CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (154)

En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local. 

De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.

Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.

        Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última. 

        Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”. 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales. 

Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación  a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.

Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.

En el ámbito  federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de  contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales. 

Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas. 

Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima. 

Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad. 

        Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.

        Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”. 

        El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”. 

         Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS  y del ISSSTE.

         Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”. 

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “ 

Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”. 

Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio  de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”. 

        Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.

Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país

En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16  a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces. 

        En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados  expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal. 

        Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical. 

        De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.

 

• La Cámara de Diputados se sumará al consenso que existe sobre la minuta para aprobarla en sus términos y que pueda integrarse a la brevedad un cuerpo que dé respuesta al problema de inseguridad.
 
El diputado Mario Delgado Carrillo adelantó que planteará la dispensa de trámites a la minuta que envió el Senado en materia de Guardia Nacional, a fin de que se pueda aprobar de forma expedita entre todos los grupos parlamentarios y darle ya al Poder Ejecutivo la posibilidad de tener una institución con alcance nacional, preparación, organización y equipamiento suficiente para enfrentar el fenómeno delincuencial.
 
El coordinador de Morena en San Lázaro informó que desde el viernes la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló un dictamen donde se respetan los términos en los que llegó la minuta del Senado de la República.
 
En ese sentido, anunció que el lunes, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, planteará a los coordinadores parlamentarios dispensar trámites para que el martes pase al pleno el dictamen que ya distribuyó la Comisión para que se le pueda dar primera lectura y en la sesión del jueves sea votado.
 
Mario Delgado consideró que es muy importante el mensaje que manda el Senado de la República al aprobar esta reforma por unanimidad, tras un trabajo político muy intenso y una negociación muy dura, así como la opinión positiva por parte del Gobierno y la sociedad civil.
 
“Ante las distintas opiniones de la sociedad civil, de los distintos grupos parlamentarios en el Senado y el Presidente de la República, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta que nos llega y queremos aprobarla en sus términos para que a la brevedad la Guardia Nacional pueda integrarse y pueda dar respuesta al problema de inseguridad”, expresó.
 
Delgado Carrillo reiteró la urgencia de contar con un cuerpo que haga frente al fenómeno delictivo y consideró relevante que haya una regulación en el marco constitucional para la actuación de las fuerzas armadas en lo que se forma la Guardia Nacional.
 
“El plan de paz y seguridad del Presidente va principalmente sobre las causas, atacar las causas que están generando la enorme ola de violencia, de criminalidad, la falta de oportunidades, la falta de crecimiento económico, el abandono al campo, la falta de oportunidades para los jóvenes, ese es los problemas que ataca el plan de seguridad principalmente”, dijo.
 
Destacó que además de que se apruebe la Guardia Nacional, ahora el Presidente ya cuenta con elementos para enriquecer su plan de seguridad y pacificación del país.
 
En esto destacó la aprobación de las reformas al Artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General y la reforma constitucional en materia de extinción de dominio sobre corrupción o robo de combustible.
 
 
 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada  María Marivel Solís Barrera (Morena), inició el análisis de una nueva ley en la materia; para ello, se reunió con Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, quien sugirió que este ordenamiento jurídico contemple la participación del sector privado.

En el marco de la conferencia magistral “Evolución de la I+D+i en el país Vasco como modelo de vertebración entre los agentes de I+D+i y el sector privado, productivo y de servicios. Hacia una investigación competitiva con impacto socioeconómico positivo. Lecciones aprendidas”, impartida por Asier Maiztegi, la legisladora refirió que se llevarán a cabo diversos  encuentros con especialistas en el tema. 

Resaltó la necesidad de contar con un diagnóstico nacional e internacional que muestre los indicadores para evaluar la evolución de la investigación e innovación tecnológica, así como la importancia de la vinculación con el sector productivo y los programas de apoyo en este ramo.

Solís Barrera consideró que las opiniones y aportaciones de científicos, tecnólogos, empresarios y público en general, enriquecerán la propuesta sobre la Ley de Ciencia y Tecnología, que se encuentra en la colegisladora, “pero que estamos impulsando desde aquí”. 

La legislación debe apoyar programas nacionales e impulsar la cultura de la innovación en México, que invierta tanto el sector público como el privado y articular todos los sectores: legisladores, gobiernos estatales, instituciones de educación, empresarial y financiero “para trabajar conjuntamente y enfocar los esfuerzos en que México sea competitivo”. 

En su participación, Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, indicó que en México debe haber homogeneidad en el avance tecnológico de las entidades federativas y que la distribución de los recursos a este sector sea constante y no se vea afectado por el cambio de administración. 

Recomendó que para lograr destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología se tiene que generar un mecanismo, que incluya la participación del sector privado, es decir, se incentive a las empresas que colaboren en la innovación e investigación. 

Para generar una ley en materia de ciencia y tecnología, la premisa principal tendrá que ser el aumento a la inversión, investigación y desarrollo de la innovación, pues esto permitirá aumentar los beneficios de la sociedad. 

Apuntó que en el caso del esquema europeo se busca que exista un volumen de inversión para la ciencia y tecnología del tres por ciento, lo cual no sólo ha permitido la descarbonización de la economía, sino reducir la deserción escolar por debajo del diez por ciento y que el 40 por ciento de la población tenga estudios superiores.

• La presidenta de la Comisión, Marivel Solís, explicó que buscan integrar estos elementos en las modificaciones de la reforma educativa, para que se reconozca plenamente.
 
La diputada Marivel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que los integrantes trabajan en reformas para que se incluya en el texto de la Constitución el derecho de los mexicanos al goce y disfrute del progreso científico y tecnológico.
 
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que se promueven modificaciones para integrar el tema de la ciencia, tecnología e innovación como Política de Estado, y quede reconocida en los textos de la Reforma Educativa que se está impulsando desde las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación.
 
En conferencia de prensa con integrantes de la comisión que encabeza, la diputada puntualizó que “en conjunto con todos los diputados, trabajamos una propuesta de iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que responda a la nueva realidad que vivimos en el sector en México”. 
 
Agregó que, en las audiencias públicas pasadas sobre la reforma educativa, se presentaron estas propuestas y que en próximas fechas se estará presentando para su discusión.
 
Solís Barrera manifestó desde este espacio su compromiso por el desarrollo del sector científico, tecnológico y de innovación del país, y subrayó que continuarán trabajando en contribuir en el marco de las facultades como Poder Legislativo, para adecuar el marco normativo que permita coadyuvar en el progreso y desarrollo.
 
En este sentido también informó que están definiendo un grupo de reformas relativas a compras en el sector público, el propósito sostuvo, es incentivar las compras de gobierno, de productos y servicios de empresas mexicanas que tengan desarrollos tecnológicos e innovación.
 
La diputada por Hidalgo señaló que la comisión que preside recibirá con apertura todas las iniciativas y propuestas de reforma de ley que sean turnadas por los procedimientos parlamentarios formales y las analizará, discutirá, dictaminará, y en su caso aprobará, con total independencia, apertura y transparencia.
 
Asimismo, subrayó que, con visión republicana, profesionalismo y absoluto respeto de la pluralidad política, ideológica y científica, y poniendo en práctica los mecanismos de parlamento abierto, se organizarán foros de expertos y audiencias públicas para recoger todas las voces de los distintos sectores del ecosistema científico, tecnológico y de innovación.
 
Solís Barrera hizo una invitación al conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llevará a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo miércoles 6 de marzo y miércoles 13 de marzo.
 
Informó que en dicho conversatorio se abordarán los siguientes temas: el marco jurídico y diseño institucional; el sector industrial como promotor de desarrollo basado en ciencia, tecnología e innovación; centros públicos de investigación; financiamiento público y privado para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional; desarrollo local y regional basados en ciencia, tecnología e innovación; educación y recursos humanos para la ciencia y la tecnología; la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México; las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución de problemas nacionales.
 
Por su parte la diputada María Eugenia Hernández Pérez señaló que la ley en la materia debe de ser un documento vivo. Es decir, una herramienta que equilibre y retroalimente las lecciones aprendidas, siendo la capacidad de adaptarse a los cambios, una primordial necesidad en este nuevo milenio. 
 
“La Ley de Ciencia y Tecnología merece un análisis a profundidad para aprovechar la experiencia ganada en los últimos años y poder dictaminar qué parte de la misma nos han acercado más hacia un crecimiento científico”, precisó
 
Por su parte la diputada Alejandra Pani Barragán señaló que el país atraviesa momentos complicados, derivados principalmente por el abandono que los últimos sexenios se han registrado de este sector estratégico, “por ello, tenemos la obligación de impulsar desde la Comisión, el marco jurídico adecuado para hacer del sector científico, tecnológico y de innovación, verdaderas palancas para el desarrollo económico y bienestar social de nuestro país”.
 
En tanto, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, consideró que la propuesta de expandir las fronteras del conocimiento debe repercutir directamente en el beneficio de la sociedad y de las poblaciones más vulneradas, por lo que es importante incentivar el papel de la mujer y de la niña en la ciencia y apoyar el sector en todo momento.

En la sesión, los diputados Luz Estefanía Rosas Martínez, Héctor Serrano Cortés, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Carlos Torres Piña, José Ricardo Gallardo Cardona, Javier Salinas Narváez y Emmanuel Reyes Carmona, informaron que dejan de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

        A su vez, la diputada Carolina García Aguilar también comunicó que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para declararse sin partido.

 

Minuto de silencio por policías caídos en Chiapas

 

        El Pleno cameral guardó un minuto de silencio en memoria de los policías caídos en el cumplimiento de sus funciones, en Tapachula, Chiapas.

 

        Desde su curul, el diputado José Luis Elorza Flores (Morena) pidió reconocer a quienes el martes 19 de febrero, en dicho municipio cumplían con su deber: “Podríamos guardar un minuto de silencio en memoria de estos policías y de sus familias”.

 

Comunicaciones

 

        Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral dio cuenta del Informe Anual de Resultados de Gestión correspondiente al periodo 2018. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

 

        La Universidad Popular de la Chontalpa, con sede en Cárdenas, Tabasco, remitió el Informe de Resultados de la Auditoría Externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre de 2018. Fue enviado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

        La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano notificó que durante el periodo presupuestal 2018, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

 

        La Secretaría de Gobernación remitió el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2018. Fue canalizada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

        Además, dio contestación a una proposición avalada por la Comisión Permanente, para promover diversas alternativas con perspectivas de derechos humanos a favor de los migrantes centroamericanos.

 

        La Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al almacenaje, distribución y uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional.

 

        Los diputados del PRI, Fernando Galindo Favela y María Sara Rocha Medina; de Morena, Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Carmen Medel Palma; Arturo Escobar y Vega (PVEM), y Josefina Salazar Báez (PAN), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y puntos de acuerdo que habían presentado.

  • Participa desde tribuna abogada de la Huasteca hidalguense: señala que ninguna lengua indígena debe desaparecer; pidió fortalecerlas

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) y de la celebración del 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Cámara de Diputados inició las participaciones semanales en tribuna de una persona hablante de lengua originaria. 

        Este jueves hizo uso de la palabra Magdalena Flores de la Cruz, abogada náhuatl que ha dedicado gran parte de su vida a defender a la población originaria del país. 

        El presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, refirió que esta participación es en términos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por el Pleno el pasado 6 de febrero. 

        Al expresarse en náhuatl, Magdalena Flores dijo que nació en la Huasteca –Hidalgo- y llamó a que ninguna lengua originaria de México desaparezca. “Debemos ayudar y contribuir con la no desaparición de culturas, de la cual derivan las lenguas”. 

        Indicó que es de suma importancia que todas y todos ayudemos a fortalecer las lenguas indígenas, debido a su gran conocimiento y transcendental valor, lo cual ayudará a convivir sanamente, en armonía, a cuidarnos y respetarnos. 

        Mencionó que las lenguas originarias no se deben olvidar, sino fortalecerse, darse a conocer, practicarse, implantarse en nuestras casas, comunidades, pueblos, ciudades, país, escuelas, caminos y trabajo. Es necesario, dijo, que los practiquemos: bebés, niñas, niños, señoritas, jóvenes, señoras y señores, personas de la tercera edad, con raíces en los pueblos y quienes no las tienen. 

        “Si eres médico, si ayudas, si eres profesor, profesionista, si practicas deporte, si vendes, si eres empresario, sea el que sea el trabajo que desempeñes, estás invitada e invitado a que aprendas una lengua originaria de México, poco a poco lo comprenderás. Y si aún no lo aprendes o no lo hablas y se requiere apoyar a una persona de un pueblo originario que no hable tu lengua, solicita un intérprete o traductor que conozca su lengua y su cultura”, expuso. 

        Llamó a las máximas autoridades y líderes a que ayuden en lo necesario para que se lleve a cabo, que realmente se respete, se designen recursos y presupuestos, se apoye económicamente  y se difunda en todos los medios masivos de comunicación. 

        Magdalena Flores consideró –de acuerdo con el discurso publicado en la Gaceta Parlamentaria con traducción en español- fundamental compartir y enseñar lengua y cultura originaria de México en todo el país.

        “A todas las personas que en los hechos llevan a cabo estos trabajos de difusión, promoción, enseñanza, a quienes lo practican, pedimos a ustedes que se les respete y se haga respetar, no se les discrimine, se les apoye económicamente, pues es un trabajo noble y debe ser bien remunerado. Es un derecho que debe ser garantizado en todo momento, pues así están en las normas internacionales, nacionales y locales”. 

        Desde su curul, la diputada de Morena, María Isabel Alfaro Morales, externó su orgullo por la presencia de Magdalena Flores en esta Cámara. Sin embargo, lamentó que México, al igual que otras naciones, enfrenta el gran problema de discriminación en cualquiera de sus ramas. Pidió fomentar la aceptación y la no discriminación a los semejantes, así como crear conciencia de la importancia que tiene el apoyo mutuo como sociedad. 

        “Mi más sincero reconocimiento a Alfonso Cuarón porque supo ver la invaluable belleza que se tiene en las comunidades indígenas y escoger el perfil de la mujer mexicana, trabajadora, bella, honorable, comprometida y sincera. Un aplauso a Yalitza Aparicio por enaltecer la original belleza nacional y demostrar que con esfuerzo, compromiso y dedicación se puede llegar muy alto”, afirmó. 

        Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado del PRI, hizo un reconocimiento a quien tuvo esta iniciativa y al presidente de la Jucopo. “Estos temas nos unen y deben hacerse más; todavía nos  falta mucho para evitar la discriminación, pero el hecho de que hoy esté Magdalena Flores es algo que se debe de reconocer”.

 

La Comisión de Seguridad Social, presidida por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, aprobó dictámenes para reformar las leyes en la materia, respecto a brindar servicio de guardería a los hijos de padres trabajadores y eliminar el requisito de seis meses de matrimonio para recibir la pensión por viudez.  

 

        El primer dictamen modifica los artículos 201 y 205 de la Ley de Seguridad Social, para  establecer que el ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

 

        Asimismo, que las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

 

        El documento, avalado en reunión de trabajo, señala que, aunque el servicio de guardería fue integrado a la Ley del Seguro Social para que la mujer pudiera acceder con facilidad a la vida económica y laboral, en la actualidad, los roles del cuidado y desarrollo del menor no son tarea exclusiva de ellas, por lo cual la negativa de servicio a los trabajadores varones, viola el derecho a la seguridad social y los derechos del niño e interés superior de éste.

 

        Resalta la  discriminación que sufren los varones trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social y sus menores hijas e hijos por no contar con el servicio de guardería para la primera infancia tan necesaria para su óptimo desarrollo.

 

        Subraya que la ley, al restringir el derecho al servicio de instancias infantiles o guardería por condición de género, violenta los derechos de la niñez y el interés superior de niñas y niños, así como la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias.

 

        El otro dictamen, deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para eliminar el requisito de tener seis meses de matrimonio para tener derecho a la pensión de viudez.

 

        Del mismo modo, derogar la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a que el cónyugue no tenga derecho a la pensión, cuando la muerte del trabajador  acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio.

 

        El dictamen indica que la reforma pretende dejar sin efectos una

disposición notoriamente inconstitucional, la cual transgrede los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

        Además, destaca, que de prevalecer el texto vigente de dichos artículos, se deja a los beneficiarios de este derecho en estado de indefensión, pues no todos tienen el conocimiento o los medios para inconformarse con estricto apego al contenido de la citada jurisprudencia.

 

        La presidenta de la Comisión también informó que en conmemoración de la Semana Nacional de Seguridad Social 2019, a celebrarse del 22 al 26 de abril, se llevarán a cabo una serie de actividades como foros y habrá módulos del IMSS, ISSSTE y Consar  en la Cámara de Diputados, con el objetivo de brindar asesorías de los servicios y prestaciones que estas instituciones proporcionan. También comunicó que las diputadas y diputados realizarán visitas a hospitales.

 

  • A partir de mañana, cada semana, una persona nativa hará uso de la tribuna de la Cámara de Diputados y hablará en su lengua original

 

  • Importante, que participen representantes de los 68 pueblos indígenas del país: Mario Delgado

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó que “estamos obligados a modificar la Constitución federal, para reconocer a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés social”.

 

Aseguró que visibilizar a los pueblos indígenas es fundamental, al igual que respetar su identidad y desarrollo colectivo. Además, podrían recibir más beneficios de aplicarse los convenios internacionales.

 

Durante una conferencia sobre el acuerdo del pleno por el que se determinó que, a partir del 21 de febrero, cada semana, una persona originaria hará uso de la tribuna y hablará en su lengua nativa, con motivo de la celebración del Año de las Lenguas Indígenas, Muñoz Ledo resaltó que la Constitución de la Ciudad de México es la única que asienta que las poblaciones autóctonas son sujetos de derecho público, lo que les da las bases para que las comunidades sean autónomas.

 

Añadió que dos temas importantes son los grandes pendientes: el Estado mexicano firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero tiene resistencia sobre el tema de las tierras, territorios, recursos, y también respecto de las autonomías.

 

“Yo deseo lo mejor por la lengua y por la cultura. Ojalá en la práctica y en la realidad reconozcamos nuestro bagaje cultural”, subrayó el diputado Muñoz Ledo.

 

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas; además, el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna.

 

Por ello, resaltó la importancia de que representantes de los 68 pueblos indígenas del país puedan hablar en su lengua nativa desde la tribuna del Pleno. “Es por eso que tomamos el acuerdo de que eso empiece a partir de mañana”.

 

Explicó que el presidente de la Cámara abrirá la sesión y otorgará la palabra al invitado o invitada correspondiente, hasta por cinco minutos. “Su intervención no podrá ser interrumpida y, además, será traducida y publicada en la Gaceta Parlamentaria”.

 

Delgado Carrillo reconoció “el decidido apoyo de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para llevar a cabo esta actividad durante todo 2019. Va a ser algo único, histórico y nos sentiremos todas y todos muy orgullosos de que nuestro país tenga esa riqueza cultural y que pueda ser expuesta y reconocida aquí en la casa de todos”.

 

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, resaltó el acuerdo impulsado por la Junta de Coordinación Política, en virtud de que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, porque se está perdiendo un gran número de lenguas.

 

Comentó que “según las estadísticas, cada dos semanas estamos perdiendo o está desapareciendo una de nuestras lenguas como patrimonio cultural e intelectual”.

 

Anunció que se trabaja en integrar un sitio donde se tendrá registro de lenguas indígenas. “Será una plataforma en la que preservaremos audios, escritos y más del maravilloso legado de nuestras comunidades indígenas, a fin de recuperar las lenguas”.

 

Indicó que dicha plataforma se diseña con la Secretaría de Cultura, la Comisión de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

 

“La idea es tener o crear una biblioteca nacional de lenguas indígenas con audios y escritos digitalizados. Al mismo tiempo, poder integrar una biblioteca nacional de música, por época y por género”, abundó.

 

Por otro lado, Mayer Bretón agregó que ya se invitó a Yalitza Aparicio y al director Alfonso Cuarón para que, a través de Cámara de Diputados, se haga un reconocimiento al gran trabajo que están haciendo. “Esto se hará de la mano de la Comisión de Asuntos Indígenas”.

 

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que México es rico en diversidad cultural y eso lo hace un país fuerte.  Existen 68 lenguas con sus variantes; es decir, somos una nación compleja, por eso hay que visibilizar, conocer y reconocer esa variedad, pero no como un elemento de exclusión, sino como uno de fuerza.

 

Dijo que uno de los mayores desafíos es que ninguna lengua desaparezca. “Hay 31 lenguas en riesgo de desaparecer y tenemos que salvaguardarlas”.

 

Indicó que mañana 21 de febrero, por primera vez en nuestro país, una abogada intérprete, traductora y docente, Magdalena Flores de la Cruz, originaria de Huautla, Hidalgo, tendrá el privilegio de dirigirse al Pleno en su lengua originaria, el náhuatl.

 

Agregó que el náhuatl es una de las lenguas que más se hablan, junto con el maya. “La oradora se ha desempeñado en el ámbito de la procuración de justicia; por eso, es importante que ella sea la primera”.

 

Resaltó que los derechos lingüísticos se han conquistado en el ámbito legislativo; es importante que las acciones como la que inicia mañana sea algo que se convierta en política permanente. Aseguró que se sientan las bases de una nueva política que atenderá este tema, gracias a la voluntad de todas las instituciones que conforman la Secretaría de Cultura”.

 

Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, resaltó que Magdalena Flores es una abogada náhuatl que ha dedicado gran parte de su vida a defender a población originaria en nuestro país, donde la mayoría de los que están en las cárceles, es porque no pueden pagar la justicia. “Ella se ha dedicado a defender a integrantes de pueblos indígenas que están encarcelados”.

 

Consideró que será un acto histórico. “Es maravilloso que ocurra en 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y que comience exactamente en la sesión de mañana 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna”.

 

Añadió que existen muchos libros en lenguas indígenas mexicanas, aunque también es cierto que hay una distribución que no se ha completado, ni tampoco se completa el círculo con lectores.

  • El tráfico de personas, de órganos, la prostitución y el trabajo forzado atentan contra la humanidad

 

  • Es otra forma de violencia de género que afecta principalmente a las niñas

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, aseguró que con la Reforma al artículo 19 de la Constitución se logrará erradicar la trata de personas.

 

Al clausurar el Foro México 2019: Un Cambio para Aprender, subrayó que está incluido en el artículo 19 la trata de personas como delito con prisión preventiva oficiosa y nueve delitos adicionales; ante líderes internacionales de derechos humanos, Delgado Carrillo sostuvo que caminarán junto con ellos para erradicar este grave delito en nuestro país.

 

Por su parte, la diputada Dolores Padierna reconoció que se ha realizado una gran estrategia para que los grandes tratantes que se han librado de la ley por corrupción y por sus influencias, no tengan más poder sobre las niñas y niños que por su vulnerabilidad caen en las redes.

 

Daremos todo el apoyo a la ley general para prevenir los delitos en materia de trata de personas.

 

Por su parte, la diputada Anita Sánchez Castro sostuvo que la Cámara está abierta para apoyar temas como trata de personas, legislación incluida dentro de las reformas presentadas que se les dará seguimiento y acompañamiento.

 

Mientras que la diputada Carmen Julieta Macías Rábago (MC) subrayó que serán aliados de esta gran la lucha, “este terrible delito le duele a México”, por lo que continuarán apoyando todas las propuestas que en la materia se lleven a cabo desde todos los niveles.

 

El diputado Javier Hidalgo Ponce (Morena) aseguró que desde esta trinchera seguirá la lucha contra la corrupción y aplaudió el proceso distinto del parlamento abierto para escuchar todas las voces y caminar de la mano para eliminar este flagelo.

 

Durante su participación en el foro, la diputada María Esther Mejía Cruz, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social (Morena), reveló cifras de la Organización Internacional del Trabajo, quien considera que sólo hasta 2016 existían más de 40 millones de personas sometidas a trata, 24.9 millones de ellas con trabajos forzosos y 15 millones en matrimonio forzado; de esas 16 millones fueron explotadas en el sector privado, en el trabajo doméstico, en la industria de la construcción; 4.8 millones fueron víctimas de la explotación sexual forzosa y 4 millones más víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado.

 

Es por eso, dijo, que la trata de personas es otra forma de violencia de género que afecta principalmente a las niñas, las cuales constituyen 99 por ciento de las víctimas que se localizan en la industria sexual comercial y, otro 58 por ciento, se localiza en la violencia intrafamiliar, las relaciones de dominación y subordinación “son temas delicados que nos lastiman mucho como país”, subrayó.

 

En su oportunidad la diputada Mariana Domínguez Mier y Terán (PRI) se comprometió a seguir luchando en contra de este grave mal que lacera a nuestra sociedad.

 

Por su parte, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) reiteró que no debe haber discriminación en este país; la trata de personas es una forma de discriminación, asunto que debe ser erradicado en su totalidad.

 

La secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, reconocieron que en el caso de la trata de personas lo más importante es la prevención.

 

El primer contacto, con la víctima es muy importante, dijo Maribel Cervantes: “Es necesario que la gente recupere la confianza en la autoridad”.

 

Por su parte, Orta Martínez  reconoció que está en proceso la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad; explicó que se llevan a cabo diversos mecanismos que marcan una normatividad como el apoyo psicológico, médico, de transporte y alojamiento entre otros. Porque la Secretaría, dijo el funcionario, tiene la responsabilidad de atender a las víctimas: “Incrementaremos nuestra eficiencia para prevenir el delito y disminuiremos la impunidad a través de la procuración de justicia”.

 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Miguel Ángel Aguilar y la magistrada Leticia Rocha manifestaron la importancia que tiene el poder judicial para adoptar medidas eficaces y poner fin al trabajo forzado que lacera a la humanidad. “Transgrede los derechos de las personas como es la dignidad humana”.

 

Es necesario, subrayaron, asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados.

 

Mientras que la subprocuradora de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montealegre, explicó que México tiene un amplia gama de atención, cuidado y protección para la reinserción de las víctimas de trata de personas; no obstante en la Ciudad de México; “tenemos en el área de la investigación el Refugio para Víctimas para trata de personas en donde se les da una atención especial, en el cual proporcionamos atención de máxima seguridad, tiene por objeto brindar servicios de protección, de seguridad dado el esquema de explotación en que se encuentran”.

 

Jessica Garza, procuradora de protección integral de niños, niñas y adolescentes, explicó que en el caso de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes se ha logrado un avance a través de la legislación que van de la mano con los tratados internacionales para determinar medidas especiales de protección para su empoderamiento y su reinserción a la sociedad.

 

En su oportunidad en el Foro: “México 2019 Un camino para Aprender”, Rosi Orozco, defensora de los derechos humanos e integrante de la Red Global de Desarrollo Sustentable, reconoció que durante seis años personas en la Cámara de Diputados han intentado retroceder la lucha por erradicar este grave mal que es la trata de personas y que los tratantes salgan de la cárcel.

 

Empero, dijo, no lo vamos a permitir, lo mejor que podemos hacer es implantar la Ley General para prevenir los delitos en materia de trata de personas.  Adelantó que en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Alejandro Encinas, se comprometió a apoyar a la sociedad civil participando y apoyando a las víctimas.

 

El obispo Marcelo Sánchez Orondo, fundador de la Red Global del Desarrollo Sostenible, condenó la trata de personas, dijo que las instituciones que hacen las leyes deben defender la dignidad humana y la paz, porque la trata atenta contra la dignidad humana, así como el tráfico de personas, tráfico de órganos, la prostitución y el trabajo forzado, un crimen contra la humanidad.

 

Raza Javar, emprendedor y filántropo confió en que para 2030 se logrará el compromiso de atacar el tráfico de personas y continuar trabajando para lograr el objetivo 8 de desarrollo sustentable de Naciones Unidas.

 

Los distintos líderes de derechos humanos, ONG e integrantes de la Red Global de Desarrollo Sustentable GSN (Global Sustainability Network) que participaron en este foro se comprometieron con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de las Naciones Unidas, en especial el 8.7 relativo al trabajo forzoso.

 

Sostuvieron que el objetivo de estos foros es poner fin a la esclavitud moderna en 2025.

 

Participaron también Rani Hong, de Ceo Freedom Seal; el empresario Alberto Kibrit, Rita Medallo Prince, Gina Diez Barroso, Patricia Prada, Benjamin Yu, Alma Tucker, Mariana Wenzel, Andy McCullough, Samantha Kinkaid, Marie-Chrsitine Nibagwine, Mariliana Morales y Virginia Ruiz.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales y General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, conformada por mil 675 auditorías, 9 mil 514 observaciones, 4 mil 446 recomendaciones y recuperación de 131 mil 9 millones de pesos, al 15 de enero pasado.

 

        El auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, destacó la inclusión de nuevos sujetos y objetos fiscalizables derivada de un análisis estratégico de denuncias, de información de la opinión pública y de la revisión de auditorías en proceso que ameritaban la incorporación de nuevas acciones, lo que enriquece la rendición de cuentas del país. Con ello, por primera vez se implementa un programa de Planeación Estratégica para la Cuenta Pública 2018.

 

Precisó que al revisar se encontraron que algunas dependencias nunca habían sido auditadas y, a pesar de la presión de la opinión pública, no se revisaban desde 2014.

 

El origen fue realizar cambios institucionales para reforzar la prevención de la auditoría gubernamental y ser efectivos en caso de encontrar actos de corrupción: el propósito es que la impunidad deje de ser una palabra en el diccionario fiscalizador.

       

Sobre los casos penales, Colmenares Páramo refirió a los diputados, que cuando los había, llegaban a la Procuraduría General de la República y se detenían. “Estamos en el proceso de desatorarlos con el nuevo fiscal. Trabajamos para sacar todo lo del pasado y lo que surja presentarlo conjuntamente, en tiempo real”.

 

Respecto a las denuncias penales que deriven de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, indicó que serán presentadas como lo dispone la ley, es decir, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto, toda vez que actualmente los entes están solventando las observaciones emitidas.

 

Es por ello que la institución lleva a cabo la integración de expedientes, elaboración de dictámenes técnicos y formulación de denuncias, tanto de las referidas a la Cuenta Pública 2017, como asuntos de ejercicios fiscales anteriores.

 

Subrayó que en los primeros meses de su gestión se han presentado 54 denuncias, derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y se analiza lo atrasado con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento, coadyuvar y presentar las denuncias de hechos, con el propósito de que se aporten evidencias sólidas e información incontrovertible que permita que las autoridades competentes impongan las sanciones debidas.

 

Con esta visión, indicó que la ASF presenta 653 informes individuales que, en conjunto con los 344 rendidos en junio y 678 en octubre pasado, suman un total de mil 675 auditorías en la Cuenta Pública 2017. Adicionalmente, se practicaron 4 auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores.

 

De ese total, explicó que mil 517 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y ocho evaluaciones de políticas públicas. Del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2017, el 67.4 por ciento, es decir, mil 129 son evaluaciones a entidades federativas y municipios.

 

Asimismo, se llevaron a cabo 483 auditorías al Poder Ejecutivo, seis al Poder Judicial, tres al Poder Legislativo y 16 a órganos autónomos. En suma los entes fiscalizados ascienden a 475.

 

Sobre el Gasto Federalizado Programable se practicaron 506 auditorías a las Aportaciones Federales, 162 a Convenios de Descentralización, 102 a Subsidios y 65 a otros rubros.

 

También se emprendieron 241 auditorías a la función de Desarrollo Económico, relacionado con el sector energético, comunicaciones y transportes, turismo y ciencia y tecnología; 130 a funciones de Gobierno, que incluye las finanzas públicas, seguridad nacional, relaciones exteriores, procuración de justicia y gobernación, y 109 a Desarrollo Social, en rubros como educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado.

 

Resaltó la inclusión de un capítulo específico que coadyuve al diseño y elaboración, por parte de la Cámara de Diputados, del dictamen sobre la Cuenta Pública 2017, para que la fiscalización, a partir de información sustantiva y datos confiables, se convierta en la referencia técnica principal que enriquezca el debate parlamentario.

 

Con ello, los legisladores encontrarán una serie de conclusiones sobre rubros auditados de carácter estratégico, como el número de revisiones practicadas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Pemex, CFE, infraestructura carretera y reconstrucción por desastres naturales.

 

Apuntó que por primera vez se auditó al Infonavit y el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, hay resultados relevantes en la revisión a las escuelas de tiempo completo, reforma educativa y energética, estancias infantiles, centro de atención inmediata para casos especiales,igualdad de género, Conade, Senasica, Pemex y CFE.

 

Colmenares Páramo informó que los resultados de la fiscalización se podrán consultar en una versión ciudadana simplificada y, a partir de hoy, a través de una aplicación para el celular (app) a fin de que se tenga acceso a la base de datos de la ASF.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, sostuvo que este informe es un instrumento fundamental para el Poder Legislativo y el reto que se plantea en el nuevo contexto de cambio político. “Es lo que pasará después de la semana del horror; es decir, cuando salen a la luz pública los grandes escándalos del mal uso de los recursos, de abuso, de desvío y despilfarro, se quedan en eso, pero después no pasa nada”.

 

        Destacó que este martes la Cámara aprobó una importante reforma que ahora avalarán los congresos estatales, en donde la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, ameritará prisión preventiva oficiosa.

 

        También, recordó, se avaló una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, en la cual se incorpora la corrupción. Además, se cuenta con un fiscal general autónomo y uno de anticorrupción.

 

        Delgado Carrillo mencionó que lo que se aprobó ayer, junto con la extinción de dominio, permite tener factores adicionales para una persecución eficaz contra la corrupción y que no haya impunidad. Que sí haya responsabilidad, se castigue la corrupción y se termine con el gran abuso que tanto daño le ha hecho al país.

 

        Celebró este encuentro y afirmó que se seguirá trabajando a efecto de que todo aquel que atente contra el patrimonio de los mexicanos tenga que seguir su proceso en prisión preventiva y, el Estado, a través de la extinción de dominio, recupere capitales que se hayan hecho al amparo de la corrupción.

 

        “Sin duda, el gran reto que tenemos como país es erradicar la corrupción. Vamos en el sentido de acabar con este delito, los fraudes electores, así como la impunidad y los privilegios.  Que las más de mil 220 promociones de responsabilidad administrativa que se nos entregó en octubre empiecen a convertirse en acciones que nos lleven a la sanción”, afirmó.

 

        El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), sostuvo que México vive tiempos de cambios, donde el combate a la corrupción ha iniciado de forma frontal bajo un Sistema Nacional, el cual va tomando forma y fortaleciéndose con reformas y la expedición de leyes secundarias.

 

        Indicó que la labor de la ASF es fundamental para impedir la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción en México. “Al mismo tiempo es un tema principal en la disertación pública y en la discusión nacional; por esta razón estamos reunidos hoy con la finalidad de dar debido cumplimiento a la ley”.

 

        La información que se nos presenta, abundó, es valiosa como parte de la rendición de cuentas del gobierno federal, el cual servirá para generar material importante en los trabajos legislativos de la comisión y la presente legislatura.

 

        Calificó de gran valor técnico el trabajo realizado por la ASF; aunque sus retos son mayores, de forma particular, a la importancia que está adquiriendo la fiscalización de la deuda  de las entidades federativas que se garantizan con participaciones federales. “En este rubro, el trabajo técnico de la Auditoría Superior será de gran valor para el Poder Legislativo”.

 

        Rodríguez Carrillo destacó el trabajo de la ASF por su ardua labor e indicó que los informes de hoy se agregan a los presentados en junio y octubre de 2018. La suma de ambas equivale a 62 por ciento del total de auditorías contempladas en el programa anual para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que a la fecha se amplió a mil 659 revisiones.

 

        Resaltó la importancia que tiene la ASF en el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, como un actor principal en materia de combate a la corrupción. “No hay duda que su participación abonará en beneficio de todos los ciudadanos y su compromiso por incentivar una coordinación efectiva para que los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización establezcan los cimientos para las y los trabajos de interacción de los órganos de auditoría gubernamental y así contribuir con un insumo de gran calado para hacer frente a las irregularidades en la gestión pública en México”.

 

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) afirmó que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior tienen la tarea de garantizar el adecuado desempeño en el ejercicio de la función pública. Por ello se fortalecerá la ley y las normas para que las auditorías financieras y de gestión cumplan su función preventiva y correctiva porque “la fiscalización debe regirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y pleno respeto a la autonomía técnica”.

 

Es obligación de todos los entes del gobierno garantizar la adecuada aplicación de recursos públicos. “Estamos llamados a dar resultados concretos, más allá de la visión de cada uno de nosotros, nos debe unir la responsabilidad común de vigilar los recursos que le pertenecen al pueblo de México. Que quede claro: se debe sancionar a quien haga mal uso del dinero del pueblo”.

 

        De la misma bancada, el diputado Humberto Pedrero Moreno comentó que esta comisión se ha puesto el reto de examinar el entramado constitucional de los estados para revisar sus auditorías y dar seguimiento a todo el tema jurídico.

 

        Manifestó que su grupo parlamentario estará al pendiente de los detalles de los grandes escándalos que se han hecho públicos, como es el caso de Odebrecht,  la Estafa Maestra, estancias infantiles y los nuevos que se deriven de este informe. 

 

Del PAN, la legisladora Josefina Salazar Báez puntualizó que el desempeño en el servicio público requiere guiarse bajo principios éticos y profesionales soportados en la cultura de transparencia y rendición de cuentas, por ello, “buscaremos construir y consolidar instituciones que combatan la corrupción. La revisión de esta cuenta pública la haremos con seriedad en las conclusiones y mecanismos de fiscalización; ésa es la convicción”.

 

Afirmó que el análisis de los documentos que corresponden al ejercicio 2017 adquiere relevancia si se consideran los enormes retos que representa el combate a la corrupción, porque su costo equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto de acuerdo con la OCDE. Ante esto, “los invito a trabajar en favor de la construcción de instituciones firmes que generen credibilidad y la confianza de los ciudadanos”.

 

El diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández, del PRI, dijo que su grupo parlamentario coadyuvará en la revisión y seguimiento a las observaciones y en las posibles responsabilidades que en su caso se determinen en la Cuenta Pública 2017, porque necesitamos avanzar en trasparencia y rendición de cuentas para el mejor ejercicio del gasto público.

 

“Con este acto de entrega se reconoce el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización de la cuenta pública comprende la revisión, gestión financiera de las entidades públicas respecto a los ingresos, gastos públicos y deuda pública y el manejo, custodia y aplicación de los recursos federales, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño del cumplimiento de objetivos de los programas federales”, subrayó.

 

        En tanto, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) refirió que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 señala que 14 de cada cien mexicanos sufrieron algún acto de corrupción. Asimismo, en la investigación de responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, se detectó que la sanción a esos actos es sólo a ocho de cada cien. Lo cual, dijo, se convierte en un espacio para la impunidad que no se ha podido revertir ni con las leyes ni buenas prácticas.

 

        “Hoy la gente quiere que el gobierno administre sus recursos, pero bien”. Se pronunció por ser coadyuvante del esfuerzo de la ASF y exigentes con los recursos para garantizar la profesionalización y capacitación de auditores.  

 

        Por su parte, el diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) consideró que se tiene un gran reto porque el pueblo de México “nos necesita hoy más que nunca a todas y todos los legisladores, auditores y directivos, y nos invita a ser eficientes y eficaces”.

 

        Convocó a que el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación y que llega al área de la justicia, a la Fiscalía, no quede ahí. “México nos necesita de verdad, despojémonos hoy de muchas cosas y atadismos y hagamos un sólo compromiso por el que estamos sirviendo a la nación, por una verdadera patria que está conformándose”.   

 

        El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) afirmó que una de las grandes demandas de los ciudadanos es acabar con la corrupción. No obstante los esfuerzos realizados en el Sistema Nacional Anticorrupción y las entidades federativas, México el año pasado cayó varios lugares en el Índice Internacional de Corrupción como uno de los países que se ven afectados por este flagelo. Por ello, dijo, debemos ser autocríticos sobre los aspectos que impiden obtener mayores resultados, pese a los esfuerzos que se realizan tanto por la ASF como por las auditorías de las entidades.

 

        Resaltó que el cambio político constituye un mandato para sociedad y poderes públicos, “en el sentido de un cambio que en verdad vaya al fondo para acabar con los desvíos de recursos públicos y actos de corrupción”. Estimó que no sólo se trata de un tema de problema punitivo, sino de conciencia social e institucional de lo que esta situación le ha representado al país durante muchos años. “Se requiere una acción integral que implique la participación de todas las entidades, instituciones involucradas, poderes públicos y un cambio de cultura en la sociedad”.    

  • Lograrlo requiere de renovar el orden jurídico 

El coordinador de la subcomisión de Transparencia y Anticorrupción de la Comisión de Puntos Constitucionales, Héctor Jiménez y Meneses (Morena) dijo que a fin de contribuir en la transformación del país y concretar los cambios que Estado y sociedad requieren y exigen, es necesario renovar el orden jurídico en materia de combate a la corrupción. 

Durante el foro “Análisis sobre iniciativas en materia de transparencia y anticorrupción”, el diputado afirmó que la exigencia social por alcanzar la plena democracia obliga a realizar un análisis minucioso y objetivo de las leyes en la materia que sirvan para equilibrar el ejercicio del poder público y el respeto de los derechos sociales. 

Recordó que en 1977, con la reforma constitucional al artículo 6º, iniciaron los cimientos en materia de transparencia; sin embargo,  la construcción del orden jurídico no ha logrado materializar sus objetivos en todos sus aspectos, por lo que resulta necesario continuar en esta ruta.

Mencionó que a la subcomisión se turnaron, para su análisis, iniciativas de reforma a los artículo 108, 109, 110 y 113 de la Constitución; del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,  presentadas en la LXIII legislatura en materia de que las personas y entidades que manejan fondos y recursos públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. 

También sobre las responsabilidades de las entidades por el hecho de corrupción y determinación oficiosa de afectación patrimonial, del sistema nacional anticorrupción y carácter vinculante de sus recomendaciones. 

Asimismo, respecto de la formación de un comité ciudadano para la supervisión del gasto público, recaudación de ingresos, prestación de servicios públicos, programas y acciones de gobierno, además en lo que se refiere a la actuación y desempeño de servidores públicos. 

Jiménez y Meneses estimó que el encuentro con especialistas es relevante porque sus aportaciones y conocimientos abonarán a tomar decisiones legislativas de manera objetiva y que contribuyan a la transformación de la nación. 

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el combate a la corrupción no es solamente tema académico, sino exigencia ciudadana y en esta LXIV Legislatura tendrá que estar a la altura de ese posicionamiento social.

“En la Comisión de Puntos Constitucionales hemos tomado la decisión, por convicción, de meternos a analizar las iniciativas, establecer todas y cada una de las conexiones posibles y abrir, como se está haciendo en el caso de la reforma al artículo 19 constitucional, en materia educativa, y lo mismo que sucedió con la Guardia Nacional, a escuchar todas las voces”. 

Agregó que los posicionamientos, sugerencias, bagaje teórico y estudio previo que se tienen coadyuvarán para que los dictámenes que se discutan y eventualmente sean aprobados en la comisión lleven la recuperación de todas aquellas voces de expertos y ciudadanos. 

“Que en este país la Constitución se convierta de una vez por todas en esa Carta Magna a la que todos tenemos que subordinarnos”.

Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se refirió al caso de Odebrecht, del que la institución recibió un segundo amparo, notificado el viernes pasado, para no abrir la información. “La respuesta de la Fiscalía es de lo más inaudita. Es un tema de puntos de vista institucional, que no culpó ni al fiscal ni a la Fiscalía, ellos tendrán su razón, la están defendiendo, y el INAI defiende sus atribuciones, instancias y competencias”. 

“No se va a transgredir una orden de ese tipo”, porque de hacerlo  el riesgo es ir a un juicio político, que marca la Constitución, y no se va a hacer. “Es un tema del Poder Judicial en que se tiene que determinar”. Aclaró que no es ninguna confrontación con la Fiscalía, porque también defienden sus intereses institucionales. “Ellos lo que tienen es ir a platicarle al señor Presidente cómo está todo para que lo determinen y vean qué es lo que van a hacer. Lo viable, sería: aquí está la información”. 

Expresó su preocupación por la rendición de cuentas del dinero público que reciben los sindicatos, del cual se debe tener claridad de cómo y en qué se gasta. “Es urgente que los líderes sindicales tengan declaraciones sobre sus patrimonios y determinen los conflictos de intereses que tengan”.

 

Aseguró que los sindicatos han cumplido con este requisito, menos el de Pemex. Apenas hace unas semanas fueron al INAI a solicitar apoyo para formar su Comité de Transparencia, ya que tienen la responsabilidad de tener una página electrónica para que se conozcan sus gastos; sin embargo, la empresa no otorgó recursos para hacerlo. 

        El abogado penalista y maestro en ciencias penales, Ulrich Richter Morales, señaló que cualquier iniciativa en el tema de anticorrupción no es suficiente para paliar la problemática de México y que dejó el gobierno saliente. Aplaudió estas propuestas, pero ante los retos del país se quedan cortas, “serían una aspirina”. 

        Indicó que el gran problema es que no se aplica la ley, pues si bien se creó un sistema anticorrupción y modificó la Constitución, ésta requiere un código penal y una ley en la materia, ya que en el pasado sólo se ha jugado a hacer un sistema. 

        De modificarse la Carta Magna, dijo, “estas iniciativas quedan cortas, porque sólo dan pinceladas, cuando lo que se necesitan son reformas de gran calado y con más dientes y facultades para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

        Richter Morales llamó al rescate de los valores de la sociedad, por el grado de su deterioro. “Mientras no se logre tener la calidad de ciudadanos republicanos no va a haber manera de cambiar, ni con este tipo de leyes; la virtud cívica es que no seas corrupto”.  

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Villanueva Villanueva, señaló que se logrará un verdadero sistema anticorrupción y de transparencia a través de la educación. “Tenemos que establecerlo en los libros de texto gratuito, en las normales y en la universidad pedagógica nacional; es un tema de mediano y largo plazos”.

Destacó el hecho de que en esta comisión se discutan en público las iniciativas presentadas sobre la materia, porque es una práctica novedosa. “Anteriormente se quedaban en lo que se denominaba la congeladora y no pasaba nada”, por lo que es bueno que en esta ocasión se abran a la discusión.

Dijo que la declaración patrimonial a quienes ejerzan recursos públicos es un asunto que tendría que verse y resolverse caso a caso. Asimismo, las  organizaciones sociales o de la sociedad civil reciben la menor parte de apoyos del gobierno, la mayor parte es de fundaciones internacionales y de la cooperación internacional; “es un asunto que es complicado, por ello, creo que ahí sí es necesario pedirles transparencia”. 

México está en primer o segundo lugar con la mejor ley de transparencia; pero es inversamente proporcional a su eficacia, advirtió. 

• Concluyeron con éxito las audiencias públicas en la materia, donde se escucharon las voces de todos los actores involucrados.
 
Tras el éxito de las audiencias públicas para el análisis de la reforma en materia educativa enviada por el Gobierno federal, en las próximas dos semanas se concretará la elaboración de un dictamen con la participación de todos los grupos parlamentarios que integre las opiniones vertidas en este ejercicio de parlamento abierto, pero siempre buscando la excelencia y el interés superior de los niños y jóvenes de México, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo.
 
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados destacó que nuevamente se obtienen resultados positivos de ésta que ya es una práctica de parlamento abierto habitual en este recinto legislativo, y agradeció a los más de 210 ponentes quienes expusieron ante los integrantes de las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales sus puntos de vista.
 
Apuntó que tras escuchar la opinión de maestros, organizaciones, padres de familia y funcionarios para enriquecer la propuesta del Gobierno, persiste la urgencia de ofrecer a los niños de nuestro país un marco legal que les garantice educación de excelencia.
 
“Se espera que en las próximas semanas podamos tener un dictamen con la participación de todos los grupos parlamentarios para lograr una reforma que busca la excelencia, que los niños, los jóvenes y los adolescentes sean el centro del sistema educativo”, enfatizó.
 
Delgado Carrillo destacó que la reforma acabará con el carácter punitivo de la evaluación docente, para establecer mecanismos que permitan realizar un diagnóstico del estado del sistema educativo nacional e identificar los puntos fuertes y débiles donde los maestros requieran desarrollo profesional y una preparación que les permita mejorar en sus habilidades y prácticas docentes.
 
Asimismo, con la intención de dignificar la labor docente, se creará el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la mejora continua de la educación, el cual determinará estándares e indicadores de resultados; la certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para el desarrollo profesional y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones, evaluaciones e investigaciones especializadas dentro de un esquema de evaluación pertinente.
 
Además, subrayó el diputado, de esta reforma destacan los principios de equidad y de universalidad, que permitirán también una política incluyente, adecuada a esta diversidad cultural y étnica, y garanticen el acceso de todos los mexicanos a la educación.
 
Mario Delgado añadió que, de acuerdo con la iniciativa enviada por el Gobierno federal,  en escuelas de educación básica en zonas vulnerables se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. 
 
También, apuntó, se otorgarán alrededor de 10 millones de becas a quien más lo necesite en el país, 300 mil a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 4 millones 230 mil en educación media superior, logrando la cobertura universal en becas en este nivel educativo. Con estas medidas, aseveró, se abatirá la deserción escolar.
  • Se registran 22 decesos en poblaciones entre 15 y 29 años, al día y 24 mil en promedio al año

 

Debido a que México ocupa el séptimo sitio en el ámbito mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales, la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que prevengan y reduzcan el número de accidentes, especialmente en los jóvenes.

 

        En un dictamen con punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria expone que con base en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se registran 22 decesos de jóvenes entre 15 y 29 años al día y 24 mil en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.

 

        La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) indica que las causas de los percances en las carreteras federales, alrededor de 80 por ciento de las veces se deben al conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por ciento a los agentes naturales y sólo 4 por ciento al camino.

 

        Tales percances se han convertido en un problema de salud pública en muchos países, cuyas principales causas están relacionadas con el exceso de velocidad, utilizar aparatos electrónicos o por el influjo de alguna droga como el alcohol de parte de los conductores, entre otras.

 

        El documento señala que la Policía Federal indica que los hombres tienen cuatro veces más accidentes que las mujeres y aquellos que viajan acompañados por sus amigos incrementa los riesgos. El uso de aparatos electrónicos como celulares, o jugar carreras o arrancones son factores que pueden causar percances mortales.

 

        El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) señala que alrededor de 40 por ciento de los mexicanos utiliza un celular mientras conduce. Observar la pantalla de un dispositivo móvil para contestar una llamada o leer un mensaje puede tardar de cuatro a siete segundos, por lo que una distracción por mínima que parezca incrementa hasta en 23 por ciento la posibilidad de sufrir un accidente.

 

        Si bien, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Salud, han elaborado programas y políticas en materia de seguridad vial y de prevención de accidentes, estos son insuficientes pues las muertes continúan.

 

        “Los accidentes de tránsito ocasionados por jóvenes son un grave problema que debe ser erradicado desde casa, por lo que es importante que los padres de familia o tutores, establezcan un diálogo sobre los peligros y la responsabilidad que conlleva manejar un vehículo automotor”.

 

        De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales por los percances. Además, son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.

 

        Se estima que 93 por ciento de las víctimas por accidentes de tránsito se producen en países de bajos y medianos ingresos, que sólo cuentan con 54 por ciento de los vehículos matriculados a nivel global. La OMS indica que a medida que aumenta en un kilómetro por hora (km/h) la velocidad media de un vehículo, crece en tres por ciento la incidencia de accidentes que produce traumatismos, y de 4 a 5 por ciento en la incidencia de accidentes mortales.

 

        Únicamente 47 países, que representan 13 por ciento de la población mundial, tienen leyes que contribuyen con mejores prácticas sobre la velocidad en zonas urbanas; es recomendable establecer un límite de velocidad máximo en zonas urbanas no superior a 50 km/h, con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de la población.

 

        Por ello, es fundamental que SCT, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las medidas que contribuyan a prevenir y reducir los accidentes automovilísticos en todo el país, particularmente entre en los jóvenes.

 

La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública a transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional Docente y publicar en el portal de Internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, las bases de datos de los concursos que se hayan realizado, incluyendo el puntaje y nivel de desempeño en los exámenes, la posición en el orden de prelación y la asignación de plaza.

El documento, aprobado durante la sesión en votación económica, resalta que dada la diversidad de cuestionamientos que ha generado la Reforma Educativa y sus posibles impactos, es fundamental realizar una revisión profunda y detallada de todos sus efectos y aspectos constitutivos; por lo que es injustificable que no exista información oportuna relacionada a la asignación de plazas. 

“No es posible verificar si las últimas se están asignado a los sustentantes que obtuvieron los puntajes más altos en los exámenes de ingresos o si se están asignando discrecionalmente”, afirma. 

El dictamen de la Comisión de Educación señala que desde que se presentó en el Poder Legislativo, la mal llamada “reforma educativa” causó un amplio debate, generando múltiples argumentos y diversas evidencias que indican que desde sus planteamientos hasta sus resultados presentan serias fallas de fondo. 

Subraya que esta reforma se enfocó en lo administrativo y mediático sin reconocer la responsabilidad del Estado en la educación e incidió en la burocratización del magisterio para que el gobierno federal pudiera tener mayor control; además, las evaluaciones tienen carácter punitivo y dejan en un segundo plano la oferta de más y mejor formación para los docentes. 

También, agrega, carece de integralidad pues se excluyeron múltiples componentes del sistema educativo como las propuestas de los docentes; genera un trato diferenciado respecto a las escuelas privadas; no considera suficientemente la necesidad de que las escuelas cuenten más y mejor recursos indispensables para el aprendizaje. 

Asimismo, incluye evaluaciones estandarizas que tienen importantes limitaciones para verificar aprendizajes o experiencias complejas como las que los maestros adquieren en el aula durante años, y no existe evidencia sobre el funcionamiento de algunos de los procesos generados por la Reforma. 

        La Cámara de Diputados exhortó al congreso de Jalisco a abrogar el decreto publicado el pasado 31 de enero, el cual modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para eliminar la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extinguir dicho organismo. 

        El punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, señala que en 2002 se publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer con el objetivo de elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, basados en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género. 

        Precisa que el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) contaba con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, que le permitía articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las mujeres. 

        Refiere que las consejeras nacionales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señalan que al eliminarse el IJM, se estaría incumpliendo tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por México en 1980. 

        Al presentar el acuerdo, su promovente, diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena), subrayó que, a pesar de los avances institucionales y por parte de organizaciones de la sociedad civil para combatir este flagelo de violencia en Jalisco, la situación contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años. Tan solo de 2011 a 2016, la entidad pasó de ocupar el octavo lugar con mayor violencia hacia ellas, al tercer sitio. 

        De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi), en Jalisco, por lo menos 3 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida. En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos y en 2018, la cifra casi se duplicó, al pasar a 211. 

        Resaltó que al llamado de dar marcha atrás a la desaparición del IJM, se han unido las consejeras de Inmujeres, quienes manifiestan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco no debe ser la instancia que diseñe, ni implemente mecanismos para la prevención de la violencia y defensa de la población femenina, dados los limitados alcances y funciones del organismo. 

        Al referirse al tema, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) dijo que en Jalisco se ha borrado de un plumazo el IJM para incorporarlo bajo la tutela del Ejecutivo estatal, en una secretaría en la que, en consecuencia, carecerá de la autonomía que requiere y se diluirán esfuerzo y recurso. Las mujeres “somos vulneradas, atacadas y asesinadas por un grupo de personas que olvidan que entre hombres y mujeres por igual, somos la semilla de todo aquello que podamos definir como cultura en su sentido más amplio”. Se pronunció a favor del acuerdo y pidió no dar la espalda a esta lucha.  

        La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) resaltó que a lo largo de 18 años el instituto visibilizó la importancia de generar políticas públicas que realmente incidieran de manera transversal para frenar la discriminación en razón del género. Lamentó que no sólo se cambie su figura, sino se baje a subsecretaría; dos niveles de mando y con esto, también los recursos federales e internacionales etiquetados y gestionados en la materia y consideró que es un retroceso para las mujeres jaliscienses. 

        Por el PRI, la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, conminó a luchar para no privar a esa entidad y a México del IJM y de lo que este proveía: “el enriquecimiento que da la confianza de las mujeres, su solidaridad y organización, su optimismo y versatilidad, su patriotismo y su dignidad”. Destacó que ningún instituto a favor de la mujer en el país es una concesión sublime, “son un reconocimiento a este sector de la población que construyó y forjó esta nación”. 

Elba Lorena Torres Díaz, legisladora del PES, expresó que su fracción parlamentaria está en contra del decreto que abrogó la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ya que es un retroceso de política pública que deja en estado de indefensión a las niñas y mujeres de Jalisco. “La decisión que tomó el gobernador Enrique Alfaro hace lenta y opaca la ejecución de los recursos públicos dirigidos a operar la política estatal en materia de igualdad sustantiva, erradicación de violencia, de no discriminación e igualdad de oportunidades”. 

        Por su parte, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) resaltó que en nuestro país se vive una situación de emergencia nacional en cuanto a la violencia de género, feminicidios, secuestros, violaciones y trata. Consideró que la medida que se tomó en esa entidad es un retroceso total a toda la lucha y el trabajo de miles de mujeres en toda la historia de nuestro país. “No sólo contraviene los tratados internacionales que México ha suscrito, sino también a los intereses y necesidades manifiestas de las jaliscienses”. 

        De MC, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández señaló que falta información; por años se creyó que el IJM permitiría erradicar la violencia de género, pero no fue así y a “18 años de su creación la crisis de violencia y desigualdad se ha convertido en uno de los principales problemas en Jalisco”. Aclaró que el instituto no desaparece, se transforma y el gobierno propone un nuevo diseño, a través de una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. 

        La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) afirmó que la desaparición del IJM es un retroceso en el camino para garantizar los derechos de las mujeres. El gobernador “no quiere ver que Jalisco es uno de los estados más violentos para las mujeres”, ya que sumó 206 asesinatos hasta noviembre de 2018, de los cuales 25 fueron calificados como feminicidios. La idea de extinguir las funciones del instituto para que sean absorbidas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva “es una ocurrencia machista de pretender invisibilizar la violencia que sufren”. 

        La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) enfatizó que los institutos de las mujeres no necesariamente garantizan la efectividad de las políticas a favor de ellas. “Tan es así que el de Jalisco no fue capaz de impedir la declaratoria de alerta de género”. Por ello, dijo, su grupo parlamentario considera importante estar abiertos a fórmulas nuevas y que una secretaría que tenga la mitad de su presupuesto destinado a estas causas, podría dar buenos resultados. 

       Por MC, la diputada Lourdes Celenia Contreras González puntualizó que las mujeres merecen oportunidades y mecanismos que eviten la discriminación. “Necesitamos un organismo centralizado que garantice paridad, no buscamos superioridad, sino igualdad, porque también nosotras formamos parte del desarrollo del país”. 

      La legisladora Wendy Briceño Zuloaga (Morena) hizo un llamado al Congreso de Jalisco para que abrogue la ley que extingue el Instituto de las Mujeres y al gobernador porque sus acciones y declaraciones caen en violencia política. También, que se respeten las voces de las activistas del estado. “Hacemos un llamado a que se regrese el IJM. La lucha de las mujeres de Jalisco es la lucha de todas las mexicanas”.

 

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