Diputados preparan transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales Laborales

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En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local. 

De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.

Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.

        Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última. 

        Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”. 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales. 

Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación  a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.

Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.

En el ámbito  federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de  contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales. 

Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas. 

Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima. 

Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad. 

        Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.

        Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”. 

        El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”. 

         Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS  y del ISSSTE.

         Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”. 

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “ 

Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”. 

Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio  de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”. 

        Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.

Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país

En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16  a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces. 

        En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados  expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal. 

        Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical. 

        De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.

 

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