• Con el donativo se atenderán las necesidades urgentes en las unidades hospitalarias, además de enfrentar la contingencia sanitaria • Legislativo y Ejecutivo celebrarán un convenio para concretar los términos de la donación; se creará un Fondo especial para afrontar la crisis derivada del COVID-19 Con 36 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó realizar un donativo de 400 millones de pesos para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y con ello atender las necesidades urgentes en las unidades hospitalarias, además de enfrentar la contingencia sanitaria. También, las y los diputados solicitaron al Ejecutivo local celebrar un convenio para concretar los términos de la donación; crear un Fondo especial para afrontar la crisis derivada del COVID-19 con los recursos provenientes de reasignaciones, subejercicios. Asimismo, el pleno le pidió al Gobierno capitalino tener los elementos necesarios para realizar el mayor número de pruebas de COVID-19; prevenir y atender la emergencia de salud mediante la compra de insumos médicos y el equipamiento de hospitales, incluso generar un plan de mitigación de los efectos económicos que el coronavirus pudiera traer al comercio de la ciudad, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. La coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, Martha Soledad Ávila Ventura, presentó el punto de acuerdo. Explicó que el donativo de 400 millones de pesos será en su totalidad para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. “Estos 400 millones van a permitir atender las necesidades urgentes en 30 unidades hospitalarias y la contingencia sanitaria que hoy enfrentamos”. “Siendo responsables de la coyuntura que se vive, confiamos en que los 400 millones de pesos para el equipamiento de hospitales contribuirá a enfrentar la contingencia generada por el COVID-19; sobre todo lo que buscamos es garantizar el derecho a la salud. Las y los representantes populares que integramos el grupo parlamentario de MORENA y nuestros aliados hicimos un compromiso para transformar las condiciones de vida de las y los mexicanos”, dijo. El diputado Eduardo Santillán Pérez recomendó modificar el término “recorte” por “donativo”, ya que en el primer caso, la entrega de los recursos debería seguir un proceso legislativo; “el presupuesto debe de ser modificado por la Comisión de Presupuesto y ser sometido al pleno a través de un dictamen. La vía parlamentaria adecuada sería un donativo”. La diputada Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que desde la Comisión se emitiría una opinión al ajuste presupuestal, “puede ser considerada como factible y viable”. Siempre y cuando se respeten los derechos y prestaciones de todas y todos los trabajadores; se garantice no afectar el funcionamiento y operatividad del Congreso; además de que se garantice que se informará de las actividades institucionales programadas y/o proyectos de inversión a financiar con estos recursos, así como su avance y resultados trimestralmente. En tanto, el legislador José Luis Rodríguez Díaz de León enfatizó “es factible que podamos generar un resolutivo adicional, que haga referencia a que podamos generar el mecanismo de donación de la cantidad de recursos que este pleno tiene considerados. Nos encontramos en una etapa que requiere un esquema de solidaridad absoluto, requiere que todos los órganos de gobierno tengamos plena conciencia de la racionalidad del gasto, del ejercicio de los recursos públicos”. “Hoy, estaremos generando un ahorro para quienes habitamos esta ciudad de mil 600 millones de pesos, lo cual ha permitido que sean reorientados al proceso de transformación que esta ciudad tiene. En el ejercicio 2020 realizamos un esfuerzo y fortalecimos la austeridad, generando en dos años un ahorro de mil 200 millones de pesos”, resaltó. Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, el congresista sin partido Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, anunció que votaría a favor, y propuso incluir en el punto de acuerdo un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para destinar los recursos necesarios provenientes de subejercicios y crear un Fondo de Emergencia para hacer frente a la crisis, “porque los 400 millones sin duda son importantes, pero no van a ser suficientes para lo que estamos enfrentando”. Esta propuesta fue aceptada. Este Fondo tendrá tres objetivos: Primero, realizar y comprar el número necesario de pruebas para empezar a realizarlas de forma inmediata; segundo, apoyar y tener los recursos necesarios para el gasto en salud, para el equipamiento de hospitales y clínicas e incluso pensar si será necesario contar con clínicas ad hoc, y en tercer lugar, que pueda tener recursos para mitigar los impactos económicos. Más adelante, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa resaltó que al ser una donación, el Congreso local podrá convenir sus términos, con la participación de la Procuraduría Fiscal y de la Secretaría de Administración y Finanzas. “Estamos haciendo lo correcto, dejando blindada la operación del Congreso de la Ciudad. En el tema del Fondo me parece adecuado”, dijo. Diputados y diputadas presentes se felicitaron por la aprobación de esta donación, ya que refleja un acto de austeridad y eficacia en el manejo de los recursos del Poder Legislativo de la Ciudad de México Proponen modificar el calendario de sesiones ordinarias En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León presentó un punto de acuerdo, con el objetivo de modificar el calendario de sesiones ordinarias. “El presente punto de acuerdo que tiene como finalidad exhortar a la Junta de Coordinación Política para que modifique el calendario de sesiones ordinarias, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año Legislativo”. La finalidad de modificar este calendario, indicó el legislador, es atender la situación que vive el país y la Ciudad de México y generar acciones para evitar que exista un riesgo para las personas que participan y que laboran en este Congreso de la Ciudad de México. “La propuesta es que haya una sesión de carácter ordinaria por semana, para lo cual es necesario exhortar a la Junta de Coordinación Política para que realice el análisis y la valoración que corresponde”, dijo.

• El contrato firmado con quienes cobraban por honorarios profesionales tuvo una vigencia de tres meses. Concluyó el 31 de marzo de 2019.

• El Canal del Congreso se someterá a un proceso de reestructuración y austeridad que implicará reducción de salarios y recorte de plazas de trabajadores de confianza.

• Existe comunicación permanente con el director del Canal para concretar de común acuerdo una reestructuración que se ajuste al presupuesto acordado para todo el año 2019, dado que no se prevé ampliación alguna.

En relación con la situación de los colaboradores por honorarios del Canal del Congreso, el Congreso de la Ciudad de México niega que exista ninguna retención de salarios ni que se haya producido despido alguno. 

Los hechos son otros: simplemente se acabó el contrato por tiempo determinado que se firmó con quienes lo hacían por honorarios profesionales. El contrato tuvo una vigencia de tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, por lo que venció hace 16 días.

La Oficialía Mayor del Congreso notificó con tiempo suficiente a la dirección del canal de televisión y a los trabajadores y colaboradores del mismo, de la terminación del contrato.

Además, a la dirección del Canal del Congreso se le informó oportunamente que éste ingresaría a un proceso de restructuración como consecuencia del ajuste al presupuesto para 2019.

En diciembre pasado, y como parte de la aplicación de los principios de austeridad, los diputados del Congreso local hicieron un recorte de aproximadamente 60 por ciento en su presupuesto y aprobaron un gasto de 30 millones de pesos para la operación del canal durante todo 2019.

El Comité de Administración del Congreso realiza actualmente una evaluación de los recursos remanentes que existen y cómo distribuirlos para que el canal de televisión opere el resto del año.

La restructuración que se realizará en el Canal del Congreso implicará aplicar una reducción de salarios y un recorte de las plazas de confianza y de honorarios, pero no de los trabajadores de base.

El Canal del Congreso cuenta con un número muy alto de colaboradores por honorarios. Son más de 100. Un número incluso superior al total de colaboradores por honorarios con que cuenta la Oficialía Mayor. 

El director del Canal del Congreso fue informado con toda oportunidad del plan de restructuración. Incluso, él ha propuesto ajustes de salarios, para sí mismo y algunos de sus colaboradores.

El Comité de Administración y la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México están en constante comunicación con Ricardo Rocha, director del Canal del Congreso, para realizar una restructura de común acuerdo, que se apegue al presupuesto aprobado y garantice la operación durante el resto de este 2019.

• Se pronuncian en favor de instalar corredores comerciales en las 16 alcaldías y crear un Observatorio de la Economía Social

Las presidencias de las comisiones de Administración Pública Local, de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, así como de Desarrollo Económico del Congreso local, se comprometieron a fortalecer a los emprendedores y microempresas en la Ciudad de México, a través de un Observatorio de la Economía Social y corredores comerciales en las 16 alcaldías. 

El propósito es que muchos de los productos se puedan comercializar directamente entre productores y consumidores, y generar una sinergia entre los integrantes de la economía social. 

Durante la presentación de las acciones que se realizarán a través del Centro de Acompañamiento Emprendedor (CAE) del Gobierno local, en favor de los emprendedores y microempresarios de la capital, la presidenta de la Comisión de la Administración Pública Local del Congreso capitalino, Guadalupe Chavira de la Rosa, propuso crear un Observatorio de la Economía Social e implementar un mercado social, a fin de generar sinergia entre productores y consumidores. 

Chavira resaltó que presentará una propuesta para modificar la Ley de Adquisiciones local, con el propósito de que el gobierno capitalino y las 16 alcaldías realicen compras a empresas locales; incluso se analizará la posibilidad de que en la Ley de Establecimientos Mercantiles se establezcan estímulos fiscales para los sectores hoteleros y restauranteros, para que éstos consuman productos locales. 

En tanto, la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, Guadalupe Chávez Contreras, aseguró que es importante crear corredores comerciales en las 16 alcaldías, esto con la finalidad de comercializar de manera directa con el consumidor, y contribuir a que los pueblos originarios mantengan su identidad. 

Dijo que se creará la nueva Ley de Pueblos y Barrios Originarios que permita amparar los derechos de este sector de la población, y puedan ejercerlos sin problema. Recordó que, en el presente ejercicio fiscal, mil millones de pesos el Gobierno de la Ciudad de México destinó para el sector rural, es decir, cinco veces más que las anteriores administraciones.  

Después, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Lizette Clavel Sánchez, resaltó la importancia de apoyar a los emprendedores, ya que 50 por ciento de los empleos son generados en las pequeñas y medianas empresas.  

Indicó que desde el Congreso de la capital darán el apoyo y recursos suficientes para que estos emprendedores o pequeñas empresas puedan prosperar y ampliar su cobertura. 

En el evento realizado en las instalaciones del Congreso local, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno local presentó las acciones a seguir por el Centro de Acompañamiento Emprendedor, el cual brindará las habilidades y conocimientos para la consolidación de los negocios, a través de la capacitación, financiamiento y comercialización.

José Luis Gutiérrez Lozano, director general del Centro, comentó que la asistencia técnica para los emprendedores tiene la finalidad de que éstos puedan constituir empresas.

El secretario de Desarrollo Económico, José Luis Beato González, informó que todos los servicios del Centro de Acompañamiento Emprendedor están disponibles para la ciudanía en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en avenida Cuauhtémoc 898, colonia Narvarte.

• Se propone aumentar de siete a nueve el número de integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción local
• Habrá dos convocatorias para elegir a los nueve integrantes: cinco representantes de instituciones de educación superior y de investigación, y cuatro de las organizaciones de la sociedad civil

En reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local informó que se realizarán modificaciones a la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

El diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la comisión, detalló que se propone aumentar de siete a nueve el número de integrantes de la Comisión de Selección que elegirán al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción local, para armonizarlo con la Ley del Sistema Nacional.

Además, se realizarán dos convocatorias para elegir a las personas integrantes del Comité de Selección: una, seleccionará a cinco representantes de las instituciones de educación Superior y de Investigación, y otra convocatoria para elegir a cuatro personas de la sociedad civil, especializada en rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.

Castillo Pérez, del grupo parlamentario de MORENA, recordó ante representantes de cinco organizaciones sociales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Coparmex-CDMX, Espacio Progresista AC y Arkemetria, que ante los cuestionamientos e impugnaciones hechos a esta ley en la pasada VII Legislatura “hemos avanzado en la integración del sistema local anticorrupción, hemos estudiado el sistema nacional y queremos emparejar el sistema local con el nacional”.

Apuntó que se agregaron algunos requisitos más para ser integrante de la Comisión de Selección, como “no haber sido titular de alguna dependencia de la administración pública, municipal, local o federal, de alguna Fiscalía o Procuraduría de Justicia, director o directora general de una entidad paraestatal, así como titular de algún órgano autónomo de la Federación o de la Ciudad de México, durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación.

Además, no haber desempeñado el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia o consejera o consejero de la Judicatura Federal o de la Ciudad de México durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación y tener por lo menos 25 años de edad al momento de la elección.

Por su parte, Lilia Rossbach, diputada de MORENA y vicepresidenta de la comisión, dijo que la participación ciudadana es fundamental para la comisión de transparencia; “nuestro deber y nuestra obligación es escuchar a las organizaciones sociales, que nos digan cómo ven el dictamen, que nos nutramos de sus observaciones”.

Guillermo Lerdo de Tejada, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció el trabajo realizado en esta comisión; “hemos estado poniendo al corriente todos los pendientes legislativos, ha habido una gran disposición a sumar, a escuchar, a conciliar diferencia y a buscar, en la medida de lo posible, que los proyectos salgan con un acompañamiento unánime de los partidos”, dijo.

En la reunión estuvieron presentes Gerardo Carrasco y Luis Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Jorge Carvajal, de Arkemetria; Aurelien Guilabert, de Espacio Progresista AC, y Javier Castañeda Monter, de la Coparmex-Cdmx.

Todos reconocieron la voluntad política de la Comisión de Transparencia y se comprometieron a ampliar la convocatoria entre las demás organizaciones de la sociedad civil para acompañar el proceso de selección de todas las instancias del Sistema Local Anticorrupción, así como a asistir a la próxima reunión, en la que se conocerá el dictamen que elaborará dicha comisión.

• El diputado Carlos Hernández Mirón, de MORENA, presenta iniciativa para reformar la Ley de Participación Ciudadana
• 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal serían suficientes para revocar el mandato
• La solicitud de revocación se podría presentar antes de que se cumpla la mitad del encargo del funcionario

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la capital del país, el diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario de MORENA, presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana en materia de revocación de mandato.

La iniciativa propone facilitar la revocación del mandato de los servidores públicos elegidos por voto popular cuando exista un mínimo de 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que estén inconformes. 

Para que sea efectiva, la solicitud de revocación de un funcionario electo deberá presentarse antes de que se cumpla la mitad del encargo en funciones. La solicitud será procedente cuando la mayoría de los ciudadanos que concurran a la consulta manifiesten su rechazo a que el servidor público continúe en su encargo. 

De acuerdo con Hernández Mirón, para continuar con el proceso se encomendaría al Instituto Electoral de la Ciudad de México que verificara que se cumplan la solicitud, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados. 

Con base en la iniciativa presentada, las y los ciudadanos interesados en iniciar el proceso de revocación deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector, cuyo cotejo realizará el Instituto Nacional Electoral. 

La solicitud de revocación deberá contener el nombre del funcionario público que se pretende someter a escrutinio, así como el cargo para el que fue propuesto; lista de los ciudadanos que ingresaron la solicitud de revocación; exposición de los motivos y razones por las cuales se está sometiendo a escrutinio la administración pública del funcionario público. 

Los resultados de la revocación tendrán carácter vinculatorio para el funcionario cuestionado y éstos no admitirán recurso en contra.

El artículo 59 de la propuesta indica que no podrán someterse a escrutinio, ni serán susceptibles de revocación de mandato, aquellos funcionarios que no sean elegidos por votación popular o hayan sido designados dentro de la administración pública. 

• El texto aprobado en 2017 rescata valores olvidados: el humanismo, la solidaridad, la cooperación. “Incorpora los principios de solidaridad humana, de apoyo a los más débiles, de reconocimiento a los sectores de la población que requieren el apoyo de otros”, destacó el diputado constituyente
• Con el primer texto constitucional de la ciudad logramos el reconocimiento de la paridad de género y un amplio catálogo de derechos humanos; “logramos ser la ciudad que siempre va adelante en los cambios”

Durante la sesión solemne para recordar el aniversario 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo aniversario de la promulgación de la Carta Magna local, el diputado de la Asamblea Constituyente, maestro Bernardo Bátiz Vázquez sostuvo que la Constitución local es resultado de una larga lucha de partidos políticos, de grupos sociales, de ciudadanos, de intelectuales y universitarios, y 102 años de una Constitución fundamental no sólo para México sino para el mundo. 

En la sesión realizada en la sede del Congreso de la Ciudad de México, el jurista mexicano destacó que si bien ambos textos poseen valor histórico, jurídico y político, es importante recordar que “pertenecen a un mundo que no es el mundo real, no es el mundo del ser, es el mundo del deber ser. Las leyes no son realidades, ni como una varita mágica convierten a la realidad en algo mejor o algo peor. Eso requiere un proceso y estamos en ese proceso, en un momento crucial, en que el futuro de este país está en juego”. 

“Tenemos que celebrar con los pies en la tierra. Las constituciones dicen cómo deben ser  las cosas; nosotros, en nuestra vida diaria, política y como ciudadanos, somos los que hacemos realidad esas leyes”, señaló Bernardo Bátiz ante el Pleno del Congreso local.

El diputado aseguró que la Constitución de la Ciudad de México rescata valores olvidados: el humanismo, la solidaridad, la cooperación. Su texto incorpora los principios de solidaridad humana, de apoyo a los más débiles, de reconocimiento a los sectores de la población que requieren el apoyo de otros, que requieren el reconocimiento de la colectividad; “son los valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la cooperación, no es el enfrentamiento, el choque, la lucha de clases, la libre de competencia, que acaba muchas veces en enfrentamientos violentos; es el humanismo, el valor de la solidaridad y la cooperación”.

Al mencionar los aciertos de la Constitución Política de 1917, detalló que además de retomar principios de la Carta Magna de 1857, se agregó un elemento que no había sido considerado en ninguna constitución del mundo: los derechos sociales. 

De entre ellos, destacó el establecimiento de la educación laica y gratuita en el artículo 3 constitucional, el cual calificó como una declaración de principios de la nueva estructura del Estado Mexicano, así como el reconocimiento de ejidos, cooperativas, sindicatos y diversas formas de organización social, como piezas fundamentales en la economía del país.

Al referirse a la Constitución de la Ciudad de México, el jurista sostuvo que la promulgación de este documento significó un quiebre histórico en la capital del país, ya que “incorporó derechos que no eran reconocidos ni aceptados en otros regímenes constitucionales. Fue un soplo de aire fresco, un acto político de la capital, que siempre va adelante, hacia los cambios. Fuimos una avanzadilla que señaló el camino por donde después iba a transitar todo el país”. 

“Logramos el reconocimiento pleno de la paridad de género, una afinación del poder judicial, la Sala de Control Constitucional, un amplio catálogo de derechos humanos, la progresividad de los mismos. Logramos la no privatización del agua, que fue el más duro de los debates, pero que hoy en día  es un derecho humano para todos los habitantes de la capital”, indicó el asambleísta. 

Destacó la participación de los pueblos originarios en el establecimiento de los derechos colectivos. Y ese, dijo, fue un ejemplo para otras entidades, para que reconocieran “a los pueblos que por siglos fueron postergados y puestos a un lado”. 

Enlistó otros derechos de avanzada en la Constitución, como los de las mujeres, los niños, los adultos mayores. “Tenemos que reconocer a la Constitución de la Ciudad como precursora; los derechos de las colectividades serán sin duda el modelo para cambios constitucionales en entidades federales. Esperamos que se replique pronto en otras entidades”, indicó el legislador constituyente. 

Finalmente, aseguró que el Poder Legislativo de la Ciudad de México debe tener siempre entre sus consideraciones cuando discutan y estudien las leyes, que son  el contrapeso del Poder Ejecutivo, “el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo, el titular directo de la soberanía. Ustedes, legisladores de la capital, deben asumir esta responsabilidad y cumplirla a cabalidad”.

         Por Nancy Rodríguez

• Asistieron como invitados especiales legisladores que integraron la Asamblea Constituyente, así como autoridades locales
• Con la Constitución de la Ciudad de México se hizo justicia a los habitantes de la capital y se saldó la deuda histórica. “Dejamos de ser ciudadanos de segunda, sin derechos pero con obligaciones”: Diputada Lilia Eugenia Rossbach.

La Primera Legislatura del Congreso capitalino conmemoró con una sesión solemne el 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo de la Constitución de la Ciudad de México.

Ambos textos constitucionales son de avanzada, garantizan el respeto de los derechos, la democracia, la paz y la prosperidad, coincidieron los diputados que hablaron en representación de las distintas fracciones parlamentarias.

Por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el diputado Miguel Álvarez Melo dijo que su fracción trabajará con ética, libertad y responsabilidad en la creación del marco jurídico que posibilite el cumplimiento de los derechos humanos garantizados en las Constituciones federal y local. “Hace 102 años nuestro país vivía un proceso transformador en el que resultaba urgente dejar atrás a las viejas estructuras sociales, políticas, y económicas que habían provocado en el país una crisis política y moral”.

A 102 años de distancia, expresó, el país sigue construyendo instituciones democráticas, como recientemente lo hizo para la capital y lo seguirá haciendo, “transformando las estructuras políticas, económicas y sociales que han obstaculizado el desarrollo de la democracia, la paz y la prosperidad en el país”, con el reconocimiento de nuevos derechos como la decisión de elegir el número y espaciamiento de los hijos, igualdad de las mujeres y los hombres, a la vivienda, a la salud, al ambiente, a la alimentación, a la información, al agua, a la identidad de las personas, entre otros.

La legisladora Teresa Ramos Arreola, del PVEM, señaló que los constituyentes de 1917 trabajaron para lograr “la inclusión de las necesidades más elementales para la sobrevivencia de hombres y mujeres, para devolver la tranquilidad a millones de mexicanas y mexicanos”.

“Cien años después, un grupo de mujeres y hombres se encargaron de redactar la Constitución de la Ciudad de México, por lo que debemos sentirnos orgullosos de contar con Constituciones tan avanzadas como las que nos rigen a nivel federal y tienen jurisdicción en el territorio capitalino, pero debemos tener algo muy claro: si no la hacemos respetar, si los funcionarios públicos no somos los primeros en guiarnos por las reglas que nosotros mismos aprobamos, no seremos dignos herederos de la memoria de los Constituyentes de 1917”, señaló. 

El diputado Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, comentó que el Constituyente de Querétaro, con visión de Estado, incluyó en el texto constitucional de 1917 los principios para construir una nación soberana, plural y orgullosa de libertades. “Por ello, obedecer a la Constitución es obedecer la voluntad popular, y viceversa, quebrantar sus mandatos es dar la espalda a las aspiraciones colectivas. Por ello respetarla es la prueba más fehaciente de vocación y compromiso democrático”, argumentó. 

“Nuestra ciudad no está exenta de retos. Tenemos que llevar a la práctica los preceptos marcados en su texto constitucional. Debemos traducir las normas jurídicas en mejores realidades para los ciudadanos. Tenemos sin duda una Constitución de avanzada que para hacerse sentir necesitamos llevarla a los hechos, y para ello necesitamos instituciones de primer nivel, porque una Constitución del Siglo XXI no es compatible con visiones anacrónicas o con prácticas de gobierno obsoletas; no es compatible con el clientelismo, con el paternalismo y mucho menos con la corrupción”, resaltó. 

Durante su intervención, la legisladora Lizette Clavel Sánchez, del PT, consideró que la visión constitucional de nuestro país ha tenido posiciones y concepciones complejas y opuestas. 

Clavel hizo un llamado a su actualización mediante la democracia participativa, dado que “muchas leyes son diseñadas desde visiones y parámetros ajenos a nuestras prácticas y visiones de ver el mundo”. 

A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Jorge Gaviño Ambriz expresó que todas las constituciones a lo largo de la historia han dado a México enseñanzas profundas, al pretender garantizar libertades y seguridad. “Dos grandes principios emanan de la Constitución: que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley, y que la impunidad ha de ser vencida en una lucha frontal. La Constitución de 1917 logró ser una síntesis ideológica de la nación mexicana, un cuerpo de doctrina”.  

Gaviño criticó la pretensión de reformar varios artículos de la Constitución Federal para crear la Guardia Nacional, una institución de carácter civil, pero con miembros homologados a las fuerzas armadas. “Nuestra Constitución es escudo para la igualdad ante la ley, busca erigir una sociedad estrictamente civil, en que no se pueda dar ni un Estado religioso, ni una religión de Estado. Constituye un lugar en el que las fuerzas armadas estén limitadas y sean garantes de la paz”. 

En su intervención, el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del grupo parlamentario del PAN y parte de los constituyentes que redactaron la Constitución de la Ciudad de México, expresó que dentro de las finalidades de la Carta Magna local están reconocer plenamente todos los derechos políticos de la capital, para acabar con un régimen centralista, empoderar a la ciudadanía, limitar a las burocracias y grupos de interés, y elevar las exigencias a los gobernantes. 

“No queremos que los derechos de los capitalinos queden en letra muerta, queremos que sea una realidad para todas y para todos, porque queremos que los derechos no sean un simple anhelo y una esperanza, queremos que realmente todos los capitalinos vivan mejor”, aseguró.

Finalmente, la diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, de MORENA y también parte del equipo de constituyentes, recordó que hace dos años se promulgó la Constitución de la Ciudad de México. “Hace dos años logramos la cristalización de un sueño y hoy nos encontramos frente a la posibilidad de concretar un cambio verdadero”, afirmó. 

“Al llevarse a cabo la tan anhelada reforma política, la Federación hizo justicia con los habitantes de la capital y saldó la deuda histórica que tenía, dándonos prácticamente todos los derechos políticos, jurídicos y administrativos, que ya nos hacen equiparables al resto de los mexicanos. Dejamos de ser ciudadanos de segunda, sin derechos pero con obligaciones”, agregó Rossbach. 

En la sesión solemne de este martes estuvieron presentes como invitados especiales los legisladores que integraron la Asamblea Constituyente; el consejero jurídico de la Ciudad de México, Héctor Villegas Sandoval, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Rafael Guerra Álvarez; el presidente del Tribunal Electoral, magistrado Gustavo Anzaldo Hernández; y el ex procurador capitalino y ex diputado constituyente, Bernardo Bátiz Vázquez, quien fue el orador principal.