Para fortalecer, promover y expandir la actividad artesanal así como proporcionar apoyos económicos a quienes trabajan en este sector, el diputado secretario de la Comisión de Turismo, Jorge Tello López, del PRD, planteó reformar la Ley General de Turismo.

La iniciativa que adiciona la fracción XV Bis al artículo 44  establece que las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con gobiernos estatales, municipales y la Ciudad de México, efectuarán acciones para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

También, se garantizarán apoyos económicos a los artesanos de las distintas regiones del país para que elaboren sus productos, los cuales podrán ser de distintos materiales como barro, madera, metal, piedra, palma, hiloseda o algodón.

El documento que analiza la Comisión de Turismo, cita que se otorgará capacitación continua a los artesanos de acuerdo a la actividad que practiquen en sus talleres, además de fomentar programas para apoyar el turismo cultural en las zonas donde se realiza dicha actividad.

Tello López expresó que las artesanías mexicanas se destacan por su belleza y tienen gran impacto en el mundo; ejemplo de ello es el estado de Oaxaca, galardonado por la Feria Internacional del Turismo, celebrada en Madrid, España, con el premio Ruta Mágica de las Artesanías por el mejor producto inclusivo al estado del sur-sureste mexicano.

Consideró necesario que los gobiernos federal y estatales apoyen  e incentiven de manera comprometida a los artesanos que engrandecen la belleza del país con su trabajo, resaltando su forma tradicional de realizarlo y respetando sus orígenes y su innegable imaginación.

Añadió que es primordial que esta tradición siga siendo motivo de distinción tanto para connacionales como para extranjeros, motivo por el cual “debe ser objeto de resguardo como patrimonio cultural del país, que evidentemente fomenta la aparición de turistas en las entidades”.

Con el propósito de castigar a concesionarios mineros o contratistas que arriesguen la salud y vida de los trabajadores por falta de seguridad y equipo de trabajo, la diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC) impulsa una iniciativa para adicionar el artículo 58 de la Ley Minera.

En la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, refiere que en esos centros de trabajo pueden presentarse incendios, explosiones, derrumbes de túneles y accidentes que afectan a trabajadores y pobladores de comunidades cercanas a las minas. Incluso, donde la minería se desarrolló en el pasado, la gente sigue expuesta a riesgos por los desechos y sustancias químicas que permanecen en la tierra y el agua.

Debido a una “extrema deficiencia de las medidas de seguridad”, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana informó ante la Organización Internacional del Trabajo sobre la degradación de las condiciones de trabajo en las minas del país, indica el documento.

Refiere que el sector aporta el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Además, México tiene el primer lugar mundial en producción de plata; figura entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales; es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial, y es el quinto con mejor ambiente para hacer negocios mineros.

Sin embargo, subraya, presenta derrames químicos, humos tóxicos y radiación que dañan a los trabajadores y causan problemas de salud crónicos, así como reacciones alérgicas y accidentes que requieren atención inmediata.

Asimismo, continúa, los mineros sufren lesiones en brazos, piernas y espalda por levantar cosas pesadas y trabajar con malas posturas corporales; se lastiman sus sistemas nervioso y circulatorio por el uso de martillos neumáticos y maquinaria vibratoria, provocando la pérdida de sensaciones, infecciones y la muerte.

Los problemas de audición, e incluso sordera, son ocasionados por el ruido constante y alto de la maquinaria; las jornadas bajo la tierra con poca luz dañan la visión y las condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua provocan mareos, debilidad, latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos.

Respecto al daño ambiental, además de usar excesivos recursos hídricos, la minería contamina el agua y la tierra, y ocasiona escasez de alimentos. El aire proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves.

La legisladora de MC asegura que los trabajadores mineros en otros países han mejorado su calidad de vida, seguridad y salud, con el apoyo de organizaciones, sindicatos y cooperativas para presionar a las compañías a que obedezcan las leyes, normas y reglamentos de seguridad, así como a sus gobiernos, para que las obliguen a cumplir.

Por ello, propone adicionar el artículo 58 a la Ley Minera –recorriendo los subsecuentes—para sancionar con multa de entre 100 y 10 mil días de salario mínimo, a los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras mediante contrato o al ingeniero legalmente autorizado, cuando se ponga en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o los integrantes de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes para evitar un accidente.

Esa sanción también podrá aplicarse cuando el responsable no verifique el cumplimiento de las medidas para prevenir accidentes, o no notifique de inmediato al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos, las que no se hayan adoptado, al igual que si no le informa sobre las anomalías en las minas

Además, establece que se indemnizará al minero que por alguna de las razones anteriores sufra un accidente incapacitante que le impida seguir trabajando o fallezca.

·         Soluciones o acciones en favor de los damnificados no han sido muy claras ni precisas.

El Gobierno de la Ciudad de México deberá, en un plazo de 15 días, dar a conocer los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado, los créditos que se han otorgado a los damnificados, así como las causas que han impedido que un mayor número de damnificados cuenten con apoyo.

A propuesta de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza,  senadores y diputados que forman parte de la Comisión Permanente respaldaron la propuesta de la legisladora del PAN, pues ante la magnitud de los desastres naturales que han impactado al país, es necesario que estos recursos se ejerzan con transparencia y claridad.

En Tribuna, Gómez del Campo reconoció los avances y acciones para atender la emergencia, pero consideró que “las soluciones o acciones en favor de los damnificados no han sido muy claras ni precisas”.

Agregó que aún “existe la gran problemática de los multifamiliares de Tlalpan, donde los damnificados están en el limbo y con la zozobra del futuro, pues esperan contar con una vivienda digna, sin que ello implique que tengan que atarse a un crédito o que al menos este sea accesible con un esquema preferencial de acuerdo con sus posibilidades”.

En este sentido, la Comisión Permanente solicitó un reporte relativo al plan para atender a los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, el proyecto de reconstrucción y sus licitaciones, así como para la pronta atención de las familias que pernoctan en casas provisionales de lámina y lonas.

En las consideraciones, los legisladores refirieron que el pasado 12 de enero, el gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Reconstrucción para la Ciudad de México, que busca dar continuidad y orden a la atención de entre 100 mil y 110 mil capitalinos que resultaron afectados.

De ahí, la pertinencia de contar con información pormenorizada, pues la rendición de cuentas en la práctica se sostiene por la transparencia y la fiscalización, sostuvieron los legisladores.

·         A la fecha, los uniformados estatales cuentan con cero certificación.

Senadores y diputados urgen a los gobiernos estatales certifiquen a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de acuerdo con los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, con la finalidad de profesionalizar la seguridad pública en el país, ya que al día de hoy nadie cumple con el ordenamiento constitucional y siguen utilizando policías uniformados no certificados.

La senadora Yolanda de la Torre Valdez argumentó en un punto de acuerdo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que el 19 de septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los referidos Lineamientos, en el marco de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 30 de agosto de ese mismo año, establecidos en la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El ordenamiento mandata que los aspirantes e integrantes de los cuerpos policiacos deben presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de habilidades y del desempeño, así como obtener y mantener actualizado el Certificado que expedirá el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) respectivo, para ingresar y permanecer en las instituciones policiales de los estados.

En el acuerdo del Artículo Transitorio Tercero de los referidos Lineamientos, se especifica que las instituciones de Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, deberán certificar a todos sus integrantes con el Certificado Único Policial, a más tardar el 9 de septiembre de 2019

Desde el año 2008 existe un mandato en el Artículo 21 de la Constitución para que todas aquellas personas que ingresen a las instituciones de seguridad pública, cuenten con un certificado para tal efecto. En el 2009 se determinó que en cuatro años todos los elementos deberían contar con su documento o serían separados del cargo, pero hasta el día de hoy, los gobiernos estatales siguen utilizando policías no certificados, señaló.

En el 2013, agregó, la separación de policías que no tuvieran el Certificado Único debía iniciar, pero en lugar de ello se emitió una ampliación de 12 meses, a partir de una reforma legal solicitada de emergencia al Congreso de la Unión.

“Después de esos doce meses, ya no hubo ni ampliación del plazo legal, sencillamente se llegó a la situación actual: Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones”, puntualizó.

En algunas entidades, aseguró, existen agrupamientos a cuyos agentes se aplica una prueba de polígrafo, se completa la formación académica policial o participan en algunos cursos, pero en ningún caso se cumplen los requisitos que mandata la Constitución y sólo la Policía Federal mantiene los tres puntos señalados como requisito de ingreso al trabajo activo.

Afirmó que a diez años de las reformas establecidas en la Constitución, “el número de certificados emitidos en el país es cero; ningún estado del país cumple esta premisa constitucional y, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será hasta este año cuando los policías empiecen a contar con los certificados y hasta 2019 cuando se tenga a todos los policías en regla”.

A partir de este año, dijo, iniciará un nuevo intento de certificar a los 128 mil 922 policías estatales de todo el país y así acreditarán que cuentan con competencias básicas para desempeñarse en labores de seguridad.

Recordó que en 2017, cerca de 9 mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, 4 de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit fracasaron y tendrán que ser sustituidos.

En el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas de diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación señaló que los estados deberán “depurar” a los 8 mil 921 elementos que reprobaron las evaluaciones.

La propuesta se turnó para su dictaminación a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con el fin de establecer un marco jurídico que garantice al empleado doméstico pleno acceso a sus derechos laborales, erradicar largas jornadas, bajos salarios y falta de seguridad social, la diputada Olga Catalán Padilla (PRD) impulsa una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo.

El documento establece que el contrato entre la parte empleadora y el empleador, deberá ser por escrito y bajo ninguna circunstancia el salario se cubrirá con moneda distinta a la nacional. Se plantea prohibir el pago en especie.

La iniciativa modifica los artículos 49, 342 y 343 y adiciona el artículo 332 Bis, un segundo párrafo al artículo 334, la fracción IV y V al artículo 337 y la fracción III al artículo 340.

Cita que es obligación del contratante inscribir a quienes prestan servicio en el hogar en el régimen de seguridad social y, en caso de incumplimiento, asumir la responsabilidad correspondiente.

El patrón deberá facilitar el material necesario para el desarrollo de las actividades, en tanto que el empleado estará obligado a desempeñarse con responsabilidad, honestidad y seriedad.

La propuesta de reforma que analiza la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que el patrón podrá dar por terminada la relación laboral, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio, para lo cual dará aviso con 15 días de anticipación y pagará la indemnización que marca la Ley vigente.

Añade que en este sector, los contratos son de palabra, y solo 4 por ciento firma un documento con acuerdos laborales que los respalden.

En caso de enfermedad, sólo a 4 de cada 10 se le permite faltar sin que haya un descuento en su percepción; el resto sabe que si no asiste no tendrá goce de sueldo, por lo que cerca de 8 por ciento de estas personas labora “aun estando enferma”.

La diputada Catalán Padilla dijo que a pesar de que el trabajo doméstico es una pieza clave para el desarrollo familiar y profesional de miles de familias, no existe un marco legal que permita el acceso a los derechos laborales mínimos a quienes lo ejercen.

“La Ley Federal del Trabajo no considera a los y las trabajadoras domésticas como sujetas a seguridad social, licencia de maternidad, seguro de salud, educación, retiro para la vejez, guardería, pago por incapacidad y libertad de asociación a un sindicato”.

Mencionó que datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indican que las condiciones laborales de estas personas son de esclavitud debido a la desvalorización social de estas actividades.

Esta situación es reflejo de la desigualdad y falta de garantía de sus derechos. Por ello, “es necesario que los legisladores, mejoremos dentro de nuestras respectivas atribuciones las condiciones laborales de las personas que se dedican al trabajo del hogar”, puntualizó.

*Actualmente 12 entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, a fin de integrar y transparentar sus bancos estatales de datos.

El objetivo, explicó la legisladora, quien es secretaria de la Comisión Especial de Alerta de Género, es actualizar y hacer públicas las cifras sobre feminicidios en todo el país.

“En el país el número de homicidios va en aumento, tan solo las víctimas por homicidios dolosos con arma de fuego tuvieron un repunte de 40 por ciento en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, sostuvo.

Precisó que actualmente, doce entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género, debido a los altos índices de violencia en diferentes modos contra las mujeres, aunado a que en dichas entidades el número de feminicidios en los últimos años aumentó considerablemente.

Catalán Padilla comentó que algunas organizaciones sociales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano contar la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras, aunado a que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

“La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales”, subrayó.

El punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión de la Permanente, advierte que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo observa cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero no considera la violencia feminicida.

“Es necesario contar con información confiable y oportuna, dirigida a las dependencias y organizaciones que lo requieran para el combate y erradicación de esta práctica. Es por lo anterior que queremos que se exhorte a Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida”.

*Diario se cometen tres homicidios contra menores de edad.

La diputada federal del PRI, Xitlalic Ceja García, advirtió que el maltrato físico y psicológico hacia los menores de edad es ya un problema de salud pública que aumenta de manera alarmante en todo el mundo, incluido nuestro país.  En México, seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años han sufrido algún método violento de disciplina en sus hogares, según datos de la UNICEF, dijo.

“Lo más lamentable es que muchas veces el maltrato infantil inicia dentro del propio hogar y lo ejercen principalmente los padres o persona que tienen a su cargo el cuidado de los menores y quienes, en teoría, debieran protegerlos. El maltrato va desde gritos, insultos, amenazas, humillaciones y golpes, hasta actos todavía más crueles como el abuso sexual, el encierro, el encadenamiento, entre otros métodos inhumanos”, indicó.

La legisladora resaltó que diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el tema, entre ellas la Fundación Juntos con las niñas y los niños (Juconi), alertan que hay entidades del país en donde el número de infantes maltratados es mayor al que señala la UNICEF, como en el estado de Puebla en donde de manera cotidiana ocho de cada 10 menores sufren algún tipo de violencia.

“Para dimensionar el tamaño del problema, basta recordar que la UNICEF y el INEGI señalan que en México se registra un promedio de 2.8 homicidios diarios contra menores de edad; lo que significa que más de mil niñas y niños pierden la vida cada año. Mientras que los homicidios contra adolescentes de entre 15 y 17 años se incrementó 3.8 por ciento de 2014 a 2015”, precisó.

La también diputada integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resaltó que un alto porcentaje de menores maltratados abandona el hogar en su intento de escapar de la violencia intrafamiliar. “Sin embargo, en las calles enfrentan otros problemas igualmente graves como la drogadicción, esclavitud laboral o sexual, pornografía infantil o son reclutados por el narcotráfico”, advirtió.

Xitlalic Ceja advirtió que “el niño que hoy es maltratado, mañana como adolescente tiende a ser un delincuente en potencia; porque crecieron teniendo un gran conflicto con sus padres, que son la primera figura de autoridad que conocieron. Basta saber cómo fue la niñez de los jóvenes que actualmente delinquen, para ver en dónde está el origen de ese comportamiento”, recalcó.

Por ello, la legisladora poblana urgió a las autoridades correspondientes, tanto federales como locales, a frenar el maltrato infantil haciendo respetar en todos sus términos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales que en la materia ha suscrito nuestro país.

Por último, la diputada Xitlalic Ceja destacó la importancia de que la lucha contra el maltrato infantil esté desligada de posiciones partidistas, a fin de garantizar un avance en la materia, “porque si empezamos a partidizar el tema, nada vamos a resolver y las consecuencias las seguirán sufriendo tanto los menores como la sociedad en su conjunto”, dijo. 

*Piden  garantizar que procesos electorales se desarrollen en un ambiente de paz

La Comisión Permanente condenó los asesinatos de Miguel Ángel Licona Islas, su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, de Sabino Mejía Rodríguez, Arturo Gómez Pérez, Saúl Galindo Plazola, Gabriel Hernández Arias y Juan José Castro Crespo, Adolfo Serna Nogueda, Marino Catalán Ocampo y Salvador Magaña.

En un acuerdo de la Mesa Directiva aprobado en votación económica, se exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que establezcan los mecanismos de coordinación necesarios, a efecto de resolver estos crímenes y garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de paz, libre de violencia de cualquier tipo.

 Además, pidió al Instituto Nacional Electoral instrumentar las medidas necesarias para detectar y evitar el financiamiento ilegal o proveniente de cualquier tipo de actividad ilícita, a través de la Unidad de Fiscalización y la comisión que la atiende.

La Permanente manifestó su preocupación por los hechos acaecidos en la Ciudad de México y exhortó a las autoridades y a los dos partidos involucrados a privilegiar el diálogo y evitar acciones que lesionen la democracia y la libre expresión de las ideas.

Desde su curul, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) lamentó y condenó el asesinato del líder social, Salvador Magaña, coordinador municipal de La Huerta, Jalisco, y exigió se esclarezcan las causas de su homicidio. Además, expuso que la violencia política se ha ensañado contra los comunicadores pues van 39 periodistas asesinados en el actual gobierno.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de enero, a las 11:00 horas.

*Es un joven político inteligente, capaz y triunfador.

*Ricardo es el dirigente del PAN que ha logrado el mayor número de gobiernos estatales y municipales.

Ricardo Anaya Cortés representa la esperanza de futuro para México, porque es un joven preparado, que ha sabido sumar la experiencia de generaciones anteriores con la fuerza de la juventud, aseguro el dirigente de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

“Los panistas tenemos en Ricardo Anaya al liderazgo que une y ha sabido construir, junto con Alejandra Barrales y Dante Delgado, una alternativa plural para salir de la crisis propiciada por el PRI que ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos y privilegiado a unos cuantos”, expresó.

“Pero también, Ricardo Anaya es la alternativa más viable que tiene México ante el mesianismo radical que un día respeta a las instituciones y al otro las manda al diablo; es el mejor antídoto ante un populismo de ocurrencias que representa López Obrador”, señaló.

Expuso que con Ricardo Anaya a la cabeza de esta coalición entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se abre la opción más viable para darle a nuestro país un conjunto de propuestas para construir un gobierno que garantice el crecimiento económico sostenido en favor de las familias de mexicanos.

Cortés Mendoza expuso que desde su fundación, Acción Nacional ha sido un partido democrático, donde se debate y se elige a los candidatos de manera libre y en este momento hay varios liderazgos que tienen la capacidad para inscribirse en el proceso interno para elegir al candidato presidencial.

Sin embargo, dijo, “Ricardo es el panista que goza con la mayor aceptación en las encuestas; es un político inteligente, eficaz y triunfador, además forma parte de la nueva generación de jóvenes de Acción Nacional que ha sabido sumar la experiencia de generaciones anteriores y hacer equipo con los más jóvenes”.

“En mi caso, expreso mi apoyo al exdirigente nacional, Ricardo Anaya, porque fue el presidente del PAN que más elecciones estatales ha ganado en una sola jornada y quien construyó un PAN más grande, que en local gobierna más mexicanos que en todos los tiempos”, concluyó.