CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (151)

En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud con respecto del análisis de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de salud, los diputados federales de Morena refrendaron al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, su compromiso para seguir impulsando las iniciativas que fortalezcan el marco legal que permita mejorar la salud y el bienestar de todos los mexicanos.

En este sentido, el diputado Alejandro Barroso Chávez destacó que la Secretaría de Salud del gobierno mexicano ha tenido un respaldo muy importante del Grupo Parlamentario de Morena para impulsar todos los cambios legislativos que han sido necesarios para que el país cambie profunda y estructuralmente el Sistema Nacional de Salud, el cual fue olvidado y agravado por gobiernos anteriores.

Durante su exposición, Barroso Chávez subrayó que el gobierno de la Cuarta Transformación, fortalecido por el trabajo legislativo de los diputados de Morena, ha concretado reformas legales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, con la finalidad de hacer un cambio real desde sus raíces, sin simulaciones y por el bienestar social de los mexicanos.

“Este gobierno de la Cuarta Transformación tiene como objetivo el cambio real desde sus raíces, sin simulaciones y por el bienestar social de los mexicanos”, aseguró,

Subrayó que “se están construyendo los cimientos para el fortalecimiento del sistema de salud pública, cambiando el enfoque de atención no sólo curativo sino también y, muy importante, el preventivo; así como lograr la gratuidad de todos los servicios en hospitales y clínicas a todos los niveles, cumpliendo con lo que se establece en el artículo 4° constitucional”.

Por su parte, el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz mencionó “sin duda, la piedra angular de la Cuarta Transformación es el mejoramiento de la salud”.

Santos Díaz puntualizó que la visión administrativa de la Secretaría está basada en la prevención de la salud, así como los esfuerzos y diligencias administrativas para controlar el gasto público y reorientar los servicios hacia un nuevo sistema nacional de salud, más eficiente y eficaz.

Argumentó que se trabajará para atender con prontitud y responsabilidad las carencias legislativas y presupuestarias que se sufre en el ramo de salubridad, debido a décadas de déficit presupuestario y político, a fin de contar con la suficiencia hospitalaria, de laboratorios, médicos y medicamentos de calidad; así como crear las normas jurídicas que posibiliten la humanización de los servicios de salud y la atención asistencial.

En tanto, el diputado Emmanuel Reyes Carmona expresó que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado un interés supremo y un compromiso prioritario para conformar un sistema de salud fuerte, que ofrezca servicios de calidad gratuitos para todas y todos los mexicanos, en donde no falten medicinas, no sólo las del cuadro básico, sino todas las que hagan falta para dar puntual cumplimiento al Art. 4º de la Constitución.

El legislador federal señaló que a pesar de que la oposición apuesta por la caída de las estrategias y programas implementadas por el Gobierno Federal, y con ello se perjudique al sistema salud y a la población, refirió que eso no sucederá ya que “no existe un solo antecedente de una sola muerte por falta de medicamento”.

En su exposición el diputado Manuel Huerta Martínez celebró la implementación de un comprendió nacional de insumos para la salud, que en comparación con el anterior cuadro básico de medicamentos es mucho más amplio, y dichas acciones “abonan de manera positiva a la atención integral de la salud para todos”.

Huerta Martínez hizo énfasis en que por fin se logró depurar las diversas claves y sacar medicamentos descontinuados y obsoletos que se mantenían desde hacía mucho tiempo; y apuntó que las y los mexicanos serán atendidos en las instituciones médicas del sector público a partir de contar una mayor diversidad y mejores medicamentos e insumos para su atención.

Los diputados federales de Morena reiteraron que legislarán más para la aplicación de políticas que garanticen el derecho de la salud en toda la población, y con ello contar con herramientas primordiales para cimentar un nuevo modelo de salud para el bienestar.

Por su parte, Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, enumeró diversas acciones que la dependencia ha realizado para respetar las garantías básicas de la salud pública, como el trabajo para la aplicación de políticas que garanticen el derecho de la salud en toda la población, acceso a salud pública y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social, priorizando las regiones con alta y muy alta marginación, puntualmente en comunidades indígenas.

El secretario de Estado aseguró que es destacada la labor que se ha hecho desde el Congreso de la Unión, e hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto, entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para que con solidez se realice un cambio profundo y estructural del Sistema Nacional de Salud mexicano apegado a la Cuarta Transformación de México.

Esta mañana quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México-Turquía en la Cámara de Diputados, éste es presidido por la diputada federal de Morena, Lorenia Iveth Valles Sampedro y estuvo presente el Excmo. Sr. Tahsin Timur Söylemez, Embajador de Turquía en México, a fin de llevar a cabo la firma del acta constitutiva oficial.

En el encuentro, la legisladora destacó que en los últimos años, México y Turquía han mejorado sus relaciones económicas y comerciales, toda vez que en 2018 el volumen comercial entre ambos países rebasó los 1,2 mil millones de dólares y en los primeros seis meses de 2019 la exportación a México llegó a 276 millones de dólares.

Otro ejemplo, señaló, fue la inauguración del primer vuelo directo entre Estambul y la Ciudad de México hace mes y medio, este evento, explicó, también reactivó las pláticas para promover un acuerdo de libre comercio. Aunado a esto, destacó, existe un incremento en las relaciones culturales, artísticas y del entretenimiento.

“La Cámara de Diputados mexicana quiere contribuir ampliamente en el ámbito de la diplomacia parlamentaria en todo el proceso de relaciones entre ambos países, por ello, estamos en el preámbulo de la constitución del grupo de amistad México-Turquía de esta representación popular”, afirmó.

Valles Sampedro aseguró que con dicha instalación se inscribe una fecha más al largo camino de las relaciones entre México y Turquía, naciones que en menos de una década cumplirán el centenario de sus primeros encuentros.

Asimismo, destacó que, en materia de relaciones exteriores, México sigue los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias, le apuesta al diálogo, la reconciliación y al igual que Turquía, encuentran en la interculturalidad una política que asegura la inclusión igualitaria en sociedades diversas.

Y destacó que la Ciudad de México junto con ciudades como Bursa Osmangazi y Kepez, en el marco del Consejo de Europa, están siendo pioneras en el mundo en la aplicación de estas políticas.

Finalmente auguró un buen fin para los acuerdos y trabajos que se realicen en dicho Grupo y confió en que desde el Congreso podrán abonar al fortalecimiento de la de por sí sólida amistad entre ambas naciones.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 321 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena manifestaron que a través de la Ley Federal de Austeridad Republicana se combatirá la corrupción dentro del servicio público, será en beneficio de la población y acabará con el despilfarro de recursos públicos, el derroche, los lujos y la prepotencia con la que muchos funcionarios se desempeñaron para enriquecerse a costa del pueblo.

En su intervención el diputado Carlos Javier Lamarque Cano, enfatizó que los legisladores junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hicieron un compromiso para ajustar el cinturón a los tres poderes del estado, así como a lo niveles de Gobierno para garantizar con ello la austeridad y la transparencia.

Señaló que con la aprobación del dictamen se dará vida a la Ley de Austeridad Republicana, para obligar a los servidores públicos a apegarse a los principios de la ética pública.

Con esta ley indicó, se acabaron los privilegios y actos de corrupción de los servidores públicos, sin importar cargo o parentesco. “todos, todas serán castigados y no se va a tolerar más la corrupción en el servicio público”, afirmó. Por otra parte, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala expresó que con la Ley de Austeridad finaliza “una etapa ofensiva para los mexicanos”, que utilizó la estructura del Estado mexicano para enriquecer a la clase política mediante el despilfarro, la corrupción y los excesos.

“Las medidas de austeridad para el gasto público federal se convertirán en un objetivo del gasto público, para coadyuvar a que los recursos públicos se administren con eficacia, eficiencia economía transparencia, pero sobre todo para que estos se ejerzan con honradez, como un acto de congruencia y responsabilidad ante los mexicanos”, comentó.

En este orden de ideas, recordó los casos de altos funcionarios de pasadas administraciones que se movieron “hacia las grandes corporaciones y grupos de influencia privados”, como los casos de los expresidentes Ernesto Zedillo, quien fue consejero ejecutivo de la empresa Union Pacific; y Felipe Calderón, que tras su mandato fue consejero de Avangrid, filial de la de la compañía española Iberdrola, ambas beneficiadas por el gobierno mexicano durante el mandato de los respectivos mandatarios.

A su vez, el diputado Agustín García Rubio aclaró que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el momento en que tomó posesión a su cargo prometió un cambio de régimen profundo, una Cuarta Transformación, a fin de terminar con el abuso hacia el pueblo.

“En Morena estamos convencidos que los lineamientos propuestos en la Ley Federal de Austeridad Republicana deben aplicarse, salvaguardando en todo momento, la dignidad y los derechos de todos y cada uno de los servidores públicos, contribuyendo a mejorar su valoración y su nivel de la relación con la ciudadanía”, acentuó.

El legislador Agustín García sostuvo que la ley será para tener a los mejores servidores públicos, a los más capaces y a los más honestos. Además, busca que se erradiquen los gastos innecesarios en todo el sector público.

“Hoy día es necesario hablar de sensibilidad, de honestidad y compromiso, no sólo por parte de los partidos que han gobernado este país, sino también de toda la burocracia que componen las estructuras gubernamentales”, acotó.

Desde tribuna, el diputado por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona acentuó que, con la iniciativa, se enaltecen los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez, y transparencia en el gasto público, que consolidarán el marco legal que representa una nueva época en la administración pública de México.

Destacó que la situación de pobreza en la que se encuentra el país fue ocasionada en gran medida por el despilfarro del gasto público, por lo que la austeridad republicana de estado, “debe erigirse como un pilar fundamental para transitar hacia una sociedad más igualitaria y justa en beneficio de los que menos tienen”.

“Esta ley garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público, en conjunto con la rendición de cuentas, y será un medio para continuar con el combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas”, concretó.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de impulsar y apoyar la creación, operación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y sobre todo, establecer las obligaciones de las entidades federativas en esta tarea.

La finalidad de su propuesta, abundó, es consolidar a dichos Centros como instituciones que realmente concentren los servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y atención integral con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia.

La legisladora señaló que actualmente México cuenta con 40 Centros de Justicia para las Mujeres, lo cual resulta insuficiente para el número de mujeres que sufren violencia en el país, en donde la violencia de pareja tiene las más altas proporciones, por lo que 40 Centros no alcanzan para dar respuesta a la necesidad de atención de 30,7 millones de mujeres, que según la ENDRIEH 2016, han resultado violentadas.

“Es por la poca capacidad institucional que existe actualmente para atender la creciente violencia en contra de las mujeres resulta necesario proponer diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que a través de ésta se ofrezca un soporte jurídico que dé certeza a la creación, operación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en el país y que precise a las entidades federativas sobre la importancia de su consecución”, afirmó.

Asimismo, Ávila Vera consideró que esta iniciativa abonará a terminar con la impunidad en los casos de violencia de género, toda vez que garantizará que las mujeres que acuden en busca de ayuda en lugares de apoyo y denuncia, encuentren una solución oportuna, se evite su exposición a la violencia, que sus casos no sean judicializados; y al mismo tiempo acabar con el mensaje social de que violentar a una mujer no trae consecuencias jurídicas.

A nombre del grupo parlamentario de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que Miguel León Portilla es una figura histórica para los mexicanos, que fue un hombre sabio, vital y lúdico, un gran estudioso de las lenguas, cuya obra sintetizó la cosmogonía nacional; esto en el marco del homenaje que se rindió en honor al historiador mexicano, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Asimismo, el legislador propuso la creación de una obra editorial que recoja su trabajo y así rendir un homenaje más amplio al legado que le dejó al país.

’La visión de los vencidos’ no solamente es el libro mexicano del siglo XX más traducido, 28 traducciones en el mundo, sino es la síntesis de un nuevo pensamiento y ese pensamiento es equiparar en sus valores respectivos, conocer en su visión cosmogónica, la cultura occidental y la cultura indígena, entendiendo que partimos de las dos y que ‘La visión de los vencidos’, es en el fondo la otra cara de la realidad mexicana”, agregó.

En su intervención, la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, reconoció el trabajo del historiador con hombres y mujeres indígenas, fue, subrayó, el principal experto en materia de pensamiento y literatura náhuatl.

“Las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos estamos de luto por esta lamentable y triste pérdida. El maestro León-Portilla realizó una defensa invaluable de los derechos indígenas, promoviendo la maravilla y riqueza que nuestra cultura madre alberga en su seno. Al maestro León-Portilla debemos el hecho de que nosotros como indígenas seamos visibles dentro de la pluriculturalidad de la nación, sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces y nuestras lenguas”, afirmó.

En su oportunidad, el diputado Edgar Guzmán Valdéz coincidió en que Miguel León-Portilla fue un férreo defensor de la lengua náhuatl, ya que dedicó gran parte de sus estudios a la misma, por lo que indudablemente, dijo, se ha convertido en el estandarte de un movimiento que busca regresar a la raíz de lo mexicano, al náhuatl de épocas prehispánicas, colombinas y actuales, lo que a su vez, ha abonado al establecimiento de una educación bilingüe rural en México y así prevenir que se extinga poco a poco esta lengua ancestral.

Al hacer uso de la voz, el diputado Hirepan Maya Martínez recordó al lingüista e historiador a través de una traducción de “Un canto a la tradición mexicana”.

Gracias a Miguel León-Portilla, reconoció Maya Martínez, se tiene acceso a ‘La visión de los vencidos’, ‘Crónicas Indígenas’, y el relato de las comunidades originarias sobre el despojo y las consecuencias de la invasión de los españoles en el siglo XVI.

Para el legislador, con la irreparable pérdida del también humanista “muere el generoso mundo del intercambio cultural y del conocimiento y la divulgación de las lenguas y la cultura de los pueblos indígenas, la cual exigen con su propia voz que reconozcamos su legado y su exigencia de autonomía”.

Diputadas del Grupo Parlamentario de Morena impulsarán una iniciativa para que se despenalice el aborto en todo el país, a través de reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, asegurando a las mujeres el acceso a servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo legal y segura.

Las diputadas de la Legislatura de la Paridad de Género coincidieron en que es necesario legislar para asegurar que todas las mujeres en México cuenten con las mismas garantías de protección de sus derechos, además de afianzar su autonomía reproductiva para el momento que lo soliciten, y avalando que sus derechos humanos, sexuales y reproductivos sean asumidos por el Estado mexicano.

Para ello, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que no se puede dar ni un paso atrás en el camino a la igualdad sustantiva que garantice los derechos de las mujeres, por lo que dijo que despenalizar el aborto es un avance que durante años no fue posible y hoy lo es, porque ha llegado una mayoría responsable a las Cámaras.

“Estos avances que durante muchos años no fueron posibles, que se hablaban, que eran deseados, hoy son posibles porque hoy ha llegado una mayoría responsable a las Cámaras; una mayoría de izquierda que tiene la convicción por la progresión de los derechos humanos de todas nosotras”, remarcó.

Durante las conclusiones de los “Foros Regionales, Presentación de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”, señaló que se inscribirá una iniciativa que permitirá atender la interrupción legal y segura del embarazo de acuerdo con la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, con el objetivo de que se deje de criminalizar a las mujeres por decidir la interrupción de un embarazo.

“Se pueden dar un paso a la vez, pero mientras más mujeres sigan coartadas en sus derechos por ejercer la libertad en sus cuerpos con plena autonomía, no podemos descansar”, aseguró.

Asimismo, Briceño Zuloaga indicó que hay una subestimación de las muertes por interrupciones del embarazo, donde solo algunas se registran como aborto, pero no se consideran en caso de sepsis o hemorragias.

Por lo que aseguró, que el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan salvaguardar su vida y “en Morena, somos una mayoría responsable que no puede ignorar que las mujeres mueren todos los días por malas prácticas, con condiciones precarias de vida, y con poco acceso a sistemas básicos de salud”.

“Éste aún no es un trabajo con sello final, pero es un gran paso hacia la progresividad de los derechos de las mujeres”, puntualizó.

En su intervención, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez puso de manifiesto que, según lo considera el CEDAW, se comete una violación a los derechos a la vida y a la salud de las mujeres al mantener como vigente el actual marco normativo en la materia.

“El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado su desacuerdo en contra de las leyes restrictivas en materia de aborto, particularmente aquellas que lo prohíben y lo penalizan, pues impulsa a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos en condiciones de riesgo”, aseguró.

Además, añadió, la punibilidad del aborto está directamente relacionada con grandes consecuencias respecto a mortalidad materna en embarazos adolescentes, que en su mayoría son ocasionados bajo la sombra de la violencia sexual hacía las niñas.

En su turno, la diputada Claudia Pérez Rodríguez expuso que, con la iniciativa propuesta por la Legislatura de la Paridad en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual reproductiva, se dará justicia social a las mujeres para que ellas sean quienes puedan decidir sobre sus cuerpos, a fin de que puedan elegir en qué momento quieren o no quieren ser madres, y así la decisión no forme parte de la tutela del Estado.

Es primordial, añadió, que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir sobre las vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad y reproducción. Hoy, a más de 10 años de discusión sobre el tema legislativo de la interrupción del embarazo, la gran mayoría de las legislaciones en materia penal, contemplan supuestos a lo que es posible la interrupción del embarazo.

La legisladora por el estado de Tlaxcala argumentó que el derecho a interrumpir el embarazo es un problema de justicia social, pues hay obstáculos que vencer en las instituciones de salud, en los ministerios públicos y en los juzgados.

Así, profundizó, los resultados de los foros llevaron a coincidir en que se debe garantizar la interrupción legal del embarazo conforme a protocolos internacionales; afianzar la autonomía reproductiva de las mujeres para el momento que lo soliciten; y avalar que sus derechos sexuales y reproductivos, sean asumidos por el Estado mexicano, a través de políticas públicas de la más alta calidad en materia de salud, contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos.

A la par, la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, puntualizó que el acceso a servicios de salud se trata de un derecho fundamental que todo gobierno está obligado a garantizar, por lo que resulta ineludible la necesidad de tomar una actitud de progresividad en la defensa de los derechos fundamentales en salud de las niñas, adolescentes y mujeres.

Por ello, subrayó que se deben de realizar las reformas necesarias a la legislación para garantizar que aquellas que decidan interrumpir un embarazo lo hagan en las condiciones óptimas de seguridad médica, legalidad, higiene y de profesionalidad con personal calificado, en condiciones e instalaciones dignas y bien equipadas para que se le brinde una atención acorde a su derecho humano a la salud.

Sánchez Galván acentuó que “resulta necesario llevar a cabo reformas legales que garanticen a todas las mujeres en todo el país las mismas garantías de protección de sus derechos para que dichos procedimientos sean llevamos a cabo en las mismas condiciones legales y seguras, que preserven sus vidas, su salud y su seguridad jurídica”.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Morena se congratularon por la aprobación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de condonaciones fiscales y reiteraron que uno de los compromisos de la Cuarta Transformación es promover la igualdad y la equidad, esto también en lo concerniente al pago de impuestos, y para ello se promovió una norma que favorece los principios de equidad y proporcionalidad tributarias.

En Tribuna, la diputada Lidia García Anaya recordó que los gobiernos anteriores establecieron una mala práctica para la recaudación fiscal y promovieron la condonación de impuestos para amigos y aliados, ya que el ejercicio gubernamental estaba orientado a favorecer los intereses privados y corporativos en detrimento del pueblo.

Debido a esto, dijo, Morena busca generar una transformación profunda en la vida pública de México, tanto en el ámbito económico como en lo social y en lo político, y en este espíritu, se busca terminar con las medidas de excepción fiscal y así dejar en claro que Morena sí respeta lo ordenado por la Constitución: que todas y todos los mexicanos son iguales ante la ley.

“Queremos generar una revolución de conciencias, se acabó la condonación de impuestos y el perdón fiscal. La convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que apoyamos las y los diputados de Morena, es para todas y todos, para que todos paguemos impuestos. No más condonaciones”, afirmó.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona coincidió en que gracias a la aprobación de esta reforma se favorecerá una política fiscal equitativa y transparente, y finalmente se pondrá fin a la mala práctica de la condonación que se originaba desde el poder presidencial.

“Hoy se inhibe cualquier trato preferencial, pues con esta reforma se pone en piso parejo a grandes empresas con empresas pequeñas, se dará trato igual a los contribuyentes. El erario no sufrirá pérdidas considerables por privilegios ofensivos. La recaudación se incrementará de manera inmediata y la distribución de la riqueza permitirá repuntar a un Estado justo y de bienestar social”, agregó.

Por otro lado, Huerta Corona subrayó que en el pasado esta práctica se caracterizó por la opacidad y corrupción, toda vez que, en los últimos 18 años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes.

Además, el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos, entre ellas, empresas del sector automotriz, telecomunicaciones, constructoras, acereras, cerveceras, inversionistas, incluso a empresas de fútbol.

Por otro lado, el diputado Pablo Gómez Álvarez, destacó que fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien de manera decidida envió una propuesta para terminar con estas prácticas irregulares y envía un mensaje claro a la ciudadanía: se acaban los privilegios y la corrupción.

Asimismo, recordó que los servidores públicos tienen la obligación de guardar y hacer cumplir la Constitución, por lo que lamentó que en el pasado dichas condonaciones fueran impulsadas y solapadas desde el Ejecutivo Federal.

  • Piden que explique retrasos en aplicación de presupuesto

 

La Comisión de Pueblos Indígenas, que preside la diputada Irma Juan Carlos (Morena), aprobó citar a comparecer al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y a los integrantes de la Junta de Gobierno de este organismo.

 

        La legisladora sostuvo que esta reunión es fundamental para conocer la ejecución del presupuesto y oficializar la información respecto de que para el próximo año se prevé una disminución de los recursos destinados para el INPI, que podría ser del 40 por ciento.

 

Refirió que en este proyecto presupuestal se contemplan 3 mil 562 millones de pesos (mdp), de los cuales sólo 2 mil 330 mdp corresponden a subsidios y desaparece el Programa de Infraestructura Indígena.

 

Aseguró que ante este panorama es urgente trazar una ruta dirigida a la defensa del presupuesto, toda vez que su reducción impacta directamente en la atención directa de las comunidades.

 

La diputada Juan Carlos informó que en la última reunión realizada con los integrantes de la Junta de Gobierno del INPI se acordó impulsar un presupuesto justo y digno para los pueblos indígenas. En este encuentro se consideró un presupuesto de seis mil 500 mdp; sin embargo, con la notificación del recorte es urgente implantar acciones conjuntas.

 

En su participación, el diputado Teófilo Manuel García Corpus (Morena) subrayó que los programas enfocados a infraestructura indígena, mejoramiento de la producción, productividad y difusión de los derechos, todos a cargo del INPI, han destacado por su rezago en la ejecución de gastos, durante el primer semestre del año.

 

En este sentido, explicó que de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre las entidades no sectorizadas de la administración pública federal se han dejado de gastar mil 499 millones de pesos, respecto de lo calendarizado hasta el 31 de junio de este año.

 

Ante ello, el legislador pidió el apoyo de los integrantes de esta comisión para solicitar información detallada y concreta sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, ya que no hubo un tema específico sobre pueblos indígenas. Además, en el caso de Oaxaca, saber si se usó indebidamente en la aplicación de los recursos en materia de reconstrucción de escuelas y saber cuál es el avance de las obras.

 

El también diputado de Morena, Javier Manzano Salazar, manifestó su preocupación por el rezago de mil 500 mdp en planes para atender a los pueblos indígenas y propuso citar al titular del INPI para comparecer sobre el tema de presupuesto destinado a este sector y saber por qué aún no se ha ejercido.

 

Su compañero de bancada, diputado Bonifacio Aguilar Linda destacó que la necesidad de las comunidades originarias no tiene color, por lo que, si se necesita votar en contra del presupuesto, “hay que hacerlo, pues a pesar de que entendemos el plan de trabajo del Ejecutivo, este no es el más justo para el sector con el cual se tiene una deuda histórica”.

 

Del mismo partido, la legisladora Beatriz Dominga Pérez López añadió que es fundamental que el gasto dirigido a los pueblos indígenas se ejecute de manera eficiente y quede atrás el partidismo, ya que requieren urgentemente mejoras en infraestructura, energía eléctrica, salud; es decir, necesidades básicas que no han sido atendidas.

 

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) dijo que se debe establecer una plática con el director del INPI y construir una propuesta conjunta. “Sí están llegando los apoyos manejados directamente con la gente, pero en el caso de infraestructura, yo quisiera que nos dé apertura para hacer algunas propuestas”.

 

De la misma bancada, la diputada Inés Parra Juárez indicó que es necesaria la comparecencia del titular del INPI y tener una mesa de trabajo para revisar y analizar el próximo presupuesto para verificar que haya un equilibrio financiero debido a que no se tiene información si lo que se aprobó en realidad se está viendo reflejado en donde más se necesita. “No se trata de pedir por pedir”. 

 

También de Morena, el legislador Delfino López Aparicio manifestó que se tiene que exigir y pedir un presupuesto justo para las comunidades y pueblos indígenas. Debemos de ser objetivos y exigirle al director que lo que ya está aprobado se aplique, y que venga a esta instancia a exponer cuál es la situación en que se encuentra el instituto.

 

El diputado Miguel Acundo González (PES) comentó que está de acuerdo con los proyectos del Ejecutivo, pero no a costa de los más pobres. La deuda con los indígenas no sólo es en salud, educación, productividad, infraestructura y no podemos permitir recortes o subejercicios porque la necesidad está al orden del día; “por ello, citemos al responsable del INPI para que nos informe sobre cómo se están ejerciendo los recursos”.

 

Por su parte, Marcelino Rivera Hernández (PAN) señaló que es lamentable la reducción que se plantea; me preocupa que desaparezca el Programa de Infraestructura Indígena (Proii), pero sin duda el subejercicio que tiene INPI es del 53.5 por ciento, por lo que es necesario definir una ruta y citar a comparecer al titular y saber por qué se están deteniendo los recursos.

 

El diputado priista, Juan José Canul Pérez respaldó la propuesta de la presidenta de la comisión, pues “mejorar los derechos indígenas no es un tema de partidos”. Agregó que es criminal que los recursos no se ejecuten eficientemente, porque se traduce en falta de oportunidades para la gente que habita en regiones originarias.

 

Su correligionaria, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, dijo que no se puede permitir que se les quite el presupuesto a las comunidades indígenas, porque en su mayoría apoyan al actual gobierno.

 

       La idea es enriquecer la iniciativa por la que se crea el Instituto de Salud para el Bienestar.
• Con el nuevo Instituto Nacional se busca poner fin a un sistema de salud enfermo de gravedad por la corrupción.
• Acudirán autoridades federales, académicas, de salubridad, gobernadores, organizaciones sociales, cámaras industriales y empresariales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de agosto se llevarán a cabo las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, que tendrán como fin escuchar las propuestas de todos los sectores en el país para lograr el fortalecimiento del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Mario Delgado recordó que el pasado 3 de julio presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer el Seguro Popular y en su lugar crear el Instituto de Salud para el Bienestar.

La propuesta del también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

El coordinador parlamentario comentó que con el Instituto Nacional de Salud y la federalización de los servicios se pondrá fin a la corrupción que ha provocado que los servicios de salud en México estén en condiciones deplorables, además con esto sustituir el fracaso del Seguro Popular, que se convirtió en una fuente de desvío de recursos en la compra de medicamentos.

Delgado Carrillo destacó que “con el Instituto Nacional se busca poner fin a un sistema de salud enfermo de gravedad por la corrupción y empezar a establecer claramente una estrategia donde haya servicios universales de calidad para toda la población y medicamentos gratuitos”.

Ante esto, Mario Delgado señaló que la Cámara de Diputados desarrollará audiencias durante tres días. La primera el miércoles 7 de agosto con el tema: La transformación del sistema de salud pública, a las 10 de la mañana y una segunda mesa a las 3 de la tarde.

Ese día se tiene contemplada la asistencia del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal; Carissa Etienne, representante de la Organización Mundial de la Salud en México; Francisco Domínguez Servién, presidente de la Conago; el doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

Por la tarde del mismo miércoles 7 de agosto, en la mesa: Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se prevé que asistan Salomón Chertorivski, académico del CIDE; Gonzalo Olivares, vicepresidente de salud y productividad de Coparmex; Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de salid federal, entre otros.

El jueves 8 se desarrollará dos mesas, la primera con el tema: El acceso y gratuidad a los servicios de salud; su integración y financiamiento, donde se prevé la asistencia del doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de Cofepris; Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma; un representante de la Escuela de Medicina del IPN; Víctor Hugo Borja, director médico del IMSS; Luis Musi Letayf, de la Comisión de Salud de Concamín.

Por la tarde, en la mesa 4 con el tema Federalismo y salud: distribución de competencias y los sistemas estatales de salud estarán representantes del del gobierno de Yucatán, de la Anafam, de la Asociación Nacional de Alcaldes, así como académicos del ITAM, Tecnológico de Monterrey y La Salle.

La mesa 5 que se llevarán a cabo el viernes, abordará el tema Generación de condiciones que garanticen a la población el goce de un estado de completo bienestar y la participación de la comunidad. Aquí se prevé la asistencia de Juan Manuel Castro, subsecretario de salud en la Ciudad de México; Julio Boltvinik Kalinka, del Colegio de México; Fátima Masse, del IMCO; Héctor Valle, de Funsalud; Fernando Cano Valle, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Por último, la mesa 6 con el título Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud contará con la participación de expertos de la Secretaría de Salud, Coneval, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, ITAM, CIDE, IMCO, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Dijimos que la Cámara de Diputados iba a ser una caja de cristal, y el parlamento abierto llegó para quedarse”, por eso la idea, comentó Mario Delgado, es enriquecer y tomar las mejores propuestas de los expertos para que nazca un sistema de salud fuerte y que le sirva a todos los mexicanos.

Porque es “urgente aprobar la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que forma parte de la estrategia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer, por primera vez en la historia del país, acceso universal a los servicios de salud.

“Sin cuadros limitados de medicinas, garantizando los medicamentos que sean necesarios para la atención de las personas”, agregó el coordinador de Morena en San Lázaro.
 

  • En las grandes ciudades se ha identificado el incremento de la población en situación de calle: Garay Cadena

 

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), planteó que la Secretaría del Bienestar diseñe mecanismos para identificar e incluir en el Censo del Bienestar, a adultos mayores indigentes que se encuentran en situación de calle, particularmente de zonas urbanas del país.

 

Indicó que, de acuerdo con el portal de Internet de la Secretaría del Bienestar, la mayor parte de las personas adultas mayores están en pobreza, y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena.

 

Según datos oficiales, sólo 23 por ciento de mujeres y 40 por ciento de hombres tienen acceso a una pensión contributiva; lo más grave es que 26 por ciento de adultos mayores carecen de ese beneficio y de apoyo de programas sociales.

 

En un punto de acuerdo, remitido a la Tercera Comisión de la Permanente, precisa que dicho programa tendrá cobertura nacional y otorgará un apoyo económico a personas de 65 años o más que viven en comunidades indígenas; personas de 68 años o más de edad en el resto del país; quienes tienen más de 65 a 67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores, activos a diciembre de 2018.

 

Garay Cadena argumenta que el monto de apoyo económico que recibirán los adultos mayores es de mil 275 pesos mensuales entregados bimestralmente. Para el actual ejercicio, precisó, esta Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de cien mil millones de pesos para este programa.

 

Puntualizó que en los grandes centros de población se ha identificado el incremento de adultos mayores en situación de calle o indigencia, y dada su situación, es difícil tener un censo en el ámbito nacional.

 

Ante las cifras crecientes y escasa atención que tienen por parte del Estado, es necesario diseñar mecanismos que ayuden a su identificación para incluirlos en el Censo del Bienestar, y puedan ser sujetos de esta atención y los beneficios de los programas que existen para ellos.

 

En el documento, también suscrito por el diputado del PRI, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, se menciona que en México, en 2017 habitaban 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, 53.9 por ciento mujeres y 46.1 por ciento hombres, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población.

 

Además, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), precisa que cuatro de cada diez personas mayores, que representan el 41.1 por ciento de esa población en México, están en situación de pobreza. En total, 34.6 por ciento vive en pobreza moderada y 6.6 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo con los datos más recientes del Coneval, al corte de 2017.

 

Por otra parte, el Inegi señala que de acuerdo con Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2018, el porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) de 60 años o más fue de 34.1 por ciento. En este universo, cinco millones 120 mil 459 personas eran población ocupada, la cual representa 98.9 por ciento y el complemento, 1.1 por ciento, buscaban trabajo.

  • Refleja solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad y crecimiento de la economía

 

La Comisión de Energía aprobó en sentido positivo su opinión al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024; resalta que, en lo relacionado al sector energético, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 apartado A de la Constitución Política, al reflejar solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación con relación a la generación de energía.

 

El documento de opinión, remitido a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, incluye un anexo con las propuestas de las y los legisladores, así como las observaciones presentadas por ciudadanos y organizaciones al PND, y un extracto de las audiencias y foros que realizaron.

 

La instancia legislativa, presidida por el diputado Manuel Rodríguez González (Morena), estableció su compromiso de fortalecer el PND 2019-2024 con las reformas que requiere el sector y cristalizar las políticas públicas que lo conviertan en palanca de desarrollo nacional.

 

Además, conforme al artículo 26 de la Constitución Política y los artículos 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de la Ley de Planeación, así como 9 y 33 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Comisión de Energía “estará atenta a la elaboración, implementación y adaptaciones necesarias al Programa Sectorial en materia energética que fortalezca e impulse el desarrollo nacional, atendiendo las variables ambientales, económicas, culturales y sociales, con estricto apego al PND”.

 

El diputado Manuel Rodríguez González subrayó que con el trabajo en equipo emprendido en la convocatoria del Parlamento Abierto se pudo generar un documento de mucha valía para la Secretaría de Energía y el gobierno federal, porque “aquí hay aportaciones muy puntuales que vienen a robustecer lo que se necesita hacer en este sector”.

 

Por el PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza destacó que el anexo vierte las propuestas adicionales que fortalecerán al PND. Hizo votos porque las metas que tiene en producción petrolera, energía eléctrica con fuentes renovables, avances tecnológicos y cuidado a las empresas productivas del Estado sea para el bien de México y arroje resultados positivos.

 

María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena, subrayó que la pluralidad y participación de los asistentes al Parlamento Abierto para el análisis del PND va a nutrir todas las políticas públicas derivadas del documento rector y “nos ayuda a darnos cuenta que realmente estamos respondiendo a la Ley de Planeación”.  

 

El diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) se congratuló con la apertura de la Comisión de Energía en la discusión del PND en este sector, pues se conocieron avances tecnológicos que mejorarán las fuentes renovables en el país.

 

Del PRD, la diputada Mónica Almeida López celebró que en la opinión se anexen 17 recomendaciones que “deja puesto en la mesa que se están identificando una serie de oportunidades que no están expresadas en el PND, pero sí es una responsabilidad de parte de esta Comisión el buscar que se incluyan objetivos y estrategias que lo complementen”.

 

Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado del PAN, reconoció el trabajo de la Comisión para escuchar todas las voces en el tema, aunque afirmó que falta mucho por hacer. “Hemos visto que si hay una prioridad en este nuevo gobierno federal es el sector energético y mi fracción lo acompaña”.  

El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, destacó que el estudio que las comisiones realizan al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no es un análisis servil, sino un ejercicio crítico que corresponde a un Poder Legislativo.

 

“Algunos podrán ser más complacientes que otros, pero si ustedes leen toda la información que hay, se puede observar que son eminentemente críticos, porque ésa es la facultad que ahora tiene el Congreso”, manifestó.

 

Resaltó que “vamos muy bien en el proceso de estudio y dictaminación del PND y recibiremos la opinión de todas las comisiones. Tenemos ya observaciones de Asuntos Frontera Sur; Jurisdiccional; Marina; Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional; Gobernación y Población; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Protección Civil y Prevención de Desastres”.

 

En rueda de prensa, Muñoz Ledo explicó que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos resolvió que la propia instancia reciba las aportaciones de las comisiones y las envíe al Pleno.

 

Lo más importante, argumentó, es que vamos a cumplir en tiempo. “Vamos a entregar el último día de mayo nuestra opinión sobre el PND, para luego reunirnos el día 27 de junio en Pleno”.

 

El legislador externó su satisfacción por el ejercicio de parlamento abierto que se realiza en la Cámara de Diputados, al considerar que no se le había dado el impulso necesario.

 

Refirió que antes sólo se trataba de opinar; sin embargo, hoy es un acto vinculante y se puede o no estar de acuerdo con el PND, además de que se realizan observaciones; es decir, no es un análisis servil, sino un ejercicio crítico.

 

Expuso que el parlamento abierto existe en muchos países del mundo, pero se introdujo a nuestra nación hace cuatro años con la Constitución de la Ciudad de México. “Fue un programa que me tocó impulsar e hicimos toda una serie de análisis para la elaboración del proyecto de Constitución”.

 

“Yo tuve reuniones con más de 400 organizaciones, claro, no todas juntas, de 10 en 10, de 20 en 20. Y en el proceso de debate del Constituyente todavía escuchamos a mil 250 organizaciones”, apuntó.

 

Agregó que ese mismo espíritu estará presente en una próxima ley del Congreso que se aprobará pronto. Destacó también la dictaminación de las reformas en materia educativa, que tuvo muchas sesiones de consulta, sobre la  de Guardia Nacional, y los cambios en el rubro laboral.

 

Respecto del tema educativo, aseguró que “ni tiene que ver con las demandas de la CNTE, ni con la reforma de la anterior administración, sino que se buscó negociar con todos los sectores. Estimó que “se está encauzando positivamente lo de los maestros, según su aptitud y su especialidad, hay que tratarlos de manera distinta”.

 

De la Guardia Nacional, dijo, se aprobó por unanimidad en ambas cámaras del Congreso; ése es un buen dato, porque hay confianza. Aquí también se tuvo el debate sobre las tres leyes secundarias y salió muy bien.

 

Sobre las reformas en el ámbito laboral, expresó, tienen un impacto favorable, con nuestros socios comerciales y porque incluye la libertad sindical.

 

Finalmente, añadió que se impulsarán asuntos como la nueva ley del Congreso, una reforma en materia de federalismo mexicano, cambios al artículo 110 de la Constitución, para el tema de la migración, modificar el artículo 41 constitucional, que tiene que ver con soberanía nacional popular, así como una reforma al Instituto Nacional Electoral.

 

 

  • Activistas lamentaron la falta de protocolos para casos de acoso y violencia en universidades

 

  • Condenaron el atentado contra la senadora Citlalli Hernández

Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), así como activistas, se pronunciaron a favor que el Plan Nacional de Desarrollo garantice políticas públicas que permitan alcanzar una verdadera paridad, especialmente en el aspecto económico, político y de seguridad, porque pese a los avances legislativos, no se ha conseguido.

 

        Durante el “Parlamento Abierto: Opinión perspectiva de género acerca del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, las legisladoras advirtieron que en México las mujeres siguen recibiendo sueldos menores por el mismo trabajo que realizan los hombres.

 

La diputada Briceño Zuloaga (Morena) resaltó la relevancia de tener una educación sexual adecuada para prevenir el embarazo adolescente, lo cual también se considera violencia.

 

Consideró que tener planes y programas educativos con perspectiva de género, permitirá atender los problemas de igualdad entre ambos sexos, así como combatir los diferentes tipos de violencia hacia la mujer.

 

Informó que todo lo que se ha señalado en este foro, será integrado en un documento que analizará y discutirá la comisión a su cargo, para posteriormente ser votado, la próxima semana. “Todas las miradas quedarán reflejadas en esa opinión”.

 

La secretaria de la Comisión, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), dijo que este parlamento abierto que se realiza en la Cámara de Diputados, es un ejercicio plenamente democrático para discutir el rumbo de nuestro país. “Es un tema que las mujeres llevamos de la mano”.

 

“Analizamos a la luz de la transformación histórica que vive México, los hechos de transitar de la tecnocracia, a una verdadera ruta del desarrollo. Que nadie se quede atrás o fuera”.

 

Asimismo, lamentó los hechos ocurridos el día de ayer en la noche, debido a que explotó un libro bomba dirigido a la legisladora Citlalli Hernández, quien se encuentra bien. “Esperamos que la investigación iniciada llegue hasta las últimas consecuencias y se dé a la brevedad, con los responsables. Tenemos que poner un alto a la violencia”.

 

Durante la Mesa Autonomía Económica y Brecha Laboral, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) aseguró que el PND busca que todos los programas de las dependencias y de la administración pública federal se realicen con enfoque de género y sin discriminación; no obstante, señaló que el alcance es muy general, por lo que deben precisarse temas relevantes o que deben ser atendidos en primera instancia.

 

Puntualizó que la igualdad ha sido un tema relegado en sexenios, sin importar que la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres aumentaba o disminuía, en donde los partidos políticos presentaban poca o nula atención, y en donde las féminas palpan los efectos discriminatorios, agresivos y excluyentes de una política pensada desde una visión estrecha.

 

Subrayó que se necesita una política de salarios, que combata realmente la desigualdad de sueldos entre ambos géneros, pues la remuneración de las mujeres es de dos terceras partes, en comparación con su contraparte varón, con la misma experiencia y escolaridad.

 

Propuso emprender un programa de cuidados en el ámbito nacional, no sólo para la primera infancia, sino para las y los adultos mayores, así como personas con discapacidad. De igual forma impulsar acciones de inclusión financiera, pues son las mujeres quienes tienen menos acceso a programas, proyectos y oportunidades para alcanzar autonomía económica.

 

La diputada Ximena Puente De La Mora (PRI), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, recomendó que el PND cumpla con lo establecido en el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación. “Es necesario que el plan defina los caminos que permitan medir si las acciones están dando resultados. No es suficiente que la igualdad venga en las leyes, hay que crear un conjunto de condiciones para que estos procedimientos jurídicos se plasmen en la realidad”, afirmó.

 

Indicó que el PND plantea la igualdad sustantiva cinco veces y reconoce que hay situaciones de desigualdad; sin embargo, falta precisión en las estrategias para ejecutar las acciones que permitan conocer cómo van actuar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para lograr lo que se pretende.

 

Resaltó la necesidad de que se planteen los indicadores de desempeño y sus metas, a fin de medir los resultados y corregirlos, en caso de requerirse, además saber si está funcionando o no lo que se llevó a cabo y no sólo presentar estrategias y objetivos.

 

Además, aseguró que en el plan no se hace una sola mención de las conferencias internacionales relevantes de las mujeres ni de los compromisos que faltan por cumplir, tampoco se usa el lenguaje incluyente y no sexista, y en un documento como éste, es muy necesario.

 

En la mesa “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, la diputada sin partido, Ana Lucía Riojas Martínez pidió discutir el PND en términos de mujeres indígenas, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, migración, diversidad sexual, discapacidad, el impacto de los megaproyectos que de éste emanan en términos de la violencia causada por invasión y despojo a mujeres, violencia política y armada.

 

Señaló que en el reciente informe elaborado por Data Cívica y el área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre asesinatos de mujeres en México, se destaca que antes del 2009 la mayoría de los homicidios eran en el hogar, pero la tendencia es que ahora suceda en espacios públicos.

 

“Se ha disparado la violencia armada; es decir, ya no sólo nos matan en la calle o en la casa, sino que es más seguido el uso de armas de fuego, lo que es alarmante en el contexto de la reforma de la Guardia Nacional”.

 

El informe enfatiza que las mujeres entre 20 y 35 años son las principales víctimas de este nuevo tipo de violencia. Condenó el atentado en contra de la senadora de Morena, Citlalli Hernández.

 

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que el Legislativo debe realizar acciones que ayuden a cumplir los objetivos del PND. Indicó que éste carece de la perspectiva transversal de género.

 

Enfatizó que esta Legislatura de la paridad, es la oportunidad para realmente cambiar la visión de género en las políticas de igualdad y de todos los programas, políticas y estrategias.

 

Puntualizó que la violencia hacia las mujeres no se resolverá con más violencia, sino con acciones en materia económica, social y de infraestructura.  

 

Reconoció que no hay política sin presupuesto, dijo que es necesario organizar y dar seguimiento presupuestal al compromiso del Estado mexicano con la igualdad de género.

 

En la Mesa “Presupuesto con perspectiva de género”, la diputada del PAN, Verónica María Sobrado Rodríguez, aseguró que el PND no tiene una perspectiva de género ni los elementos para aprobar un presupuesto de esa índole. No presenta herramientas claves para las políticas públicas hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ni erradica la violencia contra las mujeres.

 

“Es un documento de buenos deseos y promesas de campaña pero que no garantiza el cumplimiento”. Reconoció la necesidad de la austeridad, pero no a costa de eliminar los programas de salud y empleo que las apoyen. Tampoco propone herramientas para que las mujeres logren la autosuficiencia económica y superen la pobreza en que se encuentran.

 

De los doce principios rectores del PND, el relativo a “no dejar a nadie atrás y afuera”, plantea que el crecimiento ha sido excluyente, por lo que fomentarán y defenderán la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero “no señala cómo se hará, cuáles serán las estrategias, ni con qué indicadores cuenta”, explicó.

 

Carece de expresiones medibles para prevenir la violencia y delitos sexuales de género, tampoco define cómo se promoverá la libertad e igualdad. Los programas para apoyar a los jóvenes no garantizan la reducción de la discriminación de las mujeres en comunidades vulnerables del campo. “En materia de igualdad, no se podrán reducir las brechas solamente dando dinero, los cambios se logran creando condiciones”.

 

Llamó al gobierno federal a enriquecer y analizar el PND, que genere un instrumento que guíe las acciones en los próximos cinco años, donde las mujeres tengan un presupuesto transversal con perspectiva de género.

 

Por su parte, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) sostuvo que el PND es un documento rector que trae objetivos y estrategias nacionales como el diagnóstico sobre la situación actual; perspectiva a largo plazo; ejes generales para los temas prioritarios; los objetivos específicos; estrategias, indicadores de desempeño y metas de estos.

 

Aseguró que no se está considerando como un eje transversal que influya de manera significativa en el fundamento de los programas sociales, dijo la diputada Sosa Ruiz, que, además, “las mujeres deben ser consideradas en todos los ámbitos, en la economía, en el sector salud, turismo, educación, en todos, para partir de la transversalización del PND”.

 

Debe ser visto, dijo, desde el plano intercultural, generacional y de desarrollo territorial como una forma de poder llegar a todas y cada una de las mujeres.

 

Es necesario, subrayó, reconocer, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres, incidencia que ha crecido en los últimos meses, por lo que es necesario brindar acceso a la justicia, eliminar la discriminación y eliminar la igualdad, por lo que no podemos prescindir de la perspectiva de género en el PND.

 

Beatriz Santamaría, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, aseguró que es la oportunidad para que los integrantes de la Cámara de Diputados sienten las bases de un proceso sistemático de formulación, reedición, evaluación no sólo del presupuesto con perspectiva de género, sino de políticas públicas que fortalezcan las facultades de las legisladoras.

 

Propuso construir un diseño y formulación de políticas públicas en materia de igualdad, hacer la solicitud al Ejecutivo para asegurar la línea programática de la política pública en el PND.

 

Por su parte, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rebeca Florentina Pujol Rosas, lamentó que no haya ninguna política pública, ni presupuesto para ayudar a las niñas y adolescentes en situación de calle. “No hay una perspectiva de género, aportémosla, generemos y aportemos acciones”. Reconoció que aún existe violencia institucional que se debe atender.

 

Activistas, defensoras, e integrantes de movimientos como Colectiva de Constituyentes CDMX Feministas, la Marcha Mundial de las Mujeres, se pronunciaron en contra de la regularización del trabajo sexual, falta de derechos de tenencia en la propiedad ejidal, además que advirtieron la inexistencia de protocolos eficaces para atender y sancionar el tema de acosadores académicos, en especial maestros, pues son intocables, así como para garantizar que las universidades sean espacios seguros para las mujeres.

 

Pidieron crear una Ley de Seguro Integral contra la Violencia hacia las Mujeres por Razones de Género, que la acreditación de no ser deudor alimentario, acosador sexual o agresor por razones de género, sea obligatorio por ley para fines laborales, políticos, administrativos, judiciales y civiles.

 

Mujeres asistentes a la discusión, pidieron fomentar la prevención de la violencia hacia las mujeres desde el ámbito municipal y atacar las agresiones que provienen desde el ciberespacio y herramientas digitales, como el ciberacoso sexual o la divulgación de contenido íntimo. Aseveraron que la igualdad no es un tema de moda y cuestionaron la perspectiva de género en el PND, porque sólo tiene indicios, sin definir concretamente las acciones.

 

“Adolece de medidas especiales para lograr la igualdad sustantiva, porque el 79 por ciento de las mujeres, abandonan sus estudios por carecer de recursos”. Criticaron los recortes a programas vitales que las atendían.

 

Denunciaron el despido injustificado de trabajadoras bajo presión en dependencias públicas estatales, como en la Secretaría de Economía en Guerrero, sin revisar su situación. Alertaron del riesgo de subejercicio en el presupuesto destinado a apoyar a esta población, porque no se define cómo y cuánto dinero se va a destinar para la mujer en zonas rurales, víctima de pobreza económica y educativa.

 

Exigieron que “no desaparezca el Anexo 13 y se depure”; se incluya en el PND para privilegiar la igualdad entre hombres y mujeres. Además, frenar la violencia institucional en contra de las organizaciones de la sociedad civil que luchan en pro de las mujeres, a fin de que no sean denostadas.

 

Demandaron que el PND sea una política de Estado, que ponga en el centro de la atención a las mujeres que representan más del 50 por ciento de la población, porque aún no son prioridad en la agenda política.

En México la población económicamente activa es de 54 millones 68 mil 791 personas, de las cuales 30 millones 500 mil trabajan en la informalidad, 21 millones 668 mil 791 tienen un empleo formal y un millón 900 mil es población desocupada. Ante tal situación, no podemos ser ajenos a los desafíos que enfrentan día a día los trabajadores en los espacios públicos, afirmó la diputada María Rosete (PES).

 

Durante el foro “Los derechos humanos de los trabajadores en el espacio público”, señaló que ésta es una actividad honesta que las autoridades de gobierno han querido aniquilar, pero no hablan de proyectos alternativos para emplear a estas personas.

 

Mencionó que cifras oficiales indican que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que de cada 100 pesos generados 24 provienen del 58 por ciento de empleos informales y 76 pesos del 42 por ciento que representan los trabajadores formales.

 

Destacó que si no se crea un círculo virtuoso entre todos los sectores involucrados en el comercio no establecido, “seguiremos teniendo ordenamientos jurídicos represivos y punitivos, la continua violación de los derechos humanos, corrupción a niveles alarmantes y la acelerada descomposición del tejido social por falta de oportunidades”.

 

Se pronunció por reformar los artículos 5° y 123 de la Constitución Política para establecer la figura legal del trabajador en el espacio público, normar y regular sus actividades por medio de leyes secundarias en la materia, y transitar hacia la inclusión de los empleados informales para hacerlos partícipes del desarrollo del país.

 

Dijo que mientras estos trabajadores no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlo es infructuoso, porque “aunque son una realidad, en la ley no existen”. Propuso establecer en el artículo 123 constitucional el Apartado C para integrar todos los derechos y obligaciones que deban regir para este sector.

 

Enfatizó que si se carece de trabajo formal o el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, se busca cómo obtener recursos para sobrevivir: como el autoempleo, la migración a países con mejores oportunidades y “algunos eligen dedicarse o unirse a la delincuencia”.

 

A eso se agrega la calidad de los puestos, los cuales, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 31. 44 por ciento pagaban hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento era de hasta tres salarios mínimos, el 17.53 por ciento percibía uno y el 14.81 por ciento entre tres y cinco sueldos básicos y sólo el 5.37 por ciento más de cinco, mientras que el 7.57 por ciento no percibió ingresos en 2017.

 

Indicó que el crecimiento de la población y el lento desarrollo del país ha superado la oferta de empleos y no prevé que esta tendencia disminuya, por lo que continuará el aumento de la economía en el espacio público, ante el pronóstico del Banco de México de una expectativa de crecimiento de entre 1.1 y 2.1 por ciento a 0.8 y 1.8 por ciento para el presente año.  

 

“Con estos escenarios de desarrollo será difícil crear los empleos necesarios con salarios que requiera la población para tener una vida digna, por lo que es urgente ver las alternativas, analizarlas y consensuarlas para demostrar que el comercio en la vía pública no es un crimen, sino una opción de vida y derecho”.

 

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, coordinadora del grupo parlamentario del PES, afirmó que el comercio en el espacio público debe ser reconocido como un trabajo formal digno, decoroso y honrado para que los comerciantes gocen de seguridad social, acceso a vivienda, servicios de salud pública, a una pensión y a instrumentos de crédito, igual que los empleados del sector formal.

 

Agregó que esta actividad es fuente generadora de empleo y dispensadora de recursos, que emplea a la mitad de la población económicamente activa y no ha sido apreciada ni valorada, pero que constituye una alternativa para el sustento familiar.

 

Destacó que el desempleo, la baja calidad del mercado de trabajo y la precarización de los salarios, motivan el desarrollo del comercio en los espacios públicos y generan la búsqueda de alternativas. Esta forma de autoempleo responde a la poca oferta laboral del sector formal, que exige escolaridad y experiencia mínima y mantiene la inflexibilidad de horarios, que afecta la conciliación del trabajo con la vida familiar.

 

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo (PES), se pronunció por no mermar los derechos laborales de los vendedores ambulantes y sumar esfuerzos para no estigmatizar a estas personas que pretenden ganarse la vida buscando oportunidades que les permitan satisfacer sus necesidades y las de su familia.

 

Se debe avanzar en la construcción de los derechos del trabajo y regularizar su economía, para que sus productos no sean vistos “por arriba del hombro”, y que el gobierno reconozca esta actividad, como lo hace con el trabajo de los connacionales en el extranjero, que también respaldan la economía del país.

 

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) manifestó su preocupación respecto de la edad en que se empieza a trabajar en este sector y la situación educativa. Expresó que es necesario conocer cuál es la vinculación de la educación para incidir y la actividad económica del comercio se acompañe de educación formal que permita el desarrollo de la cultura y todas las áreas del conocimiento.

 

Horacio Martínez Meza, delegado del Partido Encuentro Social, destacó la importancia de elaborar una ley que regule, reconozca y proteja los derechos de los trabajadores no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías, a quienes realizan sus actividades en el espacio público y a locatarios de mercados públicos.

 

Se invitó a organizaciones y expertos en el tema para integrar equipos de trabajo y redactar el documento, para que se lleve a los agremiados en tianguis y espacios públicos donde realizan sus actividades, a fin de presentarla en septiembre al congreso local, que tendrá la obligación de pronunciarse y votarla. “Si la rechaza tendrá que dar la cara ante la opinión pública por negarse a reconocer los derechos de los comerciantes en vía pública”.

 

Indicó que el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, denominado “Ciudad productiva”, refiere el trabajo de personas no asalariadas, prestadores de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías y de locatarios de mercados públicos. De ahí la importancia de elaborar una iniciativa que regule el tema urbano, el espacio público, el tema fiscal, de salud y de seguridad social, agregó.

 

A su vez, Carlos Alba Vega, investigador de El Colegio de México (Colmex) indicó que la mitad de las personas que trabajan en este sector son mujeres; 78 por ciento de las y los comerciantes de vía pública no son migrantes y otras arriban desde los estados vecinos pobres.

 

Añadió que 90 por ciento de las personas iniciaron su actividad comercial antes de los 20 años; 60 por ciento antes de los 15 y la cuarta parte antes de los 10 años; es decir, que una cuarta parte de vendedores ambulantes empezó con una infancia precoz a trabajar en la calle.

 

Destacó que, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, el comercio en la calle constituyó una fuente muy importante de empleo femenino el cual trabaja entre 51 y 52 por ciento, mientras que en otras su participación es de 37 por ciento. “Es una posibilidad real, concreta e importante para las mujeres”.

 

Además, integra más adultos mayores que a jóvenes; el nivel de escolaridad es inferior que en otros empleos y hay una menor proporción de educación media y superior que en otros; 73 por ciento de sus empleados trabaja por cuenta propia. En materia de salarios, 32 por ciento gana un salario mínimo, frente al 13 por ciento de otros empleos.

 

Álvaro Eduardo Rodríguez Pacheco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que la incorporación de profesionistas a la informalidad es una denuncia de la calidad de las instituciones de seguridad social y de los empleos formales, que no van más allá de uno o dos salarios mínimos.

 

“Hay una brecha entre aspiraciones y satisfacción con instituciones que regulan el empleo formal, pues muchos prefieren la informalidad por beneficios que brinda, la ineficiencia institucional y las contribuciones desproporcionadas”. Planteó ordenar este tipo de trabajo, porque es un recurso digno para el sustento familiar. Se pronunció por mejorar la calidad de los empleos formales y hacer más atractivo pagar impuestos e inscribirse al Seguro Social.

 

De la misma institución, Diana Silva Londoño dijo que es necesario conocer las experiencias de otros países, sus avances, aciertos y desafíos para avanzar en el mejoramiento de la situación del comercio en vía pública, el cual debe estar fundado en la participación democrática, aumentar la calidad y condiciones de vida de los comerciantes de a pie y el reconocimiento de sus derechos laborales.

 

Hegel Cortés Miranda señaló que el foro visibiliza un problema que nadie quiere ver, pero que emplea a dos millones de personas en la Ciudad de México y desarrollan un crecimiento respecto a la economía local. De esa cantidad, dijo, sólo 109 mil, cinco por ciento, pagan el permiso trimestral o semestral por realizar su actividad. “El resto está en la inexistencia absoluta, en la indefinición y la desprotección”.

 

Agregó que al enfoque de derechos humanos es necesario agregar el de seguridad nacional que implica una problemática con diversas aristas que deben resolverse integral y transversalmente.  Se pronunció por dar certeza jurídica a este sector.

 

Al foro asistieron las diputadas Julieta Macías Rábago (MC), María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) y Elba Lorena Torres Díaz (PES), así como la senadora Elvia Marcela Mora Arellano (PES) y los diputados Emilio Manzanilla Téllez (PT), Edgar Eduardo Arenas Madrigal (Morena) y Francisco Javier Saldívar Camacho (PES). 

 

Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron su postura sobre las minutas de la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

De Morena, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna manifestó que con la aprobación del paquete de leyes secundarias de la Guardia Nacional se tendrá una fuerza federal amplia, con bases legales sólidas que permitan combatir a la delincuencia, pero sin dejar de observar que nuestra estrategia de paz es más grande. “Ahora, la Guardia Nacional será competente para conocer delitos federales y del fuero común, previo convenio con las autoridades estatales”.

 

La diputada Adriana Dávila Fernández (PAN) subrayó que debe ponerse principal atención en la coordinación entre la Federación, estados y municipios, con el objetivo de que exista respeto, colaboración y, especialmente, eficiencia en el presupuesto que se otorgará a la nueva corporación. “El Presidente ya tiene los instrumentos; por ello, confiamos que en adelante reconocerá que los problemas de inseguridad y violencia no son superficiales y fáciles de resolver”.

 

Del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán estimó que atender los problemas de inseguridad requiere de acciones urgentes; el reto es consolidar una nueva policía de naturaleza y carácter civil, pero con la experiencia y la formación de quienes hasta ahora han sido parte de la fuerza armada permanente.

 

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES) destacó que la Guardia Nacional representará con gallardía y aplomo el compromiso del gobierno de México. “La gobernabilidad y los derechos humanos sólo pueden garantizarse cuando el Estado proporciona seguridad a los ciudadanos, y cuando lo hace ponderando la convivencia democrática y la cohesión social”.

 

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) externó su apoyo al paquete de estas cuatro leyes, pues uno de los grandes retos y compromisos del gobierno de la Cuarta Transformación es recomponer el tejido social a partir de eliminar las causas que generan la desigualdad y con ello la comisión de delitos. “Con este paquete de cuatro leyes, más lo que ya hemos aprobado, se va a dar una respuesta favorable a la gran demanda de la sociedad. Es necesario que la Guardia Nacional empiece a trabajar”.

 

Carmen Julia Prudencio González, diputada de MC, puntualizó que hoy se marca una nueva ruta en materia de seguridad pública. “La expedición de estas leyes obedece a la urgencia que amerita atender los problemas en esta materia y, sobre todo, por los altos niveles de criminalidad que se viven actualmente en el país. Daremos nuestro voto de confianza al gobierno federal para contar con herramientas suficientes que puedan reducir los índices de impunidad e inseguridad. Es necesario establecer controles para que se despliegue la Guardia Nacional”, aseveró.

 

Del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña consideró urgente que el gobierno federal implantar una política integral contra la violencia. Añadió que la Guardia Nacional ya está operando en ocho entidades, pero sin un marco legal ni estructura orgánica definida, y “no constituye la pócima mágica para resolver la grave situación que vive el país. Expresamos nuestro compromiso por alcanzar la paz para las y los mexicanos; estaremos vigilantes de la implantación de estos mecanismos”.

 

El diputado del PVEM, Arturo Escobar y Vega mencionó que en materia de seguridad pública no puede haber rendimiento electoral ni una medición de carácter político, pues en los últimos 15 años México se ha convertido en un país que, aunque no esté en guerra, tiene más muertos que las naciones que si lo están. “Es indignante, vergonzoso y lamentable tener esa violencia, y peor, que nos acostumbremos a ella. Este conjunto de leyes deben ser el eje del Estado mexicano para combatir la delincuencia”.

 

Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido, expuso que con estas leyes se pasa del uso legítimo de la fuerza a su privatización. Cuestionó: de qué sirvió la batalla que se dio para que el Estado reconociera la ilegalidad del uso de software para espiar opositores si hoy se le dará un marco legal. “Votar a favor será una señal clara del conformismo más cruel; ese que está dispuesto a olvidar el dolor de una madre que busca a uno, dos o tres hijos desparecidos”.

 

Posicionamientos en favor y en contra

 

Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado de Morena, refirió que la principal obligación del Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos y luego de décadas del debate sobre el modelo de seguridad pública que se requiere para afrontar la realidad, esta legislatura tomó medidas de gran alcance. “En menos de tres meses el Constituyente decidió reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución para crear la Guardia Nacional”.

 

También de Morena, el diputado Rubén Cayetano García destacó que se avanza en el objetivo de construir un Estado social, democrático y de derecho. “Esto es un triunfo de todos, de la sociedad civil organizada, de los académicos y expertos, de los grupos parlamentarios y partidos políticos, pero particularmente es una victoria de las y los mexicanos. Nunca más y por ningún motivo el Estado podrá hacer uso desmedido y desproporcionado de la fuerza en contra de civiles en ejercicio de sus derechos de manera pacífica”.

 

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) expresó que con la Ley de la Guardia Nacional se crea un cuerpo de seguridad que contribuirá a traer la paz a México. “Una institución diseñada para enfrentar los retos y particularidades de la crisis de violencia por la que atraviesa el país. Reconocemos la realidad y los claroscuros de la seguridad, de ahí que buscamos crear un marco legal que dé certidumbre a los retos que enfrenta el Estado ante la crisis”.

 

El diputado del PAN, Fernando Torres Graciano, subrayó que la Guardia Nacional no sustituye de ninguna manera a las instituciones de seguridad municipal o estatal. “No les va a ir a resolver la tarea y el problema de seguridad a los alcaldes y gobernadores, sino que tendremos que colaborar todos”.

 

Ricardo Aguilar Castillo, diputado del PRI, dijo que la grave problemática de inseguridad no sólo vulnera la integridad de la población y su patrimonio, sino además desincentiva las inversiones, el crecimiento y el desarrollo económico del país. “La Guardia Nacional tiene que consolidarse a la brevedad como un cuerpo policial capacitado, certificado y de avanzada”.

 

Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, indicó que la seguridad ha sido campo de disputa política. “Hoy no vamos a ser obstáculo. Queremos la paz para México. Confío en que se logren acuerdos que permitan que los gobiernos de entidades y municipios asuman la corresponsabilidad que de la paz tienen en los territorios bajo su jurisdicción. De no ser así, difícilmente tendrá éxito en las calles. En el próximo presupuesto destinemos recursos a las policías locales y a los gobiernos que enfrentan el crimen”.

 

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, estimó que los índices de inseguridad “nos comprometen más allá de los colores, nos implica  unir esfuerzos para terminar de una buena vez con la impunidad, con la corrupción que en gran medida generaron malos resultados también en materia de seguridad. “La Guardia Nacional será profesional, competente, ética y leal a la patria”.

 

La diputada de MC, Adriana Gabriela Medina Ortiz dijo que la creación de la Guardia Nacional es un ejercicio enriquecedor y, sin duda, signo de vitalidad democrática. “Hoy lograremos una Guardia Nacional gracias al esfuerzo conciliador de actores políticos de todos los colores”.

 

El diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas puntualizó que hoy se aprueban las leyes secundarias para poner en práctica la estrategia de seguridad diseñada por la Presidencia de la República. “Nos preocupa que a cinco meses de iniciado el nuevo gobierno la violencia y la inseguridad vayan en aumento. Los datos oficiales están a la vista de todos.  El PRD llama a las personalidades y colectivos que se interesan por la paz y la seguridad para unir opiniones y mediante el diálogo transparente e incluyente, articular nuevos elementos para mejorar la estrategia”.

 

En votación económica, el Pleno autorizó que la minuta que remita el Senado de la República, relativa a la legislación reglamentaria en materia de Extinción de Dominio, se turne de inmediato a comisiones y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

 

Posteriormente, el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el día jueves 27 de junio, a las 11:00 horas.

 

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