LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (787)

  1. Ninguno de los candidatos propuestos obtuvo la mayoría calificada.

     

     El Senado de la República rechazó las cuatro ternas de candidatos, que presentó el Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de comisionados, en la Comisión Reguladora de Energía.

 

Los resultados de la votación por cédula fue el siguiente:

 

En la primera terna se emitieron 119 votos. Luis Linares Zapata obtuvo 73, Ángel Carrizales López, tres y Paola López Chávez, cero votos. Hubo 42 en contra y una abstención.

 

La segunda, recibió 118 votos, Norma Leticia Campo Aragón registró 74; Jorge Amaya Méndivil, cero; y Alfonso López Alvarado, uno. Y una abstención.

 

Por la tercera,  integrada por dos aspirantes, sufragaron 118 senadores. José Alberto Celestinos Isaac, registró 75 votos; Mario José Silverio Galicia Yépez, cero. Fueron 42 en contra y una abstención.

 

En la cuarta, Edmundo Sánchez Aguilar obtuvo 75 votos; Guadalupe Escalante Benítez, cero y Fernando Juárez Martínez, cero. La terna recibió 42 votos en contra y una abstención.

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, informó que ninguno de los aspirantes propuestos obtuvo la mayoría calificada, que exige el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

 

Solicitó que estos resultados fueran notificados al Presidente de la República, para que presente una nueva terna para los efectos previstos en la disposición legal ya mencionada.

 

Previo a la votación, Batres Guadarrama explicó al Pleno que la Junta de Coordinación Política devolvió el dictamen a la Mesa Directiva por considerar que los candidatos no cumplen con el perfil requerido, ni lograron consenso mayor y suficiente para ser sometidos a la consideración de senadores y senadoras.

 

El 28 de febrero, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Energía que establecía la idoneidad de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal.

  • Ejecutivo Federal tienen 10 días hábiles para objetar el nombramiento, si así lo considera.
  • Recibió 98 de 101 votos; su encargo, por siete años.

 

El Senado de la República eligió a Josefina Román Vergara como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por un periodo de siete años.

 

Mediante cédula, los senadores emitieron 101 votos. Román Vergara, quien fue propuesta por la Junta de Coordinación Política, recibió 98 sufragios en pro y uno en contra, además hubo dos abstenciones. Con ello se reunió la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes, como lo exige la Constitución.

 

El titular de la Mesa Directiva, Martí Batres, instruyó que se comunique la designación al Presidente de la República quien, de acuerdo con el artículo sexto constitucional y el 18 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer uso de su derecho a objetar el nombramiento, si así lo considera.

 

Al respecto, el senador Cruz Pérez Cuellar, de Morena, refirió que para el proceso de selección se registraron 29 candidatas y candidatos a ocupar la vacante, generada por el fallecimiento del comisionado Carlos Bonnin, en noviembre de 2018. 

 

Las 29 personas, agregó, cumplieron con el perfil, pero el nombramiento recae en Josefina Román, pues tiene una amplia trayectoria en el Estado de México y cuenta con todas las cualidades para desempeñar el cargo.

 

Recordó que fue la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, también comisionada presidenta del instituto de transparencia de esa entidad y coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, entre otros. 

 

Del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez destacó que el proceso de selección fue transparente, además que se veló por la equidad de género. Consideró que el Inai debe revisar su operación y hacer modificaciones para lograr que la transparencia sea una auténtica herramienta de la ciudadanía.

 

El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, destacó la trayectoria, el perfil y conocimiento de la nueva comisionada para ocupar la vacante en el Inai. Su trabajo, continuó, ayudará a contar con un instituto fuerte y eficaz, que ayude a combatir la opacidad y corrupción. “Hoy más que nunca, debemos defender al Inai y las instancias autónomas del país”, resaltó.

 

El senador de Morena, Higinio Martínez, reconoció la trayectoria, experiencia y compromiso en el combate a la corrupción de Román Vergara. Aseguró que su papel en el órgano autónomo se verá beneficiado, dado que cuenta con independencia partidista.

 

El senador Omar Obed Maceda Luna, del PRD, aseguró que su Grupo Parlamentario votaría en favor porque Josefina Román Vergara demostró tener una trayectoria profesional que sumará talento en la operación del Inai.

 

La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, celebró el proceso de Parlamento Abierto para seleccionar a la nueva comisionada del Inai. Destacó que Román Vergara tiene 30 años al servicio de la administración pública sin vínculos partidistas, por lo cual, su Grupo Parlamentario avalaría su designación.

  1. El vital líquido en grave riesgo por los procesos de privatización en México.

     

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, advirtió que el agua es uno de los recursos naturales que está en “grave riesgo” por los acelerados procesos de privatización en México.

 

Dijo que, aunque en este gobierno “no se profundizará la transferencia de los bienes de la nación y la riqueza de las comunidades a particulares”, es necesario “tomar medidas legislativas de largo aliento” para establecer un “dique legal” que impida la privatización de este líquido, más allá de este sexenio.

 

En el foro “El Agua es de Todos”, Martí Batres señaló que la explotación comercial de la misma se ha llevado a cabo sin grandes decisiones nacionales o reformas legislativas profundas en los municipios o en diversos estados de la República.

 

Señaló que al final del sexenio pasado se tomaron decisiones “para dejar una pequeña herencia de privatizaciones de las cuencas hidrológicas de diversos lugares del país”.

 

“Sabemos muy bien que no ocurrirá ningún proceso de privatización a lo largo de la presente administración. Debemos estar seguros de que tampoco ocurra en los sexenios siguientes”, asentó.

 

En su ponencia, Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que el tema del agua ha generado debates a través de la historia. Ha movido las estructuras políticas, pero no se ha logrado el mandato constitucional de tener una Ley como tal.

 

Mencionó que las grandes industrias: lecheras, refresqueras, agroindustria, hotelería, cerveceras, entre otras, son los grandes acaparadores. Nos despojan del vital líquido, sin ninguna reglamentación.

 

Por ello, dijo, debe constitucionalizarse su derecho. Este tiene como base fundamental y política todo el despojo que promovió el neoliberalismo.

 

Los derechos humanos, agregó, están guiados por el principio de universalidad. Garantizar que los bienes fundamentales para la vida, sean para todos. “Que se pongan límites a los poderes públicos y privados. Las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar el derecho al agua.

 

Por su parte, la especialista del colectivo de Abogados, Claudia Gómez Godoy, señaló que el tema del debate actual del agua es complejo. Consideró que la situación en materia de acceso está en crisis.

 

En el foro organizado por el senador José Narro Céspedes también estuvieron presentes, entre otros, el coordinador del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM, Pedro Moctezuma Barragán, así como investigadores, especialistas y representantes de organizaciones civiles.

               Por Nancy Rodríguez

  • Esta aprobación marca el inicio que garantizará una forma digna para que trabajadoras del hogar cuenten con un respaldo legal, indicó

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobamos este miércoles un dictamen en materia de derechos laborales de personas trabajadoras del hogar, señaló la senadora Kenia López Rabadán, quien precisó que esta es una iniciativa propuesta por su compañera de bancada Xóchitl Gálvez Ruiz.

La legisladora señaló que “esta aprobación es una forma muy digna para que estas personas trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, cuenten con un respaldo legal”.

En el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de las personas trabajadoras del hogar, se establece que queda prohibida la contratación de personas menores de 15 años.

“Tratándose de adolescentes mayores de 15 años el patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de personas adolescentes menores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a menos que el patrón se haga cargo de que finalice la misma”, indicó la legisladora.

También, el documento plantea que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito, que incluya como mínimo: nombre completo del patrón y del trabajador del hogar; dirección del lugar de trabajo habitual; fecha de inicio del contrato y cuando trate de una relación temporal, su duración y término; tipo de trabajo a realizar; remuneración, método de cálculo de la misma y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; pago de vacaciones y periodos de descanso diario y semanal; suministro de alimentos y alojamiento (cuando procedan); condiciones para la terminación de la relación de trabajo, y las herramientas de trabajo que serán proporcionadas para el desempeño de sus actividades.

Asimismo, el patrón estará obligado a registrar, ante la autoridad laboral competente, el contrato que celebre con la persona trabajadora del hogar. 

Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda excederse de las ocho horas diarias establecidas en la ley, informó la legisladora por la Ciudad de México.

Los patrones garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. En aquellos casos en los que la trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos y la habitación, precisó.

“Este fue uno de los reclamos que vivimos en campaña por parte de las mujeres organizadas, trabajadoras del hogar, que señalaban: ‘trabajamos en una casa haciendo las labores del hogar hasta por más de 14 horas y no nos dan ni de comer”, señaló.

En cuanto al salario, la propuesta avalada establece que podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos informó que con prestaciones como prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, aguinaldo y cualquier otra prestación que se pueda estipular entre las partes.

“Debemos señalar que es un logro como cuerpo colegiado y que beneficiará a las y los trabajadores del hogar”, concluyó la legisladora federal.

 

  • Exhortó a diferentes autoridades federales para que se homologuen los criterios de combustible para Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara
  • Solicitó modificar la NOM-016-CRE-2016, publicada el 9 de agosto del 2016 y contiene las especificaciones de calidad de los petrolíferos

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Senado de la República para exhortar a las autoridades federales a modificar una norma oficial mexicana, con el fin de que en Monterrey y su área metropolitana se distribuya gasolina de mejor calidad.

El legislador federal explicó que la NOM-016-CRE-2016, publicada el 9 de agosto del 2016, contiene las especificaciones de calidad de los petrolíferos, según las cuales la calidad de combustibles que se ofrece al consumidor en Monterrey es inferior a la de Ciudad de México o Guadalajara.

“Mientras que las zonas geográficas de Valle de México y Jalisco la calidad de gasolina es AA, el combustible que se usa en Nuevo León es del tipo B y C, los cuales, al evaporarse más fácilmente, emiten al aire 50 por ciento más de sustancias tóxicas, perjudicando la salud de los nuevoleoneses”, denunció desde la máxima tribuna.

Fuentes Solís alertó que el tipo B y C son de menos calidad y que la exposición al benceno podría aumentar el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre, más aún porque Monterrey y su área metropolitana es la ciudad más contaminada de México y de Latinoamérica; en 2018, cuatro días de cada siete tuvo mala calidad del aire.

En el texto del punto de acuerdo, el legislador hace un llamado a pedir la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Secretaría de Energía (SENER); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en específico, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímico. 

El exhorto se hace bajo el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo cuarto señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el Estado garantizará el respeto a este derecho; el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

 

  1. Función Pública dictaminaría para dar anuencia o no en ciertos casos.

El senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, presentó una reforma, a efecto de que toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, estatal o municipal, no pueda prestar servicios profesionales en la iniciativa privada, en temas o áreas relacionadas al encargo público desempeñado. 

La iniciativa, que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que será facultad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dictaminar a través de un consejo especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o servidor público se le de anuencia para desempeñar un cargo en el sector privado. 

Lucero Olivas dijo que la propuesta pretende que los servidores públicos que han concluido su encargo, no utilicen de manera discrecional, y para su beneficio, la información a la cual tuvieron acceso durante su función pública. 

La erradicación de la corrupción en los tres niveles de gobierno, subrayó, es uno de los objetivos del gobierno y una prioridad de nuestra bancada. Se trata de separar al poder político del económico. 

Señaló que en México, el cambio del trabajo público al privado se ha vuelto una práctica inmoral y carente de ética entre muchos ex servidores públicos de alto nivel, “al grado de normalizar un conflicto de intereses”. 

La legislación actual, advirtió, se ha quedado corta en la regulación de esta problemática, que a todas luces beneficia el interés privado y perjudica al público. 

Altos mandos políticos y técnicos de las instituciones públicas, pasan a desempeñar puestos claves en grandes corporaciones y en los grupos de influencia empresariales, llevándose consigo los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito administrativo, advirtió. 

Puntualizó que en México no hay impedimento legal para la intromisión de las grandes empresas a la Administración Pública. Por ello, se busca terminar con uno de los grandes pendientes en la materia 

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos.

 

  • Lamentó los hechos violentos registrados en días pasados e hizo énfasis en la necesidad de conocer la estrategia del Gobierno del estado para combatir la inseguridad

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, que exhorta al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a explicar de manera pormenorizada la estrategia de seguridad que está implementando en el estado para combatir la inseguridad.

La senadora criticó que en lo que va del año, Veracruz ya se posicionó como el primer lugar a nivel nacional en materia de feminicidios y secuestros, y cuestionó el silencio del Gobierno estatal ante los hechos registrados el fin de semana.

“Frente a estos hechos, lo más lógico sería que el Gobierno del estado emitiera un comunicado para explicar las acciones que se tomaron para proteger a la ciudadanía; sin embargo, nuevamente esta administración se mantuvo en silencio”, dijo.

Al iniciar la discusión del punto de acuerdo, Rosales San Román lamentó que asociaciones internacionales como Global Security de Pfizer hayan emitido alertas de viaje al estado de Veracruz, derivado de la situación de inseguridad que se está padeciendo.

La legisladora cuestionó que, al publicarse las 17 zonas prioritarias para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador dijera que no era necesario que Veracruz fuera incluido, debido a que su estrategia de seguridad estaba funcionando y disminuyendo los índices de violencia.

En ese sentido, condenó la incongruencia del Ejecutivo estatal, ya que después solicitó la inclusión en el listado de zonas prioritarias, a los municipios del sur del estado.

“La pregunta clave aquí es: ¿Era necesario esperar a que la violencia se volviera aún más evidente para solicitar este apoyo al Gobierno federal? ¿Qué clase de estrategia es esa?”, indicó.

Asimismo, la senadora panista reprochó que la actuación de García Jiménez se limite a declaraciones para medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, sin dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo para combatir la inseguridad en su estado.

Finalmente, la senadora agradeció el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios al punto de acuerdo y señaló “que es prioritario darles paz y seguridad a los veracruzanos, y que el gobernador informe la estrategia que se llevará a cabo para frenar la violencia en su estado”.

*Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil”, señaló

La senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, por el estado de Campeche, presentó punto de acuerdo para solicitar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como a Petróleos Mexicanos, informen cada uno en su área sobre los programas, acciones y métodos implementados para el desmantelamiento y abandono a plataformas, a fin de garantizar la protección del medio ambiente, el cuidado de las personas, las costas y los bienes de la nación. 

La legisladora de Ciudad del Carmen comentó que la vida útil de las plataformas instaladas en México es de 25 años, las cuales deben recibir continuamente mantenimientos preventivos y correctivos. “Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil” acentuó. 

En diversas ocasiones, organizaciones pesqueras han denunciado que desechos de las plataformas contaminan el litoral, lo que merma la captura de peces. Aunado a lo anterior, estas plataformas registran el robo de costosos equipos e infraestructura, saqueos que implican una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal.

“Se debe conocer el estado que guardan los equipos y sistemas que permanecen aún en el mar y despejar de contaminantes nuestras aguas, así como evitar la multiplicación de saqueos” destacó la senadora.

            Por Nancy Rodríguez

  • El Informe Global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno señala que hasta 2017, 160 mil personas fueron desplazadas por conflictos armados
  • En 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia para salvaguardar su vida a causa de la violencia 

La senadora de Morena, Nestora Salgado García, presentó una iniciativa para atender la problemática del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), que busca generar las políticas necesarias para la prevención y reparación del daño de las víctimas, a través de visibilizar los derechos de las poblaciones afectadas. Esto ante el creciente ambiente de violencia en el país, la poca prioridad que se le ha dado en la agenda política y la falta de legislación en la materia. 

La propuesta que reforma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende contrarrestar la evasión de las responsabilidades por parte de las autoridades administrativas y judiciales, en todos los niveles de gobierno. 

Por ello, la iniciativa de la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República propone que la Federación y las entidades federativas, realicen un diagnóstico integral del fenómeno para así poder establecer causas, definir necesidades y difundir derechos; con la finalidad de adoptar las medidas que garanticen el goce de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene. 

Esto debido a que los datos provenientes de distintas instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalan que los motivos principales del Desplazamiento Forzado son la violencia y las violaciones a Derechos Humanos. 

De acuerdo con el Informe Global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la expansión de las actividades de los grupos delictivos, así como las operaciones militares para combatirlas, han sido causa del desplazamiento de miles de personas, situando la cifra global del país para 2017 en 160 mil personas desplazadas. 

Del mismo modo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que, de 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, 20 fueron provocados por la violencia. Es decir, que en 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida. 

Otras causas son los desastres naturales, los proyectos de desarrollo o megaproyectos, y el ataque a la actividad periodística. Siendo un problema que afecta directamente a la niñez, las mujeres, los adultos mayores, personas indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos; por tanto, es necesario tomar conciencia a nivel de ciudadanos y de gobierno. 

Salgado García mencionó que es necesario reformar la Ley para asegurar los derechos de las comunidades que viven geográficamente aisladas y de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. 

Además, la senadora instó adicionar un artículo a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para conseguir que se cumplan las garantías en materia de libertad de expresión.

  • 70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios, afirma Leticia Merino Pérez, investigadora de la UNAM.
  • Inauguran “Celebración cultural del agua y la vida”. 

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes, dejó en claro que el derecho al agua debe estar garantizado para todos los mexicanos, por lo que se manifestó en contra de su eventual privatización.   

El legislador de Morena inauguró el evento denominado la “Celebración cultural del agua y la vida” que, con diversas actividades culturales, se llevará a cabo este miércoles y mañana jueves en las instalaciones del Senado de la República. 

Po su parte, Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la necesidad de discutir en un amplio debate sobre este tema, de cara a una próxima Ley General de Aguas. 

El debate, consideró, habrá de ser incluyente, con la participación de mexicanos y mexicanas que han defendió en comunidades, ejidos, barrios colonias y universidades este recurso tan valioso. El agua no sólo es un tema de grandes negocios, es un tema de vida y de amplia participación de los tres órdenes de Gobierno, indicó. 

La doctora Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó, a su vez, que México vive “una grave crisis hídrica”, que implica el agotamiento de cuentas, “sobreconcesionamiento”, contaminación y apropiación de este bien púbico por parte de un pequeño grupo de empresarios. 

Advirtió que “70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios”. Y es en este contexto que se llevará a cabo un amplio debate sobre este líquido: “Esperamos que el Congreso esté del lado de la ciudadanía”, expresó. 

A la inauguración del evento también asistió la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, quien expresó que el cuidado de un recurso vital para el ser humano debe ser un compromiso de todos. 

La diputada Leticia Díaz Aguilar, secretaria de la Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, dijo que en la colegisladora se organizarán foros para construir un proyecto sobre la Ley de Agua Nacional.

          Por Nancy Rodríguez

  • Las exportaciones de México a Estados Unidos bajaron 30 por ciento. 

La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Economía realizar las negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por Estrados Unidos al acero y aluminio, antes de ratificar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).  

Esto, debido a que en mayo de 2018, Estados Unidos impuso aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones mexicanas al acero y aluminio, lo que ha impactado a la industria nacional, señala el dictamen de punto de acuerdo. 

También se solicitó a la misma dependencia un informe acerca de los rubros que México concedió durante la negociación de dicho acuerdo comercial, y que indique la manera en que se preservan los intereses de México. 

Dicho informe debe integrar las reservas establecidas en el acuerdo comercial y las razones para ello. Además, deberá precisar las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que dicho tratado cumpla sus objetivos, las leyes y reglamentos nacionales que podrían ser afectados a partir de su ratificación. 

En las consideraciones del dictamen se resalta que, desde la imposición del gravamen las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos bajaron 30 por ciento, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria y del Acero. 

Cabe mencionar que la industria siderúrgica mexicana aporta el 10.6 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero, el 6.2 por ciento del industrial y 1.9 por ciento del nacional. Además, genera más de 600 mil empleos directos e indirectos, señala el documento. 

Al respecto, la senadora Verónica Martínez aseguró que la exención de aranceles al acero y aluminio mexicanos, no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos como lo aseguró ese país. Además, dijo, la industria mexicana no recibe subsidios gubernamentales.

  • Morena busca incorporar la Acción Colectiva para evitar abusos y/o violaciones a la Ley.
  • Para erradicar la volatilidad, es necesario brindar mayor seguridad a los pequeños accionistas.

      

    Para proteger los derechos de los accionistas minoritarios y evitar algún prejuicio derivado de acciones ilegales de accionistas mayoritarios, el Grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa de Ricardo Monreal para incorporar la Acción Colectiva al Mercado de Valores. 


    Con este instrumento se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de Valores; además de que permitirá que  los trabajadores puedan invertir sus ahorros de forma segura y evitar abusos.
     

    Así, los accionistas minoritarios que sufran algún daño a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores podrán acceder a la justicia a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
     

    La extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, repercutirá en un beneficio al aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal, señala el documento a presentar en el Pleno de la Cámara Alta.
     

    Este instrumento legal, impulsado por el Grupo Parlamentario que encabeza Ricardo Monreal, se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.


    La iniciativa también se basa en la premisa de que al ser exitoso un mercado de valores, redunda en la eficiente movilización del capital lo cual incide de manera positiva en el crecimiento económico de las empresas y a su vez, de la economía nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.


    Para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de las intenciones inversionistas, es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas, afirma la iniciativa.


    Cabe destacar que la acción colectiva es un instrumento jurídico, cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales. 


    En la actualidad, nuestra legislación consagra el ejercicio de las acciones colectivas sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

    Lo senadores de Morena consideran que la acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar los derechos de los inversionistas minoritarios en el Mercado de Valores, toda vez que estos se encuentran en una clara posición de desventaja tanto frente a las emisoras de valores, como a sus accionistas de control.

 

  • Comisión de Seguridad Pública realizará audiencias sobre el tema, el 20 y 21 de marzo.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República resolvió invitar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en fecha por definir, a una reunión de trabajo para tratar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Posteriormente, el 20 y 21 de marzo se llevarán a cabo audiencias con expertos en anticorrupción, derechos humanos, estrategia judicial, estrategia policial, prevención del delito, cultura de la paz, centros penitenciarios y readaptación social.    

Cabe recordar que en 2014 fue adicionado un párrafo tercero al artículo 69 constitucional, para establecer que en el primer año de su mandato, el Presidente de la República debe presentar a laCámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informar anualmente sobre el estado de la misma.   

Dicha reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. A la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se actualizó la participación del Senado en el ejercicio de la facultad antes mencionada. 

El acuerdo propuesto por la Mesa Directiva, establece que el Senado de la República ejercerá la atribución constitucional antes que concluya el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. 

Tras la reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y las audiencias con expertos, la Comisión de Seguridad Pública elaborará un dictamen que proponga una resolución sobre la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

A dicha reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública asistieron los senadores Lucía Trasviña Waldenrath, Verónica Martínez García, Nestora Salgado García, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Claudia Anaya Mota, Alejandro Peña Villa, Verónica Camino Farjat, Pedro Haces Barba, Primo Dothé Mata y Arturo Bours Griffith.

  1. México ocupa los primeros lugares con mayor número de hectáreas de tierra deforestada.

Debido a que México se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel mundial con mayor deforestación, con el 90 y 95 por ciento de tierra, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena presentarán un punto de acuerdo para que las autoridades competentes informen sobre el eventual parcelamiento de bosques y selvas.

En el documento, los legisladores detallan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, en 2015, se registraba una pérdida neta de 92 mil hectáreas anuales de bosques, principalmente por el cambio de uso de suelo.

Ante esta situación, los senadores de Morena consideran necesario adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, siendo  los bosques y selvas, explican, los principales  amenazados con el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, explotación forestal y tala indiscriminada.

En el punto de acuerdo, se  solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los dictámenes que ha emitido, desde diciembre de 2012 a la fecha, relativos al eventual parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país.

 También se pide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviar al Senado de la República el listado de ejidos y comunidades de los estados que han delimitado y asignado tierras como parcelas, no obstante haber sido emitido dictamen u opinión de la SEMARNAT por la posible existencia de bosques o selvas y la situación actual.

Asimismo,  hacen un llamado al procurador agrario,  para que les facilite el listado de asuntos en que ha demandado la nulidad de Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras ejidales o comunales, por la posible existencia de bosques o selvas y su estado actual, en las 32 entidades federativas.

Los senadores, también exhortaron al titular del Tribunal Superior Agrario y a los Tribunales Unitarios Agrarios, información y versión pública de las sentencias definitivas en las que la litis verse sobre la nulidad de parcelamiento de bosques o selvas asignadas mediante Asambleas de Delimitación, Destino y asignación de tierras ejidales o comunales.

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