo, expresó que no hay una política pública respecto a la violencia en espacios públicos, y éstos siguen siendo un lugar en donde se puede agredir, asesinar o secuestrar. “Hay un vacío de acceso a la justicia. Consideramos que en las fiscalías tiene que haber una coordinación con las direcciones de seguridad pública para fortalecer los procesos de investigación y litigación”.

Es necesario, agregó, realizar estadísticas por sexo, porque no es posible que se sigan publicando documentos en los que no se puede saber cuántos homicidios son de mujeres o en qué etapa van. “Es necesario replantear la Guardia Nacional en ese contexto”.

En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local. 

De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.

Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.

        Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última. 

        Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”. 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales. 

Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación  a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.

Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.

En el ámbito  federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de  contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales. 

Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas. 

Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima. 

Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad. 

        Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.

        Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”. 

        El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”. 

         Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS  y del ISSSTE.

         Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”. 

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “ 

Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”. 

Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio  de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”. 

        Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.

Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país

En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16  a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces. 

        En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados  expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal. 

        Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical. 

        De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada  María Marivel Solís Barrera (Morena), inició el análisis de una nueva ley en la materia; para ello, se reunió con Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, quien sugirió que este ordenamiento jurídico contemple la participación del sector privado.

En el marco de la conferencia magistral “Evolución de la I+D+i en el país Vasco como modelo de vertebración entre los agentes de I+D+i y el sector privado, productivo y de servicios. Hacia una investigación competitiva con impacto socioeconómico positivo. Lecciones aprendidas”, impartida por Asier Maiztegi, la legisladora refirió que se llevarán a cabo diversos  encuentros con especialistas en el tema. 

Resaltó la necesidad de contar con un diagnóstico nacional e internacional que muestre los indicadores para evaluar la evolución de la investigación e innovación tecnológica, así como la importancia de la vinculación con el sector productivo y los programas de apoyo en este ramo.

Solís Barrera consideró que las opiniones y aportaciones de científicos, tecnólogos, empresarios y público en general, enriquecerán la propuesta sobre la Ley de Ciencia y Tecnología, que se encuentra en la colegisladora, “pero que estamos impulsando desde aquí”. 

La legislación debe apoyar programas nacionales e impulsar la cultura de la innovación en México, que invierta tanto el sector público como el privado y articular todos los sectores: legisladores, gobiernos estatales, instituciones de educación, empresarial y financiero “para trabajar conjuntamente y enfocar los esfuerzos en que México sea competitivo”. 

En su participación, Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, indicó que en México debe haber homogeneidad en el avance tecnológico de las entidades federativas y que la distribución de los recursos a este sector sea constante y no se vea afectado por el cambio de administración. 

Recomendó que para lograr destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología se tiene que generar un mecanismo, que incluya la participación del sector privado, es decir, se incentive a las empresas que colaboren en la innovación e investigación. 

Para generar una ley en materia de ciencia y tecnología, la premisa principal tendrá que ser el aumento a la inversión, investigación y desarrollo de la innovación, pues esto permitirá aumentar los beneficios de la sociedad. 

Apuntó que en el caso del esquema europeo se busca que exista un volumen de inversión para la ciencia y tecnología del tres por ciento, lo cual no sólo ha permitido la descarbonización de la economía, sino reducir la deserción escolar por debajo del diez por ciento y que el 40 por ciento de la población tenga estudios superiores.