CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (120)

  • Se reunió la titular de la Función Pública con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, se reunió con la titular de la  Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien expuso a los legisladores la labor de la dependencia en favor de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad. 

Sandoval Ballesteros expuso que la ASF aprobó un programa anual de control y fiscalización de casi 3 mil tres auditorías, que se concentran en 25 programas prioritarios. “Es un mito que no vamos a fiscalizar nuestros proyectos, somos los más interesados en que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador sean claros, transparentes y limpios”. 

“Vamos a concentrarnos en cuatro: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y proyecto Transístmico en Oaxaca”, comentó.

Detalló que se tienen más de 100 expedientes de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de audiencias por controversias concretas y directas en la administración pública federal”. 

Además, destacó, se abrió un expediente muy amplio, profundo y profuso de la estafa maestra, en donde el punto de partida fue Petróleos Mexicanos, que es donde más se concretaron abusos a universidades públicas y a la excepción de la licitación; es decir, cómo esas instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas por defraudadores de la nación, estableciendo “convenios” para hacer corruptelas muy grandes. 

En Pemex, continuó, se concentraron convenios de producción y exploración y la lógica siempre fue la misma: instituciones poco conocidas a nivel internacional, sobre todo en el sureste, donde Pemex estableció acuerdos con universidades muy vulnerables, sin capacidades técnicas y donde, evidentemente, había servicios fuera del objeto de estas instituciones educativas, ausencia de entregables o, incluso, burlas a la fiscalización. 

“Sabemos por el análisis de los expedientes que muchos de los entregables costaban 20, 25, 30, hasta 40 millones de pesos, porque eran centenares de convenios, que eran documentos que sacaban de Wikipedia; además, había sobrecostos para las instituciones del Estado, desvíos claros a empresas fantasmas, pagos no justificados y falta de supervisión”. 

“Estamos haciendo un esfuerzo por analizar, desde nuestros órganos internos de control, el caso de Pemex y de todas las dependencias del gobierno federal; por ello, hemos creado un frente interorgánico para el análisis de la corrupción en la estafa maestra”. 

Agregó que en el plan anual de la SFP se contemplan realizar 950 auditorías y 50 visitas de control con recursos propios, con un nuevo diseño organizacional de sólo dos subsecretarías y órganos internos de control. Además, se efectuarán mil 813 auditorías más, a una gran diversidad de entidades de la administración pública federal, y a donde lleguen los recursos públicos en las entidades federativas. 

Informó que el 15 de marzo se concluirán los primeros 300 dictámenes financieros correspondientes a más de 150 entidades paraestatales. “Vamos a analizar 104 fideicomisos, mandatos y contratos análogos y también vamos a dar resultados de 220 dictámenes presupuestarios”. 

“También se atenderán observaciones que se hicieron en años pasados; es decir, que no hicimos nosotros, pero que estamos comprometidos a que se lleven a buen puerto, en términos de recoger el dinero que corresponde al gobierno, o sea reintegrarlo al erario público”. 

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Óscar González Yáñez, enfatizó que la transparencia es un elemento que fortalece a la democracia y los ciudadanos; “mientras ellos tengan más conocimientos sobre los asuntos públicos van a tener más elementos para influir”. 

Subrayó que la SFP debe ser el área que ayude al pueblo de México a terminar con la corrupción y “nosotros seremos grandes aliados de ella”. Preguntó cómo ayudar a la dependencia para que tenga los elementos jurídicos necesarios para ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad. 

Aclaró que “no legislamos para el Ejecutivo, pero tenemos que ser grandes aliados” porque los tres poderes están convencidos de acabar con la corrupción; “entonces, tenemos que ser grandes aliados, sin perder nuestra autonomía”. 

Sostuvo que “no coincido con el perdón y olvido, no estoy de acuerdo”, porque estimula a que vuelva a suceder. “Que quede claro que este país se está transformando”. 

Consideró que se debe avanzar en el tema de Odebrecht, ya que en países como Colombia, Perú y Brasil ya se ha hecho mucho en este caso y en México, nada.  Subrayó que el huachicoleo dañó a la sociedad con tanta ausencia de combustible. “Nos ha costado muertes y dinero y no hay personas detenidas, ni juicios y procesos”.  

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que el plan de la titular de la Función Pública es fundamental para la transformación del país, dado que dará mayor transparencia; por lo que desde esta Cámara se tendrán que hacer modificaciones al marco jurídico para tener un adecuado funcionamiento. 

Añadió que un tema medular del gobierno es el servicio civil de carrera con perspectiva de género; en ese sentido, cuestionó qué método o cómo se hará para que haya equidad en los cargos y cómo se va a combatir el acoso sexual. 

Gloria Romero León, diputada del PAN, consideró preocupante que de las investigaciones, observaciones y auditorías realizadas entre 2012 y 2016, donde hubo más de 45 mil sanciones a quienes incurrieron en irregularidades, apenas el uno por ciento se tradujo en sanción o destitución, y menos del dos por ciento en multa económica. “Eso hace que los mexicanos tengamos la percepción de que la corrupción se traduce en que no hay consecuencias para los  servidores públicos que incurren en algún tipo de desviación o irregularidad”. 

Preguntó si en el portal donde se va a transparentar, tanto la nómina como las empresas certificadas habría la voluntad de proporcionar información del estatus de cumplimiento de las resoluciones, pues eso ayudaría a evitar otra “estafa maestra” o “socavón”. Además,  celebró que las licitaciones serán en su mayoría públicas. 

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se congratuló con el mensaje de la transparencia democrática expansiva, las declaraciones patrimoniales tres de tres y el cambio de los funcionarios. 

También inquirió sobre el aumento de rubros de los 216 a 781 y quiénes estarían en esa obligación como funcionarios y servidores públicos, dado que permea a nivel federal, estatal y sobretodo en el ámbito municipal, en donde hay mucho por trabajar para tener mayor certeza de información. 

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) indicó que en esta comisión se requiere conocer las acciones que la Secretaría de Función Pública implantará para combatir la corrupción y evitar que las cosas sigan como en las otras administraciones. 

La diputada sin partido, Luz Estefanía Rosas Martínez preguntó a la funcionaria cuál es su postura para otorgarle facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que emita las recomendaciones vinculatorias y qué sugerencias haría para evitar la mala contratación en obra pública, toda vez que se está generando una ley en la materia. 

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expresó que si bien una de las pretensiones de la Secretaría de Función Pública es crear un nuevo Código de Ética, también debe atenderse el principal reclamo de la ciudadanía al gobierno: sancionar a los corruptos y aquellos que desfalcaron al erario y se llevaron millones de pesos de las entidades  y municipios. 

Asimismo, requirió saber cómo intervendrá la dependencia para promover acciones, leyes, normas con perspectiva de género y en las denuncias en materia de acoso, el pago justo, entre otros asuntos que vulneran la igualdad. 

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se pronunció por cambiar la forma de hacer política y crear de la honestidad una forma de  vida. Resaltó la importancia de combatir a fondo a la corrupción y la  impunidad, y “hay que entrarle de manera responsable y con la verdad”. 

Preguntó cómo se evaluará toda la función pública “porque pareciera que existe una tremenda contraloría, pero hasta dónde llegan estas facultades y hasta dónde se permiten ser ejercitadas”. Además, cuestionó si en el ejercicio de su cargo hay algún conflicto de interés. 

Al dar respuesta, la funcionaria subrayó que la ASF firmó un convenio con la Fiscalía General de la República para coadyuvar en las investigaciones administrativas y sancionatorias que surjan. “Sí, le daremos cumplimiento a esta sed de combate a la impunidad que nos exige la sociedad”, aseguró. 

Sobre el acoso sexual, expuso que es una lacra en la vida pública, en la administrativa, en el Estado y en el gobierno. “Lo hay y existe la posibilidad de sancionarlo, frenarlo y poner un alto. No se trata nada más de piropos, sino de violencia; se agrede la dignidad de las mujeres”. 

Precisó que se buscará estudiar la posibilidad de aplicar las estrategias de cuotas cuando haya dos competidores en igualdad de méritos y evitar la discriminación en todas sus formas en el Servicio Profesional de Carrera. 

Sandoval Ballesteros dijo que habrá responsabilidad con la aplicación de lo que antes se llamaba tres de tres, y afirmó que ya se dialogó con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para darles a conocer este nuevo estatus. “No queremos que las prisas nos lleven a decisiones que nos compliquen y burocraticen más y meternos en una lógica sin fin de no cuidar los conflictos de interés”. 

La litis real de esto, añadió, “es que hay que controlar, prevenir y exigir el castigo o la resolución a los conflictos de interés que acosan toda la vida pública administrativa, por lo que si estas más de 780 entradas de los nuevos formatos no nos están ayudando a descubrirlos sino meternos en terrenos de la privacidad de las personas o de los funcionarios, pues no vamos a llegar muy lejos en este objetivo de coordinación anticorrupción”. 

Señaló que quienes estarían obligados a declarar son quienes manejan recursos públicos, posiciones de mando, responsabilidades de representación o de administración o ejecución de política pública, pero no los maestros, doctores, soldados ni la gente más vulnerable o la que ha sido realmente víctima de la corrupción. “No tiene que ser el chivo expiatorio de un sistema de simulación”.  

Destacó que el uso de las tecnologías es fundamental para el combate a la corrupción y coincidió que es primordial darle más facultades al Sistema Nacional Anticorrupción, porque en la actualidad sólo emite recomendaciones, ya que es una instancia de coordinación y no tiene el espíritu federalista. 

Precisó que ahora mismo se audita a los contralores internos de la dependencia. “Si el Ejecutivo va a poner a refrendo su cargo, pues con mayor obligatoriedad todos los que le seguimos. Todos estarán a prueba y se implantará un esquema de rotación para evitar los feudos”. 

Agregó que la misma tarea ocurrirá en Petróleos Mexicanos, Sedatu, Bansefi, SAT, Comunicaciones y Transportes, IMSS, CFE, no estamos simulando. “Vamos a buscar hasta la más profunda de las instancias de qué manera se utiliza la riqueza nacional”. 

Aclaró que no es verdad que tenga integrantes de su familia en el Poder Ejecutivo, ya que su marido trabaja como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ése es un órgano autónomo. Segundo, su hermano labora en el Poder Judicial, por lo que no tiene competencia con la Secretaría de la Función Pública”. 

“De la corrupción ya estamos todos hartos y nadie puede decir que es cultural y no se puede combatir; estamos en un gran momento histórico en donde hay cero tolerancia a la corrupción, pero lo que nos lacera más es la impunidad”. 

Aseguró que México es uno de los países con mayor avance normativo, una Ley de Transparencia de primer mundo con procedimientos expeditos, una Constitución de avanzada, por lo que existen los elementos necesarios para realizar el trabajo. 

“Qué bueno que se ofrece a modificar las normas que exige la sociedad y modernidad democrática, pero no es una situación de legislación, sino de voluntad política, pero en esta administración esta no faltará”. 

Precisó que la secretaría buscará dar transparencia e informó que en 2018 llegaron más de 11 mil 864 expedientes de responsabilidades, los cuales involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales en la presente administración, es decir del primero de diciembre a la fecha, se han resuelto 5 mil 597, pero queremos terminar con la obligación y llevar a la posibilidad más extrema la sanción directa administrativa. 

Sandoval Ballesteros señaló que en lo que va de la administración se tienen 8 mil 631 expedientes de investigación, se han atendido 10 mil 581 peticiones ciudadanas, 4 mil 906 asesorías telefónicas, 5 mil 745 vía chat, 706 presenciales y 650 a órganos internos de control, 929 en aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales. 

En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que el cien por ciento del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial e, incluso, por instrucción del Presidente de la República, se modificó el sistema de Declaranet. “Si ustedes lo checan, no hay otra posibilidad más que de obtener  transparencia total o reserva total de las declaraciones patrimoniales”. 

Precisó que el universo de los servidores públicos obligados a declarar en la Administración Pública Federal subió de un cuarto de millón de personas -250 mil sujetos obligados-, a más de dos millones de servidores públicos que “son los menos responsables de la corrupción de una estructura que nos aqueja como nación”. 

Indicó que se apuesta por la ciudadanización del control, la prevención y la transparencia; por ello, la funcionaria anunció que “tenemos una iniciativa de ley para la protección y estímulo de los informantes y alertadores internos de la corrupción”. 

Sobre el principio de austeridad republicana, comentó que los legisladores “tienen en su cancha el balón”, porque en esta Soberanía se encuentra la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana de Estado. 

“Proponemos que el derroche se elimine y, bajo esta visión, queremos terminar con la ineficacia; ello dependerá mucho de la fiscalización de los fondos públicos y de garantizar la claridad mediante la transparencia democrática y no discursiva, de relaciones y politizada”. 

Enfatizó que la austeridad ha sido criticada porque se conceptualizó cómo hacer recortes sociales, pero la Ley de Austeridad Republicana tiene que ver con avanzar en una austeridad que no disminuya, ni merme los recursos dedicados a los programas sociales, sino que los robustezca y permita una interacción más directa con los beneficiarios finales. 

La iniciativa, continuó, transita en sentido totalmente contrario al neoliberalismo; es decir, se orienta a velar por el interés social, evitar el despilfarro y nutrir el gasto social. 

Sandoval Ballesteros precisó que la SFP trabajará a través de dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción, que adopta muchas de las funciones centrales de la secretaría para controlar, vigilar, auditar y fiscalizar los recursos federales, así como ejercitar el control interno o preventivo. 

También por medio de la subsecretaría de Combate a la Impunidad, que se encargará tanto de la asignación de responsabilidad que surja la violación de la normativa, así como de tareas muy importantes de profesionalización y, en particular, del relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género. 

“Queremos que ese servicio profesional de carrera sea una llave en donde la entrada sea muy pequeña, para que entren realmente las y los mejores, y con una puerta de salida muy amplia, para los no comprometidos, los que derrochen, corruptos, abusivos, acosadores y los que no tengan respeto por la vida en el servicio público”. 

Sandoval Ballesteros resaltó los logros que la dependencia a su cargo ha alcanzado en sus primeros 100 días; por ejemplo, el código de ética. “Contamos ya con un código en esta materia, lo cual es muy importante y me interesaría mucho distribuir masivamente, porque es para toda la administración pública federal”. 

“Trabajamos también en una Cartilla de Integridad y en un nuevo marco que certifique a las empresas más probas, más cumplidas, las que no evadan impuestos y que no se dejen caer en cuestiones de colusión y defraudación al erario”. 

Indicó que “es un código de avanzada que establece las limitaciones a recibir todo tipo de regalos, viajes o prebendas, que no tienen nada que ver con la actividad pública”. 

En los gobiernos del pasado, señaló, el 80 por ciento fueron asignaciones directas y la excepción era la licitación. En este nuevo gobierno, en los 25 proyectos estratégicos, vamos a caminar sobre la regla de la licitación y de las licitaciones verdaderas que auspicien el mercado y a los empresarios más probos.

“Nuestra convicción es hacer de la transparencia lo más importante en la visión del nuevo gobierno, con el propósito de poner fin a la impunidad y castigar la corrupción”, concluyó.

 

  • El Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral e indemnizar a familias ofendidas

 

  • Existen 424 municipios del país en Alerta de Género

 

  • Mujeres víctimas habían denunciado en sus localidades; se  hizo caso omiso, sostienen activistas

 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró primordial crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a todos los casos de feminicidio. “No pediremos que se conceda la aplicación de la ley, sino exigiremos el cumplimiento de las recomendaciones y lo que establece la legislación en favor de la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres”.

 

Durante la tercera mesa de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, la legisladora expresó que se realizará un marcaje directo a las autoridades competentes, a fin de que cumplan con sus responsabilidades. Anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Pleno, con el objetivo de solicitar información de los 424 municipios del país que están en Alerta de Género”.

 

Detalló que entre las actividades del consejo ciudadano se buscará realizar una ruta de trabajo que permita dar seguimiento a todos los casos de feminicidio y con ello alcanzar su reclamo de justicia. “Apoyaremos a las familias de las víctimas y solicitaremos a  las autoridades una respuesta inmediata”.

 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por exigir cuentas a las autoridades competentes, revisar el marco jurídico y que funcione la Alerta de Género. “Queremos un presupuesto para el próximo año que atienda claramente una política integral para combatir el feminicidio y violencia hacia las mujeres. Además, se privilegie la prevención de las agresiones”.

 

Reiteró su compromiso social, legislativo y humano para que las propuestas presentadas por los familiares de las víctimas dirijan la ruta de trabajo para adecuar las leyes en la materia.

 

Subrayó la necesidad de un Estado de derecho y un sistema de justicia pronta y expedita que no existe, para atender a las mujeres víctimas. “Son historias de dolor que requieren atención inmediata y empatía de todos”. 

 

Reconoció el trabajo realizado por las asociaciones de la sociedad civil para construir una comunidad que asuma su responsabilidad y que las autoridades cumplan cabalmente sus responsabilidades.

 

La diputada del PES, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, sostuvo que el feminicidio es un delito de gran impacto y genera alarma colectiva que perjudica el tejido social. Propuso fortalecer las políticas públicas para prevenirlo, son pieza fundamental para combatirlo, porque agravia a víctimas y familias.

 

Las mujeres dejan a sus hijos desprotegidos y el Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral, así como una indemnización y las sentencias se garanticen conforme a derecho y que no se tuerzan. Llamó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales que protejan los derechos humanos de niñas y mujeres.

 

Externó el compromiso de los legisladores para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia. Destacó que combatir este flagelo exige vocación de servicio por parte de los servidores públicos, ya que la justicia es para todos en igualdad.

 

Al participar, Cynthia Galicia Mendoza, defensora de derechos humanos y consultora, se pronunció por contar con mecanismos contra la violencia que sirvan y que permitan la aplicación de una política pública nacional “que ya está en la ley, la cual crearon las diputadas en la LIX Legislatura, está como un derecho ganado que no se ha aplicado”.

 

Manifestó la importancia de contar con presupuestos para poder aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “donde hay un mapa de acciones del Estado que no ha cumplido, que producen impunidad y que hablan de evitar los feminicidios, las violaciones, la prostitución, la explotación y el hostigamiento sexual”.

 

Pablo Vázquez, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que la problemática de los feminicidios está vinculado a la delincuencia organizada y a las omisiones de las autoridades. "No está desvinculada de los conflictos generados por la delincuencia organizada, ni de las omisiones de la autoridad”.

 

Consideró que para combatir los feminicidios es necesario resolver primero el problema de la impunidad.

 

Destacó la importancia de contar con datos que permitan visibilizar el problema, de la violencia y los feminicidios. “Ese es el reto para las autoridades y lo tenemos muy presente desde las áreas de prevención y de seguridad. Tenemos muy presentes las cosas que hay que hacer y esperamos hacerlas de la mano con ustedes”.

 

En este sentido, señaló que hay una tendencia a querer construir soluciones estándar para todo el país desde la Ciudad de México, “es algo que debe modificarse y para lo que les pediremos su apoyo”, indicó.

 

De la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz para Mujeres, Lucero Cirse López  Riofrio, dijo que es fundamental generar y reconocer el contexto, lugar y espacio en donde las mujeres caminan, trabajan y donde están siendo asesinadas, porque así se reconocerían como ciudadanas y no sólo como víctimas.

 

Agregó que Michoacán tiene 14 municipios con Alerta de Violencia de Género. Es importante señalar que muchas mujeres asesinadas habían denunciado la violencia en sus localidades e instancias y se hizo caso omiso, existen más de 200 casos de mujeres asesinadas con armas de fuego.

 

“En 2018, en cinco municipios de Guanajuato hay 42 muertas con características de ejecución, pareciera que están dentro del crimen organizado y no es así, porque se escucha el discurso que participaban en narcotráfico y esto no es así”; es importante realizar un análisis de estos contextos porque ninguna fiscalía nacional o estatal lo ha realizado, enfatizó.

 

Asimismo, expresó que no hay una política pública respecto a la violencia en espacios públicos, y éstos siguen siendo un lugar en donde se puede agredir, asesinar o secuestrar. “Hay un vacío de acceso a la justicia. Consideramos que en las fiscalías tiene que haber una coordinación con las direcciones de seguridad pública para fortalecer los procesos de investigación y litigación”.

 

Es necesario, agregó, realizar estadísticas por sexo, porque no es posible que se sigan publicando documentos en los que no se puede saber cuántos homicidios son de mujeres o en qué etapa van. “Es necesario replantear la Guardia Nacional en ese contexto”.

 

• El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones en este periodo de sesiones.
 
En conferencia de prensa, la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, anunció la intención de reiniciar las mesas técnicas para analizar y enriquecer la propuesta ciudadana que busca expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
 
“El objetivo de esta iniciativa es trabajar de la mano -en un parlamento abierto- con todos los ciudadanos involucrados, para que sea una iniciativa que ninguna comisión de este Legislativo pueda objetar, y pueda ser aprobada sin ningún problema ante las comisiones y ante el Pleno. Hay interés de todos los involucrados, tanto del Gobierno Federal como de las organizaciones”, aseguró.
 
Barrera Badillo explicó que la iniciativa fue redactada por la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), el Comité Cerezo México y el Colectivo Infrarrealismo Jurídico; y suscrita por 117 organizaciones y más de 80 personas, misma que ya fue analizada en 6 mesas técnicas previas.
 
“El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones antes del actual cierre del periodo de sesiones. Coincidimos con las organizaciones aquí presentes, que es necesario que por parte de las comisiones se continúen generando las condiciones idóneas para lleva a cabo una discusión amplia, profunda e incluyente”, agregó.
 
Rocío Barrera comentó que se impulsa el proyecto con la finalidad de solventar las insuficiencias del actual mecanismo federal, que abone a la creación de una política integral de protección, y considere los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
 
“Es un documento base que busca la retroalimentación para lograr una ley general adecuada e idónea a las necesidades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, atendiendo los particulares de cada gremio”, aseveró.
 
La legisladora estuvo acompañada de defensores de derechos humanos, como Alejandro Cerezo de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh); Quetzalcoatl Fontanot de Red TDT; Pascual de Jesús González del Movimiento Unificador de Lucha Triki (Mult); Andrea González Cornejo, Colectiva Feminista Interseccional y Ramón Landaverde Salinas del Colectivo Infrarrealismo Jurídico. 
 
Los representantes de la sociedad civil, coincidieron en la urgencia de aprobar un instrumento jurídico sólido en esta materia, a fin de garantizar de manera explícita el derecho a defender los derechos humanos, evitar la criminalización de los defensores de derechos humanos y terminar con la opacidad que hay en el manejo de los recursos destinados a este propósito.
 
En su oportunidad, Alejandro Cerezo informó que las mesas se llevarán a cabo los días 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25, 27 de marzo, 1, 5, 22 y 26 de abril, iniciando a las 17 horas en la Cámara de Diputados.
• El diputado de Morena también pidió trabajar cuanto antes en las 4 leyes reglamentarias que deberán quedar listas a más tardar en 90 días.
 
La Guardia Nacional será una de las herramientas que utilice el Gobierno federal para establecer una política de largo aliento en el combate a la inseguridad pública, con apego irrestricto a los derechos humanos y la actuación regulada en la Carta Magna de las Fuerzas Armadas en esas tareas, por ello el diputado Mario Delgado Carrillo exhortó a los congresos locales a aprobar a la brevedad esta reforma constitucional para hacer realidad este nuevo cuerpo policial.
 
No obstante, de encontrarse en espera que por lo menos 17 congresos estatales aprueben la reforma en materia de Guardia Nacional, el diputado de Morena pidió trabajar cuanto antes en las 4 leyes reglamentarias que deberán quedar listas a más tardar en 90 días.
 
Enumeró las leyes que deberán ser aprobadas para darle viabilidad y reglamentación a la Guardia Nacional: Ley de la Guardia Nacional, Ley Sobre el Uso de la Fuerza, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
 
“Estamos listos para trabajar a la brevedad en la elaboración de estas leyes, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera abierta, como lo hemos hecho a través del parlamento abierto”, adelantó el diputado de Morena, quien mencionó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del  Congreso, del gobierno federal, especialistas, académicos y de la sociedad civil, en la construcción de estos instrumentos legales.
 
Mario Delgado comentó que en el caso de la Ley de la Guardia Nacional, debe quedar lista en 60 días, y es de gran importancia ya que en ella se establece lo concerniente a la estructura jerárquica; regímenes de disciplina, delitos y sanciones; responsabilidades y servicios; ascensos; prestaciones; ingreso; educación; capacitación; profesionalización, y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.
 
Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Mario Delgado comentó que se deberán incorporar, entre otras cosas, las características del Registro y los principios que rigen su conformación; el momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento detención; el tratamiento de los datos personales del detenido.
 
En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90 días) dijo que se establecerá la finalidad y el alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, y la sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
 
Mientras tanto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública servirá para fijar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, y la regulación del sistema nacional de información en seguridad pública.
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política recalcó que la Guardia Nacional es una institución Federal que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, su actuación se regirá bajo las condiciones, límites y contrapesos que establece la Constitución y las leyes.
 
No obstante, esta herramienta es una parte solamente de la estrategia de seguridad y paz que implementará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan acciones como la aplicación de programas para atender las causas sociales que desataron la violencia.
 
Por lo tanto, el desafío es recobrar no sólo la tranquilidad de los ciudadanos sino de recuperar y construir la confianza en una institución policial altamente especializada como lo será la Guardia Nacional, aprovechando el reconocimiento de 7 de cada 10 mexicanos en la labor que las fuerzas armadas han desplegado en esta materia.
 
Acompañado a estas acciones están los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, subsidios para dinamizar el campo mexicano y generar valor agregado en muchas regiones que hoy están tomadas por la delincuencia, así como un plan integral para erradicar la corrupción y construir un verdadero Estado de derecho.
 
 

En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local. 

De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.

Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.

        Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última. 

        Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”. 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales. 

Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación  a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.

Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos.

En el ámbito  federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de  contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales. 

Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas. 

Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la impartición real de justicia de manera ágil y legítima. 

Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, mediación y toda la publicidad. 

        Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles y aporta tecnologías inimaginables.

        Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la cual es rápida y efectiva”. 

        El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”. 

         Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS  y del ISSSTE.

         Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”. 

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de asuntos que se encuentran en proceso. “ 

Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”. 

Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un plazo perentorio  de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el pleno respeto a los derechos de los trabajadores”. 

        Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por ciento del presupuesto destinado a la entidad.

Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de los asuntos en el país

En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16  a 18, en el caso de Europa son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces. 

        En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados  expresaron su inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal. 

        Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque debe considerar la democracia sindical. 

        De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el carácter social de este derecho.

 

• La Cámara de Diputados se sumará al consenso que existe sobre la minuta para aprobarla en sus términos y que pueda integrarse a la brevedad un cuerpo que dé respuesta al problema de inseguridad.
 
El diputado Mario Delgado Carrillo adelantó que planteará la dispensa de trámites a la minuta que envió el Senado en materia de Guardia Nacional, a fin de que se pueda aprobar de forma expedita entre todos los grupos parlamentarios y darle ya al Poder Ejecutivo la posibilidad de tener una institución con alcance nacional, preparación, organización y equipamiento suficiente para enfrentar el fenómeno delincuencial.
 
El coordinador de Morena en San Lázaro informó que desde el viernes la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló un dictamen donde se respetan los términos en los que llegó la minuta del Senado de la República.
 
En ese sentido, anunció que el lunes, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, planteará a los coordinadores parlamentarios dispensar trámites para que el martes pase al pleno el dictamen que ya distribuyó la Comisión para que se le pueda dar primera lectura y en la sesión del jueves sea votado.
 
Mario Delgado consideró que es muy importante el mensaje que manda el Senado de la República al aprobar esta reforma por unanimidad, tras un trabajo político muy intenso y una negociación muy dura, así como la opinión positiva por parte del Gobierno y la sociedad civil.
 
“Ante las distintas opiniones de la sociedad civil, de los distintos grupos parlamentarios en el Senado y el Presidente de la República, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta que nos llega y queremos aprobarla en sus términos para que a la brevedad la Guardia Nacional pueda integrarse y pueda dar respuesta al problema de inseguridad”, expresó.
 
Delgado Carrillo reiteró la urgencia de contar con un cuerpo que haga frente al fenómeno delictivo y consideró relevante que haya una regulación en el marco constitucional para la actuación de las fuerzas armadas en lo que se forma la Guardia Nacional.
 
“El plan de paz y seguridad del Presidente va principalmente sobre las causas, atacar las causas que están generando la enorme ola de violencia, de criminalidad, la falta de oportunidades, la falta de crecimiento económico, el abandono al campo, la falta de oportunidades para los jóvenes, ese es los problemas que ataca el plan de seguridad principalmente”, dijo.
 
Destacó que además de que se apruebe la Guardia Nacional, ahora el Presidente ya cuenta con elementos para enriquecer su plan de seguridad y pacificación del país.
 
En esto destacó la aprobación de las reformas al Artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General y la reforma constitucional en materia de extinción de dominio sobre corrupción o robo de combustible.
 
 
 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada  María Marivel Solís Barrera (Morena), inició el análisis de una nueva ley en la materia; para ello, se reunió con Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, quien sugirió que este ordenamiento jurídico contemple la participación del sector privado.

En el marco de la conferencia magistral “Evolución de la I+D+i en el país Vasco como modelo de vertebración entre los agentes de I+D+i y el sector privado, productivo y de servicios. Hacia una investigación competitiva con impacto socioeconómico positivo. Lecciones aprendidas”, impartida por Asier Maiztegi, la legisladora refirió que se llevarán a cabo diversos  encuentros con especialistas en el tema. 

Resaltó la necesidad de contar con un diagnóstico nacional e internacional que muestre los indicadores para evaluar la evolución de la investigación e innovación tecnológica, así como la importancia de la vinculación con el sector productivo y los programas de apoyo en este ramo.

Solís Barrera consideró que las opiniones y aportaciones de científicos, tecnólogos, empresarios y público en general, enriquecerán la propuesta sobre la Ley de Ciencia y Tecnología, que se encuentra en la colegisladora, “pero que estamos impulsando desde aquí”. 

La legislación debe apoyar programas nacionales e impulsar la cultura de la innovación en México, que invierta tanto el sector público como el privado y articular todos los sectores: legisladores, gobiernos estatales, instituciones de educación, empresarial y financiero “para trabajar conjuntamente y enfocar los esfuerzos en que México sea competitivo”. 

En su participación, Asier Maiztegi, director de Tecnalía Norteamérica, indicó que en México debe haber homogeneidad en el avance tecnológico de las entidades federativas y que la distribución de los recursos a este sector sea constante y no se vea afectado por el cambio de administración. 

Recomendó que para lograr destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología se tiene que generar un mecanismo, que incluya la participación del sector privado, es decir, se incentive a las empresas que colaboren en la innovación e investigación. 

Para generar una ley en materia de ciencia y tecnología, la premisa principal tendrá que ser el aumento a la inversión, investigación y desarrollo de la innovación, pues esto permitirá aumentar los beneficios de la sociedad. 

Apuntó que en el caso del esquema europeo se busca que exista un volumen de inversión para la ciencia y tecnología del tres por ciento, lo cual no sólo ha permitido la descarbonización de la economía, sino reducir la deserción escolar por debajo del diez por ciento y que el 40 por ciento de la población tenga estudios superiores.

• La presidenta de la Comisión, Marivel Solís, explicó que buscan integrar estos elementos en las modificaciones de la reforma educativa, para que se reconozca plenamente.
 
La diputada Marivel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que los integrantes trabajan en reformas para que se incluya en el texto de la Constitución el derecho de los mexicanos al goce y disfrute del progreso científico y tecnológico.
 
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que se promueven modificaciones para integrar el tema de la ciencia, tecnología e innovación como Política de Estado, y quede reconocida en los textos de la Reforma Educativa que se está impulsando desde las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación.
 
En conferencia de prensa con integrantes de la comisión que encabeza, la diputada puntualizó que “en conjunto con todos los diputados, trabajamos una propuesta de iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que responda a la nueva realidad que vivimos en el sector en México”. 
 
Agregó que, en las audiencias públicas pasadas sobre la reforma educativa, se presentaron estas propuestas y que en próximas fechas se estará presentando para su discusión.
 
Solís Barrera manifestó desde este espacio su compromiso por el desarrollo del sector científico, tecnológico y de innovación del país, y subrayó que continuarán trabajando en contribuir en el marco de las facultades como Poder Legislativo, para adecuar el marco normativo que permita coadyuvar en el progreso y desarrollo.
 
En este sentido también informó que están definiendo un grupo de reformas relativas a compras en el sector público, el propósito sostuvo, es incentivar las compras de gobierno, de productos y servicios de empresas mexicanas que tengan desarrollos tecnológicos e innovación.
 
La diputada por Hidalgo señaló que la comisión que preside recibirá con apertura todas las iniciativas y propuestas de reforma de ley que sean turnadas por los procedimientos parlamentarios formales y las analizará, discutirá, dictaminará, y en su caso aprobará, con total independencia, apertura y transparencia.
 
Asimismo, subrayó que, con visión republicana, profesionalismo y absoluto respeto de la pluralidad política, ideológica y científica, y poniendo en práctica los mecanismos de parlamento abierto, se organizarán foros de expertos y audiencias públicas para recoger todas las voces de los distintos sectores del ecosistema científico, tecnológico y de innovación.
 
Solís Barrera hizo una invitación al conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llevará a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo miércoles 6 de marzo y miércoles 13 de marzo.
 
Informó que en dicho conversatorio se abordarán los siguientes temas: el marco jurídico y diseño institucional; el sector industrial como promotor de desarrollo basado en ciencia, tecnología e innovación; centros públicos de investigación; financiamiento público y privado para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional; desarrollo local y regional basados en ciencia, tecnología e innovación; educación y recursos humanos para la ciencia y la tecnología; la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México; las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución de problemas nacionales.
 
Por su parte la diputada María Eugenia Hernández Pérez señaló que la ley en la materia debe de ser un documento vivo. Es decir, una herramienta que equilibre y retroalimente las lecciones aprendidas, siendo la capacidad de adaptarse a los cambios, una primordial necesidad en este nuevo milenio. 
 
“La Ley de Ciencia y Tecnología merece un análisis a profundidad para aprovechar la experiencia ganada en los últimos años y poder dictaminar qué parte de la misma nos han acercado más hacia un crecimiento científico”, precisó
 
Por su parte la diputada Alejandra Pani Barragán señaló que el país atraviesa momentos complicados, derivados principalmente por el abandono que los últimos sexenios se han registrado de este sector estratégico, “por ello, tenemos la obligación de impulsar desde la Comisión, el marco jurídico adecuado para hacer del sector científico, tecnológico y de innovación, verdaderas palancas para el desarrollo económico y bienestar social de nuestro país”.
 
En tanto, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, consideró que la propuesta de expandir las fronteras del conocimiento debe repercutir directamente en el beneficio de la sociedad y de las poblaciones más vulneradas, por lo que es importante incentivar el papel de la mujer y de la niña en la ciencia y apoyar el sector en todo momento.

En la sesión, los diputados Luz Estefanía Rosas Martínez, Héctor Serrano Cortés, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Carlos Torres Piña, José Ricardo Gallardo Cardona, Javier Salinas Narváez y Emmanuel Reyes Carmona, informaron que dejan de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

        A su vez, la diputada Carolina García Aguilar también comunicó que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para declararse sin partido.

 

Minuto de silencio por policías caídos en Chiapas

 

        El Pleno cameral guardó un minuto de silencio en memoria de los policías caídos en el cumplimiento de sus funciones, en Tapachula, Chiapas.

 

        Desde su curul, el diputado José Luis Elorza Flores (Morena) pidió reconocer a quienes el martes 19 de febrero, en dicho municipio cumplían con su deber: “Podríamos guardar un minuto de silencio en memoria de estos policías y de sus familias”.

 

Comunicaciones

 

        Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral dio cuenta del Informe Anual de Resultados de Gestión correspondiente al periodo 2018. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

 

        La Universidad Popular de la Chontalpa, con sede en Cárdenas, Tabasco, remitió el Informe de Resultados de la Auditoría Externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre de 2018. Fue enviado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

        La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano notificó que durante el periodo presupuestal 2018, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

 

        La Secretaría de Gobernación remitió el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2018. Fue canalizada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

        Además, dio contestación a una proposición avalada por la Comisión Permanente, para promover diversas alternativas con perspectivas de derechos humanos a favor de los migrantes centroamericanos.

 

        La Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al almacenaje, distribución y uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional.

 

        Los diputados del PRI, Fernando Galindo Favela y María Sara Rocha Medina; de Morena, Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Carmen Medel Palma; Arturo Escobar y Vega (PVEM), y Josefina Salazar Báez (PAN), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y puntos de acuerdo que habían presentado.

  • Participa desde tribuna abogada de la Huasteca hidalguense: señala que ninguna lengua indígena debe desaparecer; pidió fortalecerlas

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) y de la celebración del 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Cámara de Diputados inició las participaciones semanales en tribuna de una persona hablante de lengua originaria. 

        Este jueves hizo uso de la palabra Magdalena Flores de la Cruz, abogada náhuatl que ha dedicado gran parte de su vida a defender a la población originaria del país. 

        El presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, refirió que esta participación es en términos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por el Pleno el pasado 6 de febrero. 

        Al expresarse en náhuatl, Magdalena Flores dijo que nació en la Huasteca –Hidalgo- y llamó a que ninguna lengua originaria de México desaparezca. “Debemos ayudar y contribuir con la no desaparición de culturas, de la cual derivan las lenguas”. 

        Indicó que es de suma importancia que todas y todos ayudemos a fortalecer las lenguas indígenas, debido a su gran conocimiento y transcendental valor, lo cual ayudará a convivir sanamente, en armonía, a cuidarnos y respetarnos. 

        Mencionó que las lenguas originarias no se deben olvidar, sino fortalecerse, darse a conocer, practicarse, implantarse en nuestras casas, comunidades, pueblos, ciudades, país, escuelas, caminos y trabajo. Es necesario, dijo, que los practiquemos: bebés, niñas, niños, señoritas, jóvenes, señoras y señores, personas de la tercera edad, con raíces en los pueblos y quienes no las tienen. 

        “Si eres médico, si ayudas, si eres profesor, profesionista, si practicas deporte, si vendes, si eres empresario, sea el que sea el trabajo que desempeñes, estás invitada e invitado a que aprendas una lengua originaria de México, poco a poco lo comprenderás. Y si aún no lo aprendes o no lo hablas y se requiere apoyar a una persona de un pueblo originario que no hable tu lengua, solicita un intérprete o traductor que conozca su lengua y su cultura”, expuso. 

        Llamó a las máximas autoridades y líderes a que ayuden en lo necesario para que se lleve a cabo, que realmente se respete, se designen recursos y presupuestos, se apoye económicamente  y se difunda en todos los medios masivos de comunicación. 

        Magdalena Flores consideró –de acuerdo con el discurso publicado en la Gaceta Parlamentaria con traducción en español- fundamental compartir y enseñar lengua y cultura originaria de México en todo el país.

        “A todas las personas que en los hechos llevan a cabo estos trabajos de difusión, promoción, enseñanza, a quienes lo practican, pedimos a ustedes que se les respete y se haga respetar, no se les discrimine, se les apoye económicamente, pues es un trabajo noble y debe ser bien remunerado. Es un derecho que debe ser garantizado en todo momento, pues así están en las normas internacionales, nacionales y locales”. 

        Desde su curul, la diputada de Morena, María Isabel Alfaro Morales, externó su orgullo por la presencia de Magdalena Flores en esta Cámara. Sin embargo, lamentó que México, al igual que otras naciones, enfrenta el gran problema de discriminación en cualquiera de sus ramas. Pidió fomentar la aceptación y la no discriminación a los semejantes, así como crear conciencia de la importancia que tiene el apoyo mutuo como sociedad. 

        “Mi más sincero reconocimiento a Alfonso Cuarón porque supo ver la invaluable belleza que se tiene en las comunidades indígenas y escoger el perfil de la mujer mexicana, trabajadora, bella, honorable, comprometida y sincera. Un aplauso a Yalitza Aparicio por enaltecer la original belleza nacional y demostrar que con esfuerzo, compromiso y dedicación se puede llegar muy alto”, afirmó. 

        Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado del PRI, hizo un reconocimiento a quien tuvo esta iniciativa y al presidente de la Jucopo. “Estos temas nos unen y deben hacerse más; todavía nos  falta mucho para evitar la discriminación, pero el hecho de que hoy esté Magdalena Flores es algo que se debe de reconocer”.

 

La Comisión de Seguridad Social, presidida por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, aprobó dictámenes para reformar las leyes en la materia, respecto a brindar servicio de guardería a los hijos de padres trabajadores y eliminar el requisito de seis meses de matrimonio para recibir la pensión por viudez.  

 

        El primer dictamen modifica los artículos 201 y 205 de la Ley de Seguridad Social, para  establecer que el ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

 

        Asimismo, que las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

 

        El documento, avalado en reunión de trabajo, señala que, aunque el servicio de guardería fue integrado a la Ley del Seguro Social para que la mujer pudiera acceder con facilidad a la vida económica y laboral, en la actualidad, los roles del cuidado y desarrollo del menor no son tarea exclusiva de ellas, por lo cual la negativa de servicio a los trabajadores varones, viola el derecho a la seguridad social y los derechos del niño e interés superior de éste.

 

        Resalta la  discriminación que sufren los varones trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social y sus menores hijas e hijos por no contar con el servicio de guardería para la primera infancia tan necesaria para su óptimo desarrollo.

 

        Subraya que la ley, al restringir el derecho al servicio de instancias infantiles o guardería por condición de género, violenta los derechos de la niñez y el interés superior de niñas y niños, así como la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias.

 

        El otro dictamen, deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para eliminar el requisito de tener seis meses de matrimonio para tener derecho a la pensión de viudez.

 

        Del mismo modo, derogar la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a que el cónyugue no tenga derecho a la pensión, cuando la muerte del trabajador  acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio.

 

        El dictamen indica que la reforma pretende dejar sin efectos una

disposición notoriamente inconstitucional, la cual transgrede los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

        Además, destaca, que de prevalecer el texto vigente de dichos artículos, se deja a los beneficiarios de este derecho en estado de indefensión, pues no todos tienen el conocimiento o los medios para inconformarse con estricto apego al contenido de la citada jurisprudencia.

 

        La presidenta de la Comisión también informó que en conmemoración de la Semana Nacional de Seguridad Social 2019, a celebrarse del 22 al 26 de abril, se llevarán a cabo una serie de actividades como foros y habrá módulos del IMSS, ISSSTE y Consar  en la Cámara de Diputados, con el objetivo de brindar asesorías de los servicios y prestaciones que estas instituciones proporcionan. También comunicó que las diputadas y diputados realizarán visitas a hospitales.

 

  • A partir de mañana, cada semana, una persona nativa hará uso de la tribuna de la Cámara de Diputados y hablará en su lengua original

 

  • Importante, que participen representantes de los 68 pueblos indígenas del país: Mario Delgado

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó que “estamos obligados a modificar la Constitución federal, para reconocer a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés social”.

 

Aseguró que visibilizar a los pueblos indígenas es fundamental, al igual que respetar su identidad y desarrollo colectivo. Además, podrían recibir más beneficios de aplicarse los convenios internacionales.

 

Durante una conferencia sobre el acuerdo del pleno por el que se determinó que, a partir del 21 de febrero, cada semana, una persona originaria hará uso de la tribuna y hablará en su lengua nativa, con motivo de la celebración del Año de las Lenguas Indígenas, Muñoz Ledo resaltó que la Constitución de la Ciudad de México es la única que asienta que las poblaciones autóctonas son sujetos de derecho público, lo que les da las bases para que las comunidades sean autónomas.

 

Añadió que dos temas importantes son los grandes pendientes: el Estado mexicano firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero tiene resistencia sobre el tema de las tierras, territorios, recursos, y también respecto de las autonomías.

 

“Yo deseo lo mejor por la lengua y por la cultura. Ojalá en la práctica y en la realidad reconozcamos nuestro bagaje cultural”, subrayó el diputado Muñoz Ledo.

 

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas; además, el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna.

 

Por ello, resaltó la importancia de que representantes de los 68 pueblos indígenas del país puedan hablar en su lengua nativa desde la tribuna del Pleno. “Es por eso que tomamos el acuerdo de que eso empiece a partir de mañana”.

 

Explicó que el presidente de la Cámara abrirá la sesión y otorgará la palabra al invitado o invitada correspondiente, hasta por cinco minutos. “Su intervención no podrá ser interrumpida y, además, será traducida y publicada en la Gaceta Parlamentaria”.

 

Delgado Carrillo reconoció “el decidido apoyo de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para llevar a cabo esta actividad durante todo 2019. Va a ser algo único, histórico y nos sentiremos todas y todos muy orgullosos de que nuestro país tenga esa riqueza cultural y que pueda ser expuesta y reconocida aquí en la casa de todos”.

 

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, resaltó el acuerdo impulsado por la Junta de Coordinación Política, en virtud de que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, porque se está perdiendo un gran número de lenguas.

 

Comentó que “según las estadísticas, cada dos semanas estamos perdiendo o está desapareciendo una de nuestras lenguas como patrimonio cultural e intelectual”.

 

Anunció que se trabaja en integrar un sitio donde se tendrá registro de lenguas indígenas. “Será una plataforma en la que preservaremos audios, escritos y más del maravilloso legado de nuestras comunidades indígenas, a fin de recuperar las lenguas”.

 

Indicó que dicha plataforma se diseña con la Secretaría de Cultura, la Comisión de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

 

“La idea es tener o crear una biblioteca nacional de lenguas indígenas con audios y escritos digitalizados. Al mismo tiempo, poder integrar una biblioteca nacional de música, por época y por género”, abundó.

 

Por otro lado, Mayer Bretón agregó que ya se invitó a Yalitza Aparicio y al director Alfonso Cuarón para que, a través de Cámara de Diputados, se haga un reconocimiento al gran trabajo que están haciendo. “Esto se hará de la mano de la Comisión de Asuntos Indígenas”.

 

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que México es rico en diversidad cultural y eso lo hace un país fuerte.  Existen 68 lenguas con sus variantes; es decir, somos una nación compleja, por eso hay que visibilizar, conocer y reconocer esa variedad, pero no como un elemento de exclusión, sino como uno de fuerza.

 

Dijo que uno de los mayores desafíos es que ninguna lengua desaparezca. “Hay 31 lenguas en riesgo de desaparecer y tenemos que salvaguardarlas”.

 

Indicó que mañana 21 de febrero, por primera vez en nuestro país, una abogada intérprete, traductora y docente, Magdalena Flores de la Cruz, originaria de Huautla, Hidalgo, tendrá el privilegio de dirigirse al Pleno en su lengua originaria, el náhuatl.

 

Agregó que el náhuatl es una de las lenguas que más se hablan, junto con el maya. “La oradora se ha desempeñado en el ámbito de la procuración de justicia; por eso, es importante que ella sea la primera”.

 

Resaltó que los derechos lingüísticos se han conquistado en el ámbito legislativo; es importante que las acciones como la que inicia mañana sea algo que se convierta en política permanente. Aseguró que se sientan las bases de una nueva política que atenderá este tema, gracias a la voluntad de todas las instituciones que conforman la Secretaría de Cultura”.

 

Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, resaltó que Magdalena Flores es una abogada náhuatl que ha dedicado gran parte de su vida a defender a población originaria en nuestro país, donde la mayoría de los que están en las cárceles, es porque no pueden pagar la justicia. “Ella se ha dedicado a defender a integrantes de pueblos indígenas que están encarcelados”.

 

Consideró que será un acto histórico. “Es maravilloso que ocurra en 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y que comience exactamente en la sesión de mañana 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna”.

 

Añadió que existen muchos libros en lenguas indígenas mexicanas, aunque también es cierto que hay una distribución que no se ha completado, ni tampoco se completa el círculo con lectores.

  • El tráfico de personas, de órganos, la prostitución y el trabajo forzado atentan contra la humanidad

 

  • Es otra forma de violencia de género que afecta principalmente a las niñas

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, aseguró que con la Reforma al artículo 19 de la Constitución se logrará erradicar la trata de personas.

 

Al clausurar el Foro México 2019: Un Cambio para Aprender, subrayó que está incluido en el artículo 19 la trata de personas como delito con prisión preventiva oficiosa y nueve delitos adicionales; ante líderes internacionales de derechos humanos, Delgado Carrillo sostuvo que caminarán junto con ellos para erradicar este grave delito en nuestro país.

 

Por su parte, la diputada Dolores Padierna reconoció que se ha realizado una gran estrategia para que los grandes tratantes que se han librado de la ley por corrupción y por sus influencias, no tengan más poder sobre las niñas y niños que por su vulnerabilidad caen en las redes.

 

Daremos todo el apoyo a la ley general para prevenir los delitos en materia de trata de personas.

 

Por su parte, la diputada Anita Sánchez Castro sostuvo que la Cámara está abierta para apoyar temas como trata de personas, legislación incluida dentro de las reformas presentadas que se les dará seguimiento y acompañamiento.

 

Mientras que la diputada Carmen Julieta Macías Rábago (MC) subrayó que serán aliados de esta gran la lucha, “este terrible delito le duele a México”, por lo que continuarán apoyando todas las propuestas que en la materia se lleven a cabo desde todos los niveles.

 

El diputado Javier Hidalgo Ponce (Morena) aseguró que desde esta trinchera seguirá la lucha contra la corrupción y aplaudió el proceso distinto del parlamento abierto para escuchar todas las voces y caminar de la mano para eliminar este flagelo.

 

Durante su participación en el foro, la diputada María Esther Mejía Cruz, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social (Morena), reveló cifras de la Organización Internacional del Trabajo, quien considera que sólo hasta 2016 existían más de 40 millones de personas sometidas a trata, 24.9 millones de ellas con trabajos forzosos y 15 millones en matrimonio forzado; de esas 16 millones fueron explotadas en el sector privado, en el trabajo doméstico, en la industria de la construcción; 4.8 millones fueron víctimas de la explotación sexual forzosa y 4 millones más víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado.

 

Es por eso, dijo, que la trata de personas es otra forma de violencia de género que afecta principalmente a las niñas, las cuales constituyen 99 por ciento de las víctimas que se localizan en la industria sexual comercial y, otro 58 por ciento, se localiza en la violencia intrafamiliar, las relaciones de dominación y subordinación “son temas delicados que nos lastiman mucho como país”, subrayó.

 

En su oportunidad la diputada Mariana Domínguez Mier y Terán (PRI) se comprometió a seguir luchando en contra de este grave mal que lacera a nuestra sociedad.

 

Por su parte, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) reiteró que no debe haber discriminación en este país; la trata de personas es una forma de discriminación, asunto que debe ser erradicado en su totalidad.

 

La secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, reconocieron que en el caso de la trata de personas lo más importante es la prevención.

 

El primer contacto, con la víctima es muy importante, dijo Maribel Cervantes: “Es necesario que la gente recupere la confianza en la autoridad”.

 

Por su parte, Orta Martínez  reconoció que está en proceso la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad; explicó que se llevan a cabo diversos mecanismos que marcan una normatividad como el apoyo psicológico, médico, de transporte y alojamiento entre otros. Porque la Secretaría, dijo el funcionario, tiene la responsabilidad de atender a las víctimas: “Incrementaremos nuestra eficiencia para prevenir el delito y disminuiremos la impunidad a través de la procuración de justicia”.

 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Miguel Ángel Aguilar y la magistrada Leticia Rocha manifestaron la importancia que tiene el poder judicial para adoptar medidas eficaces y poner fin al trabajo forzado que lacera a la humanidad. “Transgrede los derechos de las personas como es la dignidad humana”.

 

Es necesario, subrayaron, asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados.

 

Mientras que la subprocuradora de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montealegre, explicó que México tiene un amplia gama de atención, cuidado y protección para la reinserción de las víctimas de trata de personas; no obstante en la Ciudad de México; “tenemos en el área de la investigación el Refugio para Víctimas para trata de personas en donde se les da una atención especial, en el cual proporcionamos atención de máxima seguridad, tiene por objeto brindar servicios de protección, de seguridad dado el esquema de explotación en que se encuentran”.

 

Jessica Garza, procuradora de protección integral de niños, niñas y adolescentes, explicó que en el caso de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes se ha logrado un avance a través de la legislación que van de la mano con los tratados internacionales para determinar medidas especiales de protección para su empoderamiento y su reinserción a la sociedad.

 

En su oportunidad en el Foro: “México 2019 Un camino para Aprender”, Rosi Orozco, defensora de los derechos humanos e integrante de la Red Global de Desarrollo Sustentable, reconoció que durante seis años personas en la Cámara de Diputados han intentado retroceder la lucha por erradicar este grave mal que es la trata de personas y que los tratantes salgan de la cárcel.

 

Empero, dijo, no lo vamos a permitir, lo mejor que podemos hacer es implantar la Ley General para prevenir los delitos en materia de trata de personas.  Adelantó que en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Alejandro Encinas, se comprometió a apoyar a la sociedad civil participando y apoyando a las víctimas.

 

El obispo Marcelo Sánchez Orondo, fundador de la Red Global del Desarrollo Sostenible, condenó la trata de personas, dijo que las instituciones que hacen las leyes deben defender la dignidad humana y la paz, porque la trata atenta contra la dignidad humana, así como el tráfico de personas, tráfico de órganos, la prostitución y el trabajo forzado, un crimen contra la humanidad.

 

Raza Javar, emprendedor y filántropo confió en que para 2030 se logrará el compromiso de atacar el tráfico de personas y continuar trabajando para lograr el objetivo 8 de desarrollo sustentable de Naciones Unidas.

 

Los distintos líderes de derechos humanos, ONG e integrantes de la Red Global de Desarrollo Sustentable GSN (Global Sustainability Network) que participaron en este foro se comprometieron con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de las Naciones Unidas, en especial el 8.7 relativo al trabajo forzoso.

 

Sostuvieron que el objetivo de estos foros es poner fin a la esclavitud moderna en 2025.

 

Participaron también Rani Hong, de Ceo Freedom Seal; el empresario Alberto Kibrit, Rita Medallo Prince, Gina Diez Barroso, Patricia Prada, Benjamin Yu, Alma Tucker, Mariana Wenzel, Andy McCullough, Samantha Kinkaid, Marie-Chrsitine Nibagwine, Mariliana Morales y Virginia Ruiz.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales y General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, conformada por mil 675 auditorías, 9 mil 514 observaciones, 4 mil 446 recomendaciones y recuperación de 131 mil 9 millones de pesos, al 15 de enero pasado.

 

        El auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, destacó la inclusión de nuevos sujetos y objetos fiscalizables derivada de un análisis estratégico de denuncias, de información de la opinión pública y de la revisión de auditorías en proceso que ameritaban la incorporación de nuevas acciones, lo que enriquece la rendición de cuentas del país. Con ello, por primera vez se implementa un programa de Planeación Estratégica para la Cuenta Pública 2018.

 

Precisó que al revisar se encontraron que algunas dependencias nunca habían sido auditadas y, a pesar de la presión de la opinión pública, no se revisaban desde 2014.

 

El origen fue realizar cambios institucionales para reforzar la prevención de la auditoría gubernamental y ser efectivos en caso de encontrar actos de corrupción: el propósito es que la impunidad deje de ser una palabra en el diccionario fiscalizador.

       

Sobre los casos penales, Colmenares Páramo refirió a los diputados, que cuando los había, llegaban a la Procuraduría General de la República y se detenían. “Estamos en el proceso de desatorarlos con el nuevo fiscal. Trabajamos para sacar todo lo del pasado y lo que surja presentarlo conjuntamente, en tiempo real”.

 

Respecto a las denuncias penales que deriven de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, indicó que serán presentadas como lo dispone la ley, es decir, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto, toda vez que actualmente los entes están solventando las observaciones emitidas.

 

Es por ello que la institución lleva a cabo la integración de expedientes, elaboración de dictámenes técnicos y formulación de denuncias, tanto de las referidas a la Cuenta Pública 2017, como asuntos de ejercicios fiscales anteriores.

 

Subrayó que en los primeros meses de su gestión se han presentado 54 denuncias, derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y se analiza lo atrasado con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento, coadyuvar y presentar las denuncias de hechos, con el propósito de que se aporten evidencias sólidas e información incontrovertible que permita que las autoridades competentes impongan las sanciones debidas.

 

Con esta visión, indicó que la ASF presenta 653 informes individuales que, en conjunto con los 344 rendidos en junio y 678 en octubre pasado, suman un total de mil 675 auditorías en la Cuenta Pública 2017. Adicionalmente, se practicaron 4 auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores.

 

De ese total, explicó que mil 517 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y ocho evaluaciones de políticas públicas. Del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2017, el 67.4 por ciento, es decir, mil 129 son evaluaciones a entidades federativas y municipios.

 

Asimismo, se llevaron a cabo 483 auditorías al Poder Ejecutivo, seis al Poder Judicial, tres al Poder Legislativo y 16 a órganos autónomos. En suma los entes fiscalizados ascienden a 475.

 

Sobre el Gasto Federalizado Programable se practicaron 506 auditorías a las Aportaciones Federales, 162 a Convenios de Descentralización, 102 a Subsidios y 65 a otros rubros.

 

También se emprendieron 241 auditorías a la función de Desarrollo Económico, relacionado con el sector energético, comunicaciones y transportes, turismo y ciencia y tecnología; 130 a funciones de Gobierno, que incluye las finanzas públicas, seguridad nacional, relaciones exteriores, procuración de justicia y gobernación, y 109 a Desarrollo Social, en rubros como educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado.

 

Resaltó la inclusión de un capítulo específico que coadyuve al diseño y elaboración, por parte de la Cámara de Diputados, del dictamen sobre la Cuenta Pública 2017, para que la fiscalización, a partir de información sustantiva y datos confiables, se convierta en la referencia técnica principal que enriquezca el debate parlamentario.

 

Con ello, los legisladores encontrarán una serie de conclusiones sobre rubros auditados de carácter estratégico, como el número de revisiones practicadas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Pemex, CFE, infraestructura carretera y reconstrucción por desastres naturales.

 

Apuntó que por primera vez se auditó al Infonavit y el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, hay resultados relevantes en la revisión a las escuelas de tiempo completo, reforma educativa y energética, estancias infantiles, centro de atención inmediata para casos especiales,igualdad de género, Conade, Senasica, Pemex y CFE.

 

Colmenares Páramo informó que los resultados de la fiscalización se podrán consultar en una versión ciudadana simplificada y, a partir de hoy, a través de una aplicación para el celular (app) a fin de que se tenga acceso a la base de datos de la ASF.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, sostuvo que este informe es un instrumento fundamental para el Poder Legislativo y el reto que se plantea en el nuevo contexto de cambio político. “Es lo que pasará después de la semana del horror; es decir, cuando salen a la luz pública los grandes escándalos del mal uso de los recursos, de abuso, de desvío y despilfarro, se quedan en eso, pero después no pasa nada”.

 

        Destacó que este martes la Cámara aprobó una importante reforma que ahora avalarán los congresos estatales, en donde la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, ameritará prisión preventiva oficiosa.

 

        También, recordó, se avaló una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, en la cual se incorpora la corrupción. Además, se cuenta con un fiscal general autónomo y uno de anticorrupción.

 

        Delgado Carrillo mencionó que lo que se aprobó ayer, junto con la extinción de dominio, permite tener factores adicionales para una persecución eficaz contra la corrupción y que no haya impunidad. Que sí haya responsabilidad, se castigue la corrupción y se termine con el gran abuso que tanto daño le ha hecho al país.

 

        Celebró este encuentro y afirmó que se seguirá trabajando a efecto de que todo aquel que atente contra el patrimonio de los mexicanos tenga que seguir su proceso en prisión preventiva y, el Estado, a través de la extinción de dominio, recupere capitales que se hayan hecho al amparo de la corrupción.

 

        “Sin duda, el gran reto que tenemos como país es erradicar la corrupción. Vamos en el sentido de acabar con este delito, los fraudes electores, así como la impunidad y los privilegios.  Que las más de mil 220 promociones de responsabilidad administrativa que se nos entregó en octubre empiecen a convertirse en acciones que nos lleven a la sanción”, afirmó.

 

        El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), sostuvo que México vive tiempos de cambios, donde el combate a la corrupción ha iniciado de forma frontal bajo un Sistema Nacional, el cual va tomando forma y fortaleciéndose con reformas y la expedición de leyes secundarias.

 

        Indicó que la labor de la ASF es fundamental para impedir la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción en México. “Al mismo tiempo es un tema principal en la disertación pública y en la discusión nacional; por esta razón estamos reunidos hoy con la finalidad de dar debido cumplimiento a la ley”.

 

        La información que se nos presenta, abundó, es valiosa como parte de la rendición de cuentas del gobierno federal, el cual servirá para generar material importante en los trabajos legislativos de la comisión y la presente legislatura.

 

        Calificó de gran valor técnico el trabajo realizado por la ASF; aunque sus retos son mayores, de forma particular, a la importancia que está adquiriendo la fiscalización de la deuda  de las entidades federativas que se garantizan con participaciones federales. “En este rubro, el trabajo técnico de la Auditoría Superior será de gran valor para el Poder Legislativo”.

 

        Rodríguez Carrillo destacó el trabajo de la ASF por su ardua labor e indicó que los informes de hoy se agregan a los presentados en junio y octubre de 2018. La suma de ambas equivale a 62 por ciento del total de auditorías contempladas en el programa anual para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que a la fecha se amplió a mil 659 revisiones.

 

        Resaltó la importancia que tiene la ASF en el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, como un actor principal en materia de combate a la corrupción. “No hay duda que su participación abonará en beneficio de todos los ciudadanos y su compromiso por incentivar una coordinación efectiva para que los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización establezcan los cimientos para las y los trabajos de interacción de los órganos de auditoría gubernamental y así contribuir con un insumo de gran calado para hacer frente a las irregularidades en la gestión pública en México”.

 

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) afirmó que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior tienen la tarea de garantizar el adecuado desempeño en el ejercicio de la función pública. Por ello se fortalecerá la ley y las normas para que las auditorías financieras y de gestión cumplan su función preventiva y correctiva porque “la fiscalización debe regirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y pleno respeto a la autonomía técnica”.

 

Es obligación de todos los entes del gobierno garantizar la adecuada aplicación de recursos públicos. “Estamos llamados a dar resultados concretos, más allá de la visión de cada uno de nosotros, nos debe unir la responsabilidad común de vigilar los recursos que le pertenecen al pueblo de México. Que quede claro: se debe sancionar a quien haga mal uso del dinero del pueblo”.

 

        De la misma bancada, el diputado Humberto Pedrero Moreno comentó que esta comisión se ha puesto el reto de examinar el entramado constitucional de los estados para revisar sus auditorías y dar seguimiento a todo el tema jurídico.

 

        Manifestó que su grupo parlamentario estará al pendiente de los detalles de los grandes escándalos que se han hecho públicos, como es el caso de Odebrecht,  la Estafa Maestra, estancias infantiles y los nuevos que se deriven de este informe. 

 

Del PAN, la legisladora Josefina Salazar Báez puntualizó que el desempeño en el servicio público requiere guiarse bajo principios éticos y profesionales soportados en la cultura de transparencia y rendición de cuentas, por ello, “buscaremos construir y consolidar instituciones que combatan la corrupción. La revisión de esta cuenta pública la haremos con seriedad en las conclusiones y mecanismos de fiscalización; ésa es la convicción”.

 

Afirmó que el análisis de los documentos que corresponden al ejercicio 2017 adquiere relevancia si se consideran los enormes retos que representa el combate a la corrupción, porque su costo equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto de acuerdo con la OCDE. Ante esto, “los invito a trabajar en favor de la construcción de instituciones firmes que generen credibilidad y la confianza de los ciudadanos”.

 

El diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández, del PRI, dijo que su grupo parlamentario coadyuvará en la revisión y seguimiento a las observaciones y en las posibles responsabilidades que en su caso se determinen en la Cuenta Pública 2017, porque necesitamos avanzar en trasparencia y rendición de cuentas para el mejor ejercicio del gasto público.

 

“Con este acto de entrega se reconoce el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización de la cuenta pública comprende la revisión, gestión financiera de las entidades públicas respecto a los ingresos, gastos públicos y deuda pública y el manejo, custodia y aplicación de los recursos federales, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño del cumplimiento de objetivos de los programas federales”, subrayó.

 

        En tanto, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) refirió que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 señala que 14 de cada cien mexicanos sufrieron algún acto de corrupción. Asimismo, en la investigación de responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, se detectó que la sanción a esos actos es sólo a ocho de cada cien. Lo cual, dijo, se convierte en un espacio para la impunidad que no se ha podido revertir ni con las leyes ni buenas prácticas.

 

        “Hoy la gente quiere que el gobierno administre sus recursos, pero bien”. Se pronunció por ser coadyuvante del esfuerzo de la ASF y exigentes con los recursos para garantizar la profesionalización y capacitación de auditores.  

 

        Por su parte, el diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) consideró que se tiene un gran reto porque el pueblo de México “nos necesita hoy más que nunca a todas y todos los legisladores, auditores y directivos, y nos invita a ser eficientes y eficaces”.

 

        Convocó a que el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación y que llega al área de la justicia, a la Fiscalía, no quede ahí. “México nos necesita de verdad, despojémonos hoy de muchas cosas y atadismos y hagamos un sólo compromiso por el que estamos sirviendo a la nación, por una verdadera patria que está conformándose”.   

 

        El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) afirmó que una de las grandes demandas de los ciudadanos es acabar con la corrupción. No obstante los esfuerzos realizados en el Sistema Nacional Anticorrupción y las entidades federativas, México el año pasado cayó varios lugares en el Índice Internacional de Corrupción como uno de los países que se ven afectados por este flagelo. Por ello, dijo, debemos ser autocríticos sobre los aspectos que impiden obtener mayores resultados, pese a los esfuerzos que se realizan tanto por la ASF como por las auditorías de las entidades.

 

        Resaltó que el cambio político constituye un mandato para sociedad y poderes públicos, “en el sentido de un cambio que en verdad vaya al fondo para acabar con los desvíos de recursos públicos y actos de corrupción”. Estimó que no sólo se trata de un tema de problema punitivo, sino de conciencia social e institucional de lo que esta situación le ha representado al país durante muchos años. “Se requiere una acción integral que implique la participación de todas las entidades, instituciones involucradas, poderes públicos y un cambio de cultura en la sociedad”.    

  • Lograrlo requiere de renovar el orden jurídico 

El coordinador de la subcomisión de Transparencia y Anticorrupción de la Comisión de Puntos Constitucionales, Héctor Jiménez y Meneses (Morena) dijo que a fin de contribuir en la transformación del país y concretar los cambios que Estado y sociedad requieren y exigen, es necesario renovar el orden jurídico en materia de combate a la corrupción. 

Durante el foro “Análisis sobre iniciativas en materia de transparencia y anticorrupción”, el diputado afirmó que la exigencia social por alcanzar la plena democracia obliga a realizar un análisis minucioso y objetivo de las leyes en la materia que sirvan para equilibrar el ejercicio del poder público y el respeto de los derechos sociales. 

Recordó que en 1977, con la reforma constitucional al artículo 6º, iniciaron los cimientos en materia de transparencia; sin embargo,  la construcción del orden jurídico no ha logrado materializar sus objetivos en todos sus aspectos, por lo que resulta necesario continuar en esta ruta.

Mencionó que a la subcomisión se turnaron, para su análisis, iniciativas de reforma a los artículo 108, 109, 110 y 113 de la Constitución; del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,  presentadas en la LXIII legislatura en materia de que las personas y entidades que manejan fondos y recursos públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. 

También sobre las responsabilidades de las entidades por el hecho de corrupción y determinación oficiosa de afectación patrimonial, del sistema nacional anticorrupción y carácter vinculante de sus recomendaciones. 

Asimismo, respecto de la formación de un comité ciudadano para la supervisión del gasto público, recaudación de ingresos, prestación de servicios públicos, programas y acciones de gobierno, además en lo que se refiere a la actuación y desempeño de servidores públicos. 

Jiménez y Meneses estimó que el encuentro con especialistas es relevante porque sus aportaciones y conocimientos abonarán a tomar decisiones legislativas de manera objetiva y que contribuyan a la transformación de la nación. 

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el combate a la corrupción no es solamente tema académico, sino exigencia ciudadana y en esta LXIV Legislatura tendrá que estar a la altura de ese posicionamiento social.

“En la Comisión de Puntos Constitucionales hemos tomado la decisión, por convicción, de meternos a analizar las iniciativas, establecer todas y cada una de las conexiones posibles y abrir, como se está haciendo en el caso de la reforma al artículo 19 constitucional, en materia educativa, y lo mismo que sucedió con la Guardia Nacional, a escuchar todas las voces”. 

Agregó que los posicionamientos, sugerencias, bagaje teórico y estudio previo que se tienen coadyuvarán para que los dictámenes que se discutan y eventualmente sean aprobados en la comisión lleven la recuperación de todas aquellas voces de expertos y ciudadanos. 

“Que en este país la Constitución se convierta de una vez por todas en esa Carta Magna a la que todos tenemos que subordinarnos”.

Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se refirió al caso de Odebrecht, del que la institución recibió un segundo amparo, notificado el viernes pasado, para no abrir la información. “La respuesta de la Fiscalía es de lo más inaudita. Es un tema de puntos de vista institucional, que no culpó ni al fiscal ni a la Fiscalía, ellos tendrán su razón, la están defendiendo, y el INAI defiende sus atribuciones, instancias y competencias”. 

“No se va a transgredir una orden de ese tipo”, porque de hacerlo  el riesgo es ir a un juicio político, que marca la Constitución, y no se va a hacer. “Es un tema del Poder Judicial en que se tiene que determinar”. Aclaró que no es ninguna confrontación con la Fiscalía, porque también defienden sus intereses institucionales. “Ellos lo que tienen es ir a platicarle al señor Presidente cómo está todo para que lo determinen y vean qué es lo que van a hacer. Lo viable, sería: aquí está la información”. 

Expresó su preocupación por la rendición de cuentas del dinero público que reciben los sindicatos, del cual se debe tener claridad de cómo y en qué se gasta. “Es urgente que los líderes sindicales tengan declaraciones sobre sus patrimonios y determinen los conflictos de intereses que tengan”.

 

Aseguró que los sindicatos han cumplido con este requisito, menos el de Pemex. Apenas hace unas semanas fueron al INAI a solicitar apoyo para formar su Comité de Transparencia, ya que tienen la responsabilidad de tener una página electrónica para que se conozcan sus gastos; sin embargo, la empresa no otorgó recursos para hacerlo. 

        El abogado penalista y maestro en ciencias penales, Ulrich Richter Morales, señaló que cualquier iniciativa en el tema de anticorrupción no es suficiente para paliar la problemática de México y que dejó el gobierno saliente. Aplaudió estas propuestas, pero ante los retos del país se quedan cortas, “serían una aspirina”. 

        Indicó que el gran problema es que no se aplica la ley, pues si bien se creó un sistema anticorrupción y modificó la Constitución, ésta requiere un código penal y una ley en la materia, ya que en el pasado sólo se ha jugado a hacer un sistema. 

        De modificarse la Carta Magna, dijo, “estas iniciativas quedan cortas, porque sólo dan pinceladas, cuando lo que se necesitan son reformas de gran calado y con más dientes y facultades para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

        Richter Morales llamó al rescate de los valores de la sociedad, por el grado de su deterioro. “Mientras no se logre tener la calidad de ciudadanos republicanos no va a haber manera de cambiar, ni con este tipo de leyes; la virtud cívica es que no seas corrupto”.  

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Villanueva Villanueva, señaló que se logrará un verdadero sistema anticorrupción y de transparencia a través de la educación. “Tenemos que establecerlo en los libros de texto gratuito, en las normales y en la universidad pedagógica nacional; es un tema de mediano y largo plazos”.

Destacó el hecho de que en esta comisión se discutan en público las iniciativas presentadas sobre la materia, porque es una práctica novedosa. “Anteriormente se quedaban en lo que se denominaba la congeladora y no pasaba nada”, por lo que es bueno que en esta ocasión se abran a la discusión.

Dijo que la declaración patrimonial a quienes ejerzan recursos públicos es un asunto que tendría que verse y resolverse caso a caso. Asimismo, las  organizaciones sociales o de la sociedad civil reciben la menor parte de apoyos del gobierno, la mayor parte es de fundaciones internacionales y de la cooperación internacional; “es un asunto que es complicado, por ello, creo que ahí sí es necesario pedirles transparencia”. 

México está en primer o segundo lugar con la mejor ley de transparencia; pero es inversamente proporcional a su eficacia, advirtió. 

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