CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (131)

·        Las redes de agua y drenaje tienen hasta 50 años de antigüedad, afirma Flores Anguiano

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano, afirmó que urge una legislación sobre el agua acorde a las necesidades del país, que aborde las problemáticas de abasto, drenaje y saneamiento, así como de infraestructura hidroagrícola. 

Señaló que para elaborar la propuesta, a partir del próximo período de sesiones ordinarias, se realizarán foros con productores, académicos, ambientalistas y legisladores. 

“Es urgente la ley por las condiciones en que estamos y que empeorarán, pues cada día somos más habitantes y el agua se reparte entre más personas; la necesidad aumenta y el líquido vital es el mismo”. 

Añadió que existe un rezago en infraestructura, por lo que se requiere atender este problema; de lo contrario, “llegará el momento en que no habrá recursos, cada día se deteriorará más y colapsará en algunos años”. 

Indicó que las redes de agua potable y drenaje están en su mayoría obsoletas. Tienen 40, 50 años de antigüedad, y la población aumenta, por lo que el requerimiento es mayor. Lo mismo pasa con la infraestructura de saneamiento, donde cada día hay más complicaciones. 

En el campo mexicano, continuó, es prioritario tecnificar el riego para impulsar y aumentar la producción de alimentos, y  no tener que comprarlos en el extranjero. “Se tiene que sembrar y cosechar con menos agua” optimizando el recurso. 

Añadió que, ante el cambio climático, la tecnificación del riego permite producir más que el temporal; por ello, es preciso invertir en el mejoramiento de la infraestructura hídrica. 

Consideró que el problema del sector se debe a la falta de cultura de cuidado, aprovechamiento y saneamiento del agua. “Sociedad, industriales, gobierno, académicos, investigadores, productores y escuelas debemos ser copartícipes, para evitar su contaminación y desperdicio”, señaló el diputado Flores Anguiano. 

La diputada Rosa Mora Ríos (Morena), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer una política pública de prevención y atención a víctimas de desplazamiento forzado interno.

A nivel nacional, este fenómeno está contemplado en siete artículos de la Ley General de Víctimas, pero únicamente Chiapas y Guerrero cuentan con marco normativo en la materia, subrayó.

Sostuvo que para consolidar una política integral de migración, es primordial atender a la población que vive esta lastimosa y denigrante situación de desalojo de sus territorios, que afecta en su mayoría a las comunidades indígenas, dotándolas de apoyo del Estado, con el propósito de respetar sus derechos humanos, garantizarles trato digno y la salvaguarda de sus costumbres y formas de vida. 

Mencionó que de acuerdo con el informe Desplazamiento Interno Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, de 2006 a 2017 se registraron 329 mil 917 eventos de traslado forzado, equiparando a México en el “contexto de naciones con conflictos bélicos como Palestina, o de violencia generalizada como Honduras y Guatemala”. 

La proposición, remitida a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, apunta que, a diferencia de otros fenómenos de movilidad humana, los desplazamientos forzados internos son provocados por la necesidad de huir a causa de la violencia u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia.

Comentó que las personas en esta condición a menudo experimentan un trauma: no tienen recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, arribando a destinos donde no hay oportunidades de trabajo. 

Otra causal, apuntó, son los proyectos que suponen un desarrollo económico para las comunidades, como los mineros, que también motivan desplazamientos, hostigamientos e incluso asesinatos, y que provocan la huida de familias completas para salvaguardarse. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que los afectados son “personas o grupos de individuos que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 

Mora Ríos señaló que en México este fenómeno ha sido una constante, cuyos antecedentes datan de la Conquista, ya que algunos nativos huyeron hacia zonas apartadas y de difícil acceso para preservar sus costumbres y su forma de vida, conservando parte de nuestra historia como nación. 

No obstante, al paso de los años la situación se ha diversificado, no así el fondo y las consecuencias de este fenómeno de movilidad humana, que requiere atención a las víctimas y prevención, concluyó.

  • Se realizarán en el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir del 8 de enero 
  • Se prevé una amplia participación de muy diversos sectores de la sociedad civil y gobiernos municipales, estatales y federal 
  • Los resultados de las audiencias públicas serán un insumo fundamental para la discusión y, en su caso, aprobación, de la reforma constitucional sobre Guardia Nacional, que se abordará en el periodo extraordinario del 16 y 17 de enero 

En un ejercicio de parlamento abierto que permita enriquecer la discusión, conocer las opiniones de amplios sectores de la sociedad, e informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del tema, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizará, a partir del 8 de enero, una serie de audiencias públicas para analizar el proyecto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que para ello, y en conjunto con legisladores federales, se ha invitado a participar a actores y organizaciones de la sociedad, entre los que se encuentran autoridades municipales, gobernadores y funcionarios federales de seguridad y fuerzas armadas. 

Asimismo, se espera la participación de representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, y miembros de instancias internacionales, involucrados en el debate público sobre el tema. 

La idea, dijo, es que los resultados de estas audiencias públicas sean fundamentales y que contribuyan a enriquecer la reforma constitucional de Guardia Nacional, la cual se envió al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, y que habrá de discutirse y, en su caso, aprobarse, durante el periodo extraordinario que se realizará del 16 al 17 de enero de 2019. 

Las audiencias públicas serán inauguradas por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el 8 de enero de 2019 a las 11:00 horas, con una exposición del estado que guarda el proyecto de reforma constitucional de Guardia Nacional.

 

       La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) planteó tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, dado que es un problema cotidiano que enfrenta la mayoría de las mujeres en el mundo y se ha normalizado en la sociedad como una conducta “natural”.

        Con la reforma al artículo 259 Ter del Código Penal Federal, se busca aplicar sanciones de hasta 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 48 horas de capacitación y sensibilización en instituciones públicas o privadas, dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia de género. 

        Asimismo, la legisladora propone que cuando este ilícito sea realizado en menores de edad o con alguna discapacidad física o mental, se imponga una pena de 1 a 3 años de prisión inconmutables. 

        “El acoso sexual en espacios públicos no es reconocido como un delito en el Código Penal Federal, aunque es una forma de violencia conforme al artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que genera en ellas temor a transitar libremente”, expuso. 

        Refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México, 96 por ciento de las mujeres encuestadas señaló haber experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos y 58 por ciento haber recibido tocamientos que violentaron su intimidad.

        “Implantar medidas adecuadas que hagan frente a la violencia contra las mujeres en espacios públicos, son necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las afectadas”, afirmó. 

        Almaguer Pardo destacó que según el Diagnóstico sobre Violencia de Género en el Transporte Público, realizado por El Colegio de México, el 93 por ciento de las mexicanas ha recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos, 50 por ciento ha sido tocada en las calles por lo menos una vez, 69 por ciento ha padecido acercamientos indeseados y el 39 por ciento ha vivido persecuciones. 

        Otro estudio, como el Panorama de Violencia Contra las Mujeres en México (Inegi, 2013) arroja cifras alarmantes, pues 86.5 por ciento refirió haber sido objeto de intimidación en los espacios públicos, específicamente comunitarios; 38.3 padeció abuso sexual y 8.7 por ciento agresiones físicas. 

        La intención del documento que analiza la Comisión de Justicia “es visibilizar una de las manifestaciones con mayor violencia normalizada en la sociedad y que deja a las mujeres en la indefensión y en la impotencia por falta de elementos para poder denunciar cuando es violentada”, añadió. 

        Relató que el acoso sexual en espacios públicos es una práctica normalizada; gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, persecuciones (a pie o en vehículo), entre otras, son costumbres con un manifiesto carácter sexual. 

        Cometerá este delito quien realice conductas de tipo sexual que, sin llegar a la agresión física, generen hostigamiento, intimidación o un ambiente hostil, como piropos, comentarios sexuales, silbidos, bocinazos, jadeos y otros ruidos; gestos obscenos, arrinconamiento, masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo que limiten el tránsito, la tranquilidad y recreación en los espacios públicos de las personas contra las que son cometidas, que afecten o perturben el derecho a la integridad, su seguridad personal y libre tránsito de toda persona, causándole intimidación, degradación, humillación, miedo, y/o un ambiente ofensivo.

El diputado José Luis García Duque (PES) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, a fin de crear la figura de profesionales públicos en materia de protección civil, los cuales serían incorporados en las estructuras de los tres órdenes de gobierno, con salarios y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo en su apartado B.

Explicó que se busca establecer, en la ley, que estos profesionales se encarguen de brindar primeros auxilios, colaborar en el combate de incendios, en la evacuación, búsqueda y rescate de personas lesionadas tomando todas las medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como de sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 

La iniciativa, turnada a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, tiene el propósito de que los voluntarios de protección civil también pueden ser institucionalizados, para que reciban un salario digno con las prestaciones de ley que correspondan; ello incentivará e impulsará la promoción de los valores universales, como la solidaridad y altruismo que salvan vidas. 

García Duque explicó que en las últimas décadas México ha enfrentado fenómenos naturales como terremotos, huracanes, incendios e inundaciones que han afectado el patrimonio, la salud y, en muchos casos, la vida de cientos de familias. Ante estas adversidades, reconoció, las y los voluntarios realizaron tareas de rescate y auxilio, de administración de albergues y centros de acopio, entre otras. 

Señaló que ser voluntario de protección civil no es una improvisación, sino una práctica integral de origen altruista que cuesta tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación, para acceder a capacitación y conocimientos técnicos en diversas materias. 

Afirmó que los voluntarios realizan sus actividades comprometidos con una labor social que trasciende a lo público, ya que su intervención para prevenir, atender y solucionar algún desastre natural o el causado por algún error humano, los hace un sector estratégico. 

Por ello, continuó, se debe impulsar su protección, promoción, reconocimiento y, sobre todo, sus incentivos, ya que atienden diversas tareas y necesidades durante los estados de emergencia que se dan año con año en el país. 

Finalmente, destacó que incorporar a los profesionales de protección civil en la ley es un reconocimiento a la labor altruista, práctica noble, socialmente útil y necesaria.

Por Nancy Rodríguez

Se aprobó, en lo general y particular, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto neto total de 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos, es decir, 23 mil 768 millones más que lo propuesto por el Ejecutivo. 

El Proyecto de PEF preveía un gasto neto total por la cantidad de 5 billones 814 mil 291 millones 700 mil pesos, el cual se modificó en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. 

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el ejercicio fiscal del próximo año se prevé un déficit presupuestario de 503 mil 841 millones 300 mil pesos. 

La instancia legislativa, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, avaló el documento con 34 votos a favor y 14 en contra. 

El dictamen señala cambios a la propuesta del Ejecutivo federal. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinó modificar el uso de los recursos del Fondo Regional, que se habían destinado a las 10 entidades federativas con menos índice de desarrollo humano, a efecto de que el 50 por ciento se vaya a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el otro 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano. 

Estableció que los recursos asignados al desarrollo integral de los pueblos, comunidades y municipios indígenas, cuando corresponda, puedan ser transferidos directamente a estos, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables, con la participación que corresponda a la entidad federativa.

Además, se modificaron los Anexos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De esta manera, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están en funciones desde antes del inicio del año de 2010, la remuneración de cada cual ha de ser igual a la que tuvieron durante el año de 2009, aunque sea superior a la del Presidente de la República, lo que así ha sido, señala. 

Lo anterior se fundamenta en que, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, en su párrafo undécimo, la remuneración de los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, explica. 

Conforme a este mismo precepto, los miembros del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones aun cuando éstas son superiores a la del Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. 

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) indicó que uno de los principales objetivos del PEF 2019 es que el gasto no se disperse, pues eso causa baja eficiencia. Subrayó la importancia de que los recursos atiendan lo que no se ha atendido, así como recuperar el tejido social en descomposición. 

José Guillermo Aréchiga Santamaría, diputado de la misma fracción, comentó que se debe comprender que ninguna transformación es tersa y que no hay cambios sin contradicción. “No podía seguir este país con los mismos programas, formas y prioridades. Hay que entender con claridad que el panorama ahora es diferente”, y se manifestó a favor del dictamen. 

A su vez, Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) afirmó que el presupuesto es la oportunidad de cambiar el rumbo del país. “Es un documento que fortalece sectores estratégicos y robustece a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, así como a los sistemas de seguridad social”. 

En tanto, el diputado Humberto Pedrero Moreno, de la misma bancada, sostuvo que con este dictamen se cambia realmente la política económica. “Es un muy buen presupuesto e histórico, realmente ayudará a México a tener las primeras bases para despegar en el desarrollo y crecimiento económico”. 

El diputado Óscar González Yáñez (PT) afirmó que la responsabilidad de los legisladores “no es ganar una votación, sino sacar adelante al país”. Pidió no tener “una visión de derecha, donde un sector de la sociedad se sacrifica para salvar a otro”. Añadió que el presupuesto busca “rescatar a la sociedad”, con el apoyo a jóvenes con becas y capacitación, para que “en lugar de estar en la calle, cooptados por la delincuencia, estén en la escuela” y puedan conseguir un empleo. 

También del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya se pronunció a favor del dictamen y consideró que si el presupuesto no es para ayudar y mejorar la calidad de vida de la gente, no tiene sentido. Por ello, dijo, la ruta es cómo apoyar a la gente más necesitada. 

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) estimó que tenía que dignificarse el trabajo de la Comisión, y aseguró que el dictamen da la espalda al campo y a la cultura, con rubros que están en cero o mutilados”. 

Xavier Azuara Zúñiga, diputado del PAN, afirmó que “lo que se quiere aprobar es un proyecto rumbo a 2021; es decir, el fondo de esto es electoral. Además, no se cumple la normativa y sí se debilita al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y a otros organismos autónomos”.

Jorge Luis Preciado, del PAN, indicó que hay responsabilidad de informar que quitar recursos al Poder Judicial disminuye el equilibrio entre Poderes. “Este presupuesto debilita a organismos autónomos, que son parte del Estado mexicano, porque están en la Constitución. El objetivo es debilitar a quienes compiten con el Ejecutivo federal”. 

Del PRD, Antonio Ortega Martínez también manifestó su postura en contra del dictamen, al considerar que “no se escrituró el país a quien ganó el pasado 1 de julio, solamente se les dio la mayoría, pero no son dueños del país, ni de su futuro. Preferimos el cambio, pero deberían ser más creativos”. 

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) señaló que el Presupuesto de Egresos determina cuáles son las prioridades del gobierno y lo que se ve claramente en los números es que la infraestructura carretera, el campo, la inversión en ciencia y tecnología y  la seguridad pública, no lo son; estimó que no se deben descuidar las tareas más importantes del país como éstas. 

Maiella Gómez Maldonado, diputada de MC, comentó que hay una gran responsabilidad de los legisladores con el PEF, y cuestionó qué se les dirá a los presidentes municipales y a la gente que hizo tantas demandas en materia de salud, educación y otros rubros. “El documento no llena las expectativas de todos los sectores”. 

Previamente, se acordó realizar la votación conjunta en lo general y en lo particular, y que las propuestas de modificación se enviaran a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno.

 

La Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado Miguel Prado de los Santos (Morena), aprobó su Opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, para el Ramo 20, Bienestar,  en el cual recomendó apoyar a los programas “3x1 para Migrantes”, Estancias Infantiles” y “Coinversión Social”, ya que presentan menores recursos.  

        En el caso del Programa 3x1 para Migrantes, se observa una drástica disminución de recursos con respecto a 2018, cuando se asignaron 498.6 millones de pesos, y para 2019 se proponen 9.44 millones. 

        La instancia legislativa expresó que la inversión que realizan los grupos, clubes y organizaciones de mexicanos que residen fuera del país, para promover el bienestar en sus comunidades de origen, debe encontrar incentivos en los presupuestos en los tres órdenes de gobierno. 

        Además, consideró que la Federación debe encabezar una estrategia conjunta con entidades federativas y municipios para que los proyectos y beneficios de este programa continúen. 

        Sobre el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar Madres Trabajadoras, aseguró que de acuerdo con la Secretaría de Bienestar entrará en revisión. Se le asignan en el PEF 2 mil 041.6 millones de pesos, un 50.2 por ciento menos con respecto al 2018. Por ello, la Comisión resaltó la necesidad de garantizar el apoyo a las mamás trabajadoras y sus hijas o hijos. También, revisar el programa “Coinversión Social”, al que no se les destinó apoyo alguno.  

        La Comisión también destacó que no se asignaron recursos para los programas de Coinversión Social y de Apoyo a Instancias de la Mujer en Entidades Federativas, a los que en 2018 se les destinaron 208.1 y 277.7 millones de pesos, respectivamente; consideró que la Federación no debe ausentarse, si no establecer una estrategia conjunta con entidades federativas y municipios para que sus proyectos y beneficiarios continúen y se incrementen. 

        Subrayó que, en algunos casos de programas que desaparecen o disminuyen su presupuesto, existen mecanismos compensatorios o nuevas estrategias que atenderán esos nichos cubiertos hasta 2018 por el ramo 20. Sin embargo, en lo que corresponde a los Programas de Apoyo a Instancias de la Mujer en Entidades Federativas, Coinversión Social y 3x1 para Migrantes, no se identifica un mecanismo compensatorio directo. 

En el proyecto de Opinión, que será remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la instancia legislativa consideró que el PEF 2019 es adecuado y responde a las prioridades de la política de bienestar del gobierno de la República.

        Señala que en el proyecto del PEF 2019  se destina para el ramo 20 Bienestar un presupuesto de gasto neto total de 148 mil 491 millones de pesos, 40.8 por ciento  superior en términos nominales a lo asignado en 2018 (Desarrollo Social).

        Destacan los programas “Bienestar para las Personas Adultas Mayores” que otorgará por primera vez pensión universal no contributiva, para mayores de 68 años de edad, e indígenas con más de 65, para que cuenten con un ingreso propio mínimo solidario en ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 

        Subraya que dicho programa crece, con respecto a 2018, en un 253.8 por ciento, y se plantea un presupuesto para 2019 de 100 mil millones de pesos, que permitirá proporcionar a los adultos mayores condiciones para una vida más digna. 

        Otro programa es el de “Sembrando Vida”, al que se propone asignarle 15 mil millones de pesos. Busca la inclusión productiva de las zonas rurales pobres y con degradación ambiental. Plantea la siembra de hasta un millón de hectáreas en 19 entidades, bajo el sistema de restauración productiva, promoviendo empleo para 400 mil productores ejidales, comunales o de pequeña propiedad. 

        Uno más, es el de “Bienestar de Personas con Discapacidad”, con una propuesta de asignación de siete mil millones de pesos y que prevé otorgar un apoyo económico mensual a niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente o con alguna enfermedad grave, priorizando la atención de los menores de pueblos y comunidades indígenas y de quienes habitan en municipios de alto y muy alto grado de marginación y en condición de pobreza extrema.

        La diputada María Libier González Anaya (MC) solicitó buscar una ampliación de recursos a “3x1 para Migrantes”, a fin de que por lo menos se mantenga con el presupuesto de 2018; estimó como mala idea hacer recortes a programas que han dado buenos resultados.  

        En tanto, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) destacó la importancia del programa de “Estancias Infantiles para Apoyar Madres Trabajadoras”, para el desarrollo de las mujeres, ya que estos espacios les permiten acceder a un trabajo mientras alguien les cuida a sus hijos. 

        El diputado  Ernesto Javier Nemer Alvarez (PRI) consideró fundamental apoyar a las estancias infantiles y al programa 3x1 para Migrantes, el cual ha dado extraordinarios resultados, pues no sólo mejora a sus comunidades de origen, sino también el desarrollo de proyectos productivos familiares.

        El diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena) dijo que el presupuesto para Bienestar, en general, creció el 40 por ciento; es muy amplio el aumento y tiene margen de maniobra para reasignar recursos, observó. 

 

Dictámenes

 

        Durante la reunión, también se aprobaron dos dictámenes con punto de acuerdo. Uno exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la posibilidad de realizar una revisión detallada de las Reglas de Operación que rigen al Programa “3x1 para migrantes”, con la finalidad de fortalecerlo. 

        El dictamen refiere que dicho programa, que surgió como una respuesta al interés de los mexicanos radicados en el exterior por colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen,  busca contribuir al desarrollo comunitario de las localidades otorgando financiamiento para proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos. 

        A través del programa, se canalizan recursos (remesas solidarias) de los Clubes de Migrantes, formados por mexicanos radicados en el exterior, bajo un esquema de cofinanciamiento en el que participan, en partes iguales, los migrantes y cada uno de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como la iniciativa privada. 

        El otro dictamen solicita a los gobiernos de los estados evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, la posibilidad de realizar una revisión detallada a los programas sociales que apoyan a las madres jefas de familia, a fin de mejorar su bienestar. 

        El documento destaca que uno de los sectores más vulnerables en la sociedad son las familias constituidas solamente por madres solteras, ya que de ellas depende, en la gran mayoría de los casos, el mantenimiento de sus casas y el cuidado de sus hijos, situación que se vuelve sumamente complicada por los obstáculos que aún persisten en la sociedad, como es la discriminación. 

        Subraya que las madres solteras presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres, ya que cuentan con menos redes de apoyo, y la desventaja puede incrementarse en las que ejercen la maternidad a edades tempranas. El embarazo en la adolescencia puede tener repercusiones sociales y económicas negativas para ellas y sus familias, precisó.

 

 

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), aprobó otorgar por primera vez, la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV legislatura, a  Ana María Latapí Sarre, post mortem, quien falleció a principios del presente mes. 

        La instancia legislativa destacó la importancia de que la Cámara de Diputados reconozca los méritos de una persona que se ha distinguido por realizar acciones que contribuyan a desarrollar una sociedad de inclusión, sin discriminación y con pleno respeto a sus derechos.

Por ello, afirmó, el Poder Legislativo condecora y retribuye los esfuerzos que realizó Ana María Latapí Sarre en pro de las personas que viven con alguna discapacidad, e invita a la sociedad a seguir el ejemplo de lucha por los derechos humanos y la no discriminación que mantuvo Gilberto Rincón Gallardo. 

La entrega de la presea será a su familia en el Pleno de San Lázaro, en sesión solemne, en el segundo periodo del primer año de la legislatura; el día y hora lo acordará la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la sesión solemne podrán hacer uso de la palabra una diputada o diputado; integrantes de las comisiones de Grupos Vulnerables y de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; un representante de la persona galardonada y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Jucopo acordará los tiempos y orden de las intervenciones de los oradores.

Los familiares de la galardonada recibirán la medalla de honor post mortem, un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que designó a la persona que se reconoce, suscrito por los integrantes de la Jucopo; un ejemplar original del decreto de la Cámara de Diputados, y una suma de dinero equivalente a dos veces la dieta mensual de una diputada o diputado.

Ana María Latapí Sarre inició su lucha desde la década de los sesentas. Dedicó toda su vida a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, intentando lograr su integración en la sociedad, con el objetivo incansable de que fueran dignificadas y valoradas, sin importar sus condiciones físicas o intelectuales. 

El dictamen avalado establece que Ana María “fue un importante motor para que las personas con alguna discapacidad pudieran tener reconocidos sus derechos a trabajar y estudiar, además de sentirse parte integral de su entorno humano”. 

Refiere que su trabajo constante la llevó a incidir en las modificaciones a leyes locales y federales, para la inclusión social de todas las personas.

Además, logró construir e impulsar diversas asociaciones civiles especializadas en la atención e inclusión de las personas que viven en esa condición, logrando crear vínculos sólidos entre organizaciones civiles y entes gubernamentales.  

La instancia legislativa precisó que se recibieron 57 candidaturas a la medalla, que cubrieron los requisitos solicitados en la convocatoria publicada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, las cuales  fueron consideradas para la etapa de evaluación y dictamen.

Se realizó una valoración exhaustiva de cada uno de los perfiles de las propuestas, a fin de otorgar, con honor y justicia, la presea a la persona cuya trayectoria fuera la mejor calificada.

Destacó que uno de los criterios de calificación fue la importancia social de las actividades que la persona galardonada realizó en atención a los derechos de quienes tienen alguna discapacidad, considerando los aspectos de amplitud territorial, individuos beneficiados y la potencia de su trabajo en el momento actual y futuro. 

Los integrantes de la Comisión expresaron un amplio reconocimiento a la labor de todas las personas que fueron propuestas para ser reconocidas con la medalla de honor, por su labor constante en la construcción de una nación libre de barreras, equitativa, inclusiva y justa. 

No cabe duda, afirmaron, que su trayectoria, labor e incidencia en la sociedad son dignos de destacarse; sin embargo, como lo establecen el decreto que crea la medalla y su reglamento, sólo puede haber una persona que obtenga el galardón. 

Asimismo, reconoció el trabajo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables al emitir una opinión de idoneidad, elaborada con amplio profesionalismo y conocimiento de la importancia de la medalla.

 

El Congreso de la Unión declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo  del artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Durante la sesión, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, dio lectura a la declaratoria, toda vez que ha sido publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de diciembre, dijo.  

La declaratoria se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

También se recibieron de la Junta de Coordinación Política, comunicaciones por las que se proponen modificar la integración de comisiones. 

Después, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana martes 18 de diciembre, a las 11:00 horas. 

  • Se reúnen diputados con estudiantes de la Universidad de California (UCLA)

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), se pronunció por seguir defendiendo a los migrantes ya que, aseguró, crean dinamismo, fortalecen el intercambio cultural y promueven el desarrollo económico.

En reunión de trabajo con estudiantes y profesores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de escuchar las opiniones de los diversos sectores respecto al tema en comento, como los jóvenes, quienes “participan hoy más que nunca”. 

La diputada María Libier González Anaya (MC), promotora del evento, dijo que el propósito de la reunión es nutrirse de ideas respecto a un problema que es del mundo entero y más notable en México, pues somos un país de paso. 

El diputado Oscar Rafael Novella Macías (Morena) pidió a las nuevas generaciones de estudiantes universitarios en Estados Unidos, posicionar a la comunidad latina en la vida política para que ayude y contribuya a implementar estrategias para eficientar el aprovechamiento de remesas, abonar en la recuperación de sus derechos y hacer frente a la visión xenófoba. 

Javier Julián Castañeda Pomposo, diputado del PES, aseguró que los discursos antiinmigrantes no sólo existen en EU, incluso se han escuchado de parte de autoridades electas, como sucedió con la reciente marcha migrante. 

De Movimiento Ciudadano, la diputada Pilar Lozano Mac Donald afirmó que son los jóvenes quienes deben pugnar porque el tema de migración sea considerado con un enfoque completamente humanitario. “Es una vergüenza que por donde pasaba la caravana hubiera personas que hicieron comentarios en contra de los hermanos hondureños”, enfatizó. 

Sostuvo que la migración es algo natural en la humanidad, por lo que no será un fenómeno que se vaya a detener”. 

El diputado Ulises García Soto (Morena) se pronunció por fomentar estos encuentros, no sólo de estudiantes con el Legislativo, sino entre más sectores. Resaltó la labor de los jóvenes para acercar las nuevas tecnologías y el pensamiento teórico para ayudar en temas migratorios. 

De la misma fracción parlamentaria, el diputado Maximino Alejandro Candelaria se congratuló por el interés que generan los migrantes entre los estudiantes en Estados Unidos, así como la promoción del uso de las nuevas tecnologías en estos temas.

Raúll Hinojosa-Ojeda, responsable del grupo de estudiantes del UCLA, aseguró que la migración no implica un costo para Estados Unidos, ni debe ser sujeta de ataques, “ha contribuido 5 veces más que todos el comercio”.

Aseguró que el migrante es la exportación más valiosa de México hacia Estados Unidos; además, aporta millones de dólares al gobierno y, mediante remesas, genera contribuciones al gobierno mexicano. 

Durante el encuentro, se dio a conocer la “Investigación colectiva sobre la importancia de implementar estrategias impulsadas por la tecnología para empoderar a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos y los beneficiarios en México”, a cargo de estudiantes del UCLA, en la que indicaron el escenario que viven los migrantes mexicanos en EU, las remesas, e hicieron un análisis respecto a las diversas declaraciones del presidente Donald Trump.

 

 

Frente a la indefensión que sufren más de dos millones de trabajadoras y trabajadores domésticos, donde el 94 por ciento son mujeres, legisladoras de MORENA, PRI y PAN buscan otorgar derechos plenos a los integrantes de ese sector, a través de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, para eliminar el régimen de excepción de forma completa. 

En conferencia de prensa, la diputada de Acción Nacional, Marcela Torres Peimbert, celebró la unidad en torno a este tema, sobre todo porque dijo como representantes populares deben procurar que de verdad exista un México de justicia e igualdad, “es muy importante hacer leyes y políticas que favorezcan a un grupo poco valorado”. 

Torres Peimbert, anunció que en breve exhortaran al encargado del Seguro Social, German Martínez, para que juntos y juntas platiquen y construyan la mejor opción para atender a ese enorme número de trabajadoras y trabajadores que a diario realizan una labor callada e indispensable para miles de familias en este país. 

A su vez, Lorena Villavicencio explico que la iniciativa busca eliminar todas las restricciones para ingresen a la formalidad laboral con todos los derechos: horas extras, seguridad social, fondo de vivienda, participación de utilidades, aguinaldo, entre otros. 

La priista, Anilú Ingram, dijo que se suman a la invitación al titular del IMSS, para construir un esquema que dé seguridad y beneficios a trabajadores y trabajadoras domésticas.

         La Cámara de Diputados acordó en votación económica modificar su calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, para agregar una sesión ordinaria el próximo lunes 17. 

        Destaca que a partir del jueves 20, las sesiones ordinarias se celebrarán en los días que resulten necesarios a efecto de desahogar, en tiempo y forma, los trabajos y obligaciones constitucionales y legales de esta soberanía; la prioridad es la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019.

 

Minutas

 

        En la sesión de hoy, la Mesa Directiva turnó a comisiones cinco minutas. Una de ellas, reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para eliminar limitantes que restringen el derecho de la ciudadanía de acceder a puestos de dirección, coordinación y vigilancia; precisar como requisito para dirigirlas, ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

        El documento, enviado a la Comisión de Gobernación, resalta que la dirección general de entidades paraestatales, descentralizadas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos podrán ser dirigidos por mujeres y hombres. Se sustituye, además, el término Distrito Federal por Ciudad de México.  

        La segunda minuta, reforma el primer párrafo del artículo 40 y adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de garantizar la integración paritaria del Consejo Directivo independiente de las instituciones de la Banca de Desarrollo. 

        La medida será aplicable a éstas instituciones, así como a fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se deberán procurar y priorizar programas y proyectos que atiendan necesidades específicas de las mujeres en cuanto al ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

        Otra minuta, reforma los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a efecto de reconocer la figura de trabajador social como coadyuvante en la enseñanza básica y media superior, fortalecer dicha profesión y promover su intervención en los problemas que aquejan a la infancia y la juventud en las escuelas de México. 

        Se busca que en cada escuela, exista un espacio para profesionistas de trabajo social debido a que pueden diseñar estrategias de intervención para retomar los fines colectivos de la educación y la convivencia humana, igualdad y fraternidad. Fue remitida a la Comisión de Educación. 

        La cuarta minuta reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Educación y Federal del Trabajo, para que los padres de familia tengan un permiso laboral que les permita participar activamente en la formación de sus hijos en los centros educativos. 

        Establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pondrá en marcha acciones para promover la flexibilidad de la jornada laboral y los trabajadores no estarán obligados a reponer las horas destinadas para este fin, siempre que acrediten su participación con las autoridades escolares. Se canalizó a la Comisión de Educación. 

        En la quinta minuta, se plantea reformar diversas disposiciones de las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Educación; la finalidad es garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva.

        Lo anterior,  de acuerdo con sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, y bajo los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Se remitió a la Comisión de Educación. 

        También, se conoció un oficio de la Secretaría de Gobernación relativo al expediente del nombramiento de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria. 

        A las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública se mandó un oficio de las Universidades Autónomas de Occidente, y de los estados de Chiapas, México, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala, así como de El Colegio de Sonora, con el que remiten el Informe de resultados de la auditoría externa sobre la matrícula del segundo informe semestral de 2018. 

        El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, remitió el Informe anual de actividades y el ejercicio presupuestal correspondiente a 2017. Fue enviado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

        Del gobierno de Tabasco, se conoció respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la memoria de acciones en materia de prevención y atención de la violencia 2013-2018, y acciones realizadas en el tema de la violencia feminicida, igualdad y no discriminación. 

        La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, dio contestación a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, referente a labores pendientes de reconstrucción y atención de damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

        A su vez, la Secretaría de Gobernación respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el convenio de colaboración en tareas de prevención, vigilancia y combate de delitos ambientales.

        El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, remitió el Informe semestral de labores correspondiente al periodo 16 de mayo-15 de noviembre de 2018. Fue canalizado a las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad. 

        La Mesa Directiva informó sobre la modificación de turno de diversas iniciativas. En tanto, los diputados de Morena, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Alejandro Carvajal Hidalgo, Azael Santiago Chepi y Francisco Javier Guzmán de la Torre, así como Claudia Reyes Montiel (PRD) y Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT), solicitaron retirar sus iniciativas y proposiciones que habían presentado.

 

  Por Nancy Rodríguez

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, buscando “bolsas” de recursos que no existen y que, en todo caso, deberán sujetarse estrictamente a la distribución basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.

“Coincidimos totalmente con el Ejecutivo, en el principio de que no debe haber partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores. Esa práctica de corrupción discrecional fue impulsada por gobiernos anteriores para lograr votaciones favorables a su agenda, contraria a los mexicanos”, sostuvo. 

La Comisión que preside, subrayó, está obligada a cumplir con la ley, velar por las finanzas públicas sanas y evitar cualquier práctica que fomente la discrecionalidad, opacidad y clientelismo en la asignación de recursos. “Estamos convencidos de que el cambio no es un discurso y se denunciará a quien pretenda pervertir la expectativa social”. 

Indicó que desde la instancia se otorgará el espacio y apoyo adecuado a los funcionarios del nuevo gobierno, para que den a conocer sus metas de gasto y distribución para proyectos federales, estatales y municipales. 

“Damos gran importancia al compromiso del Ejecutivo de atender, desde las dependencias de los distintos órdenes de gobierno, los rezagos y retos en salud, educación, carreteras, agua, seguridad, entre otros”, comentó. 

No ignoramos que, desafortunadamente, hay quienes actúan en sentido contrario; por ello, solicitamos a todos los legisladores, gobernadores, alcaldes y sociedad civil su colaboración para que el Paquete Económico sea transparente y eficaz. 

El legislador destacó que “desde que asumimos la presidencia de la Comisión, iniciamos una campaña a favor de una distribución responsable, basada en la determinación de las prioridades de cada estado y municipio”. 

Recordó que el pasado viernes concluyó la recepción de proyectos presentados por diversos actores del país. “Ahora reiteramos nuestra solicitud de forma responsable, a todos los diputados y senadores que promovieron la entrega de solicitudes para aprobar un gasto racional”. 

Dijo que, si bien es una convicción terminar con los “etiquetados” como decisiones personales, los proyectos que tengan verdadero impacto en el mantenimiento y conclusión de obras, con capacidad de fortalecer la infraestructura y el bienestar social, serán sujetos a disposición presupuestal. 

Resaltó que, desde el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará prioridad al ejercicio del gasto responsable, para atender los retos, necesidades y rezagos del país, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. “Desde la presidencia de la Comisión haremos todo lo posible por evitar nuevas complicaciones en el proceso de aprobación del presupuesto”. 

Ramírez Cuéllar pidió respaldar el esfuerzo de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para llevar a cabo una negociación responsable del Presupuesto, y atender con recursos federales, como se ha anunciado, la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria para superar los rezagos en estados y municipios. 

Aseguró que la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública seguirá actuando con toda responsabilidad, en coordinación con la SHCP, para contribuir a lograr el mejor presupuesto posible en las actuales condiciones de la economía nacional.

 

    Por Nancy Rodríguez

La Comisión de Justicia, presidida por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez, inició el análisis de la minuta que contiene proyecto de decreto que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la participación de ciudadanos, expertos y representantes de diversos grupos de la sociedad civil. 

La legisladora reconoció la importancia de la participación ciudadana en este ejercicio, para enriquecer el proyecto de dictamen, cuya presentación, análisis y discusión se prevé el 5 de diciembre, en esa instancia legislativa. 

La ruta de trabajo acordada por la Comisión, establece que su Junta Directiva se reunirá el 28 de noviembre, a fin de validar el proyecto de dictamen, que deberá circularse el mismo día a sus integrantes, para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

La minuta del Senado, recibida por la Cámara de Diputados el 20 de noviembre, tiene como objetivo reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General, como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. 

Propone establecer como funciones del fiscal, investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales. 

Dotar al titular de la Fiscalía General de la facultad para elaborar el Plan de Persecución Penal que deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos. 

La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en materia de Derechos Humanos; Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General. 

La presidenta Ortega Martínez indicó que la Fiscalía General tiene connotación federal, por lo que preocupa la persecución de delitos del orden local y la desaparición de fiscalías especializadas. 

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, precisó que con la Ley Orgánica se cambia toda la visión del funcionamiento de las fiscalías, y que lo valioso del ordenamiento es que habrá un plan de persecución penal para diseñar la ruta de trabajo y priorizar los delitos. 

“Es la primera vez, en esta materia, que una ley expresamente lo mandata tener. Es un gran aporte”. Se priorizarán las zonas de mayor índice delictivo, las que tengan mayor necesidad de despliegue territorial y de personal de recursos; además, no estará en 32 lugares, sino en 266 lugares o microrregiones. 

Agregó que se identifican los principales patrones socio-delictivos del crimen, incluyendo las zonas de mayor incidencia basándose en información estratégica de diagnósticos institucionales, estadísticas de prevención de violencia, análisis de información elaborados por centros de especialistas y en informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, manifestó que la preocupación de su bancada radica en la autonomía e independencia que debería tener la Fiscalía General, la cual tendría que ir más allá de sólo reformar el artículo 102 constitucional. 

La intención es discutir y, en su caso, aprobar el dictamen, con todas las propuestas que la sociedad haga llegar, el 5 de diciembre. “El objetivo es escuchar los distintos puntos de vista y también coincidencias”. 

Juan Carlos Villareal Salazar, diputado de MC, consideró que se observan algunos problemas en la autonomía de Fiscalías; la aspiración es despartidizarlas, hecho que no se logra en el dictamen. “Además, tiene deficiencias orgánicas; el flagelo de la impunidad es grave, así que no debe haber resquicios en la ley”. 

Comentó que la Comisión de Justicia acordó abrirse a las opiniones de las organizaciones civiles, por la importancia de promover un Parlamento Abierto en todo el proceso de esta ley, a fin de consolidarla. 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, estimó que se plantea que la fiscalía especializada en derechos humanos englobe asuntos de alta trascendencia y “no vemos, por ejemplo, el tema del secuestro”. 

Su partido, dijo, está en la mejor disposición de construir y es prioridad mejorar el dictamen que viene del Senado, para que sea efectiva la procuración de justicia, clamor principal de la ciudadanía. 

De Morena, el diputado Rubén Cayetano García, secretario de la Comisión, apuntó que hay un gran compromiso ético y moral para lograr impartición de justicia. Explicó que la Ley Orgánica es sólo una norma administrativa; la situación mejorará cuando se apliquen los códigos Penal Federal, y el de Procedimientos Penales. 

“Es una legislación que da vigor a las instituciones de procuración de justicia; sin embargo, para materializarla deben trabajar juntos Ministerios Públicos, Fiscalías y Poder Judicial”, precisó. 

Aseguró que no se busca crear una procuraduría ad hoc, sino que será para la República. Pidió evitar consignas políticas porque “cuando se politiza la justicia tenemos un grave retroceso”.

María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, consideró que la minuta operativamente no es funcional. “Puede generar corrupción; además, el artículo 20 da facultades extralimitadas al Coordinador de Investigaciones y Persecución Penal, pero no establece un control”. 

Destacó que es prioritario crear una fiscalía especializada en extinción de dominio, y alertó del problema que puede provocar que se elimine la certificación de Ministerios Públicos.

Señaló que al generar una entidad autónoma es necesario fortalecer el régimen de rendición de cuentas. “Una ley orgánica no debe regular aspectos procesales; desaparecer al MP propiciará que la declaren inconstitucional”.

Explicó que en las funciones se omite la intervención del amparo, la extinción de dominio, y las asistencias jurídicas internacionales, así como la representación de menores o incapaces en el fuero federal. 

“Más que un plan de persecución, parece el reglamento de la ley para establecer las funciones de los servidores. Lo que estamos buscando es que este ordenamiento no nazca con deficiencias, porque los que pagan los platos rotos son las víctimas; no se va a acabar la corrupción sólo con amor y paz, debemos entrar a la realidad y ver qué se requiere”, aseguró. 

David Alejandro Jiménez Padilla, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que el modelo que se plantea en la nueva ley proviene de diagnósticos del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las disfunciones que hay en la PGR. 

Uno de los principales problemas es que el modelo de persecución penal es altamente disfuncional y se tiene un archipiélago de información donde cada fiscalía especializada no alcanza a compartirla, respecto a fenómenos delictivos altamente complejos, dijo. 

Agregó que la delincuencia y la forma en que se despliega en nuestro país, no obedece a la forma en que se intenta procurar justicia, ya que ésta funciona únicamente como reacción a la actividad que hace la policía, y no tiene una política de persecución penal clara, con prioridades y metas que permita evaluar si fue un buen año o una buena gestión al frente de la fiscalía. 

Aclaró que la propuesta de ley refleja la intención de construir un nuevo modelo de procuración de persecución penal más estratégica, con prioridades claras, flexible y efectiva que rinda cuentas. Reconoció que ésta puede ser perfectible, pero no se intenta hacer una camisa de fuerza para que la política pública se empiece a desarrollar en un esquema legal que permita tomar decisiones estratégicas. 

Samuel González Ruiz, representante de Alto al Secuestro y doctor en Derecho por la UNAM, pidió especificar todas las facultades de los Ministerios Públicos que actuarán en los casos, de otra forma los abogados van a controvertir sus funciones.

Debe decirse con claridad, de acuerdo al artículo 78 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que la  Fiscalía está facultada para tener policía investigadora, porque así lo exige la ley, esos son los elementos esenciales para complementar las actividades”. 

Desde que se analiza la autonomía del Fiscal, pero para el 95 por ciento de los delitos, esa facultad es intrascendente y no se aplica; sólo en delitos vinculados a la corrupción, violación de derechos humanos y delitos electorales. 

A falta de un Fiscal, dijo, no existe coordinación entre el MP, ya que sin  liderazgo, éstos no se sienten fuertes si no tienen un jefe que los respalde, además no se aclara si son o no autónomos, si es técnica esa facultad y en qué consiste. Se carece de reglas claras con el riesgo de caos, porque los abogados tratarán de presentar amparos para argumentar en contra de dicha autonomía.

 

 

*En comparecencia, expresa que encima de las diferencias, hay coincidencias de que los niños de escuelas públicas deben tener las mismas oportunidades que los de planteles particulares 

*Destaca los avances educativos en cobertura y combate al analfabetismo 

*Plantea que toda transformación educativa es un proceso complejo que madura a largo plazo

 

Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, manifestó ante diputados que la política educativa tiene avances innegables y asignaturas pendientes, y expresó que más allá de políticas y enfoques distintos, por encima de las diferencias, hay coincidencias de que los niños de escuelas públicas deben tener las mismas oportunidades que los de planteles particulares.

 

Al comparecer en el recinto legislativo de San Lázaro con motivo de la glosa del informe de gobierno, destacó los avances educativos en cobertura y combate al analfabetismo, y previó que, en este punto, en diciembre se alcanzará una tasa neta de cuatro por ciento, con lo que de acuerdo con estándares internacionales México será un país libre de analfabetismo.

 

Granados Roldán dijo que con la Reforma Educativa hay avances y áreas de oportunidad, y planteó que toda transformación en educación es un proceso complejo que madura a largo plazo.

 

Señaló que los alumnos del sur y norte del país deben tener piso parejo para alcanzar educación de calidad con equidad, para enfrentar la vida con éxito.

 

Granados Roldán destacó la importancia del manejo de la nómina educativa federal en los estados, con transparencia y eficiencia, con lo que se regularizaron 44 mil plazas, a lo que se destinaban 5 mil millones de pesos al año, y se cumplieron con obligaciones fiscales por 84 mil millones de pesos, hasta 2017.

 

Planteó la complejidad para ofrecer el servicio educativo en un país diverso, que alcanza 9.5 grados de escolaridad, y abundó que hay un desafío político y moral para que los niños y jóvenes tengan educación de calidad.

 

El secretario de Educación Pública también informó que en esta administración se habrán invertido unos 139 mil millones de pesos en programas y fondos de infraestructura educativa, la más alta en las últimas cinco décadas. 

 

Se refirió al Servicio Profesional Docente, a través del cual más de un millón 520 mil maestros de educación básica y media superior han participado en los distintos procesos de evaluación; 242 mil ingresaron al servicio y alcanzaron una promoción gracias a su mérito y esfuerzo, y más de 133 mil reciben algún tipo de estímulo por su desempeño. 

 

Granados Roldán explicó que con la transformación educativa se busca que México tenga mejores maestros, mejores alumnos, mejores escuelas y mejores logros de aprendizaje.

 

Informó sobre la atención a las escuelas dañadas por los sismos, y al precisar que los planteles de los estados dependen de los gobiernos locales, señalo que en la Ciudad de México se han atendido nueve centros educativos que requirieron reestructuración total; 789 con daños moderados, y mil 106 con afectaciones menores.

 

Otto Granados Roldán refirió, además que en este sexenio se llegó ya a 25 mil 134 escuelas de tiempo completo, en las cuales se obtienen los mejores niveles de desempeño.

 

En cuanto al avance de los logros del aprendizaje, planteó que en las últimas pruebas Planea, 18 estados mejoraron en matemáticas, y 11 en lenguaje y comunicación.

 

Resaltó que los maestros trabajan hoy con el Nuevo Modelo Educativo, que define los logros esperados, y articula los principales componentes, con los aprendizajes clave que requieren niños y jóvenes en el desafiante Siglo XXI, para tener las capacidades que requieren para triunfar.

 

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